Laura Ruiz Mora
Expediente 1393/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1393/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/09/2018
Partes del expediente
- Laura Ruiz Mora
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 70 a 73). En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario asentar el cómputo correspondiente, respecto a las demás partes, pues dado el sentido de la sentencia, no estuvieron en posibilidad de recurrirla. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Asimismo, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar emitida tanto en la provisional, como en la definitiva, se negó, respecto del acto reclamado (fojas 22 a 23 y 29 a 31 del original del cuaderno incidental); por ende, déjense por separado los mismos del juicio principal; por lo que una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en tanto que el cuaderno original, será destruido una vez que transcurran más de cinco años; previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio ...
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Tepic, Nayarit, siendo las diez horas con trece minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1393/2018, promovido por Laura Ruiz Mora; la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del Secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: a) Escrito inicial de demanda (fojas 2 a la 7) y anexo de pruebas (fojas 8 a la 25). b) Informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad y documentales que acompañó al mismo (fojas 34 a la 63). A lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de la Materia se tiene por rendido el informe justificado y por relacionadas las constancias de autos. Seguidamente se abre el período probatorio y con apoyo en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, la prueba documental mencionada con anterioridad; se cierra dicha etapa y se abre la de alegatos, dentro de la cual ninguna de las partes las formuló. Se cierra dicho período y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia, acto seguido, se procede a dictar la resolución correspondiente: VISTOS, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 1393/2018 promovido por Laura Ruiz Mora, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Tepic, Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho , en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, Laura Ruiz Mora solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y por la autoridad siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- H. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic Nayarit, (sic)" "IV. ACTO RECLAMADO. 1).- De (sic) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic Nayarit, dentro del expediente 619/2018, se le reclama la omisión y negativa a ordenar cese la violencia familiar en mi contra, debido a su negativa a decretar una pensión alimentaria provisional e inmediata en favor de la aquí quejosa, la que debería de haberse ordenado dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos de mi demanda presentada con (sic) a las 10:35 horas del día 12 de Junio del año 2018, y hasta la fecha han pasado 06 seis días, sin que para ello haya decretado tal medida.." La parte quejosa indicó como derechos fundamentales violados el contenido en los numerales 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho , este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, registró la demanda con el número 1393/2018; se admitió a trámite por lo que se le solicitó a la autoridad responsable la rendición de su informe justificado; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó día y hora para la audiencia constitucional la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los ordinales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37 y 107, de la Ley de Amparo; asimismo, el 144, en relación con el 54, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de un acto omisivo imputado a una autoridad judicial con sede dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del precepto 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000 . Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del arábigo 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese artículo se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad: 1. La omisión de acordar la admisión de la demanda y con ello la pensión alimentaria provisional, dentro del expediente 619/2018 del índice de la autoridad judicial antes citada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, pues aun cuando la autoridad en comento estableció que era parcialmente cierto el mismo (foja 34); sin embargo, de la documental que se anexó al informe justificado, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al estar certificada por un funcionario público en el ejercicio de las atribuciones propias con motivo de su encargo, no se aprecia que al momento de la presentación de la demanda de amparo que ocurrió el diecinueve de junio del año en curso, se haya acordado lo conducente respecto a la admisión de la demanda presentada y con ello la imposición de la pensión alimentaria provisional a favor de la ahora quejosa y registrada con el número de expediente 619/2018; de ahí que se reitere la existencia del acto reclamado, el cual debe analizarse de conformidad con la fecha en la que se presenta la demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Del anterior análisis se advierte, que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de la materia, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ahora bien, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable se aprecia, que al día de hoy dicho acto cesó en sus efectos. Ello es así, toda vez que el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 47), se dictó acuerdo por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, en el cual se proveyó sobre las radicación de la demanda recepcionada el trece de junio del año en curso (foja 36), dentro del expediente 619/2018 del índice de la autoridad judicial aludida, así como lo conducente a la pensión alimentaria provisional, la cual fue fijada a un veinte por ciento sobre los ingresos que percibe el demandado; ello tal y como se corrobora de la documental que se acompañó en copia certificada, misma que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En este orden de ideas, la omisión de proveer sobre la admisión de la demanda presentada ante la responsable y con ello la pensión alimentaria provisional a favor de la parte quejosa (fojas 47 a la 52), dejó de tener vigencia y, por tanto, ha cesado en sus efectos, por lo que resulta ocioso analizar su constitucionalidad, pues se insiste, dicho acto no subsiste en la actualidad, al haberse acordado lo conducente. En las relacionadas condiciones, ya no es factible estudiar las violaciones constitucionales que pudiera presentar, de ahí que, la reparación constitucional a que se refiere el arábigo 77 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados; por ende, se actualiza la hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a que se refiere el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como causa de improcedencia del juicio de garantías. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 103, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con el ordinal 63, fracción V de dicha ley, respecto al acto reclamado indicado. Así, por lo expuesto y fundado conforme a los preceptos 65, 73, 74, 75, 76 y 217 de Ley de Amparo Vigente se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Laura Ruiz Mora, respecto al acto reclamado atribuido al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Tepic, Nayarit, de conformidad con los argumentos y el fundamento contenido en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la Licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, quien autoriza y da fe. L*EEAD.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se aprecia que por acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho (foja 64), se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad; el cual fue notificado el día once de los cursantes (foja 64 vuelta); por lo que el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la ley de amparo, transcurrirá del trece al veinticuatro de julio actual. En consecuencia, con fundamento en el aludido dispositivo 117 de la ley de la materia, se difiere la audiencia de mérito y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido.
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