Laura Rojas Altamirano
Expediente 749/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/07/2016
Partes del expediente
- Laura Rojas Altamirano
- Tribunal Estatal De Conciliación Y Arbitraje Del Estado De México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente, se evidencia que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III), lo anterior pues se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados. Y al igual que el juicio principal, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de quince de junio de dos mil dieciséis, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio amparo evidencia que mediante oficio recibido el nueve de junio de año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió diversas constancias, de las cuales se advierte que el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, acordó la solicitud formulada por el quejoso, para lo cual señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de liquidación, y lo notificó a las partes vía boletín en treinta y uno de mayo de año en curso. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en este último precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En el presente juicio la quejosa Laura Rojas Altamirano reclama la omisión para dictar el acuerdo incidental en el que se señale fecha para llevar a cabo la audiencia incidental de liquidación, a fin de que se resuelva la cuantificación de las cantidades liquidas a pagar y los ajustes e incrementos respectivos a que fue condenado el tercero interesado, en el expediente laboral 789/2011; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado se advierte que mediante acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se emitió la determinación correspondiente. A dicha documental se le otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así pues, si la quejosa aduce que la autoridad había sido omisa en dictar el acuerdo correspondiente a su petición ingresada en la oficialía de partes de dicha autoridad el cuatro de marzo del año en curso; y de manera posterior a la admisión de la presente demanda, la responsable remitió copia certificada de las constancias que acreditan que dio contestación a la solicitud de la quejosa el veintisiete de mayo pasado, entonces se evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha ésta ha cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que se concediera a la parte agraviada la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra Ley Fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa; de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyó en lo conducente la jurisprudencia 2a./J.59/99, con número de registro 193758, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que se deja insubsistente, la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con quince minutos del veinticuatro de junio del año en curso, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
I) (Aviso parte quejosa)Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio amparo evidencia que mediante oficio recibido el nueve de junio de año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió diversas constancias, de las cuales se advierte que el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, acordó la solicitud formulada por el quejoso, para lo cual señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de liquidación, y lo notificó a las partes vía boletín en treinta y uno de mayo de año en curso. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en este último precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En el presente juicio la quejosa Laura Rojas Altamirano reclama la omisión para dictar el acuerdo incidental en el que se señale fecha para llevar a cabo la audiencia incidental de liquidación, a fin de que se resuelva la cuantificación de las cantidades liquidas a pagar y los ajustes e incrementos respectivos a que fue condenado el tercero interesado, en el expediente laboral 789/2011; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado se advierte que mediante acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se emitió la determinación correspondiente. A dicha documental se le otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así pues, si la quejosa aduce que la autoridad había sido omisa en dictar el acuerdo correspondiente a su petición ingresada en la oficialía de partes de dicha autoridad el cuatro de marzo del año en curso; y de manera posterior a la admisión de la presente demanda, la responsable remitió copia certificada de las constancias que acreditan que dio contestación a la solicitud de la quejosa el veintisiete de mayo pasado, entonces se evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha ésta ha cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que se concediera a la parte agraviada la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra Ley Fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa; de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyó en lo conducente la jurisprudencia 2a./J.59/99, con número de registro 193758, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que se deja insubsistente, la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con quince minutos del veinticuatro de junio del año en curso, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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