Laura Rodríguez Somera

Expediente 198/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
198/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
12/07/2016

Partes del expediente

  • Laura Rodríguez Somera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; doce de julio de dos mil dieciséis. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Toluca, Estado de México, acusa recibo del oficio 31457/2016 y de las constancias que le fueron enviadas; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento inserto en el auto de cinco de julio del año en curso y por insubsistente el apercibimiento ahí decretado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de quince de junio del año en curso (fojas 112 a 122), en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. En mérito de lo anterior, devuélvanse al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las copias certificadas del expediente 728/2003, constantes de tres tomos, las cuales fueron enviadas como complemento a su informe justificado. En ese sentido, solicítese a la autoridad de referencia que dentro del plazo de tres días que establece el artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acuse el recibo correspondiente, con el apercibimiento que en caso de ser omisa o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). - El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues en el presente incidente, se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento"; en consecuencia, se deberán conservar las resoluciones relativas a su otorgamiento. - El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el tercero interesado Germán Chicho Esquivel, solicita copia simple de la sentencia emitida en el presente juicio; atento a ello, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, expídase a costa del promovente, copia simple de las constancias que refiere en el escrito que se atiende. En el entendido de que la persona que se presente a recibirla deberá exhibir original y copia simple de su identificación oficial, para el efecto de que sea agregada para debida constancia legal. Se tienen por autorizados para recoger las copias, a las personas que menciona en el ocurso de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VII) Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 198/2016-VII; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México (f. 2), la quejosa Laura Rodríguez Somera, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y los actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: EN SU CARÁCTER DE COMO ORDENADORA Y EJECUTORA: C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama la sentencia interlocutoria de fecha diez de diciembre de dos mil quince, sentencia que aprueba el remate y adjudica a favor de GERMAN CHICHO ESQUIVEL el bien inmueble que pertenece a la suscrita por haberse adquirido dentro de la sociedad conyugal, dentro del juicio ordinario mercantil número 728/2003 tramitado ante el C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Así mismo se reclama todo lo actuado en el referido expediente, desde el momento en que se trabo embargo sobre el bien inmueble que me pertenece por haberse adquirido dentro d la sociedad conyugal." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Segundo de Distrito, la cual se registró como amparo indirecto 198/2016-VII; por auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó día y hora para la audiencia constitucional (f. 33-37). Acontecido lo anterior y previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia de ley en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro de la jurisdicción en que este Juzgado ejerce competencia y la parte quejosa se ostenta tercera extraña. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La promoción del presente juicio es oportuna, de conformidad con lo siguiente. La quejosa comparece a juicio como tercera extraña al procedimiento civil del cual emana el acto reclamado y señaló bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la propia Ley, comenzó a correr al día siguiente en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado, esto es, del veintiocho de enero al diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, sin contar el treinta y treinta y uno de enero, así como uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de febrero de la misma anualidad, por ser inhábiles conforme a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el quince de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es de concluirse que fue promovida oportunamente. TERCERO. Fijación del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama: Todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 728/2003, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el cual se embargó el inmueble ubicado en calle Ignacio Allende, número treinta y uno, colonia Centro, Metepec, Estado de México que la quejosa defiende en propiedad, así como la interlocutoria de diez de diciembre de dos mil quince, que aprobó el remate y adjudicación de dicho inmueble a favor de Germán Chicho Esquivel. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (f. 55) y remitió copias certificadas del juicio ordinario mercantil 728/2003, en tres tomos, constancias a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al precepto 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se le atribuyen. Sustenta lo anterior, la tesis XVII.2°J/10, con registro 212775, consultable en Octava Época, Semanario Judicial de la Federación 76, abril de 1994m página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten los antecedentes siguientes: El dieciséis de diciembre de dos mil tres (f. 2-11, Tomo I, del expediente 728/2003), BANCO NACIONAL DE MÉXICO, sociedad anónima demandó en la vía ordinaria mercantil de Gabriel Adrián Rossano Jiménez, diversas prestaciones. Mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil tres, la autoridad responsable admitió a trámite la demanda ordinaria mercantil y ordenó el emplazamiento del demandado (f. 23-24 ídem). Seguido el trámite del juicio, el quince de julio de dos mil cinco (f. 632-648 ídem), se dictó sentencia definitiva en los siguientes términos: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria mercantil intentada por LUIS FERNANDO ALBARRÁN CORONA, en su carácter de apoderado legal de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de GABRIEL ADRIÁN ROSSANO JIMÉNEZ, en la cual, el primero demostró su acción u el segundo, probó parcialmente su excepción de pago, empero, no acreditó su acción reconvencional, en consecuencia; SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el Convenio Modificatorio del contrato de Apertura de Crédito con Garantí Hipotecaria, de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, celebrado entre el banco accionante y GABRIEL ADRIÁN ROSSANO JIMÉNEZ, y en cumplimiento al mismo, se condena al reo a pagar a la actora o a quien sus derechos represente, en concepto de suerte principal, la cantidad de 493, 437.39 UDIS, o su equivalente en Moneda Nacional, previo descuento del remanente (si llegara haber), que resulte de aplicar as cantidades consignadas por el enjuiciado, en términos del auto de cuatro de mayo de dos mil cuatro (foja 461); consecuentemente, el abono a capital no pagado, reclamado e por el accionante en libelo introductorio con el inciso D), queda satisfecho en términos de la presente condena. TERCERO.- Igualmente, se condena a GABRIEL ADRIÁN ROSSANO JIMÉNEZ, al pago de INTERESES MORATORIOS, previa su liquidación en ejecución de sentencia, y en términos del considerando XI del presente fallo." Dicha sentencia fue modificada mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil cinco (f. 658-672, Tomo II, del juicio de origen), en los siguientes términos: ". SEGUNDO.- Se modifica la parte considerativa conducente de la sentencia impugnada y punto resolutivo CUARTO de la misma para su lugar resolver: ´Cuarto.- En los términos resueltos en el considerando segundo de este fallo, se condena al demandado al pago los intereses ordinarios reclamados por el actor, en la prestación E) de su demanda, generados y que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los serán cuantificados en ejecución de sentencia.' TERCERO.- Han resultado injustificados los puntos de agravio expresados por el demandado GABRIEL ADRIÁN ROSSANO JIMÉNEZ, en consecuencia: CUARTO.- Se confirman los puntos resolutivos, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, de la sentencia definitiva recurrida.." Seguido el trámite de ejecución de sentencia, mediante interlocutoria de diez de diciembre de dos ml quince, se decretó la adjudicación directa del inmueble que fue embargado a Gabriel Adrián Rossano Jiménez, ubicado en calle Ignacio Allende, número treinta y uno, colonia Centro, Metepec, Estado de México, con una superficie de 370.34 metros cuadrados, a favor de Germán Chico Esquivel (f. 210-211 del cuadernillo derivado del juicio de origen 723/2003). Dicha interlocutora quedó firme mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciséis (f. 220, ídem). Siendo éste el estado procesal que guardan los autos del juicio de origen, del cual emana el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, ninguna de las partes hizo valer causales de improcedencia, y de un análisis de forma oficiosa, por el suscrito juzgador, se desprende que no se actualiza alguna. SÉPTIMO. Conceptos de violación y fijación de la Litis. La quejosa hizo valer, en síntesis, el siguiente concepto de violación. Lo actuado en el juicio de origen es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque al haber estado casada con el demandad bajo el régimen de sociedad conyugal, se le debió permitir comparecer a éste a fin de consentir o no, actos traslativos de dominio sobre el bien inmueble que defiende. De lo anterior se establece que la litis versa en determinar si la quejosa cuenta debió o no ser llamada al juicio de origen, para defender el derecho que ostenta. OCTAVO - Estudio de fondo. En primer lugar, es importante destacar que los impetrantes de amparo no se ubican en alguna de las hipótesis que autorizan la suplencia de la deficiencia de los motivos de inconformidad, de acuerdo con lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis número LV/89, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 123, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY.- Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción IV, del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables". Precisado lo anterior, resulta infundado el motivo de disenso hecho valer por la quejosa y por tanto, procede negar la solicitud de amparo, dadas las siguientes consideraciones: En la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 728/2003, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, sociedad anónima en contra de Gabriel Adrián Rossano Jiménez, desde el embargo del inmueble que defiende como parte de su propiedad hasta el estado actual en que se encuentra el juicio, que es propiamente la de sentencia. Ahora, la quejosa aduce que tiene derechos reales sobre el inmueble materia del juicio de origen, en virtud de que el demandado fue su cónyuge y contrajo nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal, lo cual acredita con la copia certificada del acta de matrimonio, de la cual se advierte que ciertamente la quejosa Laura Rodríguez Somera y Gabriel Adrián Rossano Jiménez contrajeron matrimonio el doce de abril de mil novecientos ochenta y dos, bajo el régimen indicado; y, con motivo del divorcio efectuado el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, dicho inmueble pasó a formar parte de la sociedad a liquidar. Sin embargo, a consideración del suscrito, la sola circunstancia de que la quejosa haya sido cónyuge del demandado, y que estuvieron casados bajo el régimen de sociedad conyugal correspondiéndoles en determinado caso el cincuenta por ciento de la propiedad del inmueble, no es suficiente para acreditar el derecho real que ostenta. Lo anterior es así, porque era necesario que del escrito de demanda, de los informes justificados y de las pruebas aportadas en el sumario, se acreditara la existencia conjunta de los siguientes elementos: a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte). b) Existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación). c) Acto autoritario (principio de procedencia del juicio de amparo). d) Afectación del derecho, a través del acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Sin embargo, el elemento relativo a la existencia de un derecho legítimamente tutelado no se acredita, en razón que por un lado, la reclamación interpuesta en el juicio ordinario mercantil 728/2003, se instauró sólo entre BANCO NACIONAL DE MÉXICO, sociedad anónima y Gabriel Adrián Rossano Jiménez; y, por otro, la quejosa omitió demostrar tener el carácter de propietaria o poseedora del inmueble materia de la controversia de origen; ello es así, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, cabe hacer referencia que el presente estudio se analizará con el Código Civil del Estado de México vigente a partir del tres de enero de mil novecientos cincuenta y siete, hasta el veintiuno de junio de dos mil dos, puesto que el matrimonio celebrado entre la quejosa y el tercero interesado Gabriel Adrián Rossano Jiménez, ocurrió en el año de mil novecientos ochenta y dos. Ahora bien, los artículos 170 y 180 del Código Civil del Estado de México abrogado, aplicable al presente asunto, establecen lo siguiente: "Artículo 170.- La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. Artículo 180.- El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad.". El contenido de los citados dispositivos legales, permite advertir que la sociedad conyugal surge al celebrarse el matrimonio o durante él y tal régimen matrimonial puede comprender tanto los bienes que sean dueños los esposos al contraer matrimonio como los que adquieran con posterioridad a tal acto, y el dominio de dichos bienes corresponde a ambos cónyuges mientras subsista la sociedad. Así, la sociedad conyugal es una comunidad de bienes existente entre los consortes, que les otorga derechos iguales sobre ellos, siendo partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas que sean generadas, por partes iguales, esto es, al cincuenta por ciento de las mismas, de ahí que cada cónyuge tiene el dominio de los bienes de dicha sociedad; por ende, ambos tienen un derecho real sobre los mismos en forma proindivisa. Para que el derecho de propiedad de los consortes sea oponible a terceros, debe existir una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, pues de lo contrario se estaría ante un derecho carente de publicidad, y por ende, de dicha oponibilidad. Lo anterior, porque la institución del Registro Público de la Propiedad tiene como finalidad, entre otras, el dar a conocer el estado verdadero de la propiedad de los bienes inmuebles y tiene la obligación de hacer constar de un modo público y solemne la historia de las transmisiones de esos bienes, así como sus modificaciones, a fin de impedir fraudes en las enajenaciones. Lo expuesto se refleja en la legislación sustantiva civil del Estado de México abrogada, que indica en sus artículos 2859 y 2863, lo siguiente: "Artículo 2859.- La inscripción de un documento en el Registro conforme a las prescripciones de este Código, da publicidad legal a los actos jurídicos en él consignados para que surtan efectos contra terceros. Los documentos que siendo registrables no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los celebren, pero no podrán producir perjuicios a tercero el cual si podrá aprovecharlos en cuanto le sean favorables. Artículo 2863.- Tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra terceros si no consta inscrita en el registro relativo a dichos inmuebles y derechos. Cualquiera de los cónyuges u otros interesados tienen derecho a pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezca a la sociedad conyugal y aparezca inscrito a nombre de uno sólo de aquéllos.". El contenido de los dispositivos legales citados permite concluir que cuando no se inscriban los documentos registrables, sólo ocasionan efectos entre quienes los celebren, pero no podrán producir perjuicios a un tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le sean favorables, así, tratándose de derechos reales sobre inmuebles inscribibles, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra terceros si no consta inscripción en el Registro Público de la Propiedad a su nombre, respecto de esos bienes; por ende, sólo podrán ser oponibles contra terceros con derechos reales, los títulos inscritos ante la referida institución. En ese orden, los cónyuges tienen el dominio sobre los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, por lo que la falta de inscripción no priva a los esposos de los derechos derivados de la sociedad conyugal, pues los efectos de la inscripción son declarativos y no constitutivos. Sin embargo, para que los derechos de dominio derivados de los bienes integrantes de la sociedad conyugal surtan efectos contra terceros es indispensable su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de conformidad con el artículo 2863 del Código Civil del Estado de México abrogado. Ello, porque se trata de un derecho real, entendido éste como la potestad directa e inmediata sobre una cosa, que otorga un derecho de persecución sobre el inmueble, así como un derecho de preferencia, en los casos de controversia sobre esos derechos reales. Por su parte, los derechos personales no confieren un poder directo e inmediato sobre la cosa, pues en este caso, no está a disposición del tenedor y no existe el derecho de persecución sobre ella. En ese contexto, para que un acto traslativo de dominio, posesión, propiedad o algún derecho real sobre un bien inmueble surta efectos contra terceros, debe encontrarse inscrito ante el Registro Público de la Propiedad; luego entonces, de no existir esa anotación ante aquél, ese acto no producirá efectos contra terceros. Tiene aplicación la tesis VII.1o.C.14 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2448, registro 2005686, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRAE COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE AQUÉL, RESPECTO DEL CÓNYUGE EXTRAÑO AL JUICIO EN DONDE SE ADJUDICÓ EL INMUEBLE A UN ADQUIRENTE DE BUENA FE. No basta que el cónyuge quejoso acredite el carácter de tercero extraño al juicio de donde dimanan los actos reclamados, así como la existencia del vínculo matrimonial, bajo el régimen de sociedad conyugal, y que indiciariamente tenía la propiedad sobre el inmueble del que pretende ser lanzado, para tener por demostrado el interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto; toda vez que su afectación debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; en ese sentido, debe probarse que el inmueble se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la sociedad conyugal, a fin de que fuese oponible a terceros; aceptar lo contrario, implicaría que el tribunal federal estuviese haciendo un pronunciamiento en torno a la titularidad de dicho bien, sobre el expedido a favor de un tercero, quien adquirió un derecho real de propiedad sobre el mismo inmueble, con motivo de un remate y posterior escrituración, a fin de establecer que el quejoso también es propietario, siendo que de ello corresponde decidir a los órganos jurisdiccionales del orden común, en un juicio contradictorio en que se dilucide a quién corresponde la propiedad; consecuentemente, al faltar la inscripción del inmueble a favor de la sociedad conyugal, el cónyuge tercero extraño carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es ilustrativa la tesis VII.1o.C.19 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 849, registro 2008176, que establece: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE SU VIGENCIA, IMPIDE QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De conformidad con el artículo 172 del Código Civil para el Estado de Veracruz, la institución de la sociedad conyugal implica que los inmuebles adquiridos durante su vigencia forman parte de la comunidad conformada por los cónyuges que celebraron su matrimonio bajo ese régimen y, por ende, desde que se constituye surte efectos entre los propios consortes; sin embargo, tratándose de terceros adquirentes de buena fe, los derechos reales afectos a la sociedad conyugal sólo pueden ser oponibles si el bien raíz aparece inscrito a nombre de aquélla ante el Registro Público de la Propiedad, ponderando que esa inscripción cumple con un fin legal, que es dar publicidad a los actos jurídicos como medio para que terceros tengan conocimiento de la situación que éstos guardan en aras de evitar fraudes y perjuicios que son consecuencia natural del desconocimiento de tales actos, surgiendo así la figura del comprador o adquirente de buena fe registral, que se define como aquel que adquiere un inmueble de la única persona que aparece ante la autoridad registral con derecho suficiente para celebrar la operación, desconociendo el adquirente los vicios que pudieran existir al realizar el acto jurídico. Por tanto, cuando en un juicio ordinario civil se reclame la nulidad de un acto traslativo de dominio, aduciendo el actor que como cónyuge de la parte vendedora bajo el régimen de sociedad conyugal, debió obtenerse su consentimiento para enajenar el inmueble; es indispensable que se acredite la inscripción de dicho bien raíz ante el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal, para que los derechos reales que pudieran asistirle al cónyuge actor, puedan surtir efectos contra el tercero que haya adquirido ese mismo inmueble pues, de lo contrario, implicaría que este último adquirió el bien de la única persona que aparece inscrita como dueña absoluta de aquél y, por ende, no es jurídicamente correcto que el tercero adquirente de buena fe deba sufrir las consecuencias de posibles vicios que desconocía dada la falta de inscripción de la sociedad conyugal.". En el caso, de las constancias remitidas por el juez responsable como complemento de su informe justificado, así como las ofrecidas por la parte quejosa, no se advierte que el inmueble materia de litigio se encontrara inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la sociedad conyugal, sino solamente a nombre del demandado Gabriel Adrián Rossano Jiménez, es decir, existe un derecho real únicamente registrado a nombre del demandado, pero no de quien fue su cónyuge, aquí quejosa. Y, con motivo del divorcio suscitado entre ambas partes, tampoco se demostró que dicho inmueble perteneciera a la sociedad a liquidar. Por tanto, para que el derecho real que la solicitante del amparo dijo tener sobre ese mismo bien, derivado de la sociedad conyugal establecida con Gabriel Adrián Rossano Jiménez, fuera oponible y surtiera efectos frente a terceros con iguales derechos reales, era indispensable su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de conformidad con el artículo 2863 del Código Civil del Estado de México abrogado. De ahí que las pruebas ofrecidas por la quejosa consistente en el acta de matrimonio y divorcio entre ella y la parte demandada, así como la copia del contrato de compraventa e hipoteca celebrado éntrelos vendedores del inmueble, BANCO NACIONAL DE MÉXICO, sociedad anónima y Gabriel Adrián Rossano Jiménez, son insuficiente para que acreditar el derecho a comparecer al juicio de origen en defensa del inmueble que ostenta como parte de la sociedad conyugal a liquidar. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VIII.2o. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página quinientos noventa y ocho, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL. INSUFICIENCIA DEL ACTA DE MATRIMONIO RELATIVA PARA ACREDITAR POR SI SOLA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL BIEN QUE ASEGURA FORMA PARTE DE LA. Si en un juicio de amparo la quejosa exhibe como prueba de su parte la documental pública relativa a la copia certificada que contiene el acta de matrimonio que la une con el demandado en el juicio de origen, bajo el régimen de sociedad conyugal, para acreditar que el inmueble embargado y rematado pertenece a ésta; tal documental, por sí sola, resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico, cuenta habida que omitió aportar el documento idóneo respecto de la adquisición que ampare la propiedad del referido inmueble a nombre de su cónyuge, por lo que evidentemente el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la impetrante y el juicio constitucional resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo. Ello se considera así, porque los derechos reales derivados de la sociedad conyugal que la quejosa dice tener respecto del inmueble controvertido, para que fueran oponibles en el contradictorio natural, era menester que el acto jurídico a través del cual fue adquirido, constara inscrito en el Registro Público de la Propiedad, a nombre de dicha sociedad conyugal; pero al no ser así, resulta incuestionable que la sociedad conyugal habida entre la solicitante del amparo y su consorte, demandado en el juicio natural, con motivo del matrimonio contraído, sólo surtió efectos en relación con ellos mismos pero no frente a terceros; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2859 y 2863, primer párrafo, del Código Civil del Estado de México abrogado. Por tanto, si bien la inscripción en el Registro Público tiene únicamente efectos publicitarios y con el acta de matrimonio exhibida se acredita la existencia de la sociedad conyugal; lo cierto es que, ello no significa que tal situación sea oponible frente a terceros, si no aparece inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal de donde la parte quejosa hizo derivar sus derechos, porque la inscripción en dicha institución es la única forma de garantizar los intereses de terceros y, así, evitar que sean defraudados por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones matrimoniales, las cuales sólo conocen los cónyuges. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia 386, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice dos mil, Tomo IV, Materia Civil, Sexta Época, página trescientos veinticinco, siguiente: "SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO. Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y los bienes inmuebles se adquirieron durante su vigencia, en relación a los cónyuges, no hay duda de que tales bienes forman parte de la comunidad, pero ello no significa que tal situación sea oponible frente a terceros de buena fe, si los bienes aparecen inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre de uno solo de los cónyuges, con quien contrató el tercero, y no de ambos, como debía ser, porque la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es la única forma de garantizar los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y evitar así que sean defraudados, por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges." En las relatadas condiciones, se afirma que la autoridad responsable no vulneró derechos sustanciales de la quejosa, con el hecho de no haberla llamada al juicio de origen, ya que para que eso fuera así, era necesario que el inmueble en mención se encontrara inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de dicha sociedad conyugal, a fin de que el cincuenta por ciento que reclama y afirma le pertenece en virtud de haber contraído matrimonio con Gabriel Adrián Rossano Jiménez, bajo ese régimen, le fuera oponible a terceros. Máxime que los medios de prueba ofrecidos en el presente juicio, por sí solos son insuficientes para probar el derecho de propiedad o posesión respecto del inmueble mencionado, Así, dado que los conceptos de violación resultaron infundados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, siendo menester precisar que en el caso, el suscrito no advirtió circunstancia alguna en la que tuviese aplicación la suplencia de la queja deficiente, ya que como se ha visto y a consideración de quien resuelve, la autoridad responsable no vulneró los derechos de la quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justica de la unión no ampara ni protege a Laura Rodríguez Somera, en relación al acto reclamado que quedó precisado en el considerando tercero, respecto de la autoridad responsable mencionada en el diverso cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese.

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