Laura Pérez Valencia

Expediente 276/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
276/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Laura Pérez Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución relativa al conflicto competencial 7/2018; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y acúsese de recibo correspondiente. Ahora bien, de la lectura de la ejecutoria emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el conflicto competencial en los siguientes términos: "PRIMERO. La competencia legal radica en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para seguir conociendo del juicio de amparo 276/2018-V-A, promovido por ****, por propio derecho. SEGUNDO. Remítanse los autos a la autoridad competente para su conocimiento y efectos legales procedentes." En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V. Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que recibió el diverso por el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 276/2018-V-A; asimismo, informa que se avoca al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl y este órgano jurisdiccional; el cual se registró con el número C.C.P 7/2018, de su estadística.

  3. Principal

    MESA V. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, al que anexa el juicio de amparo número 614/2018, de su índice, promovido por Laura Pérez Valencia, registrado en este Juzgado bajo el número 276/2018V-A, mediante el cual informa que no aceptó la competencia planteada por las razones que expone; acúsese recibo. Sin embargo, este órgano de Control Constitucional, insiste que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en razón de territorio. El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, no aceptó la competencia, por las siguientes consideraciones: "(. ) Luego, en la especie, como se desprende de la demanda de amparo, se tiene como acto reclamado por la parte quejosa, el consistente en: La resolución de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales en la que determina el no ejercicio de la acción penal y su ejecución, en la averiguación previa NEZA/I/165/2011 así como sus acumuladas NEZA/I/200/2011 y NEZA/I/375/10. Así, como ha quedado puntualizado en el inciso c) que antecede, tratándose de actos que no requieran de una ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde sea presentada la misma. En ese contexto, quien aquí provee estima que contrario a lo estimado por el Juez declinante, el acto reclamado carece de ejecución material, al tratarse de un acto meramente declarativo. Se afirma lo anterior, toda vez que el acto reclamado no conlleva en sí mismo una ejecución material respecto de las personas o de las cosas, pues no entraña un cambio real, efectivo y material, en los términos ya indicados, da tal forma que el mismo sólo puede tener cumplimiento en el sentido procesal y no así en el mundo fáctico. (.)" Este juzgador de amparo difiere de tal criterio por las siguientes consideraciones: Para determinar la competencia entre jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, para determinar si requiere ejecución material para estar en posibilidad de asignar la competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo, aunque en la demanda no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del juez quedaría al arbitrio del quejoso, al señalar o no a la autoridad ejecutora. En apoyo de lo anterior, cobran relevancia los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo, que en su orden establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "(.)" VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutar, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228, Séptima Parte, Materia Común, página 88, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces Federales residentes en esas localidades, que haya prevenido, será el competente. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material. Así lo informa la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia Administrativa, Común, página: 1299, cuyo rubro y texto dice: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Bajo ese panorama, es pertinente destacar que el acto reclamado en esta instancia constitucional es la autorización del no ejercicio de la acción penal de uno de febrero de dos mil dieciocho dentro de la averiguación previa NEZA/I/165/11 y sus acumuladas NEZA/I/200/2011 y NEZA/I/375/2010. Así pues, contrario a lo que argumenta el juzgado homólogo, el acto reclamado no es de carácter declarativo, ya que se está extinguiendo la acción penal, la cual contiene pretensiones de carácter punitivo. De ahí que cuando las negativas se reclaman en el contexto de un procedimiento penal, y la parte quejosa pretende defender en el juicio de amparo algún derecho que aduce tener incorporado a su esfera jurídica, entonces, dichos actos negativos, sí siguen un principio de ejecución, que se materializa en lugar en donde se lleva a cabo o se instrumenta ese procedimiento del cual derivan; pues ahí es donde se materializa la violación a derechos fundamentales que se combate en el juicio constitucional. En ese sentido, los actos reclamados tienen ejecución material, que se traduce en la baja del expediente y su archivo, por lo tanto, la violación de derechos fundamentales actualiza en el lugar en el que se tramita el procedimiento penal del cual derivan, por lo que la autoridad de amparo competente para conocer el juicio constitucional en su contra, es el juez de Distrito que tenga jurisdicción en aquel lugar. Incluso, el cumplimiento "en el sentido procesal" a que se refiere el juzgador contendiente, no se queda en el papel, sino que necesariamente trasciende a los derechos y bienes -lato sensu- de las personas, que se encuentran en lo que pueda entenderse como "mundo fáctico". En consecuencia, atento a que el juez oficiante sostiene que no debe de conocer de este asunto, y este juzgador insiste en declinar la competencia, con fundamento en la fracción VI, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto por competencia suscitado. Dése aviso al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a efecto de que exponga ante la superioridad lo que estime conducente. Glósese al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la incompetencia planteada copia certificada del oficio de cuenta y el presente proveído para constancia.

  4. Principal

    MESA V Vista la comparecencia de cuenta, de la cual se advierte que la quejosa Laura Pérez Valencia, ratifica la firma que obra en el escrito de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, se provee: COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Sobre esa base, la lectura de la demanda de amparo, pone en evidencia que la parte quejosa reclama lo siguiente: LA AUTORIZACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y SUS ACUMULADAS Y . SU EJECUCIÓN. En ese tenor, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: El contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo, establecen: ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la interpretación funcional de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de la ejecución material. En el caso, los actos reclamados consisten en: LA AUTORIZACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y SUS ACUMULADAS Y . SU EJECUCIÓN. Sobre esa base, se estima actualizada la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Lo anterior es así, ya que para fijar la competencia del juez de distrito, debe atenderse al lugar donde el acto ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Por lo tanto, toda vez que tomando en cuenta que los hechos delictivos investigados en la averiguación previa NEZA/I/165/11 y sus acumuladas NEZA/I/200/2011 Y NEZA/I/375/2010 tuvieron lugar en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, pues como se advierte del análisis de la demanda de amparo y de la copia simple de la autorización del no ejercicio de la acción penal de uno de febrero de dos mil dieciocho, estos derivaron de la causa civil 625/2009 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Nezahualcóyotl, Estado de México. En consecuencia, es inconcuso que la ejecución de dicho acto reclamado se da en donde está el Agente del Ministerio Público de origen, esto es, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Nezahualcóyotl, Estado de México. Bajo este tenor, resulta competente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, la demanda original y sus copias, para que a su vez las remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes.

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