Laura Girón Orozco

Expediente 369/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
369/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
05/07/2017

Partes del expediente

  • Laura Girón Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA.III.Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio -fojas 46 a 50- En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Se precisa que este controvertido constitucional se tramitó con incidente de suspensión, razón por la cual, se ordena acordar lo pertinente en dicho cuaderno.

  2. Incidental

    MESA III. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que el original de este incidente es susceptible de depuración, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, dígasele a la parte quejosa que se esté a lo acordado en sentencia interlocutoria de nueve de mayo pasado, en la cual se dejó a su disposición el billete de depósito número N 063689, para su devolución.

  3. Principal

    MESA III. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la fedataria adscrita para notificar a la parte quejosa el auto de veinticinco de mayo pasado, por los motivos que en la misma se especifican. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese el proveído en mención, el presente auto y los subsecuentes, mediante la lista que se publique en este órgano constitucional, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.

  4. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Once, con sede en Santa Martha Acatitla. Por otra parte, del estado procesal de autos, de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la quejosa Laura Girón Orozco, solicitó el amparo contra las autoridades señaladas en el escrito de demanda y actos que a continuación se especifican: LA ORDEN DE ARRESTO LA ORDEN DE COMPARECENCIA Y/O CITACIÓN. LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O LOCALIZACIÓN. A cargo de autoridad judicial. LA ORDEN DE DETENCIÓN. LA ORDEN DE COMPARECENCIA Y/O CITACIÓN. Atribuida a autoridades ministerial y administrativa. LA EJECUCIÓN DE TALES ÓRDENES. Atribuida a autoridades administrativas. Establecido lo anterior, cabe precisar que la autoridad señalada por el quejoso como: "Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México" no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial que obra en autos; por ende, menos puede existir el acto de ejecución que se le reclama. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 2 Sin Detenido en la Coordinación Territorial MH-5, de la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad; la Encargada de la Dirección de Consignaciones y la Directora de Amparos, en ausencia del Procurador General de Justicia de esta Ciudad (en sus denominaciones correctas), al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos atribuidos por la impetrante, sin que aquella hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas La Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Once, con sede en Santa Martha Acatitla, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o localización, sin que la parte quejosa controvierta con prueba alguna esa negativa. En esas condiciones, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, es cierto el acto reclamado a la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Once, con sede en Santa Martha Acatitla, ya que de su informe justificado y constancias que remitió en apoyo a éste se advierte que con motivo de la solicitud de audiencia inicial formulada por el Agente del Ministerio Público, el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, la Juez responsable emitió un acuerdo en la carpeta judicial 011/0203/2017, en el que requirió la comparecencia de Laura Girón Orozco, para las diez horas del veinte de abril del año en curso, apercibiéndola con una medida de apremio consistente en arresto por dieciocho horas, en caso de no comparecer; derivado de lo anterior, el dieciocho de abril siguiente, la responsable giró citatorio a la aquí quejosa. Lo que se acredita con las constancias remitidas por la Juez responsable que obran en autos; documentales que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de Amparo, al haber sido autorizadas por funcionario dotado de fe pública. Esto con base en la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, 1917-1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, del oficio que se provee se advierte que el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la aquí quejosa Laura Girón Orozco, compareció de forma voluntaria ante la Juez responsable a efecto de llevar a cabo la Audiencia Inicial sin detenido señalada en la carpeta judicial 011/0203/2017, en la cual se determinó su vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de fraude. En tales circunstancias en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes SCJN, visible en la página 39, cuyo epígrafe y sinopsis son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso concreto, la impetrante de amparo acude a esta instancia constitucional reclamando el citatorio de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, girado a efecto de que la quejosa compareciera a la Audiencia Inicial señalada para las diez horas del veinte de abril de dos mil diecisiete, en la carpeta judicial 011/0203/2017, con apercibimiento de arresto por dieciocho horas, en caso de no asistir. En tales condiciones, al haberse presentado la quejosa en forma voluntaria ante la autoridad responsable, a desahogar la diligencia para la cual había sido requerida mediante el citatorio de dieciocho de abril de dos mil diecisiete (audiencia inicial en la carpeta judicial 011/0203/2017), en la que se determinó su vinculación a proceso, sobrevino un cambio de situación jurídica de ésta; por lo cual es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de amparo, dado que el citatorio de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, girado en la carpeta judicial, con apercibimiento de arresto por dieciocho horas que reclamó, ha quedado superado; en tales condiciones, con fundamento en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia es procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Razón por la cual, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17, Constitucional. Por tales condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del numeral 63, en relación con la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al citatorio de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, girado a la quejosa en carpeta judicial 011/0203/2017. En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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