Laura Moscoa Díaz

Expediente 761/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
761/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Laura Moscoa Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    QUE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, EN CONSECUENCIA, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LAURA MOSCOA DÍAZ, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO EN LA LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Por recibida la demanda de amparo promovida por Laura Moscoa Díaz, contra actos de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, Delegación Estatal Morelos. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Desechamiento Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13°A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado: "...la negativa ficta recaída a mi solicitud de fecha 26 de agosto de 2020, para que el ISSSTE, me otorgara el pago de GASTOS FUNERARIOS que corresponde conforme a ley de quien fuera mi padre C. JUAN ALVARO MOSCOA ZUÑIGA, quien en vida contaba con número de pensión 1128367 y RFC MOZJ350821000, toda vez que con fecha 30 DE ENERO DE 2020 falleció, lo anterior en virtud de que en el mes de julio de 2020 ante EL INSTITUTO DE SEGURIDAD. y. SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN LA DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS, realice el trámite de otorgamiento de gastos funerarios, empero EL MISMO ME FUE RECHAZADO por la autoridad responsable de manera verbal, DESCONOCIENDO LOS MOTIVOS, sin informarme la fundamentación y motivación de las razones por las cuales no se me seria cubierta dicha prestación, aun cuando he reunido y cumplido con todos y cada uno de los requisitos de ley, atendiendo puntualmente las indicaciones y normatividad de la autoridad responsable..." Causa de improcedencia: En esa tesitura, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. En efecto, previo a la impugnación a través del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo previsto en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo que establece el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y con la fracción XII, del numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 22, fracción XXIV, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establecen lo siguiente: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: "...XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (...)" Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal: "Artículo 22. En las regiones señaladas en el artículo anterior, la sede, denominación y el número de Salas Regionales, serán las siguientes: "... XXIV. Región de Morelos: Una Sala que se denominará "Sala Regional de Morelos", con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos; ..." De los preceptos transcritos se advierte que los afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al ser el tribunal competente para conocer de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública Federal, así como sus entidades paraestatales, órganos desconcentrados y las empresas productivas del Estado dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. Asimismo, la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el órgano encargado para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere su Ley Orgánica, dictadas, entre otros, por autoridades de la Administración Pública Federal. En el caso, toda vez que la quejosa reclama la negativa de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, Delegación Estatal Morelos, en dar contestación a su escrito presentado el veintiséis de agosto del año actual, es evidente que autoridad es distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; entonces, previo a la promoción del juicio de amparo dicha actuación puede ser combatida a través del juicio de nulidad, máxime que de las manifestaciones del quejoso se infiere que el uno de septiembre del año actual, esa autoridad si dio contestación a su petición, sin embargo no lo hizo en la manera que pretendió la amparista, con lo que no se cumple con el principio de definitividad que rige esta materia. En ese sentido, cabe precisar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello es así, tomando en consideración que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. De la lectura del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que la suspensión de los actos reclamados se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y causen daños o perjuicio de difícil reparación a la parte quejosa con la ejecución de dichos actos. Además, se observa que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se considera que si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión se fijará discrecionalmente el importe de la garantías. Asimismo, se advierte que en los demás casos la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. Por otro lado, los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que la suspensión procede cuando se reúnen los siguientes requisitos: I.- Que la solicite el agraviado. II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Asimismo, se advierte que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero que pueda ocasionar daños y perjuicios a un tercero, se concederá si la parte quejosa otorga garantía bastante, y cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. En ese contexto, se estima que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte que el primero de los ordenamientos legales no exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo, inclusive, las exigencias previstas para tal efectos son semejantes. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 222/2015, así lo estableció en la jurisprudencia 2a/J27/2016, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, pagina 1194, cuyo rubro es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En cuanto al plazo para otorgar la suspensión, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tampoco establece uno mayor, como se determinó en la jurisprudencia 2a/J. 19/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril 2015, tomo I, décima época, página 783, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. En el presente asunto, no se actualiza la excepción que si el acto reclamado carece de fundamentación, toda vez que de un examen objetivo del acto reclamado y del documento que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, permite advertir que se emitió con apoyo en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, de ahí que no carece de fundamentación. De ese modo, queda claro que la promovente del amparo conoce el fundamento que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3°A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XIII, abril de 1994, octava época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el mismo sentido, tampoco se actualiza la excepción cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, toda vez que la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad, porque si bien es cierto el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, también es verdad que tal excepción presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de la parte quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que demuestra, que al no haberse agotado el recurso ordinario, procede el desechamiento de la demanda. Lo anterior, se corrobora con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, tomo 175-180, tercera parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.". Además, la propia Constitución Federal, en su artículo 107, fracción IV, establece expresamente que la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando: "...el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución..."; es decir, que no es posible considerar esa excepción si se plantean argumentos relativos a la legalidad de los actos reclamados, pues en ese supuesto, la parte quejosa quedará obligada a agotar los medios de defensa respectivos para combatir los actos reclamados. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 94, tomo I, abril de 1995, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD." Asimismo, en cuanto a la excepción consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en el numeral 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, se encuentra concatenado con el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prevé la competencia del citado órgano jurisdiccional, por virtud de la cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que el medio ordinario de defensa está previsto en una ley y no en un reglamento. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 2a/J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, tomo X, octubre de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Finalmente, tampoco se actualiza el supuesto que se trate de un amparo contra leyes, en virtud de que no se combate alguna norma general, sino la supuesta negativa ficta por parte de la responsable al no dar contestación en su totalidad al escrito que fue prestado por la parte quejosa el veintiséis de agosto del año actual. En el entendido de que si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como son dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a/J. 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En consecuencia, como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Amparo; por ello, de conformidad con el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio procesal y personas autorizadas: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que refiere, y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere, y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona, siempre y cuando se encuentre registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizados. Asimismo respecto de la dirección electrónica y el número telefónico que proporciona se autorizan únicamente como medio de contacto ya que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio del virus que dio origen a la pandemia que se vive, lo anterior en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Días y horas inhábiles: Desde este momento, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que todas las notificaciones personales que se ordenen en los presentes autos, se realicen en días y horas inhábiles. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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