Laura Mondragón Bautista

Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
650/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Laura Mondragón Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (ambos destruibles) Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. En términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    .....Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Erasmo Torres López, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actos reclamados: ".La orden de congelar los fondos de mi cuenta bancaria número 1067811772 y con clave interbancaria 012540011067817728, de la institución bancaria BBVA Bancomer SA,." SEGUNDO. Previo desechamiento parcial, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, esta autoridad federal, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1660/2018, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso Erasmo Torres López, amplió su demanda de amparo, por cuanto hace al acto y autoridades responsables. CUARTO. El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con residencia en la ciudad de México. Acto reclamado: ".La orden de congelar mi cuenta bancaria 1067811772 y con clave interbancaria 012540011067817728,.". Se requirió a las responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de congelar la cuenta bancaria 1067811772 y con clave interbancaria 012540011067817728, de Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Servicio de Administración Tributaria con residencia en la ciudad de México, pues así lo informó al rendir el informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, no obstante que tal carga probatoria le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte el Servicio de Administración Tributaria por cuanto a la ampliación de la demanda, Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estos residencia en la ciudad de México, fueron omisos en rendir el informe justificado no obstante de encontrase debidamente notificado como consta a fojas 191, 195 de autos, en ese tenor se actualiza la presunción de certeza del acto reclamado a que se refiere el artículo 119 de la Ley de amparo, y se tiene por cierto el acto reclamado. Por último la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a la primigenia demanda de amparo negó el acto y por lo que hace a la ampliación de la misma, fue omisa en rendir el informe justificado, por tanto se le tiene por cierto el mismo, aunado al hecho que la responsable que acepta el acto reclamado informa que giró el oficio 400-40-00-01-2018-06401, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de congelar la cuenta bancaria del quejoso. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", con residencia en esta ciudad, giró el oficio 400-40-00-01-2018-06401, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de congelar las cuentas bancarias a nombre del quejoso Erasmo Torres López, que resulta ser el acto reclamado; sin embargo, mediante diverso 400-40-00-02-2019-01481, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, enviado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se ordena la "des-inmovilización" de los depósitos bancarios de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 1106781772, comunicación que se despachó el veintiocho de febrero del año en curso (data posterior a la presentación de la demanda). Establecido lo anterior, resulta evidente que como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí parte quejosa reclama en la instancia constitucional el bloqueo de su cuenta bancaria 1067811772 de Banco BBVA Banco Bancomer Sociedad Anónima, a través de la Comisión Bancaria y de Valores, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, el aseguramiento reclamado quedó sin efectos al haberse girado el oficio 400-40-00-02-2019-01481, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el cual se ordena la "des-inmovilización" de los depósitos bancarios de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 1106781772, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al haberse pronunciado sobre su des-inmovilización, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (dieciséis de octubre de dos mil dieciocho), la autoridad responsable no se había pronunciado sobre la des-inmovilización de la cuenta bancaria de que se duele el quejoso, lo que hizo el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve y despachado al día siguiente. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Sin que se necesaria analizar la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable con residencia en esta ciudad, pues, en nada cambiaría el sentido de este fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jaime César Pereyra Román, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal y Yesica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos, ambas del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual informan que el cuatro de abril del año en curso, se llevó a cabo la sesión de cabildo en la que se estableció la prelación de sentencias a cumplir; asimismo, informan que el presupuesto que fue autorizado para el pago de laudos y sentencias fue reducido, aunado al pago de diversos juicios a que fue condenado, por lo que el importe autorizado se ha mermado aún más y remite copia certificada de dicha sesión para acreditar su dicho. Al respecto, en atención a su oficio de cuenta se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y no obstante ello, dígase que dicha información ya fue hecho del conocimiento de este juzgado, aunado a que si bien es cierto que han comunicado haber realizado gestiones ante Fondo de Aportaciones Estales Concursables para el Pago de Laudos y Sentencias Ejecutoriadas en contra de los Municipio de la Entidad, cierto es, que no ha expresado si ya recibieron respuesta alguna, por lo que no se advierte que hayan realizado nuevas gestiones para acatar el cumplimiento de ejecutoria en este juicio de amparo, dando evasivas al cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Claudia Mazari Torres, Presidenta Municipal, Claudia Mazari Torres, Presidenta Municipal, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal y Yesica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos, ambas del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al que queden legalmente notificadas del presente proveído de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, siguiendo los lineamientos en ella establecidos, los cuales no desconoce; además deben de acreditar las gestiones conducentes para allegarse de presupuesto necesario y cumpla la presente ejecutoria de amparo, pues a la fecha no desconoce el estado que guarda el presente juicio en periodo de ejecución. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Es pertinente hacer notar la contumaz omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cual se les ha requerido en múltiples ocasiones, no obstante que refieran haber realizado diversas gestiones para ello; sin embargo, dichos trámites de forma alguna no constituyen un cabal cumplimiento, pues los mismos solo implican un trámite para ello, pero no un cumplimiento de ejecutoria, provocando un retraso por medio de evasivas o procedimientos innecesarios por parte de las responsables, circunstancia que retarda la impartición de justicia, conforme a lo establece el párrafo segundo el ordinal 193 de la Ley de Amparo, lo que constituye un desacato a un mandamiento judicial y a la comisión de un delito conforme a lo estipulado en los artículos 262, fracción V y 267, fracción I, con lo cual se estaría en aptitud de dar vista a la representación social, ello con independencia que se actualice el párrafo tercero del ordinal 198 y lo estipulado en el numeral 269, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se le requiere para que a la brevedad acate el fallo protector; lo anterior, se le comunica con el fin de evitar hacer del conocimiento de la representación social federal de la probable comisión de algún ilícito previsto en la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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