Laura Luna Rodríguez
Expediente 93/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Laura Luna Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Laura Luna Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y de otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de derechos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito y anexos de cuenta presentado por Laura Luna Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y de otras autoridades. DESECHAMIENTO Del análisis detallado de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la misma resulta improcedente, atento a las consideraciones siguientes; los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general entenderá consentida la norma general sino se promueve contra ella el ampro dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá entenderse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Entonces, de una interpretación armónica de normas jurídicas trascritas se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se consienta tácitamente el acto reclamado al ocurrir alguna de las hipótesis para computar el plazo legal de quince días que se tiene para la presentación de la demanda de amparo: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Sobre esa base, se tiene que dichas hipótesis se excluyen entre sí y no guardan relación alguna; lo que revela la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos. En el caso, se arriba a la consideración que se actualiza la hipótesis marcada con el inciso b), en relación al plazo para la promoción del juicio de amparo, que se computa desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó la orden verbal emitida para retenerle sus percepciones, por la supuesta política de austeridad y finanzas sanas para reducir la nómina, a partir de la primera quincena de octubre de dos mil veintiuno y las subsecuentes que se han seguido generando, percepciones y salarios que percibe actualmente en su puesto de oficial administrativo de base, adscrita a la oficina de la Presidencia Municipal de esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Ahora bien, la impetrante sostiene bajo protesta de decir verdad que con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, Presidente Municipal, emitió la orden verbal para retenerle los salarios y percepciones de todo el personal, en razón de que implementaría una supuesta política de austeridad y finanzas sanas de reducir la nómina y que se iban hacer una revisión de todos los salarios con el personal, por tal razón se le retuvo su quincena. Manifestación que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforma una confesión al haber sido ésta la fecha en que se hizo sabedora de los actos reclamados, que prueba plenamente en su contra y, por consiguiente, se acredita que la quejosa Laura Luna Rodríguez, tuvo conocimiento de la determinación que en esta vía combate, desde el quince de octubre de dos mil veintiuno. Entonces, el plazo de quince días para que promoviera el juicio de amparo inició el diecinueve de octubre y culminó el diez de noviembre de dos mil veintiuno, descontados que fueron los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, uno, dos, seis y siete de noviembre de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles. Como se advierte del siguiente recuadro: OCTUBRE 2021 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOVIEMBRE 2021 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 de octubre de 2021. Tiene conocimiento del acto. 19 de octubre de 2021. Inicia el cómputo. 10 de noviembre de 2021. Fenece el término. Cobra aplicación al caso la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Entonces, si la quejosa presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, tal como se advierte de la boleta y sello respectivo, es evidente que no se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque la promovente tenía como último día, para presentar la demanda el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de no encontrarse en ninguno de los supuestos de excepción que contempla dicha norma. Por tanto, su demanda resulta extemporánea y en consecuencia, consintió el acto reclamado de manera tácita, es decir, la orden verbal emitida por la autoridad responsable, para retenerle sus percepciones a partir de la primera quincena de octubre de dos mil veintiuno y las subsecuentes, en su puesto de oficial administrativo de base, adscrita a la oficina de la Presidencia Municipal de esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Además de lo anterior, este Juzgador también considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales antes invocados permiten apreciar que, para la procedencia del juicio de amparo, no es suficiente el reclamo de una violación a los derechos humanos reconocidos, y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que, la contravención o trasgresión de los derechos fundamentales, debe ser imputable a una autoridad. En la jurisprudencia por reiteración de tesis 2a./J.164/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que las notas distintivas de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i. La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ii. Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al, ser pública la fuente de esa potestad. iii. Con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. iv. Para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el criterio antes citado, el Alto Tribunal de la República estableció que, el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación, entendidas como las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; en contraposición a las relaciones de coordinación, las cuales surgen entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes, último de los casos que en la especie se actualizó. La jurisprudencia a que se hizo alusión, se encuentra localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 1089 (registro 161133), que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, para los efectos del juicio de amparo, una autoridad responsable será aquella a quien la norma legal faculta para emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin requerir su voluntad o aún en contra de ella. Esto es, acto de autoridad es el emitido en ejercicio de las facultades decisorias que le están atribuidas, en la ley, al emisor; por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo precisa que, tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Con base en los anteriores lineamientos, el acto destacado no tiene la naturaleza de acto de autoridad, toda vez que las potestades a quienes se atribuyó el acto, no pueden considerarse como autoridades responsables, para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues en su demanda de amparo, la parte quejosa narró ser trabajadora en su puesto de oficial administrativo de base, adscrita a la oficina de la Presidencia Municipal de esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en su carácter de parte patronal, de quien reclamó la orden verbal para retenerle los salarios y percepciones, en razón de que implementaría una supuesta política de austeridad y finanzas sanas. Por tanto, el acto destacado no es susceptible de impugnarse a través de la acción constitucional, pues la pretensión de la quejosa consistió esencialmente en la orden verbal para retenerle los salarios y percepciones, en razón de que implementaría una supuesta política de austeridad y finanzas sanas. Sin embargo, para hacer procedente el juicio de amparo, el acto debe ser reclamado a una autoridad, o a un particular que realice actos equiparables, lo cual no aconteció, pues los patrones, al efectuar determinaciones o actos con relación a sus empleados, aun cuando violaran sus derechos humanos, no adquieren el carácter de autoridades responsables o ente equiparado a una, precisamente por el plano de igualdad con motivo de la relación laboral pre-existente; no encuentra su origen en una relación de supra a subordinación, sino de una relación laboral que mantiene un plano de coordinación con el ente público donde labora; por ello, el acto reclamado no pueda ser considerado de autoridad para efectos del juicio de amparo. Con la precisión que, la impetrante tiene expeditos sus derechos para instar en contra de la dependencia en cuestión, y ante el tribunal ordinario laboral, cualquier acción jurisdiccional laboral, y no acudir directamente al juicio de amparo, pues este último, constituye un medio extraordinario de control constitucional, a través del cual se dilucida violación a los derechos humanos de los gobernados, y no aspectos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores, que estimen infringen por sus patrones. Entonces, es de concluirse que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Ibarra Ruiz, Ramón Almonte Borja, Noé Narváez Magaña, Sergio Toscano Noriega, Santiago Ibarra Ruiz, Armando Muñoz Pano, Homero Torres Cortes, Nancy Palmira Almonte Mejía, Francisco Javier Almonte Pineda, José Ignacio Jara Pineda, José Manuel Mejía Abundis, Juan Ramses Marín Guzmán y Ernesto Almonte Borja, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas por no contar con el consabido registro de cédulas profesionales. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando su correo electrónico y números telefónicos para los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y números telefónicos proporcionados con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
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