Laura Hernández Cano
Expediente 572/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 52 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Laura Hernández Cano
- Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Laura Hernández Cano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto con el escrito firmado por Iris Lisseth Carvajal Santiago, autorizada de la parte quejosa dentro del juicio en que se actúa; en atención a su contenido, téngase a dicha parte procesal desahogando la vista ordenada en proveído de diez de octubre de la presente anualidad, asimismo, se tienen por hechas sus manifestaciones en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, sin perjuicio de tomarse en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito firmado por el Juan Manuel Ramírez Santiago, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero; en atención a su contenido, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento efectuado por la diversa autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos remite el auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente laboral ********************, del cual se observa que atendió los escritos presentados por la parte actora el veintiocho de enero, seis, veinte de febrero y seis de marzo, todos de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, esta juzgadora se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, se instruye a la persona fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional y encargada del presente asunto, que la notificación realizada a la parte quejosa debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, asimismo, deberá precisar las constancias con las cuales corre traslado a dicha parte procesal. Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado federal de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo signados por la persona Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 572/2020 en un tomo y un legajo de pruebas; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión laboral 186/2022; remítase el acuse de recibo de estilo correspondiente y glósese a los autos originales, el cuaderno de antecedentes relativo al juicio en que se actúa. De la citada ejecutoria se advierte que se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. En consecuencia: SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Laura Hernández Cano, en contra de los actos reclamados al Cabildo, Presidente, Síndica Procuradora, Regidores y Tesorero, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, conforme a lo expuesto en el considerando tercero de esta ejecutoria. TERCERO. Queda firme el considerando quinto y resolutivo primero de la sentencia recurrida. En consecuencia; CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Laura Hernández Cano, en contra del acto reclamado a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y conforme a lo considerando en la sentencia recurrida, acorde a los considerandos CUARTO y QUINTO de esta ejecutoria." Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con la resolución modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, esto es: "Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, emitir una determinación en relación a las promociones que le fueron presentadas por la parte trabajadora el veintiocho de enero, seis, veinte de febrero y seis de marzo de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, en los que solicitó que en atención a que en el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se requirió de pago al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, al cual se ordenó integrara en su presupuesto de ingresos 2020, el pago a favor de la trabajadora con el apercibimiento en caso de responsabilidad política en caso de desacato y al advertirse la omisión de cumplimiento a ese requerimiento, se diera inicio al procedimiento de responsabilidad en el juicio laboral ***********.". Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
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