Laura Lucero Mejía Carmona

Expediente 622/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
622/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Laura Lucero Mejía Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del quince de julio de dos mil diecinueve (fojas 8 a 14), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Laura Lucero Mejía Carmona, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de quince de julio de dos mil diecinueve: Apizaco, Tlaxcala, quince de julio de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Laura Lucero Mejía Carmona en contra del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 622/2019-II. Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos la multa consistente en veinte días de unidades de Medida y Actualización impuesta a la aquí quejosa, en la determinación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente número 205/2018, de su índice, relativo a las Diligencias Sobre cuestiones Familiares promovidas por Juan Carlos Romero García. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: ... El precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: La resolución reclamada debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. No se actualice alguna excepción al principio de definitividad Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, es menester que la promovente antes de acudir al juicio de amparo interpusiera el recurso de revocación en contra de la determinación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 205/2018, relativo a las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos. Para así considerarlo, conviene citar el contenido de los artículos 504, 505, 506, 507 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que regula la procedencia del recurso de revocación, que establece: De los preceptos normativos transcritos se desprende que la parte agraviada podrá promover el recurso de revocación en contra de los autos. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el recurso de revocación procede contra los autos; asimismo, dicho recurso deberá tramitarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que le causa agravio, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación. Asimismo, una vez admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De igual manera, resulta de capital importancia, establecer que de conformidad con el artículo 86, de la codificación procesal civil invocada, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, la calidad de autos, pues dicho precepto señala: Asimismo, el precepto 87, del mencionado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece que las sentencias son definitivas o interlocutorias: Definitivas son las que resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente. De lo antes establecido, se puede concluir que el recurso de revocación procede contra autos, dictados tanto en primera como en segunda instancia, dicha aseveración se realiza en términos del numeral 508, ya transcrito en párrafos precedentes, en virtud de que dicha porción normativa es clara en precisar que si no se admite la revocación en primera instancia, procede el recurso de queja, y si no se admite dicha revocación en segunda instancia no procede recurso alguno; por tanto, tal artículo crea la convicción de que los autos dictados en segunda instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. Precisado lo anterior, como ya se mencionó la parte quejosa promueve la presente contienda constitucional, reclama del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, consistente en la determinación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve dictada dentro del expediente número 205/2018, de su índice, en la que se impuso una multa a la aquí quejosa, por el importe equivalente a veinte días de Unidades de Medida y Actualización. Por tanto, con meridiana claridad la multa interpuesta en la determinación de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, no es una sentencia definitiva ni interlocutoria, puesto que ni decide el juicio en lo principal, ni mucho menos resuelve un incidente, en términos del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por tanto, dicha determinación no puede considerarse una sentencia, sino un auto, y por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Asimismo, debe indicarse que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio; ni el acto reclamado se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jusrisprudencia P./J. 11/2018 (10.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el la pagina 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I , décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de título y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, punto a), de la ley de la materia. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Raul de la Cruz Morales, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos.

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