Laura Inés Flores Montoya
Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Laura Inés Flores Montoya
- Ricardo Escobar Pérez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del catorce de enero de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Laura Inés Flores Montoya y Ricardo Escobar Pérez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído catorce de enero de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, catorce de enero de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Laura Inés Flores Montoya y Ricardo Escobar Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 6/2021-VI Desechamiento de demanda. De conformidad con el arábigo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En ese contexto, se advierte que, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XI y XIV, de la Ley de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". Ahora bien, respecto de la primera fracción, la porción normativa transcrita recoge una de las causas de improcedencia diseñadas por el legislador para efectos del juicio de amparo, vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en mención, en relación con la fracción XI del propio precepto, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Alrededor de la cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado, desde un panorama central, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." De tal guisa, los elementos condicionantes de la cosa juzgada operen se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que: El quejoso hubiese reclamado los mismos actos, Atribuidos a las mismas autoridades, Sin importar la violación alegada. Hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Precisado lo anterior, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, que pueden tomarse en cuenta aunque ninguna de las partes lo alegue. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se radicó el juicio de amparo 1266/2014-VI, promovido por Ricardo Escobar Pérez y Laura Inés Flores Montoya, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, de quien reclama lo siguiente: JUICIO DE AMPARO 1266/2014-VI JUICIO DE AMPARO 6/2021-VI ACTO RECLAMADO ACTO RECLAMADO De las ordenadoras El embargo a un bien de nuestra propiedad, dentro del expediente 1927/2008 sin que hayamos sido informados del mismo, así como los actos tendientes a rematar dicha propiedad, no obstante de que contamos con los documentos públicos que justifican la propiedad del bien en que hemos sido molestados. De las ejecutoras Del Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, reclamo el acta de embargo de fecha diez de septiembre del año dos mil trece; el embargo trabado sobre nuestra propiedad consistente en la casa marcada con el número cuarenta y tres de la calle San Pablo, construida sobre el lote número tres de la manzana número ocho, fraccionamiento "El Bosque" mediante diligencia de fecha diez de septiembre de dos mil trece, de igual forma los actos tendientes a trabar formal embargo sobre el bien de nuestra propiedad, así como todas y cada uno de los actos posteriores tendientes a rematar el inmueble de mi propiedad. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, reclamo el cumplimiento que ha dado al embargo emitido con fecha diez de septiembre del año dos mil trece, ordenada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y ejecutado por el Secretario de acuerdos del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, inscribiendo el embargo trabado sobre nuestra propiedad consistente en casa marcada con el número cuarenta y tres de la calle San Pablo, construida sobre el lote número tres de la manzana número ocho, fraccionamiento "El Bosque"." De las ordenadoras La orden de inscripción de EMBARGO sobre "la casa habitación marcada con número oficial cuarenta y tres de la Calle San Pablo, del Fraccionamiento "El Bosque", ubicado en Avenida Los Volcanes esquina con San Pablo número treinta y siete, de la localidad de Ocotlán, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala", inscrito en la Dirección de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, el día 25 de mayo de 2015, bajo el folio real electrónico TL87-Y6Q3-XV4G-0H51C, con antecedente inscrito bajo el número de documento electrónico RP42YJ-68GD73-SLO5J5, inmueble propiedad de los suscritos y que adquirimos a través de escritura pública número 6913, de 13 de agosto del 2010, inserta en el volumen 53, pasada ante la fe de la Licenciada María Elena Macías Pérez, Notario Público número 1, del Distrito de Hidalgo, Tlaxcala; así como también reclamo todas y cada una de las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar de emisión de dicho acto de autoridad, y la orden dada al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, a través del oficio número 1471, de fecha 03 de julio de 2015, signado por el entonces Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, para el efecto de que se inscribiera el embargo trabado en diligencia de 10 de septiembre de 2013, en el Juicio Ejecutivo Mercantil número 1927/2008, promovido por RUBEN JIMÉNEZ MONTAÑO (endosatario), en contra de Martín Rodríguez Lima". De las ejecutoras a) Secretario De Acuerdos Non Y/O Diligenciario Non, Del Extinto Juzgado Segundo Civil Del Distrito Judicial De Hidalgo Hoy Juzgado Cuarto Civil Del Distrito Judicial De Cuauhtémoc. Quien realizó la diligencia de embargo el 10 de septiembre de 2013 y trabó formal embargo sobre bien inmueble con "folio real ectrónico TL87-Y6Q3-XV4G-OH5K, con antecedente inscrito el 25 de mayo de 2015, bajo el número de documento electrónico RP42YJ-68GD73-SLO5J5", dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 1927/2008, promovido por RUBEN JIMÉNEZ MONTAÑO (endosatario en propiedad), en contra de MARTÍN RODRÍGUEZ LIMA; así como también reclamo todas y cada una de las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar de emisión de dicho acto de autoridad. b) Director de Notarías y de Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. Reclamo la inscripción de embargo de 25 de septiembre del 2015, con sello registral RP2OBQ13XV47-PA89E7, del gravamen ordenado por la Autoridad Responsable Ordenadora que he citado anteriormente, sobre el bien inmueble con "folio real electrónico TL87-Y6Q3- XV4G-OH5K, con antecedente inscrito el 25 de mayo de 2015, bajo el número de documento electrónico RP42YJ-68GD73- SLO5J5" Los promoventes promovieron diverso juicio, el cual se radicó en este órgano jurisdiccional, con el número 1266/2014-VI, que ya fue resuelto, mediante resolución de cuatro de febrero de dos mil quince. Determinación que quedó firme mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, al no haber sido recurrida. De lo anterior se colige que el acto reclamado por la parte, en la presente instancia constitucional, ha sido combatido en diverso juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa y contra las propias autoridades responsables, en donde el acto primigenio deriva del acta de embargo de fecha diez de septiembre del año dos mil trece. En tales condiciones, se estima improcedente la acción constitucional intentada por los peticionarios en comento, ya que éste ha sido reclamado en un juicio de amparo promovido con antelación, el que si bien no fue resuelto en el fondo, fue desestimado al actualizarse la causal de improcedencial prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ello trae consigo la imposibilidad de analizar su constitucionalidad en el presente. En efecto, si bien por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, debe estimarse que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior.Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza. (10a. Época; Pleno; Gaceta del S.J.F.; Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 8)". También apoya a lo anterior, la siguiente tesis aislada de rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. (10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012; Tomo 1; Pág. 524)". De igual forma, cobra aplicación la tesis XIII.3o.3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA UN ACTO QUE YA FUE RECLAMADO EN UNO ANTERIOR EN EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA Y CAUSÓ ESTADO TAL DETERMINACIÓN. Tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, consultable a fojas ciento veinticinco del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA.", estableció el criterio de que el juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda se concluye que su desechamiento implica que se da por concluido al causar estado la determinación que al efecto se emita -pues se está ya en presencia de una ejecutoria de amparo- de tal forma que cuando el quejoso promovió con anterioridad al juicio de amparo uno diverso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado y el Juez de Distrito del conocimiento determinó desechar la demanda y contra tal determinación no se interpuso recurso alguno, resulta evidente que contra tal determinación no puede ejercerse nuevamente la acción de amparo, al configurarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia contemplado en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Ahora, según lo expuesto los quejosos Laura Inés Flores Montoya y Ricardo Escobar Pérez, en su escrito de ampliación de demanda dentro del juicio de amparo 1266/2014-VI previamente relacionado, de veintidós de octubre de dos mil catorce, los solicitantes de amparo, se ostentaron sabedores de los actos nuevamente reclamados, así como, de las actuaciones derivadas del juicio natural 1927/2008 del índice de la responsable. Lo que se corrobora, con las siguientes imágenes: SIN TEXTO De lo anterior, es claro que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que, la presentación de la nueva demanda es extemporánea y debe tenerse como tácitamente consentido el acto que ahora pretende reclamar, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Apoya lo antes considerado, la tesis de jurisprudencia que textualmente dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". De manera que, es incuestionable que en el caso cobran vigencia las causales de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracción XI y XIV de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la presente demanda de amparo promovida por Laura Inés Flores Montoya y Ricardo Escobar Pérez. Domicilio y autorizados Por otro lado, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y teniendo como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Francisco Peña Arellano y Rafael Yubid Rodríguez Ramírez, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes continúen el trámite mediante juicio en línea. De conformidad con el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales y por lista que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Laura Edith Saluis Díaz599/2018
- Laura Elizabeth González Rodríguez883/2021
- Laura Flores Flores440/2021
- Laura Graciela Vázquez Varela1210/2023
- Laura Graciela Vázquez Varela1185/2015
- Laura Guerrero Dieguez552/2023
- Laura Jiménez Ramírez597/2021
- Laura Lucero Mejía Carmona622/2019
- Laura Martínez Huerta599/2016
- Laura Martínez López890/2021
- Laura Mora Cuapio413/2016
- Laura Muñoz Ahuatzi130/2013