Laura Ivon Salinas Olalde
Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Laura Ivon Salinas Olalde
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del ocho de mayo del año que transcurre, donde se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 539/2023-III. En este asunto la parte quejosa señala como acto destacado el acuerdo del ******************** emitido en el oficio ********************, mediante el cual la autoridad responsable da respuesta a su escrito del ********************. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación correspondiente, para combatir el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Con el objeto de acreditar lo anterior, es menester precisar lo dispuesto en el dispositivo citado, el cual a la letra indica: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la trascripción anterior, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra resoluciones judiciales o administrativas, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, en términos del artículo invocado, el juicio de amparo es improcedente cuando se den los siguientes supuestos: a) Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que las autoridades responsables a las que son atribuidas las consecuencias legales de los actos en mención, son: Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero. Presidencia Municipal, Consejería Jurídica y Consultiva de Nicolás Romero, y; Dirección General de Infraestructura Municipal, Coordinación de Medio Ambiente de Nicolás Romero. Por tanto, es evidente que éstas no tienen el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra el acto reclamado consistente en el acuerdo del ******************** emitido en el oficio ********************, mediante el cual la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el ********************, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la o las autoridades emisoras de la respuesta en esta vía combatida o el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 186 y 187 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, los preceptos invocados a la letra establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se le atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.)". Como consecuencia de lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto del citado acto impugnado, se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad que emitió la respuesta reclamada, o bien, el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Además, es menester precisar que el recurso administrativo de inconformidad previsto en el artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, es procedente contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, por lo que los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por lo que en ese sentido este órgano de control constitucional considera que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad dado lo expuesto y fundado con antelación; máxime que el acto reclamado en esta instancia constitucional no se ubica en ninguna de las excepciones al principio de definitividad que rigen en el juicio de amparo. Por lo que en la especie, dicho acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado previamente al juicio de amparo; en consecuencia, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, en virtud de que la parte quejosa proporcionó los datos de su usuario y cuenta con el registro correspondiente, por lo que realícense las notificaciones por esa vía. Se instruye al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo la autorización correspondiente. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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