Laura González González
Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Laura González González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio de cuenta y sus anexos, para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Vistos los escritos de la quejosa **********, y en atención al contenido de los mismos, se provee: 1.- Se le reitera a la promovente que todas las notificaciones que sean ordenadas en el presente sumario constitucional, se efectuaran por medio de la lista electrónica de este Juzgado de Distrito, tal como se ordenó en auto admisorio, lo anterior toda vez que el domicilio que se señala en el ocurso de cuenta se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. 2.- No se realiza mayor pronunciamiento respecto de las personas que autoriza en el escrito que se acuerda, toda vez que las mismas quedaron autorizadas para los efectos solicitados en el auto de prevención del veintisiete de julio de esta anualidad. 3.- Expídase a su costa únicamente un juego de las copias certificadas que solicita, lo anterior toda vez que no expresa las razones por las cuales requiere de su expedición por duplicado; es decir, no concreta el uso que pretende darles y por qué no le es suficiente sólo un juego de copias, y entréguense, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que la expedición de las copias que solicitó, está sujeta a que el servicio de fotocopiado al público en el edificio sede de este juzgado, se encuentre trabajando. 4.- Se proveerá lo conducente respecto a la devolución de los documentos que solicita, una vez que se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordene al archivo como concluido el juicio de amparo en que se actúa, no obstante lo anterior queda expedito su derecho a solicitar copia certificada de los mismos para los efectos legales a que haya lugar. 5.- Infórmesele a la promovente, que mediante auto del trece de los cursantes, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos y se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable correspondiente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de septiembre pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. En ese sentido, se requiere al Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 954/2023-V, promovido por ********, por derecho propio, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades; ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció pruebas documentales así como la documental que anexaron las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas pruebas. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que la quejosa no formuló manifestaciones ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento alguno. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy Fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 954/2023-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo, Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el dieciocho de julio siguiente al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. II. Por acuerdo del diecinueve de julio de este año, dicho órgano jurisdiccional registro la demanda bajo el número 1161/2023-V, asimismo, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo por razón de territorio, ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que conociera de la demanda de amparo. III. Mediante oficio número 18932/2023, el veinticinco de julio pasado, se recibió el juicio de amparo 1161/2023-V en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual fue turnado a este órgano jurisdiccional el veintiséis de julio siguiente, Laura González González, por derecho propio, demandó el amparo y protección contra el actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades. II. Previo cumplimiento a prevención, por auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 954/2023-V, se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que atento al estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que la quejosa reclama: 1) Del Titular de Oficina de Representación del ISSSTE en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 2) De la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 3) De Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión, presentada el tres de marzo del dos mil veintitrés, a las quince horas como se advierte del sello de recepción de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. El Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, al rendir su correspondiente informe justificado, aceptó el acto reclamado por la quejosa, al referir que existe la solicitud de pensión presentada por la peticionaria de amparo y que no se ha emitido la contestación correspondiente; por lo que se tiene cierto el acto reclamado. Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte las autoridades responsables Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fueron omisas en rendir sus informes justificados, por tanto, se tienen por presuntivamente ciertos. CUARTO. Las causas de improcedencia en el juicio de amparo constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo de la litis constitucional, sea que lo aleguen las partes o lo advierta de oficio el juzgador de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuya disposición deviene armónica con la tesis jurisprudencial identificada bajo el número de registro 222780, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin que al efecto se haya hecho valer causal de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa expone que se violaron en su perjuicio los artículos 1o., 8o., 14, 16 y 17 constitucionales. Además, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa aduce que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 8o y 17 constitucionales toda vez que las autoridades responsables han omitido dar respuesta a su solicitud de pensión presentada el tres de marzo del dos mil veintitrés. En ese tenor, son esencialmente fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, los conceptos de violación expuestos por la promovente del amparo, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 8º Constitucional establece lo siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República." A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Es pertinente resaltar que el derecho de petición consagrado en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término. Lo anterior implica que la autoridad responsable deberá emitir un acuerdo que resuelva la cuestión planteada, el cual debe atender de manera completa y coherente lo pedido, pronunciándose como en derecho proceda, en sentido positivo o negativo, o en su defecto reservando su acuerdo, cuando deba realizarse algún trámite previo; y dar a conocer al peticionario su determinación. Acorde a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 8º constitucional, es necesario que recaiga un acuerdo sobre la solicitud planteada por la parte quejosa; en el caso concreto, que se dé respuesta al escrito recibido el tres de marzo del dos mil veintitrés, en el cual, la parte quejosa, solicitó se le concediera la pensión por ****- por los motivos expuestos en dicho ocurso. Debe precisarse que el precepto en cita no limita la naturaleza de la instancia, por lo que el derecho fundamental es aplicable a cualquier escrito de petición, en cualquier clase de instancia, lo que incluye a la petición de la parte quejosa antes precisado, toda vez que cuando un particular plantea una solicitud, es manifiesto que está pidiendo se dé respuesta a su planteamiento. Tal pretensión constituye una petición, la cual debe ser contestada en breve plazo, en los términos que legalmente proceda. Por lo anterior, la parte quejosa tiene derecho, conforme al artículo 8° constitucional, a que se le dé respuesta a su petición y que se le comunique su resultado en un tiempo razonable. "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno. (Jurisprudencia 6/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Junio de 2000, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa. Asimismo, resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Ahora bien, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, las autoridades responsables han omitido dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el tres de marzo de dos mil veintitrés, no obstante que, conforme al procedimiento previsto en la legislación aplicable al caso, debe resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud correspondiente, tal como lo se establece en 44 y 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por ser la ley vigente, únicamente por el plazo que establece para el trámite, pues en el caso, no se trata de analizar la pensión solicitada, solo de la omisión de resolver, por lo tanto, sin determinar que sea la aplicable a la misma, pues eso es materia de la resolución que prevén lo siguiente: "Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para ello." "Artículo 45. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de la documentación respectiva, así como la constancia de licencia prepensionaria, o en su caso, el aviso oficial de baja. Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se ha otorgado la resolución, el Instituto estará obligado a efectuar el pago del cien por ciento del último Sueldo Básico del solicitante que estuviere separado definitivamente del servicio con cargo a sus gastos de administración, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la resolución en que conste el derecho a Pensión y de que se finquen las responsabilidades en que hubieren incurrido los servidores públicos del Instituto y los de las Dependencias o Entidades que en los términos de las leyes aplicables estén obligados a proporcionar la información necesaria para integrar los expedientes respectivos, los cuales deberán restituir al Instituto las cantidades erogadas, así como sus accesorios". De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que de la intelección de los preceptos insertos se advierte que las personas que tengan derecho a una pensión, deberán presentar la solicitud correspondiente, junto con los documentos que se le requieran, dictaminada procedente, el Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de la documentación respectiva. Si el Instituto no resuelve en el plazo señalado, pagará el cien por ciento de la pensión que requirió el trabajador o sus familiares derechohabientes, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión que corresponda. En resumen, el plazo precisado para que las autoridades responsables tramiten, revisen, resuelvan en definitiva y notifiquen sobre una solicitud como la que nos ahora nos atañe, es de noventa días. Luego, si la parte promovente presentó su solicitud el tres de marzo del dos mil veintitrés, como se advierte de la copia del escrito dirigido al Instituto de Seguridad y Servicios, Titular de la Oficina de Representación del ISSSTE en el Estado de México, que acompañó a la demanda y que reconoció el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, al rendir informe justificado y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, diecisiete de julio de dos mil veintitrés, habían transcurrido casi cuatro meses, que se considera un lapso que excede en demasía para analizar y responder la petición, dado que se solicita la concesión de una pensión, asunto de seguridad social. Máxime que a la fecha en que se resuelve el presente juicio, la responsable no demostró que haya dado respuesta al escrito de que se habla, contrario a ello, admitió que ha prorrogado el estudio de la solicitud de la quejosa, en atención a la carga laboral excesiva, pero se encuentra analizando la procedencia; no obstante que acorde a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 8º constitucional, la respuesta debe darse a conocer al promovente en breve término. El breve término a que se refiere el artículo 8° Constitucional, debe comprender el plazo relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que el derecho fundamental que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Como ya se expuso, se está en presencia de una abstención total de parte de las autoridades responsables, pues como se advirtió, han omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de actualización de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Laura González González, para el efecto de que el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión presentada por Laura González González, el tres de marzo del dos mil veintitrés. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que las autoridades responsables emitan la resolución que conforme a derecho corresponda y la hagan del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, por derecho propio, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
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