Laura Isabel Chavero Monroy
Expediente 177/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Isabel Chavero Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; mismo que estableció que sólo se daría trámite y seguimiento oficioso a los asuntos calificados como urgentes; así como aquéllos tramitados mediante juicio en línea. Por tanto, dado que el acto reclamado en el presente juicio de amparo no se ubica dentro de los asuntos calificados como urgentes de conformidad con el artículo 4 del citado Acuerdo General 13/2020, se suspendió su tramitación. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales. En ese entendido, de la certificación que antecede, se desprende que ha fenecido el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que precisa las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de referencia, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el tomo de prueba formado con motivo de las copias certificadas del expediente número 137/2020, que remitió el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado; devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; mismo que estableció que sólo se daría trámite y seguimiento oficioso a los asuntos calificados como urgentes; así como aquéllos tramitados mediante juicio en línea. Por tanto, dado que el acto reclamado en el presente juicio de amparo no se ubica dentro de los asuntos calificados como urgentes de conformidad con el artículo 4 del citado Acuerdo General 13/2020, se suspendió su tramitación. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales. En ese entendido, de la certificación que antecede, se desprende que ha fenecido el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que precisa las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se considera que no es de relevancia documental. En ese orden, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de referencia, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el tomo de prueba formado con motivo de las copias certificadas del expediente número 137/2020, que remitió el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado; devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, se le tiene informando que en la Unidad de Atención Inmediata fue iniciada la investigación ministerial número. con motivo de la denuncia formulada por el tercero interesado. por hechos posibles constitutivos de delito previstos en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. A ese respecto no se realiza manifestación alguna, toda vez que en sentencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio de amparo al actualizarse las causas de improcedencia ahí invocadas; y se encuentra transcurriendo el plazo para impugnarla. Sin embargo, con apoyo en el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, remítase copia certificada de la demanda de amparo, auto de radicación y de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo 177/2020, a cualquiera de los correos electrónicos que proporciona, debiendo quedar asentada la certificación correspondiente y agregarse a los autos; sin perjuicio de poner a la vista de dicha autoridad las actuaciones que conforman dicho expediente para los efectos legales conducentes.
- Principal
En Córdoba, Veracruz, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 177/2020, promovida por. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo; la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, quien actúa ante la licenciada. Secretaria de la Sección de Amparo, que autoriza y da fe, declaró abierta dicha audiencia, sin la comparecencia de las partes. A continuación la Secretaria da cuenta con dos escritos firmados por la quejosa. sin copias ni anexos, recibidos el día de hoy en la Oficialía de partes de este juzgado; por medio de los cuales formula alegatos y ofrece pruebas. A lo que la Jueza acuerda. Agréguense a sus autos los escritos signados por la quejosa. en relación con las manifestaciones que formula a título de alegatos y las pruebas que ofrece, se proveerá lo conducente en el periodo respectivo. Acto continuo, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente. Escrito de demanda de amparo signado por. e informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como las constancias que adjuntó como apoyo a éste. Asimismo, la Secretaria hace constar que mediante proveído de trece de marzo del año en curso, se tuvo por emplazado y apersonado a juicio al tercero interesado. Acto seguido, la Jueza acuerda. Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, relativas al expediente. de su índice; y con los escritos signados por la quejosa. mediante los cuales ofrece como pruebas copia certificada del expediente principal e incidental del juicio de amparo. de este índice, 3. Acta de matrimonio y 4. Acta de divorcio. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental exhibida por la autoridad responsable, dada su propia y especial naturaleza. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, deberá estar a lo acordado en el proveído de veintisiete de octubre del año en curso, en el que se acordó no admitirlas, ya que no fueron exhibidas ante la responsable. Luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: La Secretaria da cuenta con las manifestaciones que formula a título de alegatos la parte quejosa en los ocursos recibidos en esta fecha; asimismo, hace constar que mediante proveídos de catorce de agosto, veintisiete de octubre y seis de noviembre de dos mil veinte se tuvo a la quejosa. y al tercero interesado. formulando manifestaciones a título de alegatos. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formuladas las manifestaciones de las partes quejosa y tercera interesada, para los fines legales procedentes; luego, al no existir alegatos formulados por las demás partes, ni diligencia pendiente por desahogar, se da por concluido este período procesal. Con lo anterior concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; se levanta esta acta para constancia y se procede a dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 177/2020, promovido. contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, el que consideró violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, que a continuación se precisa. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de diez de marzo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar al tercero interesado y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. Mediante proveído de trece de marzo del año en curso, se tuvo por emplazado y apersonado a juicio al tercero interesado. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. debido a que los actos reclamados carecen de ejecución material, y la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquél consiste en. La resolución de tres de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil. por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, en la que negó decretar pensión alimenticia provisional a su favor. La negativa de entregarle copias simples, autorizadas en proveído de tres de marzo de dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en la negativa de entregar copias simples, autorizadas en proveído de tres de marzo de dos mil veinte. A efecto de determinar la inexistencia del acto reclamado, se toma en consideración que en el sumario no obra medio de convicción que acredite la existencia de una solicitud formulada ante la responsable para entregarle dichas copias. Se afirma lo anterior, ya que la carga probatoria del citado acto reclamado correspondía a la parte quejosa, esto es, demostrar que formuló alguna petición a fin que se le proporcionaran copias simples, para con ello permitir a este Juzgado presumir la certeza en cuanto a que se negó su petición, lo que no hizo, es decir, no exhibió documento alguno que acreditara fehacientemente haber elevado la solicitud en cuestión. No pasa inadvertido que en proveído de tres de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil. el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, autorizó a las partes la expedición de copias simples y certificadas de todas las actuaciones judiciales, constancias procesales y registros electrónicos que con motivo del juicio se generaran, sin necesidad que lo solicitaran por escrito ni acuerdo posterior, bastando que se presentaran con el secretario de acuerdos y que lo requirieran; sin embargo, mediante auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se previno a la quejosa para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, quien tenía a su cargo la expedición de las copias que solicitaran las partes; empero, al desahogar dicho requerimiento, la quejosa señaló que no deseaba designar a esa autoridad con el carácter de responsable, por lo que en auto de seis de noviembre siguiente, se ordenó continuar el trámite de la presente vía constitucional, únicamente respecto de la autoridad responsable inicialmente señalada en su escrito de demanda de amparo. En ese entendido, aun cuando en auto de tres de marzo de dos mil veinte se autorizó la expedición de copias sin necesidad de solicitarlas por escrito ni acuerdo posterior, lo cierto es que dicha expedición era a cargo del secretario de acuerdo del juzgado de origen, no del juez responsable, por lo que era necesario acreditar que elevó a éste la solicitud respectiva. De ahí que el acto reclamado por la solicitante de amparo consistente en la negativa de entregarle copias, resulte inexistente. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto antes precisado, con fundamento en el artículo. de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, consistente en el auto de tres de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil. en el que negó decretar pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa; así se advierte de su informe justificado. La existencia del acto reclamado se corrobora además, con las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe de ley, consistente en copias certificadas del citado juicio civil, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo. de esta última. QUINTO. Improcedencia del juicio. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable manifiesta que, respecto de la negativa de decretar pensión alimenticia a favor de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo. de la Ley de Amparo, ya que previo a promover este juicio constitucional debió agotar la reclamación mediante la cual pudo obtener la modificación o revocación del auto combatido. Lo expuesto a ese respecto es fundado, y afecto de evidenciarlo es pertinente citar la fracción. de la Ley de Amparo, que dispone. En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, toda vez que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no está obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Por su parte, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece. De la disposición normativa transcrita se advierte que en los juicios de alimentos el juez está facultado, a petición de parte, a fijar en el auto inicial una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento; y la determinación que recaiga a esa solicitud es impugnable a través de la reclamación, cuyo trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes. En ese entendido, contra el acto que aquí se reclama procedía la reclamación prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; y no existe constancia de que la parte quejosa, actora en el juicio de origen, previo a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución. Por tanto, si la inconforme no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, entonces, el juicio de amparo es improcedente. En el entendido de que, en el caso, no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, ya que no se trata de un auto de vinculación a proceso, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, la promovente no es una tercera extraña al procedimiento, pues tiene la calidad de actora en dicho controvertido; por lo tanto, estaba en condiciones de impugnar a través de la reclamación la resolución que le negó la fijación de alimentos. Tampoco se actualiza la excepción relativa a que para arribar a la consideración de la necesidad de agotar la reclamación contra la resolución impugnada, se requiere una interpretación adicional, pues si bien el tercer párrafo del artículo 210 citado dispone que cualquier reclamación contra dicha medida se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, lo que interpretado gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla, lo cierto es que existe la jurisprudencia. en el sentido de que la reclamación contra el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no; dicha jurisprudencia puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. texto siguientes. En consecuencia, ante la existencia de un criterio obligatorio en términos del numeral 217 de la ley de la materia, sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, debe concluirse que no existe interpretación adicional para estimar la necesidad de agotar la reclamación contra la negativa de decretar alimentos, antes de instar el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Cabe destacar que no pasa inadvertido que las partes quejosa y tercera interesada formularon manifestaciones a títulos de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las citadas partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia. de rubro. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. No es óbice a la presente resolución que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Córdoba, Veracruz, no ha informado a qué Sala correspondió el trámite del recurso de queja interpuesto por la quejosa contra la negativa de decretar pensión alimenticia a su favor y de entregarle las copias solicitadas, ni el estado procesal que guarda dicho recurso, toda vez que al decretarse el sobreseimiento en los términos señalados, resulta innecesario esperar a contar con esa información. SEXTA. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos. se RESUELVE. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos que reclamó del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimocuarto Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo.
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