Laura Imelda Solano Domínguez

Expediente 689/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
689/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Laura Imelda Solano Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual remite copia certificada de la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintitrés dictada en la queja 320/2023; acúsese recibo. Ahora, dicha resolución en lo conducente, señala: "[...] ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja 320/2023 interpuesto por Laura Imelda Solano Domínguez, como representante común de Ángel de Jesús Castro Solano y Óscar Aníbal Castro Solano, contra el auto dictado el dos de agosto de dos mil veintitrés por la Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto 689/2023, por el cual desechó la demanda de amparo [...]". Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Luego, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente diversos documentos originales presentados por la parte quejosa, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de noventa días naturales, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento será destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Laura Imelda Solano Domínguez, representante común de los quejosos en el presente asunto, contra el auto de dos de agosto del año en curso, radicándolo con el número 320/2023 de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos los escritos signado por Laura Imelda Solano Domínguez, representante común de los quejosos en el presente asunto; atento al contenido del primer escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el segundo precepto de la ley de la materia, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, y entréguense a la persona que menciona, dejando en autos razón de su recibo para debida constancia. Por otro lado, en relación con el segundo escrito de mérito; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, una vez que conste en autos la notificación del presente proveído a los promoventes del amparo, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimientos de Expediente (S.I.S.E.), el citado escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Por tanto, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso de trato. Asimismo, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero de la Ley de Amparo, remítase informe con justificación, en relación con la materia de la queja, en el sentido de que es cierta la resolución que se impugna. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **************, con cuatro copias y tres anexos descritos en la cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 689/2023. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, es pertinente destacar que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las parte. En el caso, del escrito inicial de demanda se advierte que los promoventes reclaman de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: El acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 148/2021, del índice de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad de México, por el que se desecha la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tal principio ordena que antes de promover el juicio de amparo se debe agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a aquél debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse en sede ordinaria. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, se actualiza la referida causa de improcedencia, dado que el acto reclamado por los quejosos es susceptible de ser revocado, modificado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, según se evidenciará a continuación: Así es, los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; 3, fracción XIX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponen (...) De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se obtiene que procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra los actos administrativos, procedimientos y resoluciones definitivas que establece la Ley Orgánica de dicho tribunal, entre los que se encuentran aquéllos que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación, o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. Es pertinente destacar que al resolver el amparo directo en revisión 1855/2017, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, interpretó los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 14, fracción VIII, de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de contenido similar al 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el sentido de que deben entenderse que el juicio contencioso administrativo procede contra las determinaciones que resuelvan, en sede administrativa, las reclamaciones promovidas por responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de que la autoridad emita o no un pronunciamiento sobre "el fondo del asunto", pues de otro modo se afectaría el grado de racionalidad, accesibilidad y sencillez con el que deben contar las normas adjetivas referentes a la procedencia de ese medio de control del acto administrativo, ya que cuando los entes administrativos declaran improcedentes o desechan de plano tales reclamaciones, están negando implícitamente la indemnización solicitada por los gobernados; de ahí que ambos supuestos -es decir, tanto las resoluciones de fondo, como las de forma- encuadran en las referidas hipótesis jurídicas de procedibilidad del juicio contencioso administrativo. Aunado a ello, la actual Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la fracción III del artículo 35, prevé expresamente la procedencia del juicio contencioso contra actos administrativos que declaren improcedente la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. En ese entendido, el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 148/2021, del índice de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se desecha la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, actualiza la referida hipótesis prevista en el numeral 35, fracción III, en cita, por lo que el juicio contencioso administrativo federal procede contra éste; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya agotado el citado juicio, con el que podía obtener su modificación, revocación o nulidad, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (..) Cabe indicar que en la especie no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, por lo que la parte quejosa no estaba exenta de la carga de cumplir con dicho principio mediante la promoción del referido juicio ordinario. Así es, en primer lugar, se tiene que los alcances de la suspensión del acto impugnado conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo son iguales a los que se da a la suspensión en la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia (...) Por lo que respecta a la excepción contenida en el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que surge a la vida jurídica cuando el acto carece de fundamentación, no se actualiza, pues basta la lectura del acto reclamado que se anexó a la demanda para advertir que la responsable invocó los preceptos legales en los que fundó dicho acto. Tampoco se actualiza la excepción consistente en que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, pues de la demanda de amparo claramente se advierte que la parte quejosa esencialmente aduce cuestiones de legalidad. Finalmente, como se vio, el juicio contencioso administrativo federal se encuentra previsto en una ley, por lo que no se surte la excepción a que hace alusión la parte final del párrafo segundo, de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que los quejosos citan la jurisprudencia (...) Además, que actualmente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la fracción III del artículo 35, prevé expresamente la procedencia del juicio contencioso contra actos administrativos que declaren improcedente la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la citada ley de la materia. Sustenta lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia (...) Es pertinente indicar que la presente determinación se toma -además- en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Laura Imelda Solano Domínguez; lo anterior, sin perjuicio de que los promoventes lo substituyan por otro. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicitan, practíquense las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, se tiene como autorizado con facultades amplias en términos de lo establecido en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Dante Octavio Gutiérrez Gallegos, al encontrase registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República Mexicana. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se realicen las diligencias ordenadas en el presente juicio. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por (...) Notifíquese.

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