Laura Guadalupe García Palafox
Expediente 174/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- Laura Guadalupe García Palafox
Actuaciones
- Principal
Mesa I. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO.
- Principal
MESA I. Toluca, Estado de México; nueve de febrero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ****, quien se ostenta apoderado de ****, contra actos de la Unidad de Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo ****. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Así, es preciso destacar que del análisis integral de la demanda se observa que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el quince de enero de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo ****, del índice de la Unidad de Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en la cual se ordenó la destitución de ****, del cargo como Médico General con funciones de responsable de consultorio adscrita al Consultorio Médico ****, así como el inicio del procedimiento de esa sanción administrativa. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá: En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado consistente en la resolución dictada el quince de enero de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo ****, del índice de ****, en la cual se ordenó la destitución de ****, del cargo como ****, así como el inicio del procedimiento de esa sanción administrativa. Lo anterior se afirma, dado que el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, pues la resolución dictada el quince de enero de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo ****, se llevará a cabo en el lugar en que la quejosa se encuentra adscrita como ****, tal como se advierte del capítulo de antecedentes del acto reclamado, así como de los anexos que se adjuntaron a la misma. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por tanto, conforme con lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado, es decir, en la localidad de ****, pues en dicho lugar tiene su residencia el ****, en el que además, se ejecutará el acto reclamado, consistente en la materialización de la destitución de la ahora quejosa ****. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado destacado (****), conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable la tesis 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, quien es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues se insiste, es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tendrá ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia certificada de las constancias necesarias y autógrafa del presente asunto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Atento a la certificación de cuenta se tienen por autorizados en términos la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en el escrito de demanda, pues no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario que refiere y se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado federal a fin de que las notificaciones de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen a la peticionaria de amparo de manera electrónica, por así haberlo solicitado. Finalmente, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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