Laura González González

Expediente 1161/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1161/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Laura González González

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V SE AVOCA A LA COMPETENCIA. Vistos los oficios signados por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio de los cuales informa que aceptó la competencia del presente asunto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el cuaderno en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 19, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita) 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente cuaderno carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 19 del referido Acuerdo, el presente cuaderno, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por *, contra actos del Titular de la Oficina de representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; fórmese expediente electrónico y físico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y regístrese con el número 1161/2023-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de demanda y anexo que se acompaña, se obtiene que la quejosa reclama: La omisión de dar contestación a su solicitud de tres de marzo de dos mil veintitrés, en la que solicito se le otorgara la pensión por jubilación de la que aduce tener derecho. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." INCOMPETENCIA. Precisado el acto reclamado es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la omisión de dar contestación a su solicitud de tres de marzo de dos mil veintitrés, en la que solicito se le otorgara la pensión por jubilación de la que aduce tener derecho, esto es, implica un hacer, lo cual se está verificando dentro de la Jurisdicción en la que ejerce su competencia un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, puesto que el domicilio de la quejosa se encuentra ubicado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, tal y como se advierte de su dicho en la demanda que se atiende. Sin que se soslaye el hecho de que la demanda de amparo se encuentra dirigida al Juzgado de Distrito en el Estado de México, en Turno. Luego, si del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo factico o una afectación material en algún derecho del gobernado, y si el acto reclamado a la responsable es un acto omisivo que tiene aparejada una ejecución material, resulta que dicho acto se ejecutará en el lugar de residencia de la ahora quejosa. De lo que se desprende que pese a la naturaleza negativa del acto reclamado (omisión), este tiene efectos positivos que se materializan directamente en el domicilio de la parte quejosa. Lo anterior se afirma, pues la quejosa aduce que el quince de junio de dos mil veintitrés, causo baja el empleo que prestaba como servidora pública; por lo que, si la contestación de la solicitud realizada por la impetrante se encuentra intrínsecamente ligada al pago de una pensión que en su caso deba determinarse en favor ésta, resulta inconcuso que los efectos de no gozar de dicha pensión son perceptibles en el domicilio de la probable beneficiaria, por ser razonablemente el lugar donde tiene que cobrarla. Por lo anterior, conforme al artículo 37; párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en un Municipio donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, pues la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, refiere que su domicilio se encuentra Naucalpan de Juárez, Estado de México; así, este Juzgado de Distrito resulta incompetente legalmente para conocer del acto reclamado, ya que si bien se trata de un acto omisivo, conlleva una ejecución material. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado (Naucalpan de Juárez, Estado de México), conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Resulta aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Novena Época, Materia Administrativa, con número de registro 166109, que establece: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno señalado en la ciudad de México y un correo electrónico; en virtud de que el primero se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito y el segundo no está previsto para tales fines en la Ley de Amparo, háganse las notificaciones correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; es decir, en las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional. SE GIRA EXHORTO. Ahora, no obstante lo anterior, dada la trascendencia del presente proveído, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en Avenida Juárez, número 20, interior 10, despacho 5, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a efecto de notificar el presente auto a la parte quejosa, y le corra traslado con el mismo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS. En otro punto, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que autoriza; es decir únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos por así haberlo solicitado. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.

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