Laura Elena Díaz Ibarra

Expediente 1270/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1270/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Laura Elena Díaz Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que Laura Elena Días Ibarra recurriera el auto de veintiséis de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Laura Elena Díaz Ibarra, contra actos del Juez de Oralidad de la Segunda Región con sede en Irapuato, Guanajuato, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1270/2022-VII. Este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Tal dispositivo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 constitucional en su fracción I: En el caso, revisada la demanda, se aprecia que no está firmada por la promovente; tampoco se aprecia que las copias de traslado contengan la firma autógrafa o electrónica. Lo anterior, fue asentado en la boleta de turno y en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, así como en el sello de la Oficialía de Partes de este juzgado. De modo que si la demanda fue presentada sin firma, es improcedente su admisión. Es así, porque estamos ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, dado que la firma autógrafa o electrónica constituye la expresión de la voluntad de la quejosa. En efecto, para que la firma de la demanda adquiera validez, debe presentarse con firma autógrafa o electrónica, en virtud de que es la única forma en que la persona que estampa la firma adquiere relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma al calce. En el caso, no hay certeza de la voluntad de quien aparece como promovente del amparo, es decir, no hay instancia de parte agraviada, de modo que la demanda es improcedente. Máxime que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de excepción. Sin que haya lugar a prevenir a la promovente para que subsane tal omisión, pues las prevenciones deben formularse para cumplir con los requisitos formales, aclarar irregularidades o para exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, sin que dentro de esas hipótesis esté contemplada la falta material de la firma en el escrito de demanda. Acorde con lo anterior, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. Se reconoce a María Celina Gómez Soto y Zuriel Menes Gómez como autorizados de la promovente en términos restringidos. Por último, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Laura Elena Díaz Ibarra, contra actos del Juez de Oralidad de la Segunda Región con sede en Irapuato, Guanajuato, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1270/2022-VII. Este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Tal dispositivo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 constitucional en su fracción I: En el caso, revisada la demanda, se aprecia que no está firmada por la promovente; tampoco se aprecia que las copias de traslado contengan la firma autógrafa o electrónica. Lo anterior, fue asentado en la boleta de turno y en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, así como en el sello de la Oficialía de Partes de este juzgado. De modo que si la demanda fue presentada sin firma, es improcedente su admisión. Es así, porque estamos ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, dado que la firma autógrafa o electrónica constituye la expresión de la voluntad de la quejosa. En efecto, para que la firma de la demanda adquiera validez, debe presentarse con firma autógrafa o electrónica, en virtud de que es la única forma en que la persona que estampa la firma adquiere relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma al calce. En el caso, no hay certeza de la voluntad de quien aparece como promovente del amparo, es decir, no hay instancia de parte agraviada, de modo que la demanda es improcedente. Máxime que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de excepción. Sin que haya lugar a prevenir a la promovente para que subsane tal omisión, pues las prevenciones deben formularse para cumplir con los requisitos formales, aclarar irregularidades o para exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, sin que dentro de esas hipótesis esté contemplada la falta material de la firma en el escrito de demanda. Acorde con lo anterior, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. Se reconoce a María Celina Gómez Soto y Zuriel Menes Gómez como autorizados de la promovente en términos restringidos. Por último, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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