Laura Edith González Rivera y Otros.
Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Laura Edith González Rivera
- Laura Edith González Rivera y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de uno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En tales condiciones, devuélvase el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en virtud de que es innecesario su resguardo en este juzgado.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto del índice de este juzgado; atento a las constancias que remite, se tiene notificada a la parte quejosa del proveído de uno de julio del año en curso.-
- Principal
agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, en el cual transcribe el proveído de veinte de junio del año en curso, en el donde ese órgano colegiado declaró ser legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Laura Edith, José Andrés y Miguel Ángel, todos de apellidos González Rivera, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 904/2022-VIII. Además, remite el original del informe justificado de la autoridad responsable; original y dos copias de la demanda de amparo; y original del expediente 1060/2ª/2020. Acúsese recibo de estilo. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman la sentencia de tres de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en el expediente 1060/2ª Sala/2020 de ese índice, en la cual, se negó declararlos beneficiarios de los derechos y demás prestaciones generados con motivo del fallecimiento de su madre Blanca Edith Rivera Rodríguez, como trabajadora de la Dirección General de Tránsito del Municipio de León, Guanajuato. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que ve a los actos reclamados en comento. El precepto legal aludido dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto delas cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Conforme a lo transcrito, el principio de definitividad en el juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Lo anterior obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, que en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que si éstos llegan a producirse le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juzgador que los emite, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado cuenta con legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, registro digital 187016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En tal medida, en contra del acto reclamado, los quejosos debieron interponer el recurso de reclamación previsto por el artículo 308, fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato: ARTÍCULO 308. El recurso de reclamación procederá: [.] II. Contra sentencias emitidas por las salas del Tribunal. Como se advierte del dispositivo transcrito, las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pueden ser recurridas mediante el recurso de reclamación por la parte que le cause agravio, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de ese recurso en contra de las sentencias que dicte cualquiera de las Salas de ese Tribunal, sin excluir expresamente a aquellas que versen sobre la solicitud de declaratoria de beneficiarios respecto de las prestaciones generadas con motivo del fallecimiento trabajadores del Estado y municipios de Guanajuato. A fin de destacar la naturaleza de la resolución reclamada, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 1/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530, Tomo I, febrero 2017, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo. Por tanto, en la especie los quejosos debieron agotar el recurso de reclamación contra la sentencia reclamada por ser el medio ordinario de defensa que procede contra esa determinación, previo a instar el juicio constitucional, dado que en el caso no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad; en la inteligencia de que el recurso en comento es el idóneo para combatir el acto en cuestión. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. c) No se trata de actos en que los quejosos sean terceros extraños a juico, en virtud de que ello lo instaron. d) La procedencia del recurso de reclamación está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En tal virtud, al no haberse hecho valer el medio de impugnación procedente, es claro que la parte quejosa no satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula el acto reclamado, por lo que se considera colmada la referida causa de improcedencia en estudio, como lo es que interpusiera recurso de reclamación contra la sentencia reclamada. Por lo expuesto, ante la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Laura Edith, José Andrés y Miguel Ángel, todos de apellidos González Rivera.
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