Laura Elena Álvarez Rodríguez

Expediente 296/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
296/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Laura Elena Álvarez Rodríguez
  • Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veintidós de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibieron dos oficios los cuales quedaron registrados bajo los folios 10761 y 10762. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos y con el oficio registrado bajo el folio 10677 Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. ACUSE DE RECIBO. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios signados por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, con residencia en Morelia, Michoacán, en atención a su contenido se le tiene acusando recibo de los oficios 13862/2023 y 13863/2023 por los que se notificó al Gobernador Constitucional y al Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Michoacán, el auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se desprende que el presente asunto se encuentra integrado para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el presente juicio. SE REMITEN LOS AUTOS AL TRIBUNAL DE ALZADA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al tribunal de alzada el original del escrito de agravios y el original del juicio de amparo en que se actúa; asimismo se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que desde este momento haga disponible el expediente electrónico, a fin de que el Tribunal de Alzada proceda a realizar su vinculación y consulta para el ulterior trámite del recurso de que se trata. SIN MAYOR TRÁMITE. Finalmente, agréguese sin mayor trámite el oficio signado por el Delegado Jurídico del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del oficio 13861/2023, por el que se le notificó el auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; lo anterior, toda vez que en proveído de dieciséis de agosto se tuvo por recibido el mismo acordándose lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    En dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán CERTIFICO: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado bajo el folio 10490. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado Jurídico del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia; en atención a su contenido se le tiene acusando recibo del oficio 13861/2023, por el que se le notificó el auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Cúmplase.

  3. Principal

    En catorce de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito y anexos registrado bajo el folio 10368. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de agosto de dos mil veintitrés. RECURSO DE REVISIÓN. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, copia del escrito signado por la quejosa Laura Elena Álvarez Rodríguez; en atención a su contenido y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Distribúyase entre las partes copia del escrito de mérito y una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, dentro del término de tres días, remítase al Tribunal de Alzada el escrito de agravios y el expediente en que se actúa, asimismo, póngase a su disposición el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. SE SOLICITA ACUSE. Requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que reciban la comunicación del presente proveído, acusen de recibo este auto, asentando la hora y fecha de su recepción; lo que deberán hacer vía correo electrónico a la dirección institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 296/2023, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso depositado el veinti******************** de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad -fojas 3 a 55-, el que fue turnado a éste órgano jurisdiccional ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: A) H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. B) H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. C) C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. D) C. Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. E) C. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Ejecutoras: F) C. Director de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; y, G) C. Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. IV. ACTOS RECLAMADOS. De la H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se reclama: El acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 treinta de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, que me fue notificado mediante oficio ********************, de fecha 10 diez de abril del año 2023 dos mil veintitrés, en el que se aprobó mi solicitud de pensión por jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado durante 31 treinta y un años 10 diez meses, cotizados ante esa institución y haber cumplido los requisitos establecidos en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán a la fecha del presente otorgamiento, así como los artículos 77, 81 y 82 del Reglamento Interior para el Otorgamiento de Prestaciones de dicha Dirección. Indicando que a partir del 01 uno de abril del año 2023 dos mil veintitrés, recibiré el pago por concepto de la jubilación concedida por la cantidad de $********************(********************pesos ********************M.N.) mensuales, misma que equivale al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, es decir, las últimas 72 setenta y dos aportaciones recibidas de manera quincenal al fondo de pensiones, hasta la fecha en que causé baja como servidor público cotizante al fondo de pensiones. Asimismo, se le reclama a esta misma autoridad denominada H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con motivo de su primer acto de aplicación, la siguiente NORMA GENERAL HETEROAPLICATIVA: aprobación y expedición del artículo 77, primer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, dicho "Reglamento" fue aprobado por la H. Junta Directiva de Pensiones, el 22 veintidós de octubre del año 2015 dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 19 diecinueve de abril del año 2016 dos mil dieciséis. Del C. Director de Prestaciones y del C. Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se reclama: El cumplimiento o ejecución del acuerdo emitido por la H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en acuerdo administrativo interno tomado en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 treinta de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, en el que se aprobó mi solicitud de pensión por jubilación. Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclaman, con motivo de su primer acto de aplicación, las siguientes NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS: Artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, por haber sido publicado de manera distinta a la en que fue aprobado en la sesión extraordinaria número 162, de fecha 11 once de agosto del año 2015 dos mil quince. (.). A esta autoridad denominada Congreso del Estado de Michoacán, también se le reclaman por su inconstitucionalidad y con motivo de su primer acto de aplicación, el artículo 54 segundo párrafo de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán vigente, así como el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 638, este decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieci********************. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, se reclama, con motivo de su primer acto de aplicación: La sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto Legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de fecha 11 once de agosto del año 2015 dos mil quince. La sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto Legislativo número 638, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y del decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieci********************. Del C. Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, se reclama, con motivo de su primer acto de aplicación: El refrendo y la promulgación del Decreto Legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de fecha 11 once de agosto del año 2015 dos mil quince. El refrendo y la promulgación del Decreto Legislativo número 638, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y del decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieci********************. Del C. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama, con motivo de su primer acto de aplicación: La publicación del Decreto Legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de fecha 11 once de agosto del año 2015 dos mil quince. La publicación del Decreto Legislativo número 638, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y del decreto 542, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieci********************". La promovente del amparo expone que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, párrafos 1, 2, 3 y 5, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 123 apartado B), fracción XI, inciso a) y, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés -fojas 103 a 105-, este Juez Federal admitió la demanda de amparo; la registró con el número de expediente 296/2023; pidió el informe justificado de las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclaman normas generales con motivo de un acto concreto de aplicación cuya ejecución tuvo verificativo en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Congreso, del Gobernador Constitucional, del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus respectivas competencias: - La expedición, promulgación refrendo y publicación del artículo 54, segundo párrafo, y Quinto transitorio, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, que entró en vigor el seis de octubre de dicho año. De la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: - La aprobación y expedición del artículo 77, primer párrafo, del Reglamento Para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, publicado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán. - El oficio ********************, de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se informó a la quejosa ********************, que se había aprobado su solicitud de jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado e igual tiempo de contribuir al fondo de pensiones durante treinta y un años diez meses, por lo que a partir del uno de abril de dos mil veintitrés, recibiría el pago por concepto de jubilación por la cantidad de ********************pesos con ******************** centavos, mensuales. Del Director de Prestaciones y, del Subdirector de Jubilados y Pensionados, ambos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: - La ejecución del oficio anterior. No pasa inadvertido que en la demanda de amparo la parte quejosa reclama el proceso legislativo que concluyó con la aprobación, expedición y promulgación del decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, que entró en vigor el veintiséis de agosto de ese año, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, específicamente el artículo quinto transitorio de dicha Ley, sin embargo, las cuestiones a que hizo referencia, realmente constituyen conceptos de violación, pues del análisis integral del mismo se observa que lo que efectivamente pretende la impetrante es que se tome en consideración el derecho adquirido que aduce le fue reconocido en el precepto aludido y, en consecuencia, para el cálculo de su pensión por jubilación se aplique el cien por ciento de su último sueldo base mensual con el que había cotizado en el fondo de pensiones civiles del estado, de ahí, que este Juzgado Federal integre la Litis de la forma mencionada. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al margen de lo expuesto por las autoridades señaladas como responsables Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, y Junta Directiva de Pensiones Civiles, todos del Estado de Michoacán, en sus informes justificados, la existencia de los preceptos reclamados, se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia de los ordenamientos legales constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de dicha Corte, visible en la página 260, del tomo XII, agosto de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191452, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Así como, la tesis 214 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, del tomo XI-I, febrero de 1995, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209107, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Y, la tesis 16 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1343, del tomo XVIII, septiembre de 2003, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183353, que señala: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". Por otro lado, el Director General de Pensiones Civiles del Estado, al rendir el informe justificado en representación de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en el oficio ********************, de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se informó a la quejosa ********************, que se había aprobado su solicitud de jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado -fojas 142 a 150-. Asimismo, el Director de Prestaciones y, el Subdirector de Jubilados y Pensionados, ambos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, al rendir sus informes de ley, aceptaron la existencia del acto que se les imputa, consistente en la ejecución del oficio anterior -fojas 142 a 150-. En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además la existencia de los actos reclamados, se corrobora con el proceso legislativo de las normas impugnadas, así como con la copia certificada del oficio ********************, de diez de abril de dos mil veintitrés, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Como cuestión previa, se precisa que el estudio de este considerando se dividirá en dos apartados, atendiendo a que el presente juicio es improcedente, respecto de ciertos actos y, a su vez, procedente respecto de otros. I. Improcedencia del sumario constitucional en relación con el refrendo y publicación del artículo 54, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 638. En el caso, respecto del acto descrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, de dicho ordenamiento, interpretado a contrario sensu, toda vez que no se impugna por vicios propios. En efecto, el precepto 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 citado. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por otra parte, el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios...". La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, constituyen autoridades responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Por tanto, si no se reclaman vicios propios a los actos de las autoridades referidas, no les corresponde el carácter de responsables en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 49, del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2248, del libro 23, octubre de 2015, del tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010097, que señala: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". En esta instancia constitucional, como se precisó, la parte peticionaria de amparo reclama, entre otros actos, la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 54, segundo párrafo, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, que entró en vigor el seis de octubre de dicho año. Como autoridades responsables señaló, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, a quienes les atribuye su refrendo y publicación, respectivamente. De lo destacado se sigue que las autoridades mencionadas fueron señaladas como parte de la litis constitucional, en virtud del refrendo y de la publicación del numeral aludido. No obstante, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que a dichas autoridades no se les atribuyen vicios propios en su participación en el refrendo y en la publicación de las disposiciones combatidas, pues éstas se impugnan, en esencia, porque contravienen normas constitucionales en materia de seguridad social. Luego, al no combatirse vicios propios en la actuación del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, en el refrendo y en la publicación del artículo reclamado, no les corresponde el carácter de responsables. II. Estudio de las causales de improcedencia invocadas. La Junta Directiva de Pensiones Civiles, el Director de Prestaciones y, el Subdirector de Jubilados y Pensionados, todos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, consideran que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 542, no afecta el interés jurídico de la quejosa, pues aun cuando existieron vicios formales en el proceso legislativo en la elaboración y promulgación de tal decreto, el mismo no le fue aplicado. Sin que pase inadvertido que dichas autoridades señalan que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, correlacionado con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 76 de la ley de la materia, no se realizará el estudio de la causal contemplada en los citados dispositivos, ya que el argumento toral de las autoridades responsables se centra en que el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 542, no afecta el interés jurídico de la quejosa, lo cual se encuentra vinculado con la hipótesis de improcedencia que desarrolla la fracción XII del dispositivo 61 mencionado, de ahí que únicamente respecto de esta se realizará el pronunciamiento respectivo. La referida causal de improcedencia, la invocan las autoridades partiendo de la base de que en el caso se reclamó el proceso legislativo que concluyó con la aprobación, expedición y promulgación del decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, que entró en vigor al día siguiente, mediante el cual se reformó el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, específicamente el artículo quinto transitorio de dicha ley; esto es, de un acto distinto a los reclamados en esta instancia constitucional. Lo anterior es así, tomando en consideración que, en el apartado relativo a la fijación de los actos reclamados, se precisó que dicho acto se estudiaría como concepto de violación. En ese sentido, los argumentos expuestos resultan inatendibles, pues la improcedencia del sumario constitucional sólo puede analizarse en relación con los actos reclamados. Ilustra, la tesis 32 K, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2714, del tomo XXVI, julio de 2007, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171908, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. ES INCORRECTO SI SE DECRETÓ RESPECTO DE ACTOS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Resulta indebido que el Juez de Distrito decrete el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de actos que no fueron materia de la demanda de amparo, su aclaración o ampliación, porque al no formar parte de la litis constitucional el a quo no está en posibilidad de emitir pronunciamiento alguno con relación a los mismos". III. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, al rendir el informe justificado en representación del Congreso del Estado de Michoacán, refirió que los argumentos esgrimidos por la parte quejosa no constituyen verdaderos conceptos de violación, ya que no impugna eficientemente la constitucionalidad de las leyes impugnadas. De lo anterior, se advierte que la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Es infundada la causal de improcedencia invocada. En efecto, como se precisó, el numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo que así lo establezca. En ese sentido, el artículo 108, fracción VIII, de la ley de la materia establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) VIII. Los conceptos de violación". Del artículo anterior se deduce, que uno de los requisitos de la demanda de amparo es la expresión de conceptos de violación por los cuales se estima inconstitucional el acto o actos reclamados. El requisito precedente se sustenta en el hecho de que los conceptos de violación resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso en el juicio de amparo. En sentido contrario, en las materias en que no existe suplencia de la queja, la ausencia de conceptos de violación hace legalmente imposible que el juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita, pues no existen los argumentos sobre los cuales se debe evaluar la constitucionalidad de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sin número, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del volumen 187-192, primera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 232306, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita". Por tanto, la expresión de conceptos de violación constituye un requisito esencial en el juicio de amparo. Precisado lo anterior, se reitera que la causal de improcedencia invocada es infundada, en primer lugar, porque la autoridad responsable parte de una premisa falsa, pues la demanda de amparo sí contiene planteamientos dirigidos a cuestionar la constitucionalidad del sistema normativo reclamado. En segundo lugar, no procede el sobreseimiento por ausencia de conceptos de violación, pues la parte quejosa es pensionada, por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 79, fracción V, y último párrafo, de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de los conceptos de violación. Y, en tercero, la calificación de los conceptos de violación es un aspecto que debe realizarse al analizarse el fondo del asunto, consecuentemente, es jurídicamente desacertado plantear como causal de improcedencia la posible ineficacia de los mismos. QUINTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación propuestos son infundados, por un lado e, inoperantes, en otro aspecto, sin que se advierta alguna cuestión favorable a la parte quejosa que amerite la suplencia de la queja deficiente. En principio, se precisa que la síntesis de los disensos se realizará conforme a la cuestión efectivamente planteada, en términos del numeral 76 de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo se exponen conceptos de violación encaminados a controvertir dos aspectos: A) El material, vinculado con el conjunto normativo reclamado; y, B) el acto de aplicación por vicios propios. De ahí, que el estudio respectivo se realizará en los apartados citados, por lo que la problemática propuesta por la parte quejosa se examinará en ese orden. A) Análisis de los conceptos de violación relacionados con el contenido sustantivo de las normas impugnadas. Sobre este aspecto, se precisa que el estudio de los disensos se abordará de manera conjunta, dada la estrecha vinculación de los argumentos esbozados por la quejosa en los conceptos de violación. La quejosa refiere, en esencia, que el decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, es inconstitucional toda vez que vulnera el principio de no retroactividad, porque desconoce el derecho que le fue reconocido como adquirido en el artículo quinto transitorio de la reforma aprobada el once de agosto de dos mil quince, en el sentido de que, por ser cotizante en el fondo de pensiones desde antes de la entrada en vigor de dicha reforma y, por faltarle algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el derecho de la misma debía darse al amparo de las anteriores condiciones. Señala, que si bien, el derecho a la jubilación nació al momento en que ésta fue aprobada, lo cierto era, que el legislador constituyó otro derecho consistente en la modalidad bajo la cual debía materializarse, entrando a partir de dicho momento al patrimonio de la quejosa, con independencia de que su jubilación aconteciera bajo la vigencia de diversa norma, por lo que se estaba en presencia de un derecho adquirido. Continúa diciendo, que la reforma al artículo 54, segundo párrafo, de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, es retroactiva en su perjuicio, aunado a que transgrede el principio de progresividad y conculca su expectativa legítima de jubilarse al amparo de las anteriores condiciones, por el hecho de haber cotizado la mayor parte de su vida laboral en el fondo de pensiones antes de que entrara en vigor la reforma publicada el veinticinco de agosto de dos mil quince. De ahí que, dicha reforma al variar el cálculo del monto de la pensión jubilatoria, del cien por ciento del último sueldo base al del salario promedio de los últimos tres años de servicio, era regresivo y conculcaba sus derechos humanos de seguridad jurídica y social, así como su expectativa legítima de jubilarse al amparo de las anteriores condiciones. Expone, que el dispositivo en comento, por sí mismo es violatorio al principio de progresividad de los derechos humanos de seguridad social, ya que vulnera una expectativa legítima. Aduce, que resultaba indispensable que se respetara el derecho a elegir el sistema pensionario, tomando los criterios que beneficiaran y no solo los que perjudicaran a los trabajadores. Como fundamento de lo expuesto, la quejosa citó, entre otras, las jurisprudencias: "SEGURO SOCIAL. RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y VIGENTE. SUS DIFERENCIAS", así como "ISSSTE. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN LA PARTE QUE CONDICIONA EL CÁLCULA DE LA PENSIÓN SOBRE EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO PERCIBIDO EN EL AÑO ANTERIOR A LA BAJA, A LA PERMANENCIA DEL TRABAJO EN EL MISMO PUESTO Y NIVEL EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)". Los disensos propuestos son infundados. En efecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en lo que interesa, disponen: "Art. 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". De los preceptos constitucionales recién transcritos, se infieren los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad que rigen todo acto de autoridad para generar una afectación válida en la esfera jurídica de los gobernados. Los referidos derechos fundamentales, implican que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, deben contener los elementos mínimos que permitan al particular hacer valer su derecho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos que realice. Al mismo tiempo, que el actuar de la respectiva autoridad no resulte arbitrario, sino limitado y acotado. Esto es, dichas garantías son respetadas cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados, no resulte caprichosa o arbitraria. Debe precisarse que la garantía de seguridad jurídica, no debe ser entendida en el sentido de que la ley, en todo caso tenga que señalar, de manera concreta, un procedimiento que regule cada una de las relaciones que se entablen entre los gobernados y las autoridades; más bien, ha de entenderse que la ley debe contener los elementos mínimos para que los particulares puedan hacer valer su derecho, y para que a ese respecto la autoridad no pueda actuar arbitrariamente. Dichas formalidades y su observancia, constituyen elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos se impide que la autoridad haga ejercicio arbitrario de sus facultades, dando certidumbre al gobernado sobre su situación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 144/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, del tomo XXIV, octubre de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174094, que dispone: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad". En ese orden de ideas, se estima que, las normas que prevén una afectación en perjuicio de los particulares respetan el principio de seguridad jurídica cuando el legislador acota de tal manera la actuación de aquella, que aun cuando le dé un margen que le permita valorar las circunstancias o hechos, no dé pauta a una actuación caprichosa e injustificada. Principio de la no irretroactividad de la ley en perjuicio. Como una especie de los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, tenemos que el artículo 14 de la Carta Magna prevé: "Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". El numeral referido contiene el principio de irretroactividad de la ley, según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas. Tal principio tiende a satisfacer uno de los fines primordiales del derecho, el de seguridad jurídica y su aplicación aparentemente no presenta mayores dificultades, pues resulta claro que las leyes únicamente rigen durante su periodo de vigencia y, por lo tanto, solamente pueden regular los hechos que se produzcan entre la fecha de su entrada en vigor y la de su abrogación o derogación. Sin embargo, cuando se trata de llevar a la práctica este principio, se suscitan diversos problemas que revisten gran complejidad, a saber: Los medios jurídicos no siempre producen sus efectos instantáneamente. Es así, porque existe una infinidad de relaciones jurídicas que se conocen como de tracto sucesivo, las cuales tienen la característica de prolongar sus efectos a lo largo del tiempo, en algunas ocasiones indefinidamente. Estas relaciones jurídicas se constituyen de conformidad con las prescripciones de una determinada ley, y pueden seguir produciendo consecuencias después de que esta ley ha sido sustituida por nuevos ordenamientos. Por esta razón, es necesario dilucidar si la ley antigua, a pesar de haber perdido su vigencia, debe regular los efectos que se sigan causando, o si, por el contrario, es la nueva ley la encargada de regular dichas consecuencias, considerando que éstas se producen después de que había entrado en vigor. En otros términos, hay que determinar el alcance exacto del principio de irretroactividad, estableciendo en qué casos se puede considerar que una ley es aplicada retroactivamente. La evolución de un sistema jurídico exige nuevas normas que satisfagan de mejor manera las cambiantes necesidades económicas, políticas y culturales de una comunidad. Estas nuevas normas contribuyen a la eliminación de prácticas e instituciones sociales que se consideran injustas o inconvenientes. Por ello, la aplicación retroactiva de la ley es frecuentemente un instrumento legítimo de progreso social, y por lo tanto, se plantea el problema de determinar desde el punto de vista jurídico, cuáles deben ser las excepciones al principio de irretroactividad de la ley. Ahora bien, para solucionar los problemas descritos, la doctrina ha elaborado numerosas teorías, entre las que se encuentran: 1. La teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos. Conforme a esta teoría, para emitir un pronunciamiento en relación con la materia de impugnación, es necesario precisar, en primer lugar, si los quejosos tenían ya dentro de su haber jurídico, los derechos y prestaciones a los que aluden o se trataba sólo de una expectativa de derecho. Ilustra, la tesis LXXXVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, del tomo XIII, junio de 2001, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 189448, que establece: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado". Ahora, un derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un aprovechamiento al patrimonio de una persona y ese hecho ya no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una determinada situación jurídica, pero que no entra al patrimonio de la persona, porque este concepto corresponde al futuro al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley, es decir, que potencialmente se iban a obtener al surtirse los supuestos establecidos en la propia ley. Así, la ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica, pero no sucede lo mismo cuando se trata de expectativas de derechos. 2. La teoría de los componentes de toda norma jurídica, como son: el supuesto y su consecuencia. En esta teoría, toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que, si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas, es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo: Cuando durante la vigencia de una norma jurídica, se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia, sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley. Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas. Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición). Esto tiene sustento en la jurisprudencia 123/2001, del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de este País, que se localiza en la página 16, del tomo XIV, octubre de 2001, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 188508, que señala: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan". Ahora, a fin de comprender el problema jurídico planteado en este asunto, deben traerse a colación los preceptos reclamados y, a su vez, los que se encontraban vigentes antes de su creación. Artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado (abrogado). Artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanada del decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, que entró en vigor el veintiséis de agosto de dicho año. Artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanada del decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, que entró en vigor el seis de octubre de dicho año. Artículo 54. Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan 30 años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo básico y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones se preferirá a los servidores públicos de más antigüedad, y en caso de igualdad en el servicio, al de mayor edad. Artículo 54. Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta los veinte salarios mínimos generales vigentes para el área geográfica donde se encuentra ubicada la Ciudad de Morelia y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones. Artículo 54. Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de la presente Ley, contando con 60 años de edad o más y dejen de trabajar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones. Como se observa, el artículo 54 de la Ley de Pensiones para el Estado de Michoacán, inicialmente establecía que tenían derecho a la jubilación los servidores públicos que tuvieran treinta años o más de servicio e igual de tiempo de contribuir al fondo de pensiones, cualquiera que fuera su edad y dejara de laborar, el derecho a la jubilación daría derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo básico y su percepción comenzaría a partir del día siguiente a aquél en que hubiera disfrutado del mismo, por haber causado baja. No obstante, el veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante decreto 542, fue reformado el artículo en comento, en los términos siguientes: se determinó que la jubilación daría derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; su percepción comenzaría a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiera disfrutado del mismo; y, el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atendería a lo dispuesto en el reglamento que para ese efecto expidiera la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones. Luego, a través del decreto 638 referido, se estableció que tenían derecho a la jubilación los servidores públicos que tuvieran treinta años o más de servicio e igual de tiempo de contribuir al fondo de pensiones, contando con sesenta años de edad o más y dejaran de trabajar, dicha jubilación daría derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además, para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones se atendería a lo dispuesto en el reglamento que para ese efecto expidiera la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones. Ahora, el artículo 53 de la Ley de Pensiones Civiles para Estado de Michoacán, dispone: "ARTÍCULO 53.- El derecho a jubilación se adquiere cuando el servidor público se encuentra dentro de los supuestos consignados en esta Ley y satisfaga los requisitos que la misma establece". El dispositivo recién transcrito establece que un servidor público adquiere el derecho a la jubilación cuando se encuentra dentro de los supuestos de la ley, y satisface los requisitos establecidos para ello. Con base en todo lo expuesto, se determina que, el artículo 54 y Quinto transitorio de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, que entró en vigor el seis de octubre de dicho año, no vulnera el principio de irretroactividad, pues como se puntualizó previamente, sus supuestos e hipótesis normativas no operan hacia el pasado desconociendo situaciones jurídicas ya consumadas bajo un marco legal anterior; es decir, el legislador en modo alguno instituyó una normatividad que resulte retroactiva en perjuicio de persona alguna, por el contrario su contenido se vislumbra solamente hacia el futuro a partir del inicio de su vigencia. Por las razones expuestas, los disensos en estudio devienen infundados. En otra parte de sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce que el artículo 77 del Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, es inconstitucional porque vulnera los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, en virtud de que no se tomó en cuenta lo dispuesto en el texto constitucionalmente válido del artículo quinto transitorio (aprobado el once de agosto de dos mil quince), pues de haber sido así hubiera respetado el derecho adquirido de la quejosa. El concepto de violación deviene inoperante. En efecto, aun cuando en la materia laboral opera la suplencia la queja deficiente en favor de la parte pensionada, ello no constituye un impedimento para declarar inoperantes los disensos cuando éstos hacen descansar sustancialmente en otros argumentos desestimados. El referido supuesto se actualiza en la especie, porque todos los planteamientos se hacen depender de la inobservancia al derecho adquirido que la impetrante considera que le fue reconocido mediante el artículo quinto transitorio del decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, en cuanto a que el derecho a la jubilación se daría al amparo de las disposiciones legales anteriores a esa reforma. Sin embargo, esa cuestión no puede acarrear la inconstitucionalidad del precepto reglamentario reclamado, pues se hace depender de una situación particular y concreta, no por su contravención a la constitución vista desde un enfoque abstracto. Por tanto, dichos planteamientos no podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos. En ese sentido, al versar el concepto de violación en aspectos previamente desestimados, se torna inoperante. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 71/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 215, del tomo XXIII, junio de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174873, que establece: "NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN. Si se toma en consideración que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en razón de todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener determinados atributos, es inconcuso que los argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de violación o agravios, en contra de disposiciones generales, y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos". B) Estudio de los conceptos de violación relacionados con el acto de aplicación. En el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que las autoridades responsables afectaron su derecho humano a la seguridad social, en virtud de que no consideraron que el proceso legislativo que culminó en la emisión del decreto 542, específicamente el artículo quinto transitorio, difirió de lo originalmente aprobado por la legislatura del estado, en la sesión extraordinaria 162, de once de agosto de dos mil quince, ya que se incluyó una leyenda que no formó parte del texto aprobado en la sesión aludida. Por lo anterior, estima que la alteración del decreto referido no fue voluntad de la soberanía estatal, ya que se debió reconocer como derecho adquirido para los ya cotizantes al fondo de pensiones antes de la entrada en vigor de la reforma y, a los que les faltaban algunos años de servicio para la jubilación (como en el caso de la quejosa), jubilarse al amparo de las anteriores condiciones y con derecho al pago de una pensión equivalente al cien por ciento del último sueldo base que hubiera percibido. Antes de realizar el examen correspondiente, con apoyo en el precepto 76 de la Ley de Amparo, se determina que de lo que efectivamente se duele la quejosa es de que no se le haya aplicado el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, que entró en vigor el veintiséis de agosto de ese año, sino el artículo 54 de la ley en comento, emanado del decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, que entró en vigor el seis de octubre de dicho año, lo que le crea inseguridad jurídica. De ahí que el estudio correspondiente debe ceñirse como una violación a su garantía de legalidad y seguridad jurídica. Aclarado lo anterior, el concepto de violación es infundado. En efecto, como se señaló en líneas precedentes, la garantía de seguridad jurídica debe entenderse como una garantía constitucional que parte de un principio de certeza, en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación del orden jurídico será eficaz; este principio es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. Dicha garantía se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente; es decir, bajo los términos y plazos que determinen las leyes, como lo establece el artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, cabe traer a colación lo acontecido en la sesión 162, celebrada por el Congreso del Estado de Michoacán, el once de agosto de dos mil quince, que dio origen al decreto 542 mediante el cual se reformaron adicionaron y derogaron diversas disposiciones a la Ley de Pensiones Civiles Para el Estado de Michoacán. - Se dio lectura al sexto punto del orden del día, en el que se escuchó la intervención del diputado Uriel López Paredes, quien cuestionó la precisión de los años de servicio a que hacía referencia el artículo quinto transitorio del decreto de mérito. - Posteriormente el diputado José Guadalupe Ramírez Gaytán, señaló que la ley no era retroactiva, pues lo que se indicaba era que los trabajadores tenían un derecho adquirido y el derecho de jubilarse o pensionarse con el sistema anterior o con el nuevo sistema. - Luego, como no se presentó proyecto de modificación, se pasó a votación y se aprobó en lo particular el artículo Quinto transitorio, con el contenido siguiente: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido". El precepto recién transcrito aprobado por la legislatura local señala que, el derecho a la jubilación de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor de tal decreto cotizaran a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tenían un derecho adquirido y, para el caso de los servidores públicos referidos pero que les faltaran algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose también que tenían un derecho adquirido. No obstante, dicho artículo fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el veinticinco de agosto de dos mil quince, el cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, con el texto siguiente: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y, su Reglamento. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley, y su Reglamento". Dicho precepto dispone que el derecho a la jubilación de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor de tal decreto cotizaran a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, así como de los servidores públicos que les faltaran algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tenían un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 54, de la ley y su reglamento. Ahora, el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, reformado mediante dicho decreto, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta los veinte salarios mínimos generales vigentes para el área geográfica donde se encuentra ubicada la Ciudad de Morelia y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones". El precepto recién transcrito establece que tendrán derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual de tiempo de contribuir al fondo, cualquiera que fuera su edad y dejaran de laborar, la cual dará derecho al pago de una cantidad equivalente a su salario regulador por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte salarios mínimos generales vigentes para el área geográfica donde se encuentra ubicada la Ciudad de Morelia. Sin embargo, se determina que, la forma en que fue aprobado y publicado el contenido del dispositivo aludido, no crea inseguridad jurídica a la quejosa, pues adversamente a lo expuesto por ésta, aun cuando existiera una irregularidad en el proceso legislativo, el Decreto respectivo de modo alguno rigió para la promovente del amparo, pues únicamente se dirigió a aquellos trabajadores al servicio del Estado que cumplieron en su momento las condiciones para jubilarse (treinta años o más de servicio), precisando la forma en que se les pagaría su pensión, esto es, cuando el derecho ingresó a su patrimonio jurídico. Precisamente, esto se afirma sí, habida cuenta que al retomar los principios que componen la teoría de los componentes de la norma previamente explicada en esta sentencia se colige que, antes de las reformas del mencionado artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, ocurridas el veinticinco de agosto de dos mil quince, es claro que en aquel momento la quejosa, aún no adquiría el derecho a la jubilación, sino que era una expectativa de derecho, porque estaba condicionado a que cumpliera los treinta años de servicio. Se estima de este modo, pues obra en constancias el oficio ********************, de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual el Subdirector de Jubilados y Pensionados, le hizo saber a la quejosa que la Junta Directiva para el Estado de Michoacán, en sesión ordinaria celebrada el treinta de marzo del mismo año, aprobó su solicitud de jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado e igual tiempo de contribuir al fondo de pensiones durante treinta y un años, diez meses, con efectos a partir del uno de abril del año en mención, concediéndole el pago por concepto de jubilación por la cantidad de ********************pesos con ******************** centavos, mensuales, el cual equivalía al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años que percibió, esto era, las últimas setenta y dos aportaciones recibidas de manera quincenal al fondo de pensiones, hasta la fecha en que causó baja como servidor público cotizante al Fondo de Pensiones Civiles del Estado. De ahí que, si a la quejosa le fue autorizada la pensión por jubilación el treinta de marzo de dos mil veintitrés, con efectos a partir del uno de abril del mismo año, el derecho a la jubilación ingresó a su esfera jurídica hasta esa data en que cumplió con los requisitos exigidos para ello. Máxime, que si en la fecha en que la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, autorizó la pensión por jubilación a la impetrante, se encontraba vigente la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, reformada mediante decreto 638, publicada en el Diario Oficial del Estado, el cinco de octubre de dos mil dieci********************, entonces, dicha pensión se rige por las disposiciones de la ley en comento, pues fue durante su vigencia que la peticionaria de amparo cumplió con los requisitos exigidos para acceder a tal beneficio y, por tanto hasta ese momento tuvo el derecho adquirido a la jubilación, pues previo a ello únicamente detentó una expectativa de derecho cuyos efectos no lograron concretarse. De ahí que, de acuerdo con la teoría de los componentes de la norma, la pensión es la consecuencia de una serie de supuestos parciales, por tanto, si tales supuestos se realizan con posterioridad a que entró en vigor la ley reclamada, es inconcuso que el otorgamiento de la pensión deberá realizarse en los términos previstos por ésta. Por tanto, no se violan en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. De ahí lo infundado del concepto de violación. Por otro lado, la parte quejosa reclama de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, el oficio ********************, de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se informó a la impetrante, que se había aprobado su solicitud de jubilación por los servicios prestados al gobierno del estado e igual tiempo de contribuir al fondo de pensiones durante treinta y un años diez meses, por lo que a partir del uno de abril de dicho año, recibiría el pago por concepto de jubilación, por la cantidad de ********************pesos con ******************** centavos. En relación con dicho acto, la amparista aduce que el oficio reclamado no satisface el requisito de debida fundamentación, en virtud de que, se le reconoció un derecho adquirido conforme al artículo quinto transitorio de la Ley de Pensiones Civiles, reformada mediante decreto 542, por lo que, el derecho a la pensión por jubilación debió dilucidarse y cuantificarse conforme al artículo 54, segundo párrafo, de la anterior ley. Por lo anterior, considera que tiene el derecho adquirido de que el pago de su pensión por jubilación sea una cantidad equivalente al cien por ciento del último sueldo básico percibido al momento de causar baja. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia 43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y, en el segundo, caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1694, del tomo XXVII, febrero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170307, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Una vez examinado el caso, a la luz de la premisa normativa esbozada, se determina que, contrariamente a lo que aduce la impetrante, el oficio reclamado sí respeta el derecho a la debida fundamentación y motivación. En efecto, el oficio reclamado, es del tenor siguiente: ". Por este medio, en cuanto Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, de conformidad con el punto número 1.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, así como el artículo 12, fracción d) de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y mediante Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Junta Directiva de esta Descentralizada, con fecha 30 de Marzo 2023; le comunico a usted que fue aprobada su solicitud de Jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado e igual tiempo de contribuir al fondo de pensiones, durante 31 años 10 Meses y haber cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado a la fecha del presente otorgamiento; así como los artículos 77, 81 y 82 del Reglamento vigente para el Otorgamiento de Prestaciones de esta Dirección. Cabe señalar que a partir del día 1 de Abril de 2023, recibirá el pago por concepto de jubilación concedida por la cantidad de $********************(******************** PESOS ********************M.N.) mensuales, misma que equivale al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años que percibió, es decir las últimas 72 aportaciones recibidas de manera quincenal al fondo de pensiones, hasta la fecha en que causó baja como servidor público cotizante al fondo de Pensiones Civiles del Estado. El presente oficio se emite con fundamento en los artículos 6, 7 y 8 del Código de Justicia Administrativa del Estado, artículos 14, inciso d), 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado vigente a la fecha de su otorgamiento 77, 81 y 82 del Reglamento para el otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y punto número 1.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.". De la transcripción anterior, se advierte que el oficio impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues contrariamente a lo esgrimido por la quejosa, el derecho a su pensión por jubilación debía dilucidarse y cuantificarse conforme al artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, vigente en su otorgamiento, como lo precisó la autoridad responsable. Pues si bien es cierto, la quejosa pretende que se le reconozca un derecho adquirido conforme al artículo quinto transitorio de la Ley de Pensiones Civiles, reformada mediante decreto 542, no debe perderse de vista que, si a la fecha de su publicación no había colmado los requisitos que dicha normativa proveía, únicamente detentó una expectativa de derecho cuyos efectos no lograron concretarse. En ese sentido, como se advierte del oficio impugnado, la pensión por jubilación le fue autorizada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, con efectos a partir del uno de abril del mismo año, por lo que, es inconcuso que el derecho a la misma ingresó a su esfera jurídica hasta esa data, cuando cumplió con los requisitos exigidos para ello. De ahí que, si en la fecha en que se autorizó la pensión por jubilación, se encontraba vigente la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, reformada mediante decreto 638, publicada en el Diario Oficial del Estado, el cinco de octubre de dos mil dieci********************, entonces, dicha pensión se rige por las disposiciones de la ley en comento. En esas condiciones, al resultar los conceptos de violación infundados e inoperantes, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo. Dicha negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Director de Prestaciones y, del Subdirector de Jubilados y Pensionados, ambos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, al no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia del oficio reclamado. Cobra aplicación, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del tomo I, primera parte-1, enero a junio de 1988, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos reclamados del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el refrendo y publicación del artículo 54, segundo párrafo, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, que entró en vigor el seis de octubre de dicho año, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto, apartado I, de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados de las autoridades siguientes: Del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Michoacán, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias: - La expedición y promulgación del artículo 54, segundo párrafo, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, emanado del decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieci********************, que entró en vigor el seis de octubre de dicho año. De la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: - La aprobación y expedición del artículo 77, primer párrafo, del Reglamento Para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, publicado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán. - El oficio ********************, de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se informó a la quejosa que se había aprobado su solicitud de jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado e igual tiempo de contribuir al fondo de pensiones durante treinta y un años diez meses. Del Director de Prestaciones y, del Subdirector de Jubilados y Pensionados, ambos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán: - La ejecución del oficio anterior Lo anterior por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, hasta el día de hoy, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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