Laura Chavarría Morales
Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez de Control Y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio Y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo
- Laura Chavarría Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuenta. En siete de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, certifica: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del veintidós de septiembre al cinco de octubre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo indirecto 477/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión. Sin hacer pronunciamiento, toda vez que no se tramitó. Notifíquese.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con siete minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 477/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda, e; Informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa y la autoridad responsable. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por la fiscal federal de la adscripción; a lo que el Juez acuerda: ténganse a las partes por precluido tal derecho, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 477/2022, promovido por Laura Chavarría Morales, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el nueve de agosto de dos mil veintidós, turnado en esa misma data a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Laura Chavarría Morales, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo como Autoridad Responsable: al Ciudadano Juez de Control y Enjuiciamiento en materia penal del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con domicilio conocido en las instalaciones del Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruiz", de este Distrito. IV. ACTO RECLAMADO. Señalo como Acto Reclamado la falta de contestación y notificación de la Autoridad Responsable, al escrito presentado en fecha 01 primero del mes de agosto del año en curso de 2022, en el que designo defensores particulares en el número de proceso o causa penal 5745/AC568/9-29." El quejoso expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló el nombre y domicilio de la parte tercero interesada y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este órgano de control constitucional, por lo que en proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, se radicó con el número 477/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama una omisión y la demanda fue presentada en esta ciudad. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. La omisión de dar contestación al escrito presentado por el quejoso el uno de agosto de dos mil veintidós, en el que designó defensores particulares dentro del número de proceso o causa penal 5745/AC568/9-29. TERCERO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Es cierta la omisión reclamada Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no obstante que al rendir su informe de ley lo hubieran negado; lo anterior, porque de su análisis se advierte que realiza manifestaciones que evidencia su certeza, pues refiere que dicha petición no le fue turnada, al no existir la causa penal o número único de caso que refiere la quejosa, pero que formó un cuaderno de antecedentes a fin de dar respuesta a la referida petición; esto es, con motivo de la presentación de la demanda de amparo. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se corrobora con las constancias que las responsables adjuntaron a su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia de la omisión reclamada, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación a la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado por la quejosa el uno de agosto de dos mil veintidós, por el cual designó defensores particulares en el número de proceso 5745/AC568/9-29; y toda vez que ello ya aconteció, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. Para acreditar la postura anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte directamente agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Cobra aplicación, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 197367, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se evidencia, que el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, dentro del cuaderno de antecedentes 376/2022, NUC 1000-2022-00001, determinó que no había lugar a tener a la aquí quejosa designando defensores particulares, dado que en los registro del sistema, no existen antecedente alguno en la que Laura Chavarría Morales, tenga la calidad de imputada; asimismo, que el número de proceso señalado en su petición no es coincidente con los registros de dicho unidad de causa; determinación que ordenó notificar a la quejosa en los estrados del tribunal, al no existir datos de localización, lo que realizó el diecisiete de agosto de este año. En esa tesitura, se pone de manifiesto que el acto reclamado, ha dejado de surtir sus efectos, en mérito que la omisión que reclamaba fue subsanada, toda vez que la autoridad se pronunció respecto de lo solicitado en escrito de uno de agosto de dos mil veintidós, respecto de lo que se reclamaba la omisión de pronunciarse y además, lo notificó al quejoso, como se desprende de la constancia correspondiente. Así las cosas, queda de manifiesto que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (uno de agosto de dos mil veintidós), la autoridad responsable atendió la petición planteada (dieciséis de agosto de dos mil veintidós), haciendo del conocimiento de la quejosa la determinación tomada. Circunstancia que genera a favor de la quejosa la restitución en el goce de las derechos violados en términos de lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto que inicialmente destacó como reclamado ya no le agravia, razón por la que, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respectó de la abstención de la autoridad responsable de pronunciarse sobre los medios de convicción anunciado en el juicio laboral de origen, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Alegatos. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación y la tercera interesada, atendiendo al sentido de la presente sentencia y porque este tribunal constitucional no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así como, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Laura Chavarría Morales, contra la omisión reclamada a la autoridad responsable precisada en la consideración segunda, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Nubia Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuenta. En treinta de agosto de dos mil veintidós, el secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con el pedimento ministerial registrado bajo el folio 11497, dentro del juicio de amparo indirecto 477/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Pedimento ministerial. Agréguese a los autos el pedimento ministerial suscrito por el Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. En veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito, mismo que se registró con el folio 11326, dentro del juicio de amparo indirecto 477/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Solicita copias. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de José Luis Martínez Guzmán, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia simple de las constancias que indica, previa acta que al efecto se levante de su entrega. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con el licenciado Abel Jonapá García, secretario encargado del trámite de este asunto, al número telefónico celular 961 177 6125, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agenden cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales". Por otra parte, respecto a que autoriza a las personas que menciona para recibirlas, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que el artículo 12 de la Ley de Amparo, no lo faculta para que delegue o sustituya sus facultades a favor de terceros. No obstante a lo anterior, ********************, en auto de nueve de agosto del año en curso, están autorizados en el presente asunto para oír y recibir notificaciones, en términos del referido auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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