Laura Cortez Reyes

Expediente 83/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
83/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Laura Cortez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese al presente expedientillo derivado del juicio de amparo número 83/2019-II-A, el oficio número 171, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que dicho tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Laura Cortéz Reyes, dando origen al recurso de queja 44/2019. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito de la quejosa LAURA CORTEZ REYES; en su atención, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra del auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo; glósese una copia del escrito mediante el cual interpone el aludido recurso a este expediente y remítanse éstos al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por LAURA CORTEZ REYES, en contra del acto reclamado a los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, Secretario General de Acuerdos y Diligenciario, ambos adscritos a dicho tribunal, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 83/2019. Ahora bien, del examen de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa sustancialmente señala como acto reclamado el proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, en que se niega otorgar licencia sin goce de sueldo a la hoy quejosa; por tanto, al haber sido emitido por los mencionados Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala y su ejecución por parte del Secretario General de Acuerdos y Diligenciario, ambos adscritos a dicho tribunal, no son actos de autoridad para los efectos del amparo, y consecuentemente, es improcedente la demanda que se analiza, por lo cual deberá desecharse como se verá a continuación. Ahora bien, de lo antes expuesto se advierte que los actos reclamados a las diversas autoridades señaladas como responsables, sustancialmente los hacen consistir en el proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, en que se niega otorgar licencia sin goce de sueldo a la hoy quejosa; por tanto, este Juzgador advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por consiguiente, como se dijo anteriormente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, por tanto, debe precisarse que con base en los actos reclamados, antes reseñados, se estima que las autoridades señaladas como responsables no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; de conformidad a lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º fracción I, y 5º. de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.;" [.] "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En apoyo a lo expuesto se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo XIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de 2001, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, se afirma que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia porque de los actos reclamados que señaló la aquí quejosa en su escrito de cuenta, así como en lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que los actos atribuidos a las autoridades antes precisadas no constituyen determinaciones provenientes de autoridades, sino de hechos derivados de la relación laboral que la quejosa manifiesta sostener con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con el nombramiento de mecanógrafa. Bajo ese contexto, debe precisarse que la demanda que se analiza mediante la cual precisa el carácter con el que se ostenta la promovente del juicio de amparo y los actos que reclama a cada autoridad, se advierte que la quejosa promueve con el carácter de servidora pública con motivo del nombramiento que tiene con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y que señalan toralmente como acto reclamado el proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, por el cual se niega el otorgamiento de licencia sin goce de sueldo, lo que hace evidente, que los actos reclamados para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal no derivan de una autoridad como lo establece, la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, sino que deriva, de una relación laboral que se tiene con el indicado tribunal. Lo que hace evidente, que las autoridades señaladas como responsables no les asiste ese carácter, en virtud de que tienen el carácter de patrones, lo que revela que se trata de una licencia con motivo de la prestación de sus servicios laborales del mencionado Tribunal, lo cual deberá de ventilarse ante el Tribunal de Arbitraje correspondiente, pues los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, se erige en representante de los intereses administrativos que constituyen el funcionamiento de dicho Tribunal, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Luego entonces, al no resultarle el carácter de autoridad responsable a los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, Secretario General de Acuerdos y Diligenciario, ambos adscritos a dicho tribunal, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del normativo 61, de la Ley de Amparo, y en relación el artículo 113 de la invocada ley procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPAROHáganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados para los mismos efectos a las personas que refiere, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada; asimismo, se les hace de su conocimiento que tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 11 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica; sin perjuicio de que éste Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Finalmente, en observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ***

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por LAURA CORTEZ REYES, en contra del acto reclamado a los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, Secretario General de Acuerdos y Diligenciario, ambos adscritos a dicho tribunal, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 83/2019. Ahora bien, del examen de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa sustancialmente señala como acto reclamado el proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, en que se niega otorgar licencia sin goce de sueldo a la hoy quejosa; por tanto, al haber sido emitido por los mencionados Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala y su ejecución por parte del Secretario General de Acuerdos y Diligenciario, ambos adscritos a dicho tribunal, no son actos de autoridad para los efectos del amparo, y consecuentemente, es improcedente la demanda que se analiza, por lo cual deberá desecharse como se verá a continuación. Ahora bien, de lo antes expuesto se advierte que los actos reclamados a las diversas autoridades señaladas como responsables, sustancialmente los hacen consistir en el proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, en que se niega otorgar licencia sin goce de sueldo a la hoy quejosa; por tanto, este Juzgador advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por consiguiente, como se dijo anteriormente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, por tanto, debe precisarse que con base en los actos reclamados, antes reseñados, se estima que las autoridades señaladas como responsables no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; de conformidad a lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º fracción I, y 5º. de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.;" [.] "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En apoyo a lo expuesto se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo XIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de 2001, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, se afirma que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia porque de los actos reclamados que señaló la aquí quejosa en su escrito de cuenta, así como en lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que los actos atribuidos a las autoridades antes precisadas no constituyen determinaciones provenientes de autoridades, sino de hechos derivados de la relación laboral que la quejosa manifiesta sostener con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con el nombramiento de mecanógrafa. Bajo ese contexto, debe precisarse que la demanda que se analiza mediante la cual precisa el carácter con el que se ostenta la promovente del juicio de amparo y los actos que reclama a cada autoridad, se advierte que la quejosa promueve con el carácter de servidora pública con motivo del nombramiento que tiene con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y que señalan toralmente como acto reclamado el proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, por el cual se niega el otorgamiento de licencia sin goce de sueldo, lo que hace evidente, que los actos reclamados para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal no derivan de una autoridad como lo establece, la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, sino que deriva, de una relación laboral que se tiene con el indicado tribunal. Lo que hace evidente, que las autoridades señaladas como responsables no les asiste ese carácter, en virtud de que tienen el carácter de patrones, lo que revela que se trata de una licencia con motivo de la prestación de sus servicios laborales del mencionado Tribunal, lo cual deberá de ventilarse ante el Tribunal de Arbitraje correspondiente, pues los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, se erige en representante de los intereses administrativos que constituyen el funcionamiento de dicho Tribunal, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Luego entonces, al no resultarle el carácter de autoridad responsable a los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, Secretario General de Acuerdos y Diligenciario, ambos adscritos a dicho tribunal, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del normativo 61, de la Ley de Amparo, y en relación el artículo 113 de la invocada ley procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPAROHáganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados para los mismos efectos a las personas que refiere, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada; asimismo, se les hace de su conocimiento que tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 11 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica; sin perjuicio de que éste Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Finalmente, en observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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