Laila Karina Estrada Vázquez

Expediente 1108/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1108/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Laila Karina Estrada Vázquez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el sobre devuelto por la mensajería y paquetería Estafeta, que contiene el oficio 5860/2022 de veinticinco de febrero del año en curso, dirigido al Verificador y Defensor de la Confianza adscrito a la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona General Ignacio Zaragoza de la Procuraduría Federal del Consumidor en la Ciudad de Puebla, en razón de que no se asentó a quien va dirigido; en tales condiciones, se ordena reenviar dicho oficio al licenciado Edgardo Juárez Salazar, quien funge como verificador de dicha oficina, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de engrose veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible y por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se negó la definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, también procede su destrucción, conforme al artículo 21, fracción c), del citado ordenamiento. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    A la vista, los autos, para resolver, en sentencia el juicio de amparo indirecto número 1108/2021 promovido por Laila Karina Estrada Vázquez, por propio derecho, contra actos del Verificador Adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y turnado el once siguiente al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, Laila Karina Estrada Vázquez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Verificador Adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor. ACTO RECLAMADO: El Acta de Visita de Verificación derivada del expediente PFC.PUE.C1.-000486/2021, por la cual se suspendieron las labores de comercialización con sellos números de folio 83708 y 83709, en el local ubicado en Avenida Tlaxcala 158, Colonia Bartolomé Código Postal 90970 en San Pablo del Monte, Tlaxcala. SEGUNDO. Radicación e incompetencia del juicio de amparo. En doce de noviembre de dos mil veintiuno el Secretario en Funciones de Juez de Distrito del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registró la demanda de amparo bajo el número 1519/2021 y en la misma fecha determinó declinar competencia por razón de territorio, al considerar que el acto reclamado se materializa en San Pablo del Monte, Tlaxcala, esto es fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito de su adscripción y en ese sentido ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y el cual fue turnado a este Juzgado de Distrito en veinticuatro de noviembre próximo pasado. TERCERO. Aceptación de la competencia, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se radicó el referido juicio de amparo indirecto bajo el número 1108/2021, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite la misma, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: El Acta de Visita de Verificación derivada del expediente PFC.PUE.C1.-000486/2021, por la cual se suspendieron las labores de comercialización con sellos números de folio 83708 y 83709, en el local ubicado en Avenida Tlaxcala 158, Colonia Bartolomé Código Postal 90970 en San Pablo del Monte, Tlaxcala. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias que remitió en copia certificada del expediente generador del acto reclamado, mismo que obra glosado a los autos del expediente físico en que se actúa y digitalizado en el expediente electrónico, y que se tienen a la vista para resolver el presente asunto, copias certificadas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causal de improcedencia del juicio Quien aquí resuelve advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del mismo artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Se explica: la figura del interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra y que repudien violatorio de derechos humanos. Es decir, en defensa a un derecho subjetivo que protege alguna norma legal y que se ve afectado por determinado acto de autoridad jurisdiccional, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. Esto es, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación visible en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De ahí que todo aquel que acude ante el órgano jurisdiccional de control constitucional aduciendo trasgresión de derechos fundamentales por parte de una autoridad tiene la carga de la demostración plena de su interés jurídico, que no es otra cosa que el acreditamiento de la titularidad de los derechos sustantivos que dice se transgredieron y la afectación que resiente en ellos con el acto de autoridad que se reclama. Dicho interés que es necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) Un derecho subjetivo y, b) Una afectación al mismo por un acto de autoridad. Expuesto lo anterior se tiene que, de las constancias queintegran el presente sumario constitucional se advierte: Que en diecinueve de octubre de dos mil veintiuno el Jefe de Verificación y Defensa de la Confianza, emitió la "orden de verificación y oficio de comisión PFC.PUE.C.1-000486/2021", a efecto de realizar visita de verificación al Propietario y/o representante legal y/o encargado y/o dependiente de Living Ligth, ubicada en Avenida Tlaxcala, 158, Colonia San Bartolomé, código postal 90970, San Pablo del Monte, Tlaxcala y para tal efecto comisionó al verificador de la adscripción a efectuar lo ordenado. En esa línea, en diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado, se constituyó en el domicilio ordenado en busca: ".del Propietario y/o representante legal y/o encargado y/o dependiente de Living Ligth, cuyo/a propietario/a es Ismael Tejeda Moreno su giro es centro de distribución de productos." En el desarrollo del acta y derivado de diversas prácticas comerciales que describió el verificador en la misma, procedió a imponer medida precautoria de suspensión de la comercialización de diversos productos y/o servicios y ordenó la colocación de sellos. Efectuada y levantada que fue el Acta de verificación, firmaron al calce el defensor de la confianza, la visitada y dos testigos. Finalmente en tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Procuraduría de Defensa del Consumidor emitió el acuerdo de inicio a procedimiento administrativo a Living Ligth, ordenó notificar dicha determinación al establecimiento referido, y al efecto requirió para que al manifestar lo que en derecho correspondiera acreditara la personalidad y documentos idóneos que acreditaran su condición económica real. Ahora, en el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Laila Karina Estrada Vázquez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal por propio derecho contra el Acta de Visita de Verificación derivada del expediente PFC.PUE.C1.-000486/2021, por la cual se suspendieron las labores de comercialización con sellos números de folio 83708 y 83709, en el local ubicado en Avenida Tlaxcala 158, Colonia Bartolomé Código Postal 90970 en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Sin embargo, no obstante que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que suspendieron las actividades comerciales en "mi local"; tal manifestación no es suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello, porque para acreditar el interés jurídico no basta que el quejoso en su demanda aduzca que lo que manifiesta en ella lo hace bajo protesta de decir verdad, sino que requiere de la aportación de medios probatorios que demuestren lo que en la misma se afirma. En apoyo a lo anterior se cita la tesis 3a./J. 27/90 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 229, del Tomo V, Primera Parte, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". En ese sentido, no exhibió, contrato de arrendamiento, cédula de empadronamiento y/o licencia de funcionamiento que le autorice a operar la negociación living ligth Company sociedad anónima de capital variable, ubicada en el local suspendido; de ahí que se considera que la aquí quejosa carece de interés jurídico para promover el presente asunto. Por lo anterior, se concluye que, si en el acto reclamado del cual su existencia fue aceptada por la responsable, la parte quejosa, no acreditó con ninguna prueba su interés jurídico, para demostrar el derecho de titularidad de la negociación suspendida es que se considera que no es un acto que afecte interes jurídico de la parte quejosa, por tanto debe sobreseerse en el presente juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la integran, la tesis 1a. XVI/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999, página 61, de rubro y texto siguientes: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. REQUISITOS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO (LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 16, 19 y 20 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas del Distrito Federal establecen que para que opere la figura de la afirmativa ficta, es necesario que los interesados en obtener la licencia acompañen todos los documentos y cumplidos los requisitos, la delegación correspondiente en un plazo máximo de siete días hábiles y previo pago de los derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal deberá expedir la licencia de funcionamiento correspondiente; transcurrido dicho plazo si no existe respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, de acuerdo con los artículos citados de esta ley, cuando por el silencio de la autoridad, el interesado presuma que ha operado en su favor la positiva ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta diez días hábiles, la certificación de que ha operado esta resolución ficta. Si la certificación no fuese emitida en este plazo, la afirmativa ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Por tal motivo, sin los señalados requisitos no puede operar la positiva ficta en aquellos casos en los que sólo se hizo la solicitud para obtener la licencia de funcionamiento. Así, ante la falta de licencia, o de las constancias antes precisadas, la orden de clausura y su ejecución de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del quejoso, ya que la clausura no debe considerarse como un acto violatorio del derecho de propiedad, sino de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente o con las constancias que apoyan que operó en favor del interesado la positiva ficta, documentales que son las que acreditan la titularidad de ese derecho y por ende, un interés jurídico legalmente tutelado." Sirve de apoyo también, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 538, del Tomo: IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y texto siguientes:} "TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL. Cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio origen del acto reclamado, pero no demuestra tener derechos sobre el inmueble materia de la controversia, resulta evidente que el acto impugnado no le causa un agravio personal y directo; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consecuentemente, debe decretarse el sobreseimiento, conforme al precepto 74, fracción III, de la ley de la materia." En consecuencia al actualizarse la causal de improcedencia analizada, debe sobreseerse en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materias(s): Común "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No se considera necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Laila Karina Estrada Vázquez, por propio derecho, por propio derecho, respecto del acto y autoridades señalados en el segundo resultando, por los motivos señalados en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a la autoridad correspondiente. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veintiocho minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1108/2021, promovido por Laila Karina Estrada Vázquez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Laila Karina Estrada Vázquez; auto admisorio de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno e informe con justificación rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la documental pública ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo y las documentales que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente administrativo PFC.PUE.C.1- 000486/2021, al igual que la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y tampoco el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento; a lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la constancia que antecede en el sentido de que las partes no formularon alegatos y se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce electrónicamente los que en ella intervinieron y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. La Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Juez Karina Juárez Benavides (Firmado electrónicamente) El Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín (Firmado electrónicamente)

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