Laura Celina Sánchez Villa

Expediente 534/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
534/2019
Año
2019
Actuaciones
38
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Laura Celina Sánchez Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO; En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y, por otra, se negó y, por una más, se concedió a Laura Celina Sánchez Villa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017 de su índice, desde la diligencia de emplazamiento que se llevó a cabo a la peticionaria de amparo, en la inteligencia que la presente decisión no afecta la diversa diligencia llevada a cabo con el coaccionado en el juicio de origen; y, b) Ordenar de nueva cuenta el emplazamiento de la ahora peticionaria de amparo Laura Celina Sánchez Villa, en el domicilio proporcionado para tal efecto, vigilando que, de llevarse a cabo, tal llamamiento se realice con apego a las disposiciones que para tal efecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El trece de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de lo siguiente: Auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, en donde dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017, a partir del emplazamiento realizado a Laura Celina Sánchez Villa; ordenó se realizara nuevamente dicho emplazamiento señalando las precisiones que debía contener el acta respectiva, así como ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado así como al Director de Catastro del Estado para que ordenaran a quien correspondiera, realizaran la cancelación que en su caso se haya efectuado, respecto de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio. Autos de nueve y trece de marzo de dos mil veinte, en los que informó que el Director de Catastro y del Registro Público de la Propiedad Raíz, informaron que en sus registros no había ningún cambio derivado de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil, pues la persona que aparecía como propietaria del inmueble desde dos mil cinco, es la aquí quejosa. Razones de nueve de abril de dos mil veintiuno, en donde la actuaria adscrita al juzgado responsable, asentó la imposibilidad de emplazar a la demandada en el domicilio señalado en autos Con lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017, a partir del emplazamiento realizado a Laura Celina Sánchez Villa; ordenó se realizara el emplazamiento en el domicilio señalado para tal efecto. No pasa inadvertido, que la autoridad responsable no pudo verificar que el emplazamiento se realizara con apego a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, empero, dicha circunstancia fue por la razón asentada por la actuaria el nueve de abril del presente año, al no haber encontrado el domicilio precisado para tal efecto. 4. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Por otro lado, siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En acatamiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración, ya que se otorgó la protección constitucional, es susceptible de depuración, por lo que una vez que trascurran los tres años a que se refiere dicho numeral, este órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse concedió la suspensión provisional y definitiva; por ende, glósese al presente el original de dicha cuerda incidental. De igual forma, una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el artículo 20 fracción II, inciso a), del referido acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente. Hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Remítase a la responsable las constancias que exhibió al presente juicio, en la inteligencia que de no acusar recibo dentro de los tres días siguientes, se entenderá que las recibió a entera satisfacción.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y, por otra, se negó y, por una más, se concedió a Laura Celina Sánchez Villa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017 de su índice, desde la diligencia de emplazamiento que se llevó a cabo a la peticionaria de amparo, en la inteligencia que la presente decisión no afecta la diversa diligencia llevada a cabo con el coaccionado en el juicio de origen; y, b) Ordenar de nueva cuenta el emplazamiento de la ahora peticionaria de amparo Laura Celina Sánchez Villa, en el domicilio proporcionado para tal efecto, vigilando que, de llevarse a cabo, tal llamamiento se realice con apego a las disposiciones que para tal efecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El trece de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de lo siguiente: Auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, en donde dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017, a partir del emplazamiento realizado a Laura Celina Sánchez Villa; ordenó se realizara nuevamente dicho emplazamiento señalando las precisiones que debía contener el acta respectiva, así como ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado así como al Director de Catastro del Estado para que ordenaran a quien correspondiera, realizaran la cancelación que en su caso se haya efectuado, respecto de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio. Autos de nueve y trece de marzo de dos mil veinte, en los que informó que el Director de Catastro y del Registro Público de la Propiedad Raíz, informaron que en sus registros no había ningún cambio derivado de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil, pues la persona que aparecía como propietaria del inmueble desde dos mil cinco, es la aquí quejosa. Razones de nueve de abril de dos mil veintiuno, en donde la actuaria adscrita al juzgado responsable, asentó la imposibilidad de emplazar a la demandada en el domicilio señalado en autos Con lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017, a partir del emplazamiento realizado a Laura Celina Sánchez Villa; ordenó se realizara el emplazamiento en el domicilio señalado para tal efecto. No pasa inadvertido, que la autoridad responsable no pudo verificar que el emplazamiento se realizara con apego a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, empero, dicha circunstancia fue por la razón asentada por la actuaria el nueve de abril del presente año, al no haber encontrado el domicilio precisado para tal efecto. 4. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Por otro lado, siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En acatamiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración, ya que se otorgó la protección constitucional, es susceptible de depuración, por lo que una vez que trascurran los tres años a que se refiere dicho numeral, este órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse concedió la suspensión provisional y definitiva; por ende, glósese al presente el original de dicha cuerda incidental. De igual forma, una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el artículo 20 fracción II, inciso a), del referido acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente. Hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Remítase a la responsable las constancias que exhibió al presente juicio, en la inteligencia que de no acusar recibo dentro de los tres días siguientes, se entenderá que las recibió a entera satisfacción.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en materia Civil, del distrito judicial de Morelia, Michoacán, través del cual cumple con lo requerido en autos e informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector.

  4. Principal

    Vista con cumplimiento al fallo protector Ahora, vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán y actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El cuatro de febrero de dos mil veinte, se dictó la sentencia dictada en este asunto, en la que este juzgado federal determinó: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Laura Celina Sánchez Villa respecto a los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto Legislativo Número 22, que contiene el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de septiembre de dos mil ocho y, en específico, los artículos del 75 al 100 de dicho ordenamiento jurídico; así como respecto al diverso actos relativo a la promulgación que se atribuye al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto al decreto legislativo número 521, que contiene las reformas a los artículos 75, 77, 79, 80 y 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, publicado en el periódico oficial del Estado el veinticuatro de junio de dos mil quince, en términos de lo establecido en el considerando Cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Laura Celina Sánchez Villa, contra la discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto legislativo número 521, que contiene las reformas a los artículos 75, 77, 79, 80 y 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, publicado en el periódico oficial del Estado el veinticuatro de junio de dos mil quince, que se reclaman al Congreso y Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo; así como tampoco por lo que hace al proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en los autos del juicio ordinario civil 286/2017 de su índice, en atención a los motivos de orden legal expuestos en la parte conducente del considerando séptimo de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Laura Celina Sánchez Villa respecto al emplazamiento que se le realizó en el juicio ordinario civil 286/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, así como las actuaciones subsecuentes a dicha diligencia, que reclama al titular y actuaria adscritas a dicho órgano jurisdiccional, por los motivos anotados en el apartado correspondiente del aludido considerando Séptimo; tal protección constitucional que se otorga para los efectos indicados en el considerando Octavo de esta sentencia. CUARTO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el considerando Noveno de este fallo." II. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con el fallo protector aludido III. El cinco y diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, se recibieron los oficios 540/2020 y 644/2020 signados por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mediante los cuales dicha autoridad informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Conviene precisar que las documentales relacionadas en el punto IV cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". IV. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que, en el plazo de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual informó la autoridad responsable, sin que ninguna lo haya realizado Valoración Con los antecedentes detallados procede valorar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, revela que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en la diligencia de emplazamiento aun cuando se le haya enviado a la funcionaria a constituirse en un domicilio que podía tener como número oficial el veinticinco y el ciento veinticinco, o sólo alguno de ellos, para cumplir con su obligación de cerciorarse de que se encontraba en el domicilio de la demandada aquí quejosa, era menester que clarificara en el acta correspondiente cuál es la numeración visible de tal finca, no así como lo realizó, dado que al señalar que se constituyó en la calle Mártires Irlandeses número 25 veinticinco y/o 125 ciento veinticinco, de la colonia Chapultepec Oriente, de esta ciudad, no permite tener certeza sobre si ese inmueble está marcado con ambos números o con uno solo de ellos, lo que genera incertidumbre sobre que la actuaria responsable se hubiese constituido en el domicilio de la ahora peticionaria de amparo. Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que el efecto de la concesión fue, en esencia, para que: "a) Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017 de su índice, desde la diligencia de emplazamiento que se llevó a cabo a la peticionaria de amparo, en la inteligencia que la presente decisión no afecta la diversa diligencia llevada a cabo con el coaccionado en el juicio de origen; y, b) Ordenar de nueva cuenta el emplazamiento de la ahora peticionaria de amparo Laura Celina Sánchez Villa, en el domicilio proporcionado para tal efecto, vigilando que, de llevarse a cabo, tal llamamiento se realice con apego a las disposiciones que para tal efecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado." Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento, se advierte que la autoridad responsable remitió el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil vente dictado en el juicio ordinario civil 286/2017, en el cual: 1. Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017, en ejercicio de las acciones real y personal sobre prescripción positiva o usucapión, a partir de la diligencia de emplazamiento de seis de junio de dos mil diecisiete, practicada a Laura Celina Sánchez Villa, y como consecuencia de ello, se dejaron invalidas todas las actuaciones posteriores a la diligencia descrita anteriormente, sin que tal determinación afectara la diligencia de emplazamiento llevada a cabo con Antonio Caballero Vargas. 2. Asimismo, se ordenó de nueva cuenta se llevara a cabo el emplazamiento a Laura Celina Sánchez Villa, ordenado en auto admisorio de seis de abril de dos mil diecisiete, en el domicilio que para tal efecto fue señalado por la parte actora en el escrito inicial de demanda; previo cercioramiento que haga constar debidamente en el acta correspondiente de que tal residencia proporcionada corresponda al de la mencionada quejosa, es decir, teniendo la obligación de hacer constar en forma expresa y concreta en el acta que levante: a) Indicar como es que a través de sus sentidos qué número se encuentra en la vivienda que se constituye. b) Documentar el aludido cercioramiento indicando si el inmueble en que se constituya se encuentra marcado, dado que dicha circunstancia es susceptible de ser apreciada por los sentidos, porque la numeración de los inmuebles es susceptible de apreciarse -de contar con ella- a través de la vista. c) Clarifique cual es la numeración visible en la finca. 3. Mandó girar oficio al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado así como al Director de Catastro del Estado, a fin de que en el lapso de veinticuatro horas contado a partir de la recepción del oficio respectivo, ordenaran a quien correspondiera, realizaran la cancelación que en su caso se haya efectuado, respecto de la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil 286/2017. Esto es, la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 286/2017, a partir del emplazamiento realizado a Laura Celina Sánchez Villa; ordenó se realizara nuevamente dicho emplazamiento señalando las precisiones que debía contener el acta respectiva, así como girar oficio al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado así como al Director de Catastro del Estado para que ordenaran a quien correspondiera, realizaran la cancelación que en su caso se haya efectuado, respecto de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio. Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que aun y cuando la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector, fue omiso en remitir las constancias donde se advierta que al llevar a cabo el emplazamiento a Laura Celina Sánchez Villa, se haya cumplido con los requisitos a los que debe sujetarse el mismo, establecidos en la ejecutoria de amparo, tampoco remitió las constancias relativas al oficio que giró al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, para la cancelación que en su caso se haya efectuado, respecto de la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil 286/2017, ni el resultado de tales gestiones. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 195 de la vigente ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable citada, para que dentro del término de tres días hábiles, cumpla con la totalidad de la sentencia ejecutoria (y en especial, remita las constancias precisadas en el párrafo precedente); lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2582 , en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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