Landy Rodríguez Martínez

Expediente 938/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
938/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Landy Rodríguez Martínez
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: AUTO CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL AMPARO. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó el juicio de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOCUMENTOS IRRECUPERABLES. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se agrega. Visto lo de cuenta; y, en atención a su contenido, agréguese a los autos sin mayor trámite toda vez que el veintisiete de los actuales, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán rindiendo INFORME JUSTIFICADO. 1.1. Pruebas documentales. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofertando como pruebas de su parte las documentales adjuntas al informe con justificación. 2. Estado de autos. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa acudió a esta instancia judicial para reclamar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán lo siguiente: La omisión de proveer sobre la ejecución del laudo dictado el tres de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario laboral 152/2016. En ese sentido, al informe justificado de cuenta, la autoridad responsable adjuntó el laudo dictado el tres de agosto de dos mil veinte; proveído de veintiuno de octubre del año en curso y oficio TCA/EJECUCIÓN/248/2020, de veintidós de septiembre del año en curso. Documentos que merecen valor probatorio pleno, al haber sido expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición en su artículo 2°, segundo párrafo. Así pues, del acuerdo de veintiuno de octubre pasado, se desprende que la autoridad responsable dictó un auto en el que se despacha auto de ejecución y se comisiona al actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio de la parte demandada y le requiera el pronto y efectivo pago de la cantidad laudada, facultando además al ministro ejecutor, para que en caso de negativa por parte de la demandada haga uso de la fuerza pública y de los medios de apremio señalados en la supletoria Ley Federal del Trabajo (para dicha autoridad), y en su caso embargue bienes suficientes de su propiedad para garantizar el monto total de la cantidad laudada de conformidad con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus Municipios. 2.1. Actualización de causal de improcedencia. Es importante indicar que, atendiendo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia son de estudio oficioso por el órgano que conozca del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley en la materia; de dicho precepto legal se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Sobre el particular, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran autos, se advierte que la parte quejosa, como se dijo, reclama la omisión de proveer sobre la ejecución del laudo dictado el tres de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 152/2016. Sin embargo, de las documentales que allegó el tribunal responsable, se evidencia que el veintiuno de octubre del año en curso, se dictó el auto de ejecución de laudo, en el que se requiera a la parte demandada el pago de la cantidad que se determinó en el laudo dictado y además se toman las medidas necesarias en caso de su incumplimiento, como es el embargo de bienes. En efecto, la autoridad responsable destruyó la omisión que se le reclamó en esta instancia jurídica, al dictar el referido acuerdo en el que se despacha auto de ejecución; en ese sentido, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que han cesado los efectos de la omisión reclamada, lo que restituyó en el goce de los derechos vulnerados y, por ende, resultaría ocioso realizar un estudio sobre la constitucionalidad de una conducta de autoridad, por haber dejado de surtir efectos. Finalmente, no obstante que dicho acuerdo se ordenó notificar por lista a las partes por medio de la cual debieron tener conocimiento, esta determinación se hará de su conocimiento de forma personal, con lo cual, la parte quejosa de no haber revisado la lista correspondiente, se dará por enterada del contenido de la determinación adoptada por la responsable el veintiuno del mes y año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo. 3. Audiencia constitucional sin efectos. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento a la partes que se deja sin efectos la hora fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veintiocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO 1.1. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Landy Rodríguez Martínez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, secretario de Educación, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación, director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación y jefe de Normatividad, todos de la Secretaría de Educación del estado de Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número 938/2021. 1.2. Autoridades no tienen carácter de responsables. Se hace la precisión de que en el presente juicio no se tendrá con el carácter de autoridad responsable al (1) secretario de Educación del estado de Michoacán, (2) subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación del estado de Michoacán, (3) director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación del estado de Michoacán, (4) Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación del estado de Michoacán y (5) jefe de Normatividad de la Secretaría de Educación del estado de Michoacán, toda vez que no reúnen los requisitos que establece el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, para ser consideradas como tal. Esto es así, ya que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama el incumplimiento a un lado por parte de dichas dependencias públicas de esta entidad federativa, en donde figuran como parte demandada, por tanto, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que en el ordenamiento legal respectivo se prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde además puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas, lo que resulta necesario para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad de que éstas se pregona. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2014, con número de registro digital 2006389, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". 1.3. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 1.4. Suspensión del acto reclamado. Sin que haya lugar aperturar el incidente de suspensión toda vez que no se solicitó. 1.5. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las nueve horas con veintiocho minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. 1.6. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias, mismas que acrediten que ha cesado la omisión que se le reclama. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 1.7. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.8. Tercero interesado. Se reserva el llamamiento a quien le resulte tener el carácter de tercero interesado, hasta en tanto se reciba el informe justificado que así lo acredite. 1.9. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 1.10. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y en cuanto autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Alonso Rangel Reguera, Leticia Cruz González y Ricardo Guzmán Mercado, dado que sus cédulas profesionales se encuentran registradas, de conformidad con la certificación secretarial que antecede. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES Con apoyo en el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto.@correo.cjf.gob.mx 12:30 A 18:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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