Laura Angélica Aguilera Solorio
Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Angélica Aguilera Solorio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 4. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa se desprende que mediante ejecutoria dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Nadia Liliana Ortuño Vidales, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Continuar con la fase de ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral 482/2014, a favor de la parte quejosa, lo que implica dictar las medidas de apremio que tenga a su alcance para que se dé cabal cumplimiento a la condena establecida en el mismo, debiendo vigilar que sus determinaciones sean cumplidas." 2. Información de vías de cumplimiento de la responsable. A fin de dar cumplimiento, la responsable informó en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, ordenó notificar a la parte actora a fin de que acudiera a ese tribunal a solicitar fecha para que en compañía del actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio de la demandada Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, quien refiere estar ubicado en las instalaciones de la Dirección del Centro de Patrimonio Estatal, en calle Ramón López Velarde, número 134, colonia Santa María de Guido, de esta ciudad, y le requiera el pago hasta por la cantidad de $846,879.31 (ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 31/100 moneda nacional) que se le adeudan a la quejosa; y, en caso de negativa, embargue bienes suficientes de su propiedad para garantizar el monto de la cantidad fijada, haciendo uso de la fuerza pública si es necesario a efecto de garantizar el crédito laboral. Ante ello, la parte quejosa informó al Tribunal responsable que el domicilio completo y correcto de la demandada Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán está en las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado de Michoacán, ubicado en Avenida Francisco I. Madero Poniente, número 63, Centro Histórico de Morelia, Michoacán, y que la diversa demandada Dirección de Patrimonio Estatal, tiene su domicilio en calle Andrés Quintana Roo, número 354, Centro Histórico de Morelia, Michoacán. En el mismo tenor, en auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa informó que el pasado trece de febrero compareció a las instalaciones del Tribunal responsable, en donde le fue informado que se fijó el siete de marzo de este año, a fin de llevar a cabo el acta de requerimiento de pago y/o embargo. En ese orden, en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Tribunal responsable remitiendo copia certificada del acta de requerimiento y/o embargo de siete de marzo de dos mil veintitrés, ordenado en el juicio de origen, de la que se advierte que al constituirse en el domicilio de la demandada Dirección de Patrimonio Estatal, refirió que los bienes que se encuentran en ese lugar no pueden ser embargados, pues los mismos corresponden al Gobierno, reiterando que se encuentra en trámite el pago adeudado a la parte quejosa. Bajo ese contexto y vista la certificación de cuenta se desprende que en esa data, se requirió a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, a fin de que en tres días informara los trámites que justificaran la continuación con la fase de ejecución del juicio laboral de origen, esto es realizar los actos tendentes al cumplimiento del pago de la condena establecida en el laudo emitido en el expediente materia de juicio, sin que a la fecha lo haya hecho estando debidamente notificada el pasado catorce de marzo, como se advierte de la constancia de notificación. Ello, sin que pase desapercibido que en auto de diecisiete de marzo pasado, se tuvo a la responsable remitiendo una vez más el acta de requerimiento de pago y/o embargo de siete de marzo del año en curso, que ya había sido remitida con anterioridad y recibida en proveído de nueve del mismo mes y año. 3. Se hace efectivo apercibimiento. Por ello, queda evidenciada la actuación contumaz realizada por la responsable para el cumplimiento a la ejecutoria del amparo, es decir, no realizar acciones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, como lo es continuar con la fase de ejecución del laudo materia de juicio, pues únicamente se limitó a remitir el acta de embargo, del cual se advierte su imposibilidad para realizarlo. Máxime que en auto de diecisiete de marzo de este año, dicha responsable pretendió cumplir con lo solicitado en proveído de nueve de marzo pasado, remitiendo nuevamente la citada acta de embargo, no así las constancias que justificaran la continuación de la fase de ejecución del laudo dictado en el expediente de origen. En consecuencia, toda vez que la responsable no ha informado lo anterior, ni ha justificado su impedimento, lo procedente es imponer multa decretada en esa data; por tanto, infórmese a la Administración Desconcentrada de Recaudación Michoacán "1", con sede en esta ciudad, que deberá hacer efectiva la citada multa al titular de ese órgano institucional, para lo cual se le hace de su conocimiento lo siguiente: I. Identificación y ubicación: A. Nombre completo: Graciela Villaseñor Ferrerya, en su calidad de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. B. Clave del Registro Federal del Contribuyente: Se desconoce. C. Por no dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo, esto es, cumplir con el requerimiento formulado mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se le multa con cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Sin que este órgano de control constitucional pueda proporcionar algún otro dato adicional, ya que son los únicos con los que se cuenta, por lo que se le exhorta a la Administración de Recaudación correspondiente para que actúe conforme a derecho, pues se insiste que son los únicos datos que se le pueden facilitar. 4. Se requiere nuevamente. Por tanto, requiérase nuevamente a la autoridad oficiante, para que en el lapso de tres días, contando a partir de que tenga conocimiento con este proveído, informe los trámites que justifiquen la continuación de la fase de ejecución del juicio laboral de origen, esto es realice actos tendentes al cumplimiento del pago de la condena establecida en el laudo emitido en el expediente materia de juicio, debiendo adjuntar las constancias que así lo acrediten. 4.1. Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir, le será impuesta una multa de ciento diez unidades de medida y actualización, equivalente a $11,411.40 (once mil cuatrocientos once pesos 40/100 M.N.), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LAURA ANGELICA AGUILERA SOLORIO, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Laura Angélica Aguilera Solorio, por propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán y actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 322/2023. 2. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: De la autoridad ordenadora: El auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés que desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por falta de notificación del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por contestada la demanda, oponiendo defensas y excepciones, y que señaló las diez horas del pasado diecinueve de diciembre, para la celebración de la audiencia de conciliación establecida por los artículos 118 y 339 del Código de Procedimientos Civiles; y, De la autoridad ejecutora: La falta de notificación del auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, así como la razón de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, por falta de forma y firma que la autorice. 3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, pues en la fracción V del referido precepto legal, estableció que sólo sería procedente contra aquellos de "imposible reparación", los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo que implica que contra los actos procesales, esto es, que no tienen una ejecución irreparable dado que no lesionan por sí mismos los derechos sustantivos, no es procedente el juicio de amparo, dado que sólo producen efectos de carácter intraprocesal, e inciden en las posturas jurídicas de los contendientes, a fin de obtener la satisfacción de sus pretensiones en el juicio de que se trate; de modo que, si se obtiene una sentencia favorable, las afectaciones en el procedimiento quedarán superadas por la decisión final. En ese sentido se pronuncia la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, aplicable en vía de orientación, intitulada: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso particular, los actos reclamados consisten en el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés que desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por falta de notificación del acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por contestada la demanda, oponiendo defensas y excepciones, y que señaló las diez horas del pasado diecinueve de diciembre, para la celebración de la audiencia de conciliación establecida por los artículos 118 y 339 del Código de Procedimientos Civiles; y, la falta de notificación del auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, así como la razón de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, por falta de forma y firma que la autorice. Asimismo, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa es demandada en el juicio de origen, no obstante que no precisa el número y tipo de juicio. Lo anterior permite advertir que los actos reclamados sólo constituyen una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, pues aun cuando la peticionaria de amparo considere que se afectan, entre otras, las garantías de seguridad jurídica y legalidad, lo cierto es que tal circunstancia no permite obviar las formalidades esenciales del procedimiento, ya que éste no culmina el juicio subyacente. De ahí que se considere que, en su caso, los actos reclamados sólo implicarían violaciones procesales reparables en la sentencia que, en su momento, llegue a dictarse en el juicio natural por la autoridad señalada como responsable ordenadora en el presente juicio de amparo. Máxime, que en caso de que se presente alguna trasgresión a derechos adjetivos, y en caso de que los mismos no se vean superados con un fallo favorable, puede hacerse valer esa circunstancia al impugnar dicha sentencia final. Al respecto, es de invocarse en vía de orientación, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el despacho jurídico marcado con el número quinientos once de la calle Arnulfo Ávila, colonia Morelos, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente Francisco Javier Salazar Pacheco y Francisco Estrada Cazarez gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 6. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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