La Policía Municipal de Panindicuaro, Michoacán.
Expediente 878/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- La Policía Municipal de Panindicuaro, Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 878/2018, con motivo de la demanda de amparo presentada por propio derecho por Marcelo Fernando Moreno Ruiz y María de los Ángeles Martínez Vargas, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, y otra autoridad. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Marcelo Fernando Moreno Ruiz y María de los Ángeles Martínez Vargas, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, y otra autoridad, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, la orden de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión o publiciana número 404/2015, en la que se declaró fundada la acción planteada y condenando a los quejosos Marcelo Fernando Moreno Ruiz y María de los Ángeles Martínez Vargas, a restituir a favor del actor Juvenal Ríos Loya, una fracción del predio rústico denominado "Las Tablas de la Virgen", ubicado frente a la calle Juárez, sin número de la población de Panindicuaro, Michoacán, con las siguientes medidas y colindancias al Norte; 40.00 -cuarenta metros- con calle Juárez; al Sur: 46.00 -cuarenta y seis metros-, con Abel Ríos y al Poniente: 30.00 -treinta metros-, con Javier Puga. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De esos numerales se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando se trate de: Tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En el particular, se considera que el acto reclamado no se reúne esas exigencias para que proceda el juicio de amparo. Se explica. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Con el objeto de apoyar tal aserto, resulta necesario señalar la génesis del acto reclamado: El juez civil responsable dictó sentencia en el expediente 404/2015, en la que declaró fundada la acción plenaria de posesión o publiciana ejercitada por Juvenal Ríos Loya (aquí tercero interesado), frente a los aquí quejosos, por lo que les ordenó restituir el predio denominado "Las Tablas de la Virgen", ubicado en la población y municipio de Panindícuaro, Michoacán, con sus frutos y accesiones; además, condenó a los quejosos al pago de gastos y costas erogadas con motivo de la tramitación del juicio. A la fecha no se ha ejecutado la sentencia dictada en el expediente de origen, pues como lo refieren los propios quejosos, bajo protesta de decir verdad, no han permitido que el aquí tercero se adentre a dicho predio a poseer aún y cuando se tramitó el juicio del que deriva el acto reclamado. Por tanto, se concluye que con respecto de los actos reclamados no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. Lo anterior se corrobora con lo manifestado por los propios quejosos quienes refieren que el juicio de origen se encuentra en ejecución (posterior al dictado de la sentencia), de forma que no hay pronunciamiento de la autoridad responsable que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado, declare su imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, u ordene el archivo definitivo del expediente. Tampoco se trata de un acto que guarde independencia de la ejecución de la sentencia, puesto que la orden emitida por la responsable se encuentra encaminada a obtener la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 404/2015. En este orden de ideas, analizando los diversos supuestos que de manera excepcional hacen procedente el amparo, conforme a los lineamientos destacados, en la especie, se obtiene que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que la entrega del bien que dicen los quejosos tener en posesión está relacionado con la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 404/2015. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Además, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento de ejecución en el que los quejosos son parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, puesto que ya fueron oídos y vencidos en el juicio de origen; de ahí que el acto reclamado es consecuencia directa de lo ahí resuelto. Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis II.2o.C.389 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, visible en la página 1721, con número de registro 185268, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." No se soslaya el hecho de que los quejosos refieran que tienen temor fundado de que en un momento a otro se pueda ejecutar en su perjuicio una posible privación de la libertad por parte de la policía municipal de Panindícuaro, Michoacán; sin embargo, se trata de un acto futuro e incierto, máxime que dicha autoridad actúa en auxilio de la autoridad ordenadora para dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 404/2015, la que, por el propio dicho de los quejosos no ha sido ejecutada porque no han permitido que el aquí tercero se adentre a dicho predio a poseer, no obstante la tramitación del juicio. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por último, cabe destacar que las quejosas promovieron demanda de amparo indirecto en contra de las mismos actos aquí reclamados, atribuidos a las mismas autoridades responsables, la cual fue turnada a este Juzgado quien la radicó bajo el número 854/2018 y en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, determinó su desechamiento en los mismos términos que aquí se resuelve; sin embargo, la misma no ha causado estado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Mario Ordaz Rodríguez y Adalberto Vergara González, y a las personas restantes en términos restringidos por no contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 878/2018, con motivo de la demanda de amparo presentada por propio derecho por Marcelo Fernando Moreno Ruiz y María de los Ángeles Martínez Vargas, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, y otra autoridad. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Marcelo Fernando Moreno Ruiz y María de los Ángeles Martínez Vargas, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, y otra autoridad, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, la orden de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión o publiciana número 404/2015, en la que se declaró fundada la acción planteada y condenando a los quejosos Marcelo Fernando Moreno Ruiz y María de los Ángeles Martínez Vargas, a restituir a favor del actor Juvenal Ríos Loya, una fracción del predio rústico denominado "Las Tablas de la Virgen", ubicado frente a la calle Juárez, sin número de la población de Panindicuaro, Michoacán, con las siguientes medidas y colindancias al Norte; 40.00 -cuarenta metros- con calle Juárez; al Sur: 46.00 -cuarenta y seis metros-, con Abel Ríos y al Poniente: 30.00 -treinta metros-, con Javier Puga. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De esos numerales se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando se trate de: Tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En el particular, se considera que el acto reclamado no se reúne esas exigencias para que proceda el juicio de amparo. Se explica. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el ..... Con el objeto de apoyar tal aserto, resulta necesario señalar la génesis del acto reclamado: El juez civil responsable dictó sentencia en el expediente 404/2015, en la que declaró fundada la acción plenaria de posesión o publiciana ejercitada por Juvenal Ríos Loya (aquí tercero interesado), frente a los aquí quejosos, por lo que les ordenó restituir el predio denominado "Las Tablas de la Virgen", ubicado en la población y municipio de Panindícuaro, Michoacán, con sus frutos y accesiones; además, condenó a los quejosos al pago de gastos y costas erogadas con motivo de la tramitación del juicio. A la fecha no se ha ejecutado la sentencia dictada en el expediente de origen, pues como lo refieren los propios quejosos, bajo protesta de decir verdad, no han permitido que el aquí tercero se adentre a dicho predio a poseer aún y cuando se tramitó el juicio del que deriva el acto reclamado. Por tanto, se concluye que con respecto de los actos reclamados no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. Lo anterior se corrobora con lo manifestado por los propios quejosos quienes refieren que el juicio de origen se encuentra en ejecución (posterior al dictado de la sentencia), de forma que no hay pronunciamiento de la autoridad responsable que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado, declare su imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, u ordene el archivo definitivo del expediente. Tampoco se trata de un acto que guarde independencia de la ejecución de la sentencia, puesto que la orden emitida por la responsable se encuentra encaminada a obtener la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 404/2015. En este orden de ideas, analizando los diversos supuestos que de manera excepcional hacen procedente el amparo, conforme a los lineamientos destacados, en la especie, se obtiene que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que la entrega del bien que dicen los quejosos tener en posesión está relacionado con la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 404/2015. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Además, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento de ejecución en el que los quejosos son parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, puesto que ya fueron oídos y vencidos en el juicio de origen; de ahí que el acto reclamado es consecuencia directa de lo ahí resuelto. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por último, cabe destacar que las quejosas promovieron demanda de amparo indirecto en contra de las mismos actos aquí reclamados, atribuidos a las mismas autoridades responsables, la cual fue turnada a este Juzgado quien la radicó bajo el número 854/2018 y en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, determinó su desechamiento en los mismos términos que aquí se resuelve; sin embargo, la misma no ha causado estado.
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