LAURA ANDREA MARTINEZ GOMEZ y Otros.
Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2022
Partes del expediente
- LAURA ANDREA MARTINEZ GOMEZ y Otros.
- Laura Andrea Martinez Gomez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a los quejosos Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia, para que dieran cumplimiento al requerimiento que se les formuló por auto de trece de septiembre del presente año; sin que dieran cumplimiento a la mencionada prevención. No presentada. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, y se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Principal
hago constar que en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación de los proveídos de trece, veinte y veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a los quejosos Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia, en el juicio de amparo 610/2022-V, por medio de lista de estrados, que en síntesis dicen:"Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintidós. Ratificación de demanda. Vista las constancias actuariales que anteceden, de las que se advierte que los quejosos Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia, manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida en sus nombres. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído: Señalen bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, ya que la parte solicitante del amparo, omite formularlos en el escrito inicial de demanda, por lo que no se cumple con lo previsto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, en dicho capitulo deberá manifestar, entre otras cuestiones, la fecha y el lugar en que fueron retenidas por la autoridad migratoria, si a la fecha tiene conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hizo sabedor del mismo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 127/99 de la novena época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y dos, que se apunta: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por los promoventes y no por conducto de diversa persona, en razón de que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 (número de registro 174745) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y rubro disponen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Sandro Alberto García Lara, dado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Maria de Jesús García Hernández. Consulta electrónica. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza al promovente Sandro Alberto García Lara el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. Ahora, no obstante que la parte quejosa no autorizó expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales, pero dado que la demanda fue presentada mediante la vía electrónica y que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en tal sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por esta única ocasión se le tiene por señalada la vía electrónica para que la notificación personal del presente auto se realice de esa manera, en el entendido de que la misma se sujetará a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, por única ocasión se instruye a los actuarios adscritos para que la notificación del presente auto, también se realice por medio del correo electrónico señalado en la demanda de amparo por el propio promovente como medio de contacto. Se requiere al promovente para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, autorice las notificaciones electrónica o señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se les harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente esta ciudad, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que la notificación de carácter personal del presente auto se le practique a la parte quejosa por esos medios. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita), realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "sandrofrouralex". Notifíquese personalmente a los quejosos Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia, en el lugar que se encuentren internos y a su autorizado." "Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de la parte quejosa con número de registro 13308, atento a su contenido, dígasele que al ingresar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advirtió del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio de amparo, que el usuario "sandrofrouralex" se encuentra autorizado. Por ello, se sugiere que para el caso de no poder visualizar los acuerdos, o presentar inconvenientes para acceder al sistema correspondiente, se comunique al número telefónico de "Escritorio de Soporte" que se encuentra en la página de internet de Portal Servicios en Línea, a fin de que pueda obtener la ayuda técnica correspondiente. Desistimiento. Por otra parte, glósese a los autos el diverso escrito con folio 13339 de Sandro Alberto García Lara, autorizado de los quejosos Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia, a través del cual manifiesta su interés de desistirse del presente juicio. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que se constituyan en las instalaciones de las autoridades responsables, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a los quejosos en cita y los requiera para que en el momento de la notificación, manifiesten si ratifican el desistimiento del juicio de amparo promovido en su favor. Notifíquese personalmente a los quejosos Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia." "Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial para notificar los autos de trece y veinte de septiembre de dos mil veintidós, a los quejosos Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, le fue informado que los citados quejosos no se encontraban en esa estación migratoria. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado, notificar a los quejosos en comento, por lista de acuerdos los autos de trece y veinte de septiembre de dos mil veintidós y los subsecuentes, aún los de carácter personal, dado que en la demanda de amparo no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por lista este proveído, así como los diversos de trece y veinte de septiembre del año en curso, a los quejosos."
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda promovida supuestamente por Sandro Alberto García Lara, a favor de Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia; en consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 610/2022-V. Representante común. En términos del artículo 13, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Laura Andrea Martínez Gómez, sin perjuicio que con posterioridad pueda substituirse dicha representación. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el promovente se hacen consistir, esencialmente, en lo siguiente: 1. Las órdenes de deportación, expulsión, o repatriación. 2. Restricción a la libertad de tránsito o detención arbitraria. 3. Incomunicación. Actos de los cuales dice son y pueden ser objeto Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia. Lo anterior, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al ser de nacionalidad colombiana. Suspensión de plano. I) Las órdenes de deportación, expulsión, o repatriación. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados, expulsados o repatriados a su lugar de origen. II) Incomunicación. De igual manera, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos consistentes en la incomunicación, así como cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, de los que el promovente refieren son objeto Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia. Por tal motivo, se hace saber a las responsables que queda a su cargo y bajo su más estricta responsabilidad, la integridad física y de salud de las personas agraviadas, a fin de que no sufran ningún atentado contra su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. III. Restricción a la libertad de tránsito o detención arbitraria. Respecto del acto reclamado consistente en restricción a la libertad de tránsito o detención arbitraria, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que tales actos reclamados, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. El artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la restricción a la libertad de tránsito o detención arbitraria, estos no son un actos que ameriten la concesión de la suspensión de plano. Ello, ya que tales actos no encuadran en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", en razón de que del escrito que se atiende, se aprecia que Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia fueron detenidos por autoridades competentes para emitir dicha orden en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Además de que lo anterior se encuentra robustecido con el contenido del artículo 111 de la Ley de Migración, toda vez que ese numeral establece la facultad del Instituto de Migración respectivo de resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Lo que pone de manifiesto que el alojamiento en las estaciones migratorias podría exceder de las treinta y seis horas a que alude el promovente en la demanda de amparo y, en casos excepciones, el propio numeral dispone que ese término podrá exceder de quince días hábiles en ciertos supuestos. Sin perjuicio, que una vez que la parte quejosa ratifique la demanda de amparo se proveerá en relación a dicho acto en el incidente de suspensión que al efecto se apertura. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informes. Requiérase a las autoridades responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a Laura Andrea Martínez Gómez, Ingrith Lorena Pimentel Moreno, Jonathan Nicolás Rodríguez Parra, Sindy Lorena Quintero Vargas y Jhoan Alirio Zuleta Palencia, y los requiera para que en el momento de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Consulta electrónica. Una vez que se ratifique la demanda de amparo, se acordará lo relativo a la solicitud de acceso al expediente electrónico que formula el promovente, por ser los directamente agraviados los facultados para hacerlo. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que se indican en la demanda, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realicen la autorización respectiva. Correo electrónico y número telefónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese y personalmente a los directamente agraviados.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria Tania Aguilar Herrera que firma y da fe. Doy fe. MALB
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