Kristian Figueroa Montaño

Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 27 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
265/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Kristian Figueroa Montaño
  • KRISTIAN FIGUEROA MONTAÑO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA CARLOS NIÑO ARIAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, EN RELACIÓN CON EL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra, negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración dado que por una parte se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la delegada de la autoridad responsable Administrador de la Aduana de Tijuana, en esta ciudad; en atención a su contenido, infórmese a la citada autoridad que el dieciocho de febrero del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Kristian Figueroa Montaño solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo de la siguiente manera: "AUTORIDADES RESPONSABLES: [.]. 1) C. Adán Mendoza Arroyo, Oficial de la Guardia Nacional, adscrito al aeropuerto internacional de Tijuana, [.]. 2) C. Adrián Rivera Paulino, Oficial de la Guardia Nacional, adscrito al aeropuerto internacional de Tijuana, [.]. 3) C. Rosa Isela Vázquez Rodríguez, Sub oficial de la guardia nacional, adscrita al aeropuerto internacional de Tijuana, [.]. 4) C. Othón Abraham López Alcantara, Sub oficial de la guardia nacional, adscrito al aeropuerto internacional de Tijuana, [.]. 5) C. Delegado de la FiscalÍa General de la República, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad de Tijuana, [.]. 6) C. Sub-Delegado de la Fiscalía General de la República, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad de Tijuana, [.] 7). C. Titular de Unidad de Investigación y Litigación y/o titular en jefe, de la Fiscalía General de la República, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad de Tijuana, [.] 8) C. Fiscal en Jefe de la Agencia Quinta Investigadora, Equipo II, en Tijuana, de la unidad de Investigación y litigación, en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad de Tijuana, [.]. 9) C. Agente del ministerio público de la federación, titular de la agencia Quinta investigadora, equipo II, en Tijuana, de la unidad de investigación y litigación, en el estado de Baja California, con residencia en esta Ciudad de Tijuana, [.]. 10) C. Administrador de la Aduana de Tijuana, con residencia en esta ciudad de Tijuana, Baja California, [.]. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables señaladas en los incisos 1), 2), 3) y 4); Oficiales y suboficiales de la Guardia Nacional, reclamo la ilegal intervención e inspección de los objetos materia de la presente demanda de garantías. De las autoridades señaladas como responsables señaladas en los incisos 5), 6) 7), 8) y 9); reclamo la ilegal, temerosa, infunda y falta de motivación del acuerdo ministerial de fecha 24 de marzo de 2021; mediante el cual, niega la devolución de 1527 aparatos celulares al suscrito, no obstante de haber acreditado su legal procedencia, estancia y transportación dentro del territorio nacional, la cual bajo protesta de decir verdad me fue notificado el día 29 de marzo de 2021. De la autoridad señalada en el inciso 10), reclamo la ilegal y temerosa clasificación arancelaria emitida respecto de mis mercancías aseguradas consistentes en teléfonos celulares". SEGUNDO. Trámite del juicio. El catorce de abril de dos mil veintiuno, la demanda se registró bajo el número 265/2021-VI y se previno a efecto de que se ratificara el contenido y firma de ésta. Por lo que una vez desahogada la prevención efectuada, el veintiuno del mismo mes y año, se admitió; por lo que se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se solicitó a la autoridades señaladas como responsables su informe con justificación. Inexistencia de autoridad. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se declaró como inexistente a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como "Titular de Unidad de Investigación y Litigación y/o titular en jefe, de la Fiscalía General de la República, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad de Tijuana". Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, en razón de que se reclama una orden de aseguramiento cuyas consecuencias jurídicas y materiales tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, su escrito aclaratorio y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de autoridad y autoridades, con excepción de la que se declaró inexistente, que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables (En su denominación correcta) Actos reclamados 1 Adán Mendoza Arroyo, oficial adscrito a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional. La inspección realizada a los objetos asegurados. 2 Adrián Rivera Paulino, oficial adscrito a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional 3 Rosa Isela Vázquez Rodríguez, suboficial adscrita a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional 4 Othón Abraham López Alcántara suboficial adscrito a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional 5 Delegado Estatal de Baja California de la Fiscalía General de la República. El acuerdo pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021, mediante el cual se negó la devolución de los objetos asegurados. 6 Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional en la Ciudad de Tijuana, Baja California, de la Fiscalía General de la República 7 Fiscal en Jefe del Equipo II de Investigación y Litigación de Modelo Colaborativo Institucional de la Fiscalía General de la República 8 Agente del Ministerio Público Titular de la Célula II-5 Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California 9 Administrador de la Aduana de Tijuana del Servicio de Administración Tributaria La clasificación arancelaria emitida respecto a las mercancías aseguradas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables que enseguida se indicarán rindieron su informe justificado solicitado tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido del informe Foja (s) 1 Delegado Estatal de Baja California de la Fiscalía General de la República Niega 64 y 65 2 Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional en la Ciudad de Tijuana, Baja California, de la Fiscalía General de la República Niega 123 y 124 3 Fiscal en Jefe del Equipo II de Investigación y Litigación de Modelo Colaborativo Institucional de la Fiscalía General de la República Niega 95 y 96 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuyó. Ello implica, necesariamente, que no sea cierto que hayan actuado en la forma en que se les reprocha; es decir, las primeras tres en haber pronunciado el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021, mediante el cual se negó a la parte quejosa la devolución de los objetos asegurados; mientras que la última respecto a haber realizado la clasificación arancelaria respecto a las mercancías aseguradas. Por tanto, ante el hecho de que los referidos actos reclamados son de naturaleza positiva, aunado a la carga procesal que impone a la parte accionante el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se concluye que corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia de los actos precisados, en razón de que estos fueron negados por las autoridades responsables en cita; sin que así lo haya hecho, pues no aportó, hasta el día en que se celebró la audiencia respectiva, prueba idónea que desvirtúe tales negativas. Aunado a que, como se verá en el considerando subsecuente, la referida determinación que negó la devolución de los objetos asegurados únicamente puede ser atribuida al Agente del Ministerio Público Titular de la Célula II-5 Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, al ser la autoridad responsable que emitió el acuerdo reclamado. Decisión. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo con relación al acto reclamado y autoridades cuya inexistencia se analizó en este considerando, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las restantes autoridades rindieron sus informes justificados de la siguiente manera: Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 Adán Mendoza Arroyo, oficial adscrito a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional Cierto 163 2 Adrián Rivera Paulino, oficial adscrito a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional Cierto 163 3 Rosa Isela Vázquez Rodríguez, suboficial adscrita a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional Cierto 163 4 Othón Abraham López Alcántara suboficial adscrito a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional Cierto 163 5 Agente del Ministerio Público Titular de la Célula II-5 Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California Niega, pero realiza manifestaciones que evidencian certeza 125 y 126 6 Administrador de la Aduana de Tijuana del Servicio de Administración Tributaria Niega, pero debe desvirtuarse 69 a 71 Como se ve, las autoridades responsables, con excepción de las últimas dos, reconocieron la existencia de los actos reclamados; por ende, estos se tienen como plenamente probados. Desvirtúa negativa. Por otra parte, se desvirtúa la negativa hecha valer por el Agente del Ministerio Público Titular de la Célula II-5 Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, en razón de que en su propio informe justificado realiza manifestaciones que evidencian la certeza del acto reclamado. Lo anterior, porque expresamente reconoció la existencia del acuerdo pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021, mediante el cual se negó la devolución de los objetos asegurados. Certeza que se corrobora con la prueba documental que remitió la autoridad responsable consistente en copia de la referida determinación. Documento que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de una actuación emitida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, también se desvirtúa la negativa hecha valer por la autoridad responsable Administrador de la Aduana de Tijuana del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, dado que si bien obra a fojas 132 a 145 copia del dictamen denominado "clasificación arancelaria, cotización y avalúo de las mercancías en relación al expediente número: FED/BC/TIJ/0000490/2021", el cual fue emitido por una diversa autoridad de las señaladas como responsables en esta instancia constitucional, específicamente, por Kenia Anahy Peña Celis, en su carácter de Verificadora adscrita a la Aduana de Tijuana; lo cierto es que de conformidad con las disposiciones de la Ley Aduanera y el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el administrador se auxilia para las cuestiones relativas a las materias fiscal y aduanera de diversas autoridades, entre ellas, de los verificadores. Por tanto, no resulta factible considerar que el acto reclamado atribuido al Administrador de la Aduana de Tijuana del Servicio de Administración Tributaria sea inexistente, puesto que al haber sido efectuado por una autoridad que lo auxilia en el ejercicio de sus funciones se concluye que sí participa en su realización. QUINTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. Falta de interés jurídico. Las autoridades responsables Adán Mendoza Arroyo; Adrián Rivera Paulino; Rosa Isela Vázquez Rodríguez; y Othón Abraham López Alcántara, en su carácter, respectivamente, de oficiales y suboficiales adscritos a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional, al rendir su informe justificado, en relación con el acto que se les reclama, hicieron valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, de la misma legislación. Calificativa. La causal de improcedencia invocada es fundada. Además, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte la actualización de la citada causal de improcedencia por lo que respecta al diverso acto reclamado atribuido al Administrador de la Aduana de Tijuana del Servicio de Administración Tributaria. Marco legal. En efecto, en primer término, con relación a la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional no procederá contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico. Ahora bien, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. En relación a este último punto, el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran, sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, el interés jurídico debe ser plenamente demostrado en el transcurso del juicio de amparo, con el fin de que la autoridad esté en aptitud de entrar al estudio de lo planteado por la parte quejosa, pues de lo contrario y en atención a la misma causa de improcedencia que establece la fracción XII en comento, el juicio resultaría improcedente. Así, el interés jurídico podrá ser demostrado en el desarrollo del proceso, a través de los medios de convicción idóneos que lo acrediten de forma tal que no exista duda de que la persona que comparece sea la titular del derecho que se dice afectado, criterio que ha sido ampliamente reiterado por los tribunales federales de nuestro país. Caso concreto. La parte quejosa atribuye a las autoridades mencionadas en este considerando los siguientes actos reclamados, respectivamente: a. La inspección realizada a los objetos asegurados, que a su vez dio origen al informe policial homologado (IPH) de dos de marzo de dos mil veintiuno. b. La clasificación arancelaria emitida respecto a las mercancías aseguradas. De las constancias con las que se cuenta para resolver, se advierte que tales actos dieron origen a la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021 y solamente tienen la naturaleza de medios de prueba que servirán de base, posteriormente, para que la fiscalía o el juez de control respectivo los tomen en consideración para sustentar las decisiones correspondientes con relación al hecho o hechos delictuosos que se investigan. De ahí que, se estime que tales medios de prueba, por sí solos, no generen una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, en razón de que tal inspección a los objetos asegurados o su clasificación arancelaria no tienen el alcance de modificar o restringir algún derecho sustantivo del quejoso, ya que únicamente se trata de actos de investigación realizados por las autoridades responsables a partir de indicios que tuvieron sobre la comisión de un posible hecho delictivo. Circunstancia que implica que la inspección realizada a los objetos asegurados, que a su vez dio origen al informe policial homologado (IPH) de dos de marzo de dos mil veintiuno y el dictamen relativo a la clasificación arancelaria, únicamente se trate, por lo que respecta al primero, de la narrativa de diversos sucesos que originaron la intervención y eventual retención de los referidos objetos; mientras que en lo relativo al segundo de un análisis efectuado sobre las posibles contribuciones fiscales omitidas. Sin embargo, lo que en realidad genera una modificación a la esfera jurídica de la parte quejosa son las determinaciones que, con base en tales datos de prueba, se tomen por parte de las autoridades jurisdiccionales para molestar o privarlo en el goce de alguno de sus derechos fundamentales; situación que no se genera por la sola existencia de la inspección realizada, el informe policial homologado o la clasificación arancelaria. Por tanto, la parte quejosa no se encuentra en aptitud legal de acudir a esta instancia constitucional a reclamar de manera aislada medios de prueba desahogados dentro de la carpeta de investigación de origen al no generar, por sí solos, una lesión a sus derechos fundamentales. Decisión. Atento a lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, de la legislación en cita únicamente por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la inspección realizada a los objetos asegurados y su clasificación arancelaria. Consecuentemente, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, una vez resuelto lo anterior y como en la especie no se advierte que se hubiese hecho valer alguna causa de improcedencia en contra del acuerdo pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021, mediante el cual se negó la devolución de los objetos asegurados, por parte de la autoridad emisora, ni se advierte de oficio la existencia de alguna que conlleve el sobreseimiento en el juicio, se continuará con el análisis de la cuestión planteada a la luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo únicamente con relación al citado acto. SEXTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los conceptos de violación que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deberán contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su trascripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, toda vez que se dará respuesta integra a sus inconformidades. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Los conceptos de violación son infundados por un lado y fundados pero inoperantes en diverso aspecto. Precisión. Cabe precisar que los conceptos de violación que se analizarán en este apartado únicamente serán los encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acuerdo pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021, mediante el cual se negó la devolución de los objetos asegurados, en razón que, con relación a los diversos actos reclamados se sobreseyó en el juicio, lo que implica que no sea viable el estudio del fondo de los conceptos de violación formulados por la quejosa sobre esos aspectos. I. Vulneración al derecho de petición. En el concepto de violación identificado como tercero en la demanda de amparo, se aduce esencialmente lo siguiente: 1. El acuerdo ministerial genera afectaciones al derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional. 2. El fiscal responsable fue omiso en dar contestación, en breve término como lo dispone el artículo 8 constitucional, a las peticiones formuladas mediante escritos presentados el cinco y veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ya que emitió su determinación hasta el veinticuatro del mismo mes y año; circunstancia que generó una incertidumbre jurídica. Calificativa. Los argumentos planteados son infundados. Lo anterior, toda vez que contrario a lo que sostiene la parte quejosa no se estima que se le hubiese vulnerado su derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional, en razón de que las peticiones que se formularon al fiscal responsable fueron dentro de un procedimiento, específicamente, dentro de una carpeta de investigación; lo que implica que sus actuaciones dentro de esa carpeta no se rijan de manera autónoma por el referido numeral constitucional, sino por el diverso artículo 17. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo esencialmente que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo, los ministros razonaron que resultaba jurídicamente inadmisible que se pudiera reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Asimismo, la primera sala consideró que tal razonamiento, además, derivaba del hecho de que debía tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de lo previsto en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el texto constitucional. Esto es, que a través de la legislación secundaria se realiza el desarrollo, inclusive ampliación, a favor de los habitantes del país de los preceptos que consagran los derechos fundamentales, ejercicio que debe realizarse sin anular esos derechos, sino que por el contrario, debe desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. De ahí que, concluyeran que ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no era dable que se impugnara su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resolviera de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así, la transgresión al artículo 8o. constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, ni legales, cuando el particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regulan la referida situación. Caso concreto. En ese sentido, se estima que no asiste la razón al quejoso al sostener que se vulneró su derecho de petición por parte de la autoridad responsable, en atención a que el referido derecho fundamental no cobra aplicación en el caso en análisis, puesto que el ministerio público responsable se encuentra actuando dentro de una carpeta de investigación y, no así, de manera autónoma. Además, se estima que no existió vulneración alguna a la parte quejosa al sostener que no se le dio respuesta en breve término a sus peticiones, puesto que el propio quejoso afirma que presentó dos peticiones: una el cinco de marzo y otra el veintidós del mismo mes, ambas de dos mil veintiuno, ésta última donde aclara un error cometido en el primero de los escritos; mientras que la determinación que dio contestación a tales solicitudes se pronunció el veinticuatro de marzo del mismo año, esto es, dos días después de su última petición, lo que no puede considerarse un tiempo excesivo para obtener una respuesta a lo planteado. II. Falta de fundamentación y motivación. En el motivo de inconformidad señalado en la demanda de amparo como cuarto, el promovente aduce que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, ya que en el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente motivado que tales bienes sean instrumentos del delito. Calificativa. El motivo de inconformidad es infundado. Lo anterior, porque contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en el acuerdo reclamado el fiscal responsable sí motivó por qué consideró que los objetos asegurados se consideraban instrumentos del delito. Para ello, invocó dos datos de prueba: El primero, relativo al informe policial homologado, en el que indicó que de éste se observaba la narración de diversas conductas irregulares que fueron advertidas por los elementos policiales, principalmente respecto a que observaron diversas cajas de cartón envueltas en plástico transparente y que una de éstas se encontraba dañada. Situación que permitió que se observara a simple vista que en su interior se encontraban aparatos de telefonía celular; por lo que se solicitó la documentación respectiva para el traslado de las cajas de referencia al operador de la plataforma. Por tanto, una vez que se presentó la documentación respectiva se advirtió que el contenido de la caja asentaba en múltiples ocasiones "CARNE SECA", lo que no correspondía con lo que realmente contenía; lo que también aconteció respecto a las cuatro cajas restantes; por lo que se procedió al aseguramiento de los mismos. En segundo lugar, sostuvo su determinación con base en la clasificación arancelaria, donde la verificadora adscrita a la Aduana de Tijuana, indicó lo siguiente: 1. Que el valor comercial de los objetos era la cantidad de $16,622,351.00 (dieciséis millones seiscientos veintidós mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional). 2. Que se presumía que su procedencia era extranjera y que no contaban con la documentación para acreditar la legal posesión y estancia en el país. 3. Que el total de las contribuciones omitidas era de $2,659,576.16 (dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos 16/100 moneda nacional). Datos de prueba con los cuales la fiscalía consideró que se trataba de instrumentos del delito en el acuerdo de aseguramiento respectivo, de conformidad con los numerales 40 y 41 del Código Penal Federal, en relación con el diverso 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo mencionó en el acuerdo reclamado. Por tanto, se estima que sí se encuentra motivado el acuerdo reclamado con relación a lo que menciona la parte quejosa, esto es, respecto a por qué se consideró que los objetos reclamados eran instrumentos del delito. III. Indebido aseguramiento. En el concepto de violación identificado como quinto, la parte quejosa manifiesta lo siguiente: 1. Se causa violación a sus derechos la negativa del ministerio público de devolver los objetos asegurados, porque se exhibió diversa documentación relativa a facturas de compra de productos de teléfonos celulares de donde se advierte que fueron adquiridos en territorio nacional, así como que se realizó el pago del impuesto al valor agregado, porque, bajo protesta de decir verdad, únicamente se contrató a una empresa privada para el envío correspondiente de las mercancías a otro estado de la república, sin que lo relativo a las etiquetas adheridas a las mercancías sean cuestiones inherente a su persona. 2. El aseguramiento de los objetos viola su garantía de audiencia, así como al principio pro homine y presunción de inocencia. Calificativa. Los motivos de inconformidad son infundados. En primer lugar, se considera que no asiste la razón a la parte quejosa al sostener que la negativa de devolverle los objetos asegurados vulnera su derecho fundamental de audiencia, así como al principio pro homine y presunción de inocencia. Lo anterior, porque el derecho fundamental de audiencia no rige con relación al aseguramiento de bienes. En efecto, la constitucio´n federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminucio´n, menoscabo o supresio´n definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a trave´s del cumplimiento de determinados requisitos precisados en su arti´culo 14. Esto es, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia -pese a constituir afectacio´n a la esfera juri´dica del gobernado- no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues so´lo restringen de manera provisional, preventiva o momenta´nea, un derecho con el objeto de proteger determinados bienes juri´dicos; y se autorizan, segu´n lo dispuesto por el arti´culo 16 de la propia Constitucio´n, siempre y cuando preceda mandamiento escrito en que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Precisado lo anterior, es evidente que la negativa de devolver los objetos asegurados que combate la parte quejosa, no constituye un acto privativo ya que no restringe en definitiva el derecho de posesio´n y propiedad que dice ostentar sobre los bienes de que se trata, sino que so´lo lo afecta de manera provisional; por tanto, es un acto de molestia que esta´ sujeto a diversas exigencias constitucionales, entre las cuales, se insiste, no se encuentran las que se contienen en el referido arti´culo 14 de la constitucio´n federal. Se cita como apoyo, la tesis 1a. XXXIX/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO PREVÉ, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1994, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", que la garantía de audiencia previa consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismos, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el hecho de que el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, al prever el aseguramiento practicado por el Ministerio Público de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, sólo contemple la obligación de dar al afectado la posibilidad de ser oído en su defensa con posterioridad a dicho aseguramiento, no transgrede la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el citado aseguramiento produce la indisponibilidad del bien asegurado mientras se resuelve en definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, también lo es que la afectación que se realiza a través de tal aseguramiento no implica una privación definitiva de la propiedad, de la posesión o de la disponibilidad de los bienes asegurados, ya que su efecto consiste en ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales para garantizar, por un lado, la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia. En el mismo sentido debe resolverse la alegación que realiza la parte quejosa con relación a que el acuerdo reclamado viola el principio de presunción de inocencia, ya que la determinación que impugna en esta instancia constitucional tiene las características de una medida cautelar, la cual, por sí misma, no define ni determina responsabilidad penal alguna, toda vez que para su dictado no es menester acreditar ese extremo, sino únicamente se constriñe a que el afectado no disponga temporalmente del bien asegurado. Por tanto, no se vulnera la presunción de inocencia del quejoso, en tanto a que el aseguramiento de los objetos no prejuzga sobre su culpabilidad o no en la investigación respectiva. En cuanto a la vulneración al principio pro homine se determina que tampoco asiste la razón a la parte quejosa, en tanto a que tal principio únicamente consiste en interpretar de manera más favorable hacia los gobernados las normas generales que conforman el bloque de regularidad constitucional, sin embargo, en el caso no nos encontramos en un conflicto de leyes aplicables, ni ante una cuestión en que se dilucide qué interpretación protege más ampliamente el derecho del promovente del amparo. En diversa línea argumentativa, se estima que no asiste la razón a la parte quejosa al sostener que con las facturas que exhibió en sus peticiones se hubiese acreditado la legal estancia y propiedad de los objetos asegurados, toda vez que, tal como lo refirió el fiscal responsable en el acuerdo reclamado, de las facturas que obran a fojas 152 y 153 de autos, no se advierte que sean idóneas para acreditar la identidad de las mercancías aseguradas. Ello es así porque las facturas que fueron anexadas al escrito presentado por la parte quejosa ante el fiscal responsable el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se observa que en éstas únicamente se consigna como descripción la leyenda "CELULARES" y "LOTE DE CELULARES", sin que se advierte algún otro dato de identificación. Por lo que se estima correcta la determinación de la fiscalía, con base en los elementos que se le aportaron, para negar la devolución de los bienes asegurados. Sin que en esta instancia constitucional sea factible tomar en cuenta las facturas y los anexos exhibidos por la parte quejosa ante este órgano jurisdiccional, mediante escrito recibido con folio 7734, dado que el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, dispone categóricamente la prohibición para la autoridad de amparo de tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable. Por lo que únicamente puede analizarse el acto reclamado conforme a las facturas que se le exhibieron al fiscal responsable, esto es, las anexas al escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Finalmente, con relación a las manifestaciones que realiza la parte quejosa concernientes a que únicamente se contrató a una empresa privada para el envío correspondiente de las mercancías a otro estado de la república, sin que lo relativo a las etiquetas adheridas a las mercancías sean inherente a su persona, son cuestiones que deberán dilucidarse ante la instancia común correspondiente, a efecto de determinar la legal procedencia y estancia en el país de los objetos asegurados. Ello, porque precisamente del acuerdo reclamado se observa que el hecho delictuoso que se investiga es el de presunción de contrabando, previsto y sancionado por el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación; de ahí que precisamente corresponda dilucidar a través de la indagatoria correspondiente lo relativo al legal ingreso y estancia en el país de la mercancía asegurada. IV. Imprecisión en objetos asegurados. Finalmente, en el concepto de violación identificado como séptimo, la parte quejosa sostiene que se violan sus derechos fundamentales al existir una discrepancia entre los objetos asegurados por los elementos policiales y los que refiere el fiscal responsable, dado que en el acuerdo reclamado se estableció que se habían asegurado 1524 (mil quinientos veinticuatro), mientras que en el informe policial homologado se indicó que eran 1527 (mil quinientos veintisiete). Calificativa. El motivo de inconformidad es fundado, pero inoperante. Lo anterior se determina así, ya que asiste la razón a la parte quejosa al sostener que existe una discrepancia entre lo que indicaron los elementos policiales en el informe policial homologado y lo que se resolvió en el acuerdo reclamado. Ello, en tanto que es verídico que en el acuerdo reclamado se indicó como objetos asegurados 1524 (mil quinientos veinticuatro), mientras que en el informe policial homologado se estableció que eran 1527 (mil quinientos veintisiete). Sin embargo, se estima inoperante el concepto de violación en la medida en que, como se indicó en el apartado previo, con las facturas exhibidas la parte quejosa ante el fiscal responsable no se acreditó la identidad de los bienes asegurados. Situación que implica que a ningún fin práctico llevaría conceder la protección constitucional a la parte quejosa para que se precisará tal aspecto, esto es, la cantidad correcta de los bienes asegurados, si finalmente continuaría subsistiendo el motivo toral por el cual se declaró improcedente ordenar la devolución de las mercancías aseguradas consistente precisamente en que el aquí quejoso no acreditó la identidad de los bienes asegurados. De ahí lo inoperante del concepto de violación. Alegatos. En diversa línea argumentativa, no procede incorporar al análisis de la litis constitucional antes efectuado, el conjunto de manifestaciones vertidas por las partes en vía de alegatos; como se desprende de la jurisprudencia P./J. 27/94 de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decisión. En las relatadas condiciones, al ser infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Kristian Figueroa Montaño, con relación a lo siguiente: I. Respecto del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables Delegado Estatal de Baja California de la Fiscalía General de la República; Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional en la Ciudad de Tijuana, Baja California, de la Fiscalía General de la República y Fiscal en Jefe del Equipo II de Investigación y Litigación de Modelo Colaborativo Institucional de la Fiscalía General de la República, consistente en el acuerdo pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021, mediante el cual se negó la devolución de los objetos asegurados; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero. II. Por el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Administrador de la Aduana de Tijuana del Servicio de Administración Tributaria, consistente en la clasificación arancelaria emitida respecto a las mercancías aseguradas; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto. III. En lo concerniente al acto reclamado atribuido a las autoridades responsables Adán Mendoza Arroyo; Adrián Rivera Paulino; Rosa Isela Vázquez Rodríguez; y Othón Abraham López Alcántara, en su carácter, respectivamente, de oficiales y suboficiales adscritos a la Estación Aeropuerto Tijuana de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Baja California de la Guardia Nacional, consistente en la inspección realizada a los objetos asegurados; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Kristian Figueroa Montaño, contra el acto que reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Célula II-5 Tijuana de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, consistente en el acuerdo pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000490/2021, mediante el cual se negó la devolución de los objetos asegurados; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente

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