Laura Alatriste Torres

Expediente 2065/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2065/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Laura Alatriste Torres

Actuaciones

  1. Principal

    6.- Oficio. La Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión número R-10/2022, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa. ..Acuerdo. Se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar y se ordena la vinculación de este asunto al recurso de revisión. Notifíquese. ..

  2. Principal

    6.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y/O INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,***EL ACUERDO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2021 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno . DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo,... DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 2065/2021. En consecuencia, fórmese el expediente físico e intégrese el electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Ahora bien, de la demanda de amparo que se provee, se desprende que se actualiza una causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen ni genera su paralización total, circunstancias que si actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos abierta dilación del procedimiento o paralización total del procedimiento, deben analizarse considerando el derecho fundamental al plazo razonable, como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión de acordar y notificar el auto por el que se admite la demanda laboral presentada por la aquí quejosa el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes del Tribunal responsable. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la Junta debió pronunciarse respecto de la prosecución del procedimiento. Ello, atento a que si fue el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, cuando la responsable no proveyó respecto de la admisión de la demanda; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo, ello debido a una suspensión de labores generada por la pandemia que se vive hoy día. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos..... Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, lo anterior es así, ya que si bien el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. . . El precepto 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contempla similar plazo para determinar lo correspondiente sobre la demanda laboral. ARTÍCULO 143. Tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla convocará dentro de las veinticuatro horas siguientes a los Magistrados Representantes, los que calificarán de inmediato su procedencia y ordenarán que se corra traslado a la parte demandada, con copia simple de la demanda para que produzca su contestación. De las disposiciones legales transcritas se desprende, en lo que interesa, que, el Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo y determinará lo relativo sobre su trámite. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidas las veinticuatro horas que tenía para dictar el acuerdo relativo a la demanda laboral. Ahora bien, en el caso concreto, la demanda laboral se presentó el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, por lo que, en términos del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que recibió el escrito de demanda, debió dictar el acuerdo de admisión respectivo, esto es, a más tardar el veintinueve del propio noviembre, por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se depositó la demanda de amparo -veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno- no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y a la fecha en que se depositó la demanda de amparo veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno han transcurrido veinticinco días naturales. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron las veinticuatro horas con las que contaba la Junta responsable para dictar el acuerdo de admisión respectivo, a partir de su presentación.... De lo anterior se visualiza que del treinta de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, no han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, transcurriendo en su defecto únicamente veintiocho días naturales, plazo en el cual no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso....En ese sentido, la demanda de amparo que se promueve contra actos de naturaleza omisiva, como ya se apuntó en párrafos precedentes, es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. EXHORTO A LAS PARTES En términos de los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público... EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente2 y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia.. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES.. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, .. se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  3. Principal

    5) La autoridad responsable Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, rinde su informe previo, señala domicilio y designa delegados. Acuerdo. Tomando en consideración lo acordado en auto dictado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, se ordena remitir la promoción de cuenta vía interconexión, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.; al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Lo anterior, a efecto de que el Juzgado homólogo se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda, dentro del juicio de amparo 615/2021 de su índice. Notifíquese.

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