Landro Omar Pérez Arroyo

Expediente 955/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
955/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2020

Partes del expediente

  • Landro Omar Pérez Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    5) ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISOS B) y/o C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 07 DE OCTUBRE DE 2020, QUE DICE(N): Acuerdo y/o motivación. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Causa de improcedencia. En el caso, este juzgador advierte que contra el citado acto reclamado, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés - jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que * promovió esta instancia constitucional contra el acto de *, Jefa del Centro de Mediación Familiar del Sistema Estatal DIF, consistente en la invitación para realizar una sesión de mediación, en el sentido de orientarlo sobre el asunto en que presuntamente se encuentra involucrado, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente. Es así, porque la sola integración de un expediente que tiene como finalidad la solución alternativa de un conflicto de índole familiar (como sucede en la especie), así como la emisión de una invitación para acudir a una sesión de mediación para lograr tal cometido, no genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no afecta de manera irreparable algún derecho sustantivo del quejoso. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo. 17.- (.) Del Código de Procedimientos Civiles para el estado Libre y Soberano de Puebla: "Artículo 835 al 842 (.) De los preceptos legales transcritos se advierte que, efectivamente, el desahogo de diligencias para la solución alternativa de un conflicto de naturaleza civil no causa un daño o perjuicio irreparable al gobernado a quien están dirigidas, pues uno de los principios rectores del procedimiento de mediación es la voluntariedad, que se traduce en que la participación en un procedimiento de tal naturaleza es, en todo caso, por decisión propia y no por obligación, esto es, nadie puede constreñir al aquí quejoso a someterse al procedimiento de mediación o a acudir a las sesiones que para tal efecto se programen, sino únicamente constituye la oportunidad procesal de solucionar alternativamente un conflicto de intereses suscitado con otro miembro de la sociedad. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que los medios alternativos de solución al conflicto tienen su fundamento en el transcrito artículo 17, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el mencionado precepto constitucional prevé como derecho fundamental de los gobernados la instrumentación y búsqueda de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues establece que las leyes contemplarán medios alternativos de solución al conflicto y, en materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial, como en la especie acontece en el Código de Procedimientos Civiles para el estado Libre y Soberano de Puebla al. Así, la citada ley establece los mecanismos a seguir para la práctica de sesiones con la finalidad primordial de dirimir controversias que surgen entre miembros de la sociedad sin necesidad de la intervención judicial, a saber: mediación, conciliación y junta restaurativa ; para lo cual, el organismo especializado puede emitir invitaciones, para solicitar la comparecencia de alguno de los Intervinientes en el mecanismo alternativo, con la finalidad de lograr una mediación. Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional y legal, la institución especializada en medios alternativos de solución de conflictos en materia familiar tiene la facultad de invitar a los gobernados a celebrar sesiones tendentes a solucionar la controversia que se haya suscitado con otro miembro de la sociedad, dicha invitación para celebrar una sesión de esa índole no le irroga perjuicio alguno al quejoso, pues tal procedimiento alternativo es completamente voluntario y de ninguna forma el quejoso puede ser compelido por la autoridad responsable a asistir a la sesión de mediación ni mucho menos a celebrar, en su caso, algún acuerdo reparatorio. Además, debe decirse que el derecho fundamental de acceder a medios alternativos de solución de controversias previsto en el citado párrafo cuarto del artículo 17 constitucional, no se contrapone con la garantía de tutela judicial, prevista en el segundo párrafo de dicho ordinal, y que consiste en que todo gobernado tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; pues ambas prerrogativas tiene la misma finalidad, que es la de solucionar controversias. Bajo ese contexto, la invitación nueve de septiembre de dos mil veinte, que la autoridad responsable emitió al aquí quejoso para que acudiera a las once horas del ocho de octubre de dos mil veinte, para la celebración de una sesión de mediación en el expediente * (datos que se corroboran del anexo de la demanda de amparo) con la finalidad de orientarlo sobre un asunto en que se encuentra presuntamente involucrado, de conformidad con lo expuesto anteriormente, no causa perjuicio alguno al peticionario de amparo. Conclusión. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 113, de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo que se analiza.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B O C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020: Reanudación de plazos y términos. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del miércoles dieciocho de marzo al viernes treinta y uno de julio del presente año, respectivamente, con excepción de los órganos jurisdiccionales que se encuentran de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes. Y que en el diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, con las precisiones que ahí se indican, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, en consecuencia, se procede a proveer lo conducente en el presente asunto. Oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con cuatro anexos, consistentes en los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, dos tomos de prueba y el testimonio de la ejecutoria emitida el doce de marzo de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.A.- 363/2019 de su índice; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a .. en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. TERCERO. Hágase del conocimiento del Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, el dictado de esta ejecutoria." Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo. Cuaderno de antecedentes. Glósense las constancias originales que integran el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Archivo. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó el amparo solicitado en el presente juicio, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General. Relevancia documental. Asimismo, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 de dicho Acuerdo General. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al (la) Secretario(a) para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. .., hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal. Para lo anterior, dígasele que deberá agendar la cita respectiva para la entrega de los documentos que solicita, a través del sistema "Agenda OJ", que a partir de esta fecha estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella ingrese al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó. El acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, mientras dure la contingencia sanitaria, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. Por lo que el promovente, deberá informar a este Juzgado Federal el día y la hora que el sistema le asigne a fin de dar cumplimiento, en el plazo de tres días posteriores a que tenga conocimiento de ello. Lo anterior, con la finalidad de programar dicha fecha en la agenda del Juzgado y pueda entregarse el documento que solicita, con el apercibimiento que de no hacerlo así, no obstante, de estar programado su ingreso al edificio no tendrá efecto la entrega del documento que solicita y deberá solicitar nuevamente su expedición siguiendo el mismo procedimiento. Esto, en términos de lo establecido en los artículos 3 y 25, párrafo cuarto del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de anexos. Devuélvanse a su lugar de origen los legajos de prueba I y II; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en virtud de que el oficio que se genere en este auto, servirá del mismo. Incidente de suspensión. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Exhorto a las partes. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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