Laura Aguilar Serrano

Expediente 794/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Laura Aguilar Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. TCC admite revisión. Visto el oficio de cuenta, se advierte que la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, informa el contenido del acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de revisión número ***, que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra del auto que decreto el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. De lo anterior se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado informa. El Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; asimismo, hace del conocimiento el contenido del proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del recurso de revisión R-***, de su índice, mediante el cual determinó carecer de competencia por razón de la materia, y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ***, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. En tal sentido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre integrado el expediente en que se actúa, es decir, que obren las constancias de notificación a las partes del presente proveído, en el término de tres días siguientes, remítase el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, con el escrito de expresión de agravios, a fin de que se sirva substanciarlo. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, establece, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos por esa vía, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada las constancias que obran de forma física en el expediente. Asimismo, se hace de su conocimiento que ya se encuentra disponible la habilitación y vinculación de la versión electrónica del presente asunto, a fin de que pueda relacionarlo al amparo en revisión que corresponda. Fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, se recibió el informe justificado del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, al que anexó diversas constancias a fin de sustentar dicho informe, y de las cuales se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del tomo XVII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados atribuidos al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, consistente en la omisión de dar contestación completa al escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el que la parte quejosa solicitó que, en caso de reportar un trámite de préstamo realizado por la trabajadora Laura Aguilar Serrano en el Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores a los Poderes del Estado, se realizara el descuento y/o retención correspondiente de su salario, se actualiza -como se dijo- la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y particulares, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que hace alusión el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. A partir de las premisas anteriores, se estima que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, y determinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que la o el promovente tenga el carácter de particular y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Adicionalmente, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 327/2017, precisó que la intervención pública es el principio que sustenta el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que con base en éste se puede determinar si un acto especifico está investido con la fuerza de imponerse unilateralmente y, por tanto, susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las y los particulares, sin que su actuación requiriese la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial. Asimismo, precisó que no debía resultar relevante la naturaleza del órgano o autoridad responsable -si es un órgano de la administración pública centralizada o descentralizada, por ejemplo-, toda vez que lo determinante es verificar si el acto encuentra sustento en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través de éste se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral. Con base en las premisas expuestas, puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, es relevante recordar que la parte quejosa si bien reclama la falta de acuerdo a la petición formulada mediante escrito de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en específico en su inciso número 2), lo cierto es que lo que realmente reclama es la determinación contenida en el oficio SA/DGCH/1273/2023 de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, consistente en la contestación que le realizó la autoridad que señala como responsable, en relación a la petición respecto de una constancia laboral e informe en el que solicitó lo siguiente: "A) En la Constancia Laboral 1) El Salario neto de la suscrita. 2) Deducciones al salario de la suscrita. B) En el informe 1) Si el Salario que actualmente percibe la suscrita actualmente es liquido y tiene liquidez, es decir, si el salario que percibe esta descrito en cantidad solvente o está en insolvente reportado en cero (0). Sic. 2) En caso, de reportarse un trámite de préstamo el Fondo de Ahorro, se realizará el descuento al salario de la suscrita del un descuento restructurado. Sic." Sin embargo, del contenido del referido oficio, que acompañó a su demanda, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, resulta evidente que dicha resolución se emitió dentro del ámbito de un relación laboral, pues la parte quejosa se ostenta como trabajadora al servicio de los poderes del estado, por lo que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, no actúa en su carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que su actuar se encuentra inmerso en el ámbito de una relación laboral. En ese sentido, la propia quejosa, en el escrito por el cual desahogó la vista con el informe justificado rendido por la responsable, manifestó que la autoridad responsable tiene facultades para retener su salario con motivo del préstamo que realizó en el fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores a los poderes del estado, lo que denota la relación laboral que existe entre la responsable y la parte quejosa, tal como se advierte de las imágenes siguientes. Petición Respuesta Bajo este contexto, es menester recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2000-PL, puntualizó que para la protección -a través del juicio de amparo - del derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Federal, es indispensable que aquella se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En efecto, el derecho de petición constituye uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de las y los particulares en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.- El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, Página: 126) Bajo esas premisas, para conocer si el juicio de amparo resulta procedente, se debe atender al tipo de solicitud que se formuló. En efecto, de los antecedentes narrados por la parte quejosa se desprende que es empleada de la administración estatal y solicitó una constancia laboral e informe respecto al salario y prestaciones que percibe. De ahí que, si en la especie, el acto que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo, surge dentro del ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la institución a la que pertenece con su personal [relación de coordinación], es indudable que tiene el carácter de empleador y, por tanto, no resulta ser un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razones jurídicas, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, por igual de razones jurídicas, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "EXTRAÑAMIENTO A UN TRABAJADOR ACADÉMICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. SU IMPUGNACIÓN DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA LABORAL CUANDO ES IMPUESTO POR UNA AUTORIDAD EN CALIDAD DE PATRÓN, CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES DE NATURALEZA LABORAL. Este Tribunal Colegiado considera que la impugnación contra la medida consistente en el "extrañamiento" impuesto a un trabajador académico por el director de un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos dependiente del Instituto Politécnico Nacional en su carácter de empleador, debe tramitarse en la vía laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que se encuentra fundamentada en diversas disposiciones de orden laboral, como son los artículos 44, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 130, fracciones I, V y VII, del Reglamento Interno; 47 del Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico, ambos ordenamientos del propio instituto, así como el diverso 25, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; de lo que se sigue que el origen del asunto no deriva de una sanción administrativa impuesta por el Estado a través del procedimiento regulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino que dicho extrañamiento constituye un acto del patrón que se impuso al quejoso con motivo de una conducta que realizó en su desempeño profesional, como profesor en la institución educativa mencionada; por tanto, de naturaleza laboral." Asimismo, por su idea jurídica, resultan aplicables las jurisprudencias 2a./J. 111/2010 y 2a./J. 2/2017 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Finalmente, por su idea jurídica, se hace referencia a las tesis aisladas sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." "ESTADO COMO PATRON Y COMO AUTORIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). La relación laboral burocrática puede darse perfectamente entre el trabajador y el Estado como patrón, y todos los conflictos que en esa relación existan, deben dirimirse ante el tribunal de arbitraje, porque el estado patrón actúa en un plano de relación laboral, despojado de imperium. En cambio, cuando el propio Estado actúa en una relación de supra a subordinación respecto a sus trabajadores, en forma unilateral con imperium y coercibilidad, fincando una responsabilidad administrativa a un servidor público, ello es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo pues es el Estado como autoridad y una supuesta responsabilidad del servidor público, la que se dirime." Ahora bien, en este caso, resulta aplicable el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito al resolver la queja 117/2018, confirmó que el juicio de amparo es improcedente en contra de la omisión de dar respuesta a un escrito peticionario atribuido a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a partir del cual la parte quejosa solicitó conocer el motivo por el cual no se le había pagado su salario. Al efecto, el órgano colegiado de referencia sostuvo, medularmente, lo siguiente. "Cabe indicar, que la quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda copia simple de su promoción presentada el uno de septiembre del presente año ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y dirigida a su secretario, de la que en esencia se desprende que solicitó a este último su intervención para que se hiciera del conocimiento de la trabajadora el motivo por el cual a esa fecha no se le había pagado su salario. Ahora bien, si el acto reclamado no deriva del objeto que tiene el Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla como representante de ese ente público, sino de la relación patrón-trabajador con la quejosa, como se anunció, es improcedente el juicio constitucional, pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre aquéllos es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad); razón por la cual, es procedente se DESECHE la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia derivada de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, cabe destacar que del escrito dirigido al Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, también se advierte que la quejosa manifestó prestar sus servicios para dicha secretaría en atención al nombramiento expedido a su favor el veintiséis de julio del año en curso e incluso que tiene asignada una clave presupuestal. Es por ello que, el funcionario señalado como "responsable", en el caso concreto, no puede tener ese carácter para efectos del juicio de amparo, pues no actuó como autoridad en términos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el acto reclamado no puede ser combatido a través del juicio de amparo, en virtud de que se está en presencia de una controversia derivada del nombramiento de la quejosa como trabajadora y de la prestación de sus servicios que tiene como origen la existencia de una relación laboral, por lo que en el caso, la señalada como autoridad responsable no está investida con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; y, por ello, no pueden hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una cuestión derivada de su calidad de ente patronal equiparado. En ese sentido, cabe mencionar que al ser el punto principal de la controversia la omisión de dar respuesta a su escrito en el que la quejosa solicitó al Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, le informara por qué no le era pagado su salario, dicho aspecto se encuentra regulado específicamente en las leyes aplicables, por lo que, en su caso, si se considera que tal acto o los subsecuentes contravienen sus derechos, la vía procedente para su impugnación es el procedimiento respectivo ante la autoridad laboral competente, a fin de hacer valer lo que a su interés convenga. De ahí que ese acto debe considerarse dado entre un trabajador y su patrón, pues la autoridad que lo emitió actuó en un plano de coordinación y no de suprasubordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquéllos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones laborales el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble función del Estado; por tanto -se reitera-, los actos indicados no pueden ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues ésta no actuó con potestad de imperio. En las relatadas condiciones, como se anunció, es improcedente el juicio de amparo, por lo que procede es que deseche la demanda que aquí se examina, ello, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo." Máxime que para la resolución de los conflictos individuales laborales que se susciten entre alguno de los Departamentos del Gobierno del Estado y sus trabajadores, es necesario acudir a la autoridad laboral competente [Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla]. Por lo tanto, se arriba a la convicción de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.

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