Kyara Karely Delgadillo Maca

Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Kyara Karely Delgadillo Maca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conservación íntegra del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes para una mejor identificación de los asuntos. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Devuélvase al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, el legajo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, pues sólo exhibió copias certificadas; sin embargo, en caso de que dicha parte requiera la devolución de las constancias precisadas, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese sin mayor proveído el oficio del diligenciario non adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por el que rinde su informe justificado, toda vez que por auto de siete de junio del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se recibió el informe justificado rendido por la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, al que anexó copia certificada del juicio reivindicatorio ..., con las cuales se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados atribuidos a la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y diligenciario de su adscripción, consistente en la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio ..., y como consecuencia, todo lo actuado, incluyendo la sentencia y la orden de entrega de la posesión del inmueble identificado ..., así como su ejecución, se actualiza -como se dijo- la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dado que no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio de origen, por encontrarse aún en trámite. Al respecto, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejoso, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales dicen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de constitucional es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso, en razón de que sólo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño, no basta que el emplazamiento se realice de forma defectuosa o no se realice, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la persona que se ostente como tercero extraño podrá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer sus derechos. Sentado lo anterior se recuerda que los actos que reclama la solicitante del amparo son la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio 333/2022 y, como consecuencia, todo lo actuado. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la justiciable promueve el presente medio de control constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña en estricto sentido, pues refiere ser propietaria del inmueble materia de la Litis en el juicio de origen y sostiene que a pesar de esa circunstancia no se le llamó al procedimiento. No obstante, el presente juicio de amparo es improcedente, dado que la quejosa no puede tener la calidad de tercera extraña, ya que en el juicio de origen no se ha emitido la sentencia definitiva, por lo que no se encuentra concluido. Para evidenciar lo anterior, conviene destacar que de la copia certificada del juicio de origen se desprende lo siguiente. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, Oscar Sánchez Sánchez promovió juicio reivindicatorio en contra de Abraham Francisco Mendoza Molina, respecto del inmueble identificado como lote 1, manzana 2, del Fraccionamiento Lázaro Cárdenas, identificado con el número oficial siete, de la calle Michoacán, ubicado en la Localidad de San Lucas Atoyatenco, del municipio de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla, el cual fue radicado bajo el número 333/2022 admitido mediante auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Por auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo respecto del demandado Abraham Francisco Mendoza Molina, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. Una vez desahogadas las probanzas ofrecidas en el juicio reinvindicatorio de origen, por audiencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó citar a las partes para oír sentencia. Mediante resolución de once de abril de dos mil veintitrés, el Juez responsable determinó que no había lugar a dictar sentencia en el juicio reivindicatorio, pues el emplazamiento practicado el seis de diciembre de dos mil veintidós a la parte demandada, no se realizó conforme lo establece el artículo 61, fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, por lo que ordenó reponer el procedimiento a fin de ordenar de nueva cuenta el emplazamiento a la parte demandada, siendo esto último lo actuado en el expediente de origen. Con base en lo anterior, es claro que el juicio natural no se encuentra concluido, en virtud de que aún se está emplazando a las partes. Entonces, dado que no se ha dictado la resolución definitiva en el juicio reivindicatorio de origen, no puede revestirle el carácter de persona extraña al procedimiento a la quejosa y, por ende, el juicio de amparo que promovió respecto a la falta de emplazamiento a ese procedimiento y, en consecuencia, todo lo actuado resulta improcedente. En efecto, para que pueda considerarse tercero extraño a la solicitante de amparo, es necesario que en el procedimiento en el cual pretende ser llamada exista resolución definitiva, pues de lo contrario estaría en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que su caso sean procedentes. En entendido que tal afirmación no implica someter a la quejosa, en estricto sentido, para que agote los medios ordinarios de defensa, por ser ajena al procedimiento. Sobre el particular, conviene precisar las consideraciones jurídicas que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 124/2011, que son del tenor siguiente: "Las partes pueden clasificarse atendiendo a su composición, a su recíproca situación procesal, a su grado de vinculación con el objeto del proceso y a la mayor o menor amplitud de las facultades que pueden ejercitar durante su tramitación; para efectos del presente análisis, sólo se hará referencia a la citada en segundo término. En cuanto al grado de vinculación, las partes pueden ser: permanentes, transitorias o incidentales. Corresponde la denominación de partes permanentes a los sujetos activos o pasivos de la pretensión que motiva el proceso sea que su actividad aparezca desde que éste se promueve actor o demandado o posteriormente intervinientes principales o accesorios, independientemente de que su actuación haya sido espontánea o forzosa. Las partes son transitorias o incidentales cuando durante la tramitación de la causa hacen valer un derecho propio y autónomo del alegado por las partes permanentes, limitando su intervención solamente a un trámite o a una etapa de su desarrollo. Las partes transitorias o incidentales, siguiendo a Devis Echandía, están inhibidas para intervenir en cosa distinta de lo que no sea el trámite especial con ellas relacionado y para interponer recursos contra providencias distintas de aquellas en que se resuelve su situación. Por otra parte, el tercero es cualquier persona que no figura en el proceso como actor o como demandado y puede tener la connotación de tercero interesado cuando sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes, si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente que puede causarle algún perjuicio irreparable. (.) En efecto, el principio de definitividad obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo pues, como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. El citado principio no es aplicable en todos los casos, pues el propio artículo 107 constitucional prevé diversos supuestos de excepción dentro de los cuales están los terceros extraños al juicio, pues el artículo invocado en su fracción III, inciso c), expresamente señala que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten a los terceros extraños a juicio, sin que se advierta la imposición de restricción alguna. Luego, es evidente que la facultad que tiene el tercero extraño al juicio o procedimiento del cual emane el acto reclamado para acceder al juicio de garantías no está afectada por el principio de definitividad, ya que puede hacerlo sin necesidad de agotar previamente los recursos o medios de defensa a su alcance. En efecto, los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en un procedimiento al que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. Así, el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional. Ahora bien, cabe señalar el significado del concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten. De esta manera, puede advertirse, en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos, porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él, o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica; de ahí que si el gobernado que conoce del juicio, porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente, porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo, es evidente que en este supuesto el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo), que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo, opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así." Lo anterior cobra especial relevancia, si se pondera que un juicio se compone de diversas etapas procesales, a saber: 1) Integración de la litis, que comprende la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación de demanda; 2) etapa probatoria, que comprende el ofrecimiento y desahogo de medios de convicción, 3) etapa de alegatos, y 4) dictado de la sentencia. Así, respecto de la primera de las etapas relativa a la integración de la litis, debe analizarse el contenido del artículo 8º del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece: "Artículo 8. Pueden iniciar los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, o intervenir en ellos, por sí o por medio de sus representantes, las personas que tengan interés en el objeto de esos procedimientos o un interés contrario." Del precepto transcrito se colige que las partes que tengan un interés directo o indirecto en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho, pueden instar un procedimiento judicial o intervenir en él. Con base en lo expuesto, al no encontrarse concluido el juicio natural, la quejosa carece del carácter de tercera extraña, pero en caso de estimar que debe tener participación en el juicio está en aptitud de comparecer e intervenir en el referido procedimiento. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas del veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, no pasa desapercibido que mediante auto de cinco de junio del año en curso, se reservaron las pruebas que ofreció la parte quejosa, referentes a los informes que rindan Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y el Instituto Nacional Electoral, sobre el domicilio de Abraham Francisco Mendoza Molina, así como la prueba pericial en topografía y agrimensura; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento en virtud al sobreseimiento decretado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Admisión de ampliación de demanda respecto de conceptos de violación. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, manifiesta que amplía su demanda únicamente por conceptos de violación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda por cuanto hace a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa mediante escrito registrado con el folio 11707. Por tanto, con copia de la ampliación de demanda y escrito aclaratorio, pídase a las autoridades responsables su informe justificado en relación a los conceptos de violación que precisa la parte quejosa, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. Sin que sea necesario que remitan las constancias referentes al procedimiento de origen, en virtud de que las mismas ya obran en autos, en el entendido de que si se efectuaran actuaciones con posterioridad a que se envió tal expediente, deberán remitir copia certificada de éstas. De contar con las constancias digitalizadas, se requiere a las autoridades responsables la rendición del informe justificado y las constancias que justifiquen los actos reclamados, en formato digitalizado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. De contar con expediente físico, las autoridades responsables deberán remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, les sea devuelto a la brevedad. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclamen, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibids que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañen las constancias respectivas. Intervención del Ministerio Público adscrito. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Pruebas de la parte quejosa. Por otra parte, en relación a las pruebas que ofrece la parte quejosa, referentes a los informes que rindan Comisión Federal de Electricidad, Telefonos de México y el Instituto Nacional Electoral, sobre el domicilio de Abraham Francisco Mendoza Molina, así como la prueba pericial en topografía y agrimensura que ofrece, este juzgado se reserva acordar lo conducente hasta en tanto obren los informes justificados de la ampliación de demanda acordada en líneas que anteceden. Diferimiento constitucional. Finalmente, para dar tiempo a que suceda lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para su celebración las once horas del veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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