Landy Soledad Castillo Polanco

Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
564/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Landy Soledad Castillo Polanco

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los presentes autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el siete de junio del año en curso, en la queja 116/2023, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por ********************, apoderado de la directa quejosa ********************, contra el auto de diez de abril de dos mil veintitrés; resolución en la que aparece que la citada Superioridad, resolvió:********************"PRIMERO. Se declara infundado el presente recurso de queja interpuesto por ********************.********************SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." ********************Por tanto, tal como solicita, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo.********************Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.********************En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. ********************Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes.********************De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Said Escalante Barbosa, quien se ostenta apoderado de la parte quejosa Landy Soledad Castillo Polanco, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter con que se ostenta, ya que lo acredita con la copia certificada del testimonio notarial trescientos cincuenta y dos, de uno de abril de dos mil veintidós, pasada ante la fe del notario público número treinta y uno, licenciado Mario Humberto Cámara Seba, con residencia en Mérida, Yucatán. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, del que se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito. Primeramente, se estima conveniente precisar que la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente, la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 201/1997, formado con motivo del recurso de revocación interpuesto por la aquí parte promovente, y que confirmó el auto aprobatorio de remate de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por lo que dicha resolución fue dictada en etapa de ejecución. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo antes transcrito se desprende la procedencia del amparo indirecto, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, única y exclusivamente contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; tratándose de remates, sólo contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución sin que múltiples amparos la obstaculizaran; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso a estudio, como anteriormente se dijo, la parte quejosa se duele de la resolución de la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 201/1997, formado con motivo del recurso de revocación interpuesto por la aquí parte promovente, y que confirmó el auto aprobatorio de remate de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, promovido en contra de la parte que representa el promovente del amparo. Por tanto, es obvio que el acto reclamado, al ser emitido en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio natural, no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se ordene la entrega del bien rematado o su escrituración, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubieren dejado sin defensa. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, el amparo indirecto solo procede, tratándose de actos de tribunales judiciales, derivados del procedimiento de remate, como es el caso, contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, mismas determinaciones que pueden ser emitidas en acuerdos diversos, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y que trasciendan al resultado de la resolución; es decir, no cualquier violación. Esto quiere decir que el juicio de amparo indirecto procede hasta que esto suceda, es decir, cuando ya se hayan emitido ambos actos -la de escriturar y la de entrega de los bienes rematados-; sin que, se reitera, constituya obstáculo que se dicten en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta que esto último suceda cuando la parte afectada podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1738, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Así como la diversa jurisprudencia visible en la página 1454, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." También resulta aplicable al caso, por analogía y en lo conducente, la tesis 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, relativa a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." De igual manera es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 88/2003-PS, consultable en la página 75, del tomo XX, julio de 2004, materia común, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante este, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." En ese sentido, resulta evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, cuenta habida que el acto impugnado, se reitera, se hizo consistir en una ejecutoria que confirmó el auto aprobatorio de remate emitido en el sumario natural, siendo que, como quedó visto, dicha determinación no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, entendiéndose por ésta la que ordena la escrituración y la de entrega del bien rematado; en tanto que será hasta que ello acontezca, que la parte aquí quejosa, en su caso, podrá acudir al juicio de amparo, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en esa etapa de ejecución. En tal virtud, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de la improcedencia del acto reclamado a través del juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Said Escalante Barbosa, apoderado de la parte quejosa Landy Soledad Castillo Polanco, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Debiéndose destacar que similar criterio al ahora sustentado, fue emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el toca 219/2018. Tal como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo de la parte quejosa el que señala en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Y como autorizada a Arely del Rosario Barbeito Castillo, con las limitaciones que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no haber encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Tal como solicita la parte promovente, proceda el Secretario de este Juzgado a realizar el cotejo y certificación solicitado, con la copia certificada del testimonio notarial trescientos cincuenta y dos, de uno de abril de dos mil veintidós, pasada ante la fe del notario público número treinta y uno, licenciado Mario Humberto Cámara Seba, con residencia en Mérida, Yucatán, con las copias simples que acompañó a su escrito, para que le sea entrega cuando las labores de este Juzgado lo permitan y previa identificación que obre en autos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano