Landy Soledad Castillo Polanco

Expediente 673/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Landy Soledad Castillo Polanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán a cuatro de agosto de dos mil veintitrés********************Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 6364, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por ********************, apoderado de la quejosa ********************contra la sentencia dictada en este juicio, formándose por tal motivo el toca 426/2023. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    El doce de julio de dos mil veintitrés. SECCIÓN AMPARO. EXP. 673/2023-V. OFICIO. 10090/2023-V. AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. PRESENTE. De conformidad con lo acordado en proveído de treinta de junio del año en curso, dictado en los presentes autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por LANDY SOLEDAD CASTILLO POLANCO, por conducto de su apoderado legal, Said Escalante Barbosa, contra actos de Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado; me permito remitirle a usted el expediente de referencia, con dos tomos anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, junto con el escrito de expresión de agravios respectivo, la copia que le corresponde al Ministerio Público de la Federación de acuerdo al artículo 89 de la Ley de Amparo. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MÉRIDA, YUCATÁN, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. A T E N T A M E N T E. Karla Alexandra Domínguez Aguilar. Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por la quejosa ********************, por conducto de su apoderado legal, Said Escalante Barbosa, mediante el cual interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo y formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del referido escrito de expresión de agravios a la única autoridad responsable y por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado a la tercero interesada ********************, por conducto de quien legalmente la represente; hecho que sea lo anterior, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, así como el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, así como una anexo derivado del mismo, para lo que la Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintitrés minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés, hora y día señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 673/2023-V, promovido por ********************, por conducto de su apoderado; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, por conducto de la Magistrada Tercera y Presidenta de dicha Sala; el cual obra agregado a los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable antes señalada, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, así como de las constancias que la Sala responsable adjuntó a su informe justificado; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con que ninguna de las partes ejerció dicho derecho.A continuación, cerrado este período, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo indirecto 673/2023-V, promovido por ********************, por conducto de su apoderado.R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, ********************, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y por el acto que señaló en su escrito de demanda de amparo.SEGUNDO. Por auto de veintiséis de abril del año que transcurre, se admitió y registró la demanda de amparo bajo el número 673/2023-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se ordenó emplazar a la tercero interesada ********************; finalmente, y una vez integrado este juicio de amparo, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. COMPETENCIA. Esta juzgadora federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 49 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio.Para ello, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el mismo se desprende, que la aquí quejosa reclama de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida: La sentencia de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************, la que confirmó el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, donde negó declarar la prescripción de la ejecución de la sentencia, solicitada por la parte demandada del juicio de origen, aquí quejosa. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, porque así lo manifestó la Magistrada Tercera y Presidenta de dicha Sala al rendir su informe con justificación que se le solicitó, lo que se corrobora del análisis de las constancias que remitió del toca de apelación ********************, a las que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo, y son demostrativas de la existencia del acto reclamado.CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo a examinar los conceptos de violación, se narran algunos antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de lograr una mejor comprensión del presente asunto. Por escrito escrito de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, presentado ante el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, ********************, por conducto de su apoderado, demandó mediante juicio ejecutivo mercantil el que se registró con el número ********************, entre otras personas, a la aquí quejosa ********************, el pago de la cantidad de setecientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos con diez centavos, moneda nacional, en concepto de capital vigente; un millón treinta y seis mil trescientos cincuenta y seis pesos con noventa centavos, moneda nacional, en concepto de capital vencido; un millón doscientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional, en concepto de intereses vencidos, entre otras prestaciones (fojas 773 a 775 del Anexo 2). Por acuerdo de seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, se admitió a trámite la demanda en la vía propuesta, se ordenó el emplazamiento de la parte demanda, previo requerimiento de pago de las prestaciones reclamadas, y en caso de no efectuarlo, se le embarguen bienes para garantizar el pago de las prestaciones (fojas 892 y reverso del Anexo 2).Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil, y previa certificación de la secretaria de acuerdos del citado órgano jurisdiccional, de que la parte demandada no contestó la demanda instaurada en su contra, la juez declaró rebeldía a la ley y citó a las partes para oír la sentencia correspondiente (foja 945 del Anexo 2). El veintitrés de noviembre de dos mil, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil de origen ********************, condenando a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas, así como al pago de las costas y gastos del procedimiento, pero absolviéndolos al pago de los intereses normales así como del Impuesto al Valor Agregado (fojas 947 a 948 reverso)Mediante escrito presentado ante la responsable el treinta de junio de dos mil veintidós, la parte demandada aquí quejosa, interpuso incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia de veintitrés de noviembre del año dos mil, bajo el argumento que había transcurrido el término que señalaba el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio reformado, esto es, de tres años (fojas 643 a 655 del Anexo 1).Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el juez del conocimiento no accedió a la solicitud de la demandada, bajo el argumento que la legislación aplicable era el Código de Comercio no reformado, pues el artículo primero transitorio de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis establecía, que dicha reforma no aplicaría a persona alguna que hubiera contratado créditos con anterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto (fojas 681 a 686 del Anexo 1). En desacuerdo con lo anterior, la inconforme interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca de apelación ********************, el que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. No existiendo causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni esta juzgadora advierte que se actualice alguna en este juicio de amparo; se procede al estudio de fondo del presente asunto. La Sala responsable al emitir el acto que por esta vía se combate, consideró en esencia lo siguiente:Que por técnica jurídica se analizaría el segundo agravio propuesto, en el que se señalaba, que era procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, dictada en el expediente natural ********************, con motivo de que ese acontecimiento había ocurrido bajo la vigencia del Código de Comercio reformado. Que era infundado lo anterior, pues la prescripción solicitada, debió acreditarse con base en el Código de Comercio no reformado, y no sustentándose en uno diverso, pues el documento base de la acción fue suscrito el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos, ocurriendo esto con anterioridad a la reforma del Código de Comercio, de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, por tal razón, las citadas reformas no eran aplicables a créditos contratados con anterioridad a su entrada en vigor. Que de considerar lo contrario, se vulneraría el principio de administración de justicia previsto y tutelado por el artículo 17 Constitucional, el cual obligaba a todo juzgador a aplicar las normas procesales vigentes durante todo el procedimiento, por tanto, era improcedente analizar la figura jurídica propuesta por la parte demandada, a la luz del Código de Comercio vigente, y con motivo de lo antes expuesto, el Código Mercantil aplicable era el no reformado, que por cierto sí contemplaba la prescripción de la ejecución de la sentencia, pero por el término de diez años; invocando como apoyo la tesis de rubro: "CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMAS AL. PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. SU APLICACIÓN ANTES DE ENTRAR EN VIGOR (CASOS DE EXCEPCIÓN)".Que con base en lo expuesto, no eran aplicables los criterios invocados con los rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. EN LOS JUICIOS REGIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LA REFORMA DE MAYO DE 1996, OPERA CUANDO TRANSCURRE POR COMPLETO EL PLAZO RESPECTIVO EN INACTIVIDAD PROCESAL", "PRESCRIPCIÓN" y "PRESCRIPCIÓN, RETROACTIVIDAD INEXISTENTE EN CASO DE", toda vez que no eran aplicables las reformas al Código de Comercio para analizar la prescripción como se pretendía. Que resultaba infundada la pretensión del recurrente al señalar que el juicio de origen se ventiló con la legislación civil y mercantil vigentes; reiterándose que no se podía aplicar dichas reformas, aun cuando señalaba que le eran favorables, por el hecho de que su solicitud sea actual, pues como se explicó, la normatividad aplicable al caso fue la que se encontraba vigente al momento en que se suscribió el documento base de la acción instada, por lo que resultaba improcedente que por el transcurso y conforme a las nuevas reformas mercantiles, se analicen los asuntos bajo esas reformas. Que si bien era cierto que el Código de Comercio vigente contemplaba la prescripción de la ejecución de la sentencia, dictada en la vía ejecutiva mercantil por inactividad procesal en un término de tres años, resultaba incorrecta su observancia, toda vez que no se podía aplicar un término que no se encontraba establecido al momento de ejercer la acción cambiaria.Que era incorrecto que sólo se le beneficiaba a la parte actora del procedimiento de origen y que se haya ignorado el principio de igualdad entre las partes; pues la juez de origen resolvió con base en lo que la norma aplicable al momento de accionar el juicio mercantil regía, siendo este el Código de Comercio no reformado, pues aplicar las reformas como se pretendía ya que resultaban favorables a su petición, se produciría inseguridad jurídica al observar una legislación que no regía al momento de accionar la contienda, al igual un término de tres años no previsto en el Código de Comercio no reformado.Que de la misma manera resultaba infundado el primer motivo de inconformidad, en razón de que el acuerdo recurrido, no violaba los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el numeral 1339 del Código de Comercio no reformado, señalaba los supuestos en los que la apelación se admitía en el efecto devolutivo o en el suspensivo, y entre éste último se encontraban las sentencias definitivas y las interlocutorias que resolvían sobre personalidad, competencia o incompetencia de jurisdicción, denegación de prueba o recusación interpuesta, que de la misma manera, el citado ordinal en el último párrafo indicaba que respecto de cualquier otra resolución que fuera apelable, la alzada sólo la admitiría en el efecto devolutivo, por lo que resultaba evidente que el acuerdo recurrido, no encuadraba en ninguno de tales supuestos para que proceda la apelación en ambos efectos, sino que únicamente en el devolutivo, tal como se indicó al admitir ese medio de impugnación. Que con base en lo anterior, resultaba improcedente la suspensión del procedimiento de origen, hasta en tanto se obtuviera una resolución ejecutoriada en relación con el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, pues la solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia, no imposibilitaba la continuación de la secuela procesal al no tener efectos suspensivos la apelación interpuesta como se pretendía. En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa vertió como conceptos de violación los siguientes.Que el acto reclamado vulneraba los artículos 14 y 16 Constitucionales, al igual que el numeral 1079, fracción IV, del Código de Comercio en vigor, así como los principios fundamentales de derecho, al considerar bajo el argumento que el juicio de origen no podía estar regido por las leyes vigentes, sino de leyes que ya no se encuentran vigentes, con motivo de que se inició bajo la aplicación de la antigua ley. Que el Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado indicó en su acuerdo, que habían transcurrido más de tres años de inactividad procesal, lo que era acorde con lo que indicaba el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio en vigor. Que como indicó en los agravios, la inactividad procesal en que incurrió la parte actora del juicio de origen, encuadraba en la hipótesis de prescripción del ordinal 1079, fracción IV, del Código de Comercio reformado, por lo que debió dictarse una resolución declarando la prescripción de la ejecución de la sentencia; invocando como apoyo las tesis con los rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. EN LOS JUICIOS REGIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LA REFORMA DE MAYO DE 1996, OPERA CUANDO TRANSCURRE POR COMPLETO EL PLAZO RESPECTIVO EN INACTIVIDAD PROCESAL" y "PRESCRIPCIÓN".Que el juicio de origen se tramitó desde el año de mil novecientos noventa y siete, habiendo transcurrido actualmente más de veinticinco años, y desde que se dictó sentencia el veintitrés de noviembre de dos mil, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el dos de febrero de dos mil uno, más de veinte años, prolongando de forma vulnerable los derechos de su representada, pues la falta de culminación del juicio afectaba su economía de forma irreparable, aunado al hecho que la juez protegía únicamente los derechos de la parte actora y no el que le correspondía de debida defensa, ejecutando una sentencia con desigualdad entre las partes. Que de las tesis invocadas se advertía la procedencia de la prescripción, al haber transcurrido el término de inactividad procesal, el cual no debía sustentarse en leyes que ya no se encontraban vigentes, pues la prescripción que se reclamaba se había originado en esta temporalidad, donde la ley mercantil había evolucionado, por tanto, la legislación aplicable debía ser el Código de Comercio en vigor.Que no se había realizado la ejecución de la sentencia por más de diez años, pues el inicio del tiempo para la prescripción debía considerarse desde el momento que el ejecutante podía materialmente iniciar el procedimiento de ejecución, pues permitía determinar que ese derecho dependiera exclusivamente al que resultaba beneficiado con la sentencia, el cual se extinguía con la prescripción, pues el fin último de esa ejecución era la impartición de justicia, la que se encontraba sujeta a prescripción, al dejarse de ejercer los derechos correspondientes por el término de tres años; invocando la tesis con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN DERECHO SUSTANTIVO SUJETO A PRESCRIPCIÓN" y "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS". Que se debió declarar perdidos los derechos de la actora para ejecutar la sentencia dentro del término legal que señalaba el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio vigente, pues la prescripción comenzaba a contarse desde que la acción pudo ejercerse en el juicio, esto es, a partir de que la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil uno, causó ejecutoria, siendo ésta el veintisiete de febrero de dos mil uno, mediante publicación realizada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y la última actuación fue mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil uno, publicado el veintitrés del citado mes y año, hasta el auto de veinte de abril del año dos mil cinco, el cual fue publicado en el Diario Oficial Estatal, el veinticinco de abril del citado año, habiendo transcurrido más de tres años de inactividad procesal.Que si bien es cierto el actor inició el trámite de ejecución mediante acuerdo antes citado de veinte de abril de dos mil cinco, los impulsos procesales que efectuó estaban fuera de toda efectividad legal, pues las acciones emprendidas fueron actualizaciones de avalúos y múltiples fechas de remate en pública subasta y primera almoneda, siendo únicamente movimientos procesales que no impulsan el procedimiento de ejecución; citando las tesis: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTAR UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. LA PROMOCIÓN GENÉRICA O ABSTRACTA NO PUEDE INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE OPERE COMO LA RELATIVA A "SOLICITAR LA REANUDACIÓN DE LA ETAPA RESPECTIVA", AL NO UBICARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE SE REQUIERE QUE SEA CONCRETA E IDÓNEA Y ACORDE CON LA ETAPA PROCEDIMENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL JUICIO" y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. OPERA TRANSCURRIDOS DOS AÑOS, SIN IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES, AUN CUANDO EXISTAN ACTUACIONES POSTERIORES A ESE TÉRMINO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL ESTADO DE SONORA)".Que la Sala responsable pretende que se apliquen leyes que ya no se encuentran vigentes, cuando el procedimiento de origen se sustentó en legislaciones civiles y mercantiles vigentes, aunado al hecho que la solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia, está sustentada en tiempos actuales y acorde a las reformas del Código de Comercio en vigor, actuando la responsable en beneficio de la parte actora e ignorando el principio de igualdad de las partes, y la facultad que tiene de exigir los derechos que las leyes le otorgan; invocando el criterio: "PRESCRIPCIÓN, RETROACTIVIDAD INEXISTENTE EN CASO DE".Como se advierte de lo resumido párrafos precedentes, son inoperantes los motivos de disenso, por las siguientes razones. Los conceptos de violación deben ser una relación razonada que el quejoso ha de establecer entre el acto desplegado por la autoridad señalada como responsable y los derechos fundamentales que estime violados, y demostrar jurídicamente la contravención de éstos por dicho acto; expresar en el caso, lo ilegal del acto reclamado y precisar de manera particular tanto las disposiciones legales o principios generales de derecho que estime infringió u omitió acatar la autoridad responsable; por lo que si el impetrante no hace patente la violación a sus derechos fundamentales y la ilegalidad del acto reclamado, al no precisar las disposiciones legales que estima infringió u omitió acatar la juez responsable, dicha resolución reclamada se mantiene firme para seguir rigiendo en sus términos.Ello es así, debido a que para que un concepto de violación pueda ser considerado como tal, tiene que señalarse con precisión la causa de pedir, así como el daño o perjuicio que se le genera con el acto de aplicación. Sobre este punto en particular debe señalarse que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que proceda el estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cierto es que tal criterio obedece a la necesidad de precisar que los mismos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de ninguna manera implica que los quejosos no viertan conceptos de violación tendentes a refutar las consideraciones de la resolución reclamada, pues corresponde al agraviado (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman, y de no hacerlo así, los mismos se tornan inoperantes.Como se advierte de lo expuesto, la Sala responsable al emitir el acto reclamado de fecha veintiuno de marzo del año en curso en el toca de apelación ********************, mediante el cual, confirmó el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, expuso los motivos por los cuales determinó confirmar el acuerdo impugnado, los cuales en esencia fueron: Que la prescripción solicitada debió acreditarse con base en el Código de Comercio no reformado, y no como se pretendía, en el Código de Comercio en vigor, pues el documento base de la acción fue suscrito el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos, antes de la reforma realizada al Código de Comercio el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, por tal razón, las citadas reformas no eran aplicables a créditos contratados con anterioridad a su entrada en vigor, pues considerar lo contrario, se vulneraría el principio de administración de justicia previsto y tutelado por el artículo 17 Constitucional, el cual obliga a todo juzgador a aplicar las normas procesales vigentes durante todo el procedimiento, y que el Código de Comercio no reformado sí establecía la prescripción de la ejecución de la sentencia, pero por el término de diez años.Que por tales razones no eran aplicables los criterios invocados con los rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. EN LOS JUICIOS REGIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LA REFORMA DE MAYO DE 1996, OPERA CUANDO TRANSCURRE POR COMPLETO EL PLAZO RESPECTIVO EN INACTIVIDAD PROCESAL", "PRESCRIPCIÓN" y "PRESCRIPCIÓN, RETROACTIVIDAD INEXISTENTE EN CASO DE".Que resultaba infundado el argumento en el que señalaba que el juicio de origen se sustanció con la legislación civil y mercantil vigentes, y que no eran aplicables dichas reformas en la legislación mercantil, por el hecho de que su solicitud sea actual, pues la normatividad aplicable al caso fue la que se encontraba vigente al momento en que se suscribió el documento base de la acción. Que era infundado que sólo se le beneficiaba a la parte actora y que se haya soslayado el principio de igualdad procesal entre las partes, pues el acuerdo impugnado se resolvió con base en lo que la legislación aplicable establecía, y que de aplicar las reformas como se pretendía ya que resultaban favorables a su petición, se produciría inseguridad jurídica al observar una legislación que no regía al momento de accionar la contienda, al igual un término de tres años no previsto en el Código de Comercio no reformado. Que con base en el numeral 1339 del Código de Comercio no reformado, el recurso de apelación interpuesto no procedía en ambos efectos, esto es, el devolutivo y suspensivo, pues dicho numeral señalaba los supuestos por los cuales se admitía con esos efectos, entre ellas las sentencias definitivas y las interlocutorias que resolvían sobre personalidad, competencia o incompetencia de jurisdicción, denegación de prueba o recusación interpuesta, y el acuerdo que negaba declarar la prescripción de la ejecución de la sentencia, no encuadraba en ninguna de esas hipótesis, y sí el último párrafo de ese numeral indicaba, que respecto de cualquier otra resolución que fuera apelable, sólo se admitiría en el efecto devolutivo.Ahora bien, el agraviado en lugar de controvertir tales consideraciones, vertió conceptos de violación tendentes a rebatir cuestiones ajenas y subjetivas a las asentadas por la Sala Colegiada al emitir el acto reclamado, esto es: Que el Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el acuerdo recurrido indicó, que habían transcurrido más de tres años de inactividad procesal, lo que era acorde con lo que señalaba el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio en vigor, pues en sus agravios había externado, que la inactividad procesal de la actora del juicio de origen, encuadraba en la hipótesis de prescripción del ordinal 1079, fracción IV, del Código de Comercio reformado. Que habían transcurrido más de veinticinco años desde que el juicio de origen se inició, esto es, desde el año de mil novecientos noventa y siete, y más de veinte años desde que se dictó la sentencia correspondiente, desde el veintitrés de noviembre de dos mil, y que la falta de culminación del juicio afectaba la economía de su representada, al igual que la juez únicamente protegía los derechos de la parte actora y soslayaba el de debida defensa, ejecutando de forma desigual una sentencia. Que de las tesis que invocó se advertía la procedencia de la prescripción de la ejecución de la sentencia por inactividad procesal, pues dicha figura se había actualizado bajo la vigencia de la actual ley mercantil, por lo que no se debió sustentar en un ordenamiento legal que ya no se encontraba vigente.Que no se ha ejecutado la sentencia desde hace más de diez años, por tanto, se debió declarar perdidos los derechos de la actora para ejecutar la sentencia dentro del término legal que señalaba el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio vigente, pues la última actuación fue mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil uno, publicado el veintitrés del citado mes y año, y hasta el auto de veinte de abril del año dos mil cinco, el cual fue publicado en el Diario Oficial Estatal, el veinticinco de abril del citado año, se reactivó dicha ejecución, habiendo transcurrido más de tres años de inactividad procesal, y que el impulso procesal efectuado por la actora posterior a su inactividad procesal, consistió en actualizaciones de avalúos y múltiples fechas de remate en pública subasta y primera almoneda, los que no impulsan el procedimiento de ejecución.Que la Sala responsable pretende que se apliquen leyes que ya no se encuentran vigentes, cuando el procedimiento de origen se sustentó en legislaciones civiles y mercantiles vigentes, aunado al hecho que la solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia, está sustentada en tiempos actuales y acorde a las reformas del Código de Comercio en vigor, actuando la responsable en beneficio de la parte actora e ignorando el principio de igualdad de las partes, y la facultad que tiene de exigir los derechos que las leyes le otorgan. Por tanto como se indicó, al no verter conceptos de violación orientados a controvertir el acto reclamado, pues el quejoso se limitó a cuestionar otras determinaciones distintas a las consideradas por la Sala responsable, sin rebatir los argumentos torales que sustentaron el acto reclamado, entre ellas: Que la prescripción solicitada debió acreditarse con base en el Código de Comercio no reformado, y no el que actualmente se encuentra en vigor, con motivo de que el documento base de la acción fue suscrito el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos, antes de la reforma realizada a dicha legislación mercantil ocurrida el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y que de considerar lo contrario, se vulneraría el artículo 17 Constitucional, el cual obliga a todo juzgador a aplicar los ordenamientos legales vigentes durante todo el tiempo que dure un procedimiento, y que el Código de Comercio no reformado sí establecía la prescripción de la ejecución de la sentencia, pero por el término de diez años. Que con base en lo anterior, no eran aplicables los criterios que había invocado con los rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. EN LOS JUICIOS REGIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LA REFORMA DE MAYO DE 1996, OPERA CUANDO TRANSCURRE POR COMPLETO EL PLAZO RESPECTIVO EN INACTIVIDAD PROCESAL", "PRESCRIPCIÓN" y "PRESCRIPCIÓN, RETROACTIVIDAD INEXISTENTE EN CASO DE". Que el hecho de que su solicitud de prescripción se hubiera realizado en estos tiempos, no implicaba que la normatividad a observar sea el Código de Comercio reformado, y que contrariamente a lo alegado, el acuerdo impugnado se había resuelto con base en lo que la legislación aplicable establecía, pues de aplicar las reformas como se pretendía aun cuando resultaban favorables a su petición, se produciría inseguridad jurídica al observar una legislación que no regía al momento de accionar la contienda, al igual un término de tres años no previsto en el Código de Comercio no reformado. Y que con base en el numeral 1339 del Código de Comercio no reformado, el recurso de apelación interpuesto no procedía en ambos efectos, pues dicho numeral señalaba los supuestos por los cuales se admitía en esos efectos, entre ellas las sentencias definitivas y las interlocutorias que resolvían sobre personalidad, competencia o incompetencia de jurisdicción, denegación de prueba o recusación interpuesta, y el acuerdo que estaba recurriendo no encuadraba en ninguna de esas hipótesis, y sí el último párrafo de ese numeral indicaba, que respecto de cualquier otra resolución que fuera apelable, sólo se admitiría en el efecto devolutivo.Por tal motivo, ello implica que esta juzgadora se encuentra imposibilitada jurídicamente para examinar la inconstitucionalidad de la interlocutoria de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en virtud de que el juicio de garantías en materia civil es de estricto derecho, sin que sea el caso de aquellos en que deba suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.Aunado al hecho, que los conceptos de violación del quejoso, incidieron sobre el tema de que, el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio vigente, era aplicable para resolver sobre su solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia, pues había transcurrido más de tres años, cuando este argumento fue desvirtuado por la Sala responsable. Incluso, vuelve a invocar los criterios con los rubros: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. EN LOS JUICIOS REGIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LA REFORMA DE MAYO DE 1996, OPERA CUANDO TRANSCURRE POR COMPLETO EL PLAZO RESPECTIVO EN INACTIVIDAD PROCESAL" y "PRESCRIPCIÓN", cuando la ad quem en el acto reclamado, indicó que no eran aplicables.Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en foja 38, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo".Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, página 160, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, POR NO COMBATIR LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumentos expuestos por el solicitante de garantías, no contienen ningún razonamiento jurídico concreto tendiente a combatir los fundamentos primordiales en que se apoyó la responsable para emitir la sentencia reclamada que sirva para poner de manifiesto ante la potestad federal que dichos fundamentos del fallo de que se duele sean contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, bien porque siendo aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o bien porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocio; procede determinar que los conceptos de violación expuestos en tales circunstancias, son inoperantes".En este orden de ideas, al no haberse demostrado que el acto reclamado sea violatorio de derechos humanos ni de garantías individuales, y al no encontrarse el caso en alguno de los supuestos legales comprendidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso la protección constitucional impetrada.SEXTO. REGISTRO DE SENTENCIA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro.Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo; se,R E S U E L V E:PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamó de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, consistente en la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano