Landy Maria Carrillo Salazar
Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Landy Maria Carrillo Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudiera causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, del Acuerdo General sin número, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se hace la indicación de que el presente asunto es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista la fracción I, inciso b), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
"Visto para resolver el juicio de amparo 785/2021-III-B, promovido por ***, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ***a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuye al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 785/2021-III-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar al tercero interesado; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa; la cual previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en: La resolución dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en autos del expedientillo 88/2021, que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal a favor de la aquí tercero interesada, emitida en autos de la carpeta de investigación GC-937/2020, del índice de la Agencia Periférica Número 3 de Cordemex. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, pues así lo admitió al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con el disco óptico que remitió a este juzgado, el que alcanza pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Inexistencia de causal de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele la protección de la Justicia Federal que solicita. Primeramente, para una mejor comprensión del asunto, conviene relacionar los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las constancias remitidas por la juez responsable con su informe justificado, mismas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, las cuales son las siguientes: 1. Por escrito de cinco de mayo de dos mi veinte, la aquí quejosa Landy María del Socorro Carillo Salazar o Landy María Carrillo Salazar, presentó querella en contra de Ana María Belén Marta Ancona Teigell, con base en los siguientes hechos: "Quiero manifestar que desde el pasado viernes primero de mayo he recibido diversas llamadas y mensajes de familiares y amigos en los cuales me preguntan cómo me encuentro de mi estado de salud puesto que como soy una persona ya mayor y padezco de la presión pues no debe tener impresiones tan grandes y todo esto a raíz de que desde el mes de septiembre del año dos mil diecinueve la señora Ana María Ancona Teigell me ha estado difamando y calumniando a mi persona, solamente que ahora de una manera más ofensiva, constante y habitual ya que ahora por medio de las redes sociales, diarios de mayor circulación y en su perfil personal de Facebook ha publicado demasiadas cosas como para desprestigiarme tanto a mí en lo personal como al albergue llamado "JESÚS DE LA MISERICORDIA" ubicado en la calle setenta y dos, número cuatrocientos noventa y tres entre cincuenta y siete y cincuenta y nueve, de la colonia Centro, enfrente del parque de Santiago mismo albergue que por más de treinta años yo misma eh (sic) levantado y sacado adelante, y que esta señora solamente por un problema personal sin saber nada de cómo viven las personas en el albergue se ha encargado de comunicarle a toda la ciudadanía meridana (sic) hechos falsos e inverosímiles, mismos que me causan un daño psicológico, hepático, físico y emocional a su vez me causan también una deshonra y afectan totalmente mi reputación haciendo que todas las personas me vean con ojos de odio difamándome y gritándome en la calle, calumniándome de una manera muy ofensiva, por lo que aclaro dicho lugar se trata de un albergue en donde alojamos a personas de la tercera edad quienes ya no cuentan con familiares y les damos alojamiento, vivienda, comida y cuidados de salud sin pedirles nada a cambio, siendo que esta señora mescla (sic) situaciones personales para agredirme ya que han sido constantes las difamaciones y calumnias en diversos diarios y ahora lo están haciendo por medio de su perfil personal en Facebook siendo que todo esto se trata de un problema personal hacia mi persona ya que no se le accedió el ingreso a un familiar suyo al albergue puesto que necesitaba de una enfermera particular y como mencioné no somos un asilo en el cual tenga que pagar por su estadía y sus cuidados personales sino que únicamente alojamos a personas que realmente necesiten de un techo y comida ya que no tienen donde estar porque se trata de personas humildes las cuales han sido abandonadas por sus familiares o simplemente están solos en la vida, a su vez en las diversas capturas de pantalla que anexo a la presente denuncia se puede apreciar claramente como la señora Ana María Ancona Teigell me imputa hechos falsos ya que menciona que he recibido o más bien que la asociación civil del albergue constituida por mí ha recibido diversos apoyos y donativos de todo tipo tanto en especie como en lo económico y que dichos apoyos nunca han servido para nada que simplemente los he utilizado para mi propio beneficio mismos hechos que no tienen sustento alguno ya que simplemente se trata de puras difamaciones y calumnias y de hechos inventados por la señora Ana Ancona Teigell." 2. Informe policial homologado de seis de mayo de dos mil veinte, suscrito por José Ángel Pérez Guillen, Agente de la Policía Estatal de Investigación adscrito a la Comandancia base norte. 3. Oficio de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se informa en autos del expedientillo 116/2020, del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el estado de la carpeta de investigación. 4. Comparecencia de la querellante Landy María del Socorro Carillo Salazar o Landy María Carrillo Salazar, a efecto de nombrar asesor para que la represente. 5. Comparecencia de Landy María del Socorro Carillo Salazar o Landy María Carrillo Salazar, de trece de octubre de dos mil veinte, a fin de ofrecer la declaración testimonial de Oscar Edilberto Pacheco Medina. 6. Comparecencia de Oscar Edilberto Pacheco Medina, a través del cual fue entrevistado con relación a los hechos investigados. 7. Acta de lectura de los derechos de la imputada Ana María Belén Marta Ancona Teigell o Ana María Ancona Teigell. 8. Acta de comparecencia de Ana María Belén Marta Ancona Teigell o Ana María Ancona Teigell, en la que asistida de su defensor particular, se reservó el derecho de emitir su declaración ministerial. 9. Mediante resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, el Fiscal en Jefe de la Unidad de Atención y Determinación Norte, con residencia en esta ciudad, decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de Ana María Belén Marta Ancona Teigell o Ana María Ancona Teigell. 10. Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la aquí quejosa solicitó con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el control judicial ante el juez responsable, con respecto al no ejercicio de la acción penal resuelto en su contra. 11. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, y con base en la constancia levantada por la Administradora del Juzgado, solicitó al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 de la Fiscalía General del Estado, cierta información. 12. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento convoca a las partes intervinientes a audiencia para el catorce de abril de dos mil veintiuno. 13. En la audiencia de control judicial señalada para el catorce de abril de dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento advirtió que debió haberse convocado a la persona investigada, por lo cual fijó nueva fecha y hora para que tuviera lugar el control judicial solicitado, el cual, luego de ciertos trámites, quedó fijado para el veintidós de abril de dos mil veintiuno. 14. Con fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de control solicitada, con la presencia del asesor de la querellante, la persona investigada y su defensor particular, así como los fiscales designados por parte de la Fiscalía General del Estado. En la resolución reclamada, el Juez responsable luego de escuchar a las partes, consideró esencialmente, lo siguiente: Que está apegada a derecho la resolución reclamada, ya que los delitos de difamación y calumnia por los que se querelló la quejosa, persiguen finalidades inherentes, con base en las supuestas declaraciones realizadas por la persona implicada, que expuso el asesor, como: "Esta es una alerta de sociedad civil denuncian personas que sin compasión como la ciudadana Landy Carrillo Salazar abusan de ancianos desvalidos y enfermos", "ya se amparó la malvada, todos saben que el once de diciembre fui a la casa de Jesús de la Misericordia ubicada en Santiago, la Presidenta Landy Carrillo Salazar, no debería estar en ese lugar, este lugar debería estar cerrado, ya se amparó la malvada, vamos a quitarle su holgado modus vivendi de todos estos años, hay que clausurar el albergue sin importar a los desvalidos", "que Landy Carrillo Salazar se amparó porque no quiere perder su holgado modus vivendi de estos estos años al clausurar el albergue sin importar que los desvalidos y ancianos que habitan en condiciones infrahumanas e indignas pueden morir a causa de la pandemia y las insalubres y destruibles condiciones del lugar, apurémonos todos", "que hay que salvarlos de Landy Carrillo Salazar, ya que es dañina y mortal peor que el coronavirus" "La A.C. se constituyó en el dos mil dos y ha sido apoyada de estos amplios donativos" "compartan todos en redes sociales por favor, reenvía a tus contactos, necesitamos apoyo". Lo anterior, porque por lo que toca al primero, las publicaciones en redes sociales que aparentemente se hicieron, dado que no hay un dato de prueba que indique que fueron realizadas por la implicada, no hay un origen de que la cuenta pertenezca a ésta, pero lo que sí le queda claro es que en las publicaciones se tocó un interés público y no se hizo a favor de determinada persona, sino a favor de un grupo vulnerable, como es ancianos o desvalidos, y aun cuando se haya mencionado a la querellante, no se puede establecer si ello le afectó en su reputación o deshonra porque no hay un dato de prueba que así lo acredite, que es un elemento del tipo penal. De igual manera señaló el juez que en cuanto al ilícito de calumnia, un requisito esencial, en cualquiera de sus tres vertientes, es que sea relacionado con un delito, y hasta este momento de las publicaciones no se advierte la comisión de algún delito o que se esté señalando a la querellante como que haya cometido un delito, por lo que considera que este delito es inexistente. Asimismo, al abundar sobre el delito de difamación, indicó que a su parecer existe un trasfondo más allá de la posible comisión de la conducta delictiva, porque hay una circunstancia personal entre la parte implicada y la querellante, lo que establecería cierta cortina de humo al criterio de cualquier autoridad, sobre todo porque no hay datos de prueba que así lo acrediten. Que la función del asesor jurídico es representar y salvaguardar los derechos de la parte víctima, y sin bien es verdad que con anterioridad se designó a uno distinto y éste no ofreció los medios de prueba pertinentes, ya no es una cuestión atribuible a la fiscalía, quien requirió a la parte afectada que aportaran otros datos de prueba para tener una investigación más adecuada. Que en términos de los artículos 212, 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscalía no puede investigar a modo propio o a favor de una de las partes, tiene que ser objetivo e imparcial, y es por ello que se justifica que haya requerido a la parte afectada que aportaran otros datos de prueba, y si no fueron ofrecidos, entonces ya no le es atribuible a la fiscalía, por ello es que tenía que resolver conforme a derecho. Por lo que le queda claro que los delitos de difamación y calumnia no están acreditados, ya que la publicación pudo haberse realizado, pero se requiere que esa publicación haya generado una afectación de deshonra, reputación y sobre todo que no se tratare de algunas de las excepciones que establece la ley, como es el interés público, como en el caso, ya que de acuerdo a la literalidad de la publicación de la que se le ha puesto de su conocimiento, no enfatiza respecto a determinada persona de afectación directa, sino a un grupo vulnerable de personas, esto es, ancianos o desvalidos, por lo que bajo esa circunstancia considera que hay una justificación para ello. Continúa exponiendo, que si bien es verdad que se señala a la aquí quejosa, tampoco se ha demostrado hasta que tanto, cuánto y porqué se le afectó en su reputación o deshonra, pues no se ha determinado, ya que es elemento esencial de la descripción típica que prevé el artículo 295 del Código Penal del Estado, por lo que considera que si en la noticia criminal no se estipuló dicha circunstancia y el grado de afectación, es inconcuso que se actualiza la causa de sobreseimiento que alude la fiscalía, prevista en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales de la entidad, por lo cual era procedente confirmar el no ejercicio de la acción penal decretado por la fiscalía el dos de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que consideró que las conductas señaladas en la noticia criminal no son delictivas. Al respecto, la parte quejosa únicamente alega que se transgrede en su perjuicio el artículo 20 Constitucional, Apartado C, en sus fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, pues estima que faltaron diligencias por desahogar, y que hay pruebas documentadas, perfil de facebook y demás pruebas contundentes que acreditan los delitos de difamación y calumnia. Tales argumentos se estiman infundados, sin que sea procedente la deficiencia de la queja, al no advertirse violación alguna que haya dejado sin defensa a la parte quejosa, pues contrario a lo que señala, la determinación combatida se encuentra ajustada a derecho, por las consideraciones siguientes. En efecto, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa impugnó la determinación del Ministerio Público de no ejercer acción penal en contra de Landy María Carrillo Salazar, por los hechos que se pretendió atribuir. Previa emisión de la resolución reclamada, el Juzgador convocó a audiencia a la ofendida con su asesor, a la fiscalía y al imputado con su defensa. En la fecha programada, se llevó a cabo con la asistencia del asesor jurídico de la víctima; la investigada, el defensor particular de ésta y los fiscales adscritos. De su contenido se desprende que a todos los citados se les concedió el uso de la voz a fin de alegar lo que a su derecho conviniera. Y en esa propia fecha, el Juez responsable emitió resolución en la cual determinó confirmar el no ejercicio de la acción penal impugnado. Lo anterior revela que la parte promovente del amparo fue oída en observancia del derecho humano de audiencia a través de su asesor jurídico ante un tribunal previamente establecido y conforme a la legislación aplicable al caso. Por tanto, quedaron cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento y no se le dejó en estado de indefensión. Asimismo, la resolución reclamada atendiendo a la naturaleza oral de la resolución reclamada, cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, en términos del artículo 16 Constitucional, pues son evidentes las razones jurídicas y circunstancias particulares en que se basa la decisión judicial que confirmó el no ejercicio de la acción penal. En efecto, el Juez de control citó las normas legales tanto de naturaleza adjetiva como sustantiva, que consideró aplicables al problema jurídico sometido a su potestad. Indicó los razonamientos y argumentos por los que estimó que debía confirmarse el no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, resolviendo de manera completa y exhaustiva la litis. Es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia 268 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 1241, del Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, materia Común, registro 1011560, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por otra parte, también el juzgador responsable estuvo en lo correcto en desestimar la pretensión del asesor de la víctima, en cuanto a revocar la determinación del no ejercicio de la acción penal, por considerar que las conductas atribuidas a la implicada no son constitutivas de los delitos de difamación y calumnia. Así es, el primer ilícito se encuentra previsto en el artículo 295 del Código Penal del Estado, que dice: "La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra o afecte su reputación. El delito de difamación se sancionará con prisión de tres días a dos años o de veinte a doscientos días-multa." Asimismo, el numeral 296 del mismo código punitivo, establece: Artículo 296.- No se aplicará sanción alguna por el delito de difamación, cuando: I.- Aquélla se haya hecho a un servidor público y esté relacionada con el ejercicio de sus funciones, y II.- El imputado obre por motivo de interés público o por interés privado, pero legítimo y sin ánimo de dañar. Como se observa, el delito de difamación, es un delito contra el honor, consistente en desacreditar, deshonrar o exponer al desprecio a alguien, publicando o diciendo cosas dolosamente contra su buena opinión y fama. Asimismo, se prevén como excepciones, los que estén relacionados con un servidor público y el ejercicio de sus funciones; así como cuando el activo actué en relación a un interés público o privado, pero legítimo y sin ánimo de dañar. El delito es de naturaleza dolosa (dolo directo), lo que significa que el activo debe conocer y querer causar dicha deshora al pasivo, pues debe prever el resultado y el proceso causal, correspondiendo su voluntad a la resolución de ejecutar la conducta de comunicar dolosamente la imputación. Son ilustrativos en el caso, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes: "DIFAMACIÓN. La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que puede causarle deshonra o descrédito, o a exponerlo al desprecio de alguno. Del examen del artículo 642, del Código Penal del Distrito, se infiere que el dolo es uno de los elementos capitales de la difamación, de modo es que no basta para la existencia de este hecho el que la imputación comunicada, perjudique por sí sola la reputación de la víctima, sino que es necesaria la intervención del dolo. " "DIFAMACIÓN, DEBE COMPROBARSE EL DOLO EN EL DELITO DE (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). Para la integración del delito de difamación se requiere el dolo específico de procurar descrédito mediante la imputación; no es el caso de la presunción del dolo que consagra la ley, sino que en la propia descripción legal de la conducta constitutiva de difamación se exige una voluntad determinada, una finalidad específica. Debe comprobarse el dolo en el delito de difamación y no solamente presumirse. Existen antecedentes jurisprudenciales en el sentido de que cuando la ley exige en la propia descripción legal el que la conducta sea dolosa, se está en presencia de un dolo específico de una voluntad circunscrita a la realización de la conducta en una dirección determinada, precisamente por la finalidad exigida, y que en estos casos la comprobación del dolo es indispensable. " Así pues, contrario a lo argumentado, fue correcto el actuar de la responsable al confirmar el auto que decretó el no ejercicio de la acción penal emitido por la fiscalía, en razón a que se coincide sustancialmente, en cuanto a que, como acertadamente lo señaló, no se advierte que los hechos en los que basó su acción la parte querellante, con los datos de prueba aportados, sean constitutivos del hecho que la ley señale como delito de difamación previsto en el artículo 295 del Código Penal del Estado de Yucatán. Lo anterior ya que los datos de prueba aportados, en primer término, ni siquiera acreditan la realización de esas publicaciones en redes sociales y en diversos periódicos; y en segundo lugar, que fueron ordenadas o pagadas por la ahora implicada; ya que no se aportaron los datos de prueba idóneos y suficientes para acreditar ese extremo. Por lo que, en esas condiciones, es correcto que el juzgador responsable haya confirmado el auto de no ejercicio de la acción penal emitido dentro de la carpeta de investigación, al no acreditarse los elementos del hecho ilícito y la probable responsabilidad, por ende, es inconcuso que el Ministerio Público se encontraba facultado para decretar el auto de no ejercicio de la acción penal. Por otro lado, el artículo 299 del propio ordenamiento legal, prevé el delito de calumnia, en los siguientes términos: "Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de veinte a doscientos días-multa, a quien: I.- Impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la Ley, si este hecho es falso o es inocente del mismo la persona a quien se le impute; II.- Presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales, aquéllas en que su autor imputa un delito a persona determinada sabiendo que ésta es inocente o que aquél no ha sido cometido, y III.- Para hacer que un inocente aparezca como imputado de un delito, ponga sobre la persona del calumniado, en su casa o en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad. Aunque se acredite la inocencia del calumniado o que son falsos los hechos en que se apoya la denuncia o querella, no se castigará al imputado si probare plenamente haber tenido alguna justificación bastante para incurrir en error, engaño o violencia física o moral para ello. Tampoco se aplicará sanción alguna al autor de una denuncia o querella, si los hechos que en ellas se imputan son ciertos, aunque no constituyan un delito y él, errónea o falsamente, les haya atribuido ese carácter." De la transcripción anterior, se advierte que en términos generales el delito de calumnias consiste esencialmente en imputar a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, en forma dolosa, esto es, a sabiendas de la inocencia del acusado o de la inexistencia de los hechos, y no hay delito si no existe prueba plena del elemento subjetivo de la referida figura delictiva. Y en el caso particular, como lo advirtió el juez de control responsable, ni aun considerando como cierto que fueron realizadas en redes sociales las publicaciones mencionadas por la parte querellante, estas no se encuentran relacionadas con la comisión de un ilícito o que se esté señalando a la querellante como que haya cometido un delito, requisito esencial en cualquier de sus tres vertientes. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo previsto por el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es negar a LANDY MARÍA CARRILLO SALAZAR, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LANDY MARÍA CARRILLO SALAZAR, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes del informe justificado correspondiente la autoridad responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, residente esta ciudad, el cual se relaciona en el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista de estrados.
- Principal
Mérida, Yucatán; siete de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 414/2021, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
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