Landy Leticia Lizama Ortega

Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Landy Leticia Lizama Ortega
  • Camara de Senadores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a las citadas autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ella se hayan reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto por lo que corresponde a ésta, toda vez que el fallo en el que se negó la protección constitucional, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso por analogía, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 224/2023-I-B, promovido por Landy Leticia Lizama Ortega. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el trece de febrero de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el mismo día; y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Landy Leticia Lizama Ortega a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión, todos con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 224/2023-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación; en razón de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tienen ejecución en esta localidad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar íntegramente cada uno de los apartados del escrito de demanda, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente, lo siguiente: De las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus respectivas competencias: La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en específico, los artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies; 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: La promulgación y orden de publicación de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, específicamente las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria: La expedición de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2023", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, específicamente las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público (número de promoción 3304), consistentes en la promulgación y la orden de publicación de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, específicamente las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Negativa que se corrobora en términos de lo previsto en el artículo 6º del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del cual se advierten las facultades con que cuenta el titular de dicha secretaría, entre las cuales no se advierte la relativa a promulgar u ordenar la publicación de normas de carácter general. En virtud de las consideraciones expuestas, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto de la autoridad mencionada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (número de promoción 3825), Cámaras de Diputados (número de promoción 3496) y Senadores (número de promoción 4198) ambos del Congreso de la Unión, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en: La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, los artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies; 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación. También, es cierto el acto reclamado al Jefe del Servicio de Administración Tributaria (número de promoción 4702) consistente en: La expedición de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2023", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, específicamente las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23. Lo anterior, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación, máxime que la certeza de dichos actos es plena, en virtud que la publicación de las normas reclamadas constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues al tratarse de normas de carácter general, basta su publicación en el medio de difusión oficial para que opere el principio relativo a las leyes no están sujetas a prueba. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se deben analizar las causas de improcedencia, ya sea que se adviertan de oficio o bien, las invoquen las partes, por ser una cuestión de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ausencia de conceptos de violación Se advierte que, respecto de la orden de publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, atribuida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por lo motivos que se exponen a continuación. En el juicio de amparo se encuentran previstos una serie de supuestos por los que la acción se torna improcedente, los cuales se enlistan en el artículo 61 de la Ley de Amparo de una manera enunciativa, más no limitativa, pues la fracción XXIII, de dicho numeral establece que la improcedencia del juicio puede derivar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé como uno de los requisitos de la demanda que se formulen conceptos de violación. El contenido de dichos artículos es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." De acuerdo a esa transcripción, el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece como requisito de la demanda que se formulen conceptos de violación, de manera que, si la parte promovente omite expresarlos, el juicio se torna improcedente, salvo en los casos que opera la suplencia de la queja. Se afirma lo anterior, pues es en los conceptos de violación donde la parte quejosa expresa su causa de pedir a través de argumentos que intentan demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclama y, sin ellos, la parte juzgadora carece de elementos para analizar el asunto. Ahora, de la lectura integral de la demanda, no se advierte que la peticionaria formule conceptos de violación en contra de la orden de publicación reclamada del titular del Ejecutivo Federal; en consecuencia, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Interés jurídico Al rendir sus informes justificados, tanto el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, como el Jefe del Servicio de Administración Tributaria sostuvieron la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues consideraron que la parte quejosa no acreditó la afectación jurídica causada por las normas reclamadas. El artículo 61, fracción XII, en cita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa o cuando se promueve contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el numeral 5° señala que la norma, acto u omisión reclamados deben producir una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 107, fracción I, constitucional, prevé uno de los principios rectores del juicio de amparo consistente en que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo. En ese sentido, ha determinado que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Asimismo, el Máximo Tribunal manifestó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por tanto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Dicha necesidad de la existencia de un agravio, deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos de la parte quejosa. En ese contexto, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales, adquiere especial relevancia determinar cuándo causan afectación a las personas gobernadas, por lo que se debe establecer si dicho perjuicio se origina con su sola entrada en vigor o si requiere de un acto de aplicación posterior para concretar sus efectos en su esfera jurídica, para lo cual se debe acudir a la naturaleza de éstas, es decir, se debe establecer si tienen el carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. El Alto Tribunal estableció que para distinguirlas, conviene atender al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan a las gobernadas y gobernados a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Destacó, que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de las personas y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Precisó que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. Esas consideraciones están reflejadas en la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." La quejosa es Notaria Público, como se advierte de la copia certificada de la patente relativa; documental a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. En ese contexto, acude al juicio de amparo a reclamar la aprobación, expedición y promulgación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, los artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies; 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación, así como la expedición de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2023", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, específicamente las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23. La parte gobernada reclama dichos artículos en su carácter de norma autoaplicativa, pues considera que con la mera entrada en vigor le deparan perjuicio. Para analizar si los artículos reclamados generan una afectación a su esfera jurídica y si esta quedó probada, resulta necesario transcribirlos: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN "Artículo 32-B Ter. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del presente Código. El Servicio de Administración Tributaria notificará a las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; así como, a terceros con ellos relacionados, la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo se podrá ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado. Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, para proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Cuando el Servicio de Administración Tributaria requiera a los sujetos referidos en el párrafo anterior la información relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la autoridad fiscal por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado. Los registros públicos en la Ciudad de México y en los Estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el Servicio de Administración Tributaria, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquiera otra forma que autoricen las disposiciones aplicables, para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; terceros con ellos relacionados; personas que intervengan en la celebración de contratos o actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a beneficiarios controladores." "Artículo 32-B Quáter. Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que: I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente. II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden: a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien. c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo. Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas." "Artículo 32-B Quinquies. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código. Cuando haya modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, las personas morales; las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán actualizar dicha información dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación de que se trate. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo." "Artículo 84-M. Son infracciones relacionadas con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter, 32-B Quater y 32-B Quinquies de este Código, las siguientes: I. No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. II. No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código. III. Presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables." "Artículo 84-N. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-M de este Código, se le impondrán las siguientes multas: I. De $1,500,000.00 a $2,000,000.00 a las comprendidas en la fracción I, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate. II. De $800,000.00 a $1,000,000.00 a la establecida en la fracción II, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate. III. De $500,000.00 a $800,000.00 a la establecida en la fracción por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate." RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023 Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales. "2.8.1.20. Para los efectos del artículo 32-B Ter del CFF, en la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter, fracciones I y II, incisos a), b) y c) de forma sucesiva, como criterios para su determinación, de tal modo que cuando lo previsto en la fracción I del artículo 32-B Quáter del CFF ha sido aplicado, pero no ha resultado en la identificación del beneficiario controlador, se deberá aplicar lo previsto en la fracción II, incisos a), b) y c) de dicha disposición. Para efectos de la obtención de la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF, las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales. Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Cuando no se identifique a persona física alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32-B Quáter del CFF, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral. CFF 32-B Ter, 32-B Quáter Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador." "2.8.1.21. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer y tercer párrafos del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, los notarios corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. Para efectos de lo establecido en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica deberán cuando menos: I. Identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador de las personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica. Para efectos de lo anterior, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, requerirán de la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse como beneficiario(s) controlador(es), conforme a lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter del CFF, para que revelen su identidad, y proporcionen la información que se detalla en la regla 2.8.1.22. II. Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos que se establecen en la regla 2.8.1.22., para lo cual, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, deben establecer procedimientos para que la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse beneficiario(s) controlador(es) les proporcionen información actualizada de su condición como tales, así como que les informen de cualquier cambio en su condición, para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 32-B Quinquies, primer párrafo del CFF. III. Conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, durante el plazo que señala el artículo 30 del CFF. IV. Proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores. Cuando el SAT requiera de los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, información relativa a los beneficiarios controladores, lo hará a través de una solicitud de información que les notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del CFF. Las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, para fines de la Ley del ISR, cumplirán con las obligaciones que establece el artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF de conformidad con lo que establecen los Anexos 25 y 25-Bis. CFF 30, 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 134, RMF 2022 2.8.1.22., 2.8.1.23. Información que mantendrán las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica sobre sus beneficiarios controladores." "2.8.1.22. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer párrafo del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información con respecto de cada beneficiario controlador: I. Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad. II. Alias. III. Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de defunción. IV. Sexo. V. País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, identificarlas todas. VI. CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones. VII. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. VIII. Tipo y número o clave de la identificación oficial. IX. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales. X. Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable. XI. Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos. XII. Domicilio particular y domicilio fiscal. XIII. Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda. XIV. Grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción. XV. Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto). XVI. Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral. XVII. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia. XVIII. Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. XIX. En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, de cada miembro de dicho consejo. XX. Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. XXI. Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. XXII. Fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. En los casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20. se debe contar adicionalmente con la siguiente información: I. Nombre, denominación o razón social de la o las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas que tienen participación o control sobre la persona moral, fideicomisos o figuras jurídicas. II. País o jurisdicción de creación, constitución o registro. III. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. IV. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales. V. Domicilio fiscal." "2.8.1.23. Para los efectos del artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener y conservar, además de la información señalada en la regla 2.8.1.22., fracciones I a XII, la siguiente: I. Datos de identificación de la notaria, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica. II. Fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica. III. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica. IV. Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica. V. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello. VI. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente. VII. Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes. (.)" Asimismo, debe traerse a contexto, la exposición de motivos de las normas generales reclamadas, la cual establece: "(.) 26. Regulación en materia de beneficiario controlador A fin de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado del Grupo de los Veinte (G20) que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global) reforzó su norma de intercambio de información bajo petición, de cara a la segunda ronda de evaluaciones del Grupo de Revisión entre Pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador, tal y como lo definió el GAFI. Derivado de los acuerdos del Foro Global se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias. Tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores, de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país, por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, entre otras, ya que esta información es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud. Con el objetivo de combatir dichas transacciones y operaciones, así como para efectos de intercambiar información, las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta y estar actualizada. Adicionalmente, la disponibilidad de la información sobre los beneficiarios controladores constituye un elemento clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y se ha convertido en uno de los principales temas para fines del intercambio de información previa petición, debido a ello, este elemento ha sido incluido en las evaluaciones conducidas por el Foro Global; evaluaciones en las que eventualmente México participará en calidad de país evaluado. En consecuencia, es un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia. El concepto de beneficiario controlador del GAFI, adoptado por el Foro Global, es el marco de referencia para todas las administraciones y debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad. En este contexto se somete a consideración de esa Soberanía adicionar en el Código Fiscal de la Federación los artículos 32-B Ter, 32-B Quater y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada. Lo anterior, con la finalidad de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales. En ese sentido, para los evasores de impuestos y otros infractores de la ley resultará más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones donde este tipo de norma, objeto de esta propuesta, se ha puesto en marcha en su totalidad. Adicionalmente, los estándares internacionales de transparencia que se han precisado previamente requieren que la legislación de la jurisdicción evaluada contemple sanciones disuasorias ante el incumplimiento de obligaciones por parte de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica. En este sentido, se somete a consideración de esa Soberanía la adición de los artículos 84-M y 84-N al Código Tributario, que prevén los supuestos de infracciones y sanciones en materia de beneficiario controlador. (.)" Ahora, del análisis de los preceptos legales y reglas generales transcritas, se colige que se trata de un sistema normativo que califica como heteroaplicativo, pues requiere de diversas conductas, ya sea de un acto jurídico del particular tocante a la obtención de dicha información con base en el análisis de su propia contabilidad, la celebración de un contrato o acto jurídico ante un notario, institución financiera o cualquier otro, que evidencie la existencia de los beneficiarios controladores, o el requerimiento de la autoridad atinente a tal identificación. Lo anterior se afirma, ya que para establecer que existe un sistema normativo es necesario que se actualicen los elementos siguientes: 1. Que las normas se puedan reclamar desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación. 2. Las normas generales reclamadas requieren formar una verdadera unidad normativa, de modo que de declararse la inconstitucionalidad de una se afectan a las demás. 3. Deben tener una relación directa entre sí casi indisociable, en cuanto a materia, tema, causa, principio o fuente. En efecto, el primero de los requisitos enunciados se actualiza, debido a que se reclama la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (publicada el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós) a través de la cual, se desarrollan las reglas de operación para cumplir con la obligación de llevar, obtener, conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores en los actos jurídicos, de modo que las aludidas reglas al ser el primer acto de aplicación de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación -normas impugnadas-, las combate en tanto complementan el contenido de los ordenamientos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N. Asimismo, con relación al segundo de los requisitos, también se acredita, en la medida en que las normas impugnadas al estar dirigidas a regular el sistema de contabilidad y verificación de la obligación de llevar, obtener, conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores en los actos jurídicos en comento, de resultar fundado alguno de los motivos de disenso hechos valer en su contra, provocaría que la quejosa no se encontrara en la obligación de cumplir con dicho sistema de información. De igual manera, en torno al tercero de los elementos anunciados, se advierte que las porciones normativas cuestionadas sí tienen una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, al versar sobre la figura del beneficiario controlador. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 72/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materias Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, del mes de agosto de dos mil, página 236, que dice: "LEYES. CUANDO SE RECLAMAN EN AMPARO CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE CONSISTE EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO RESPECTO DE AQUÉLLAS ESTÁ CONDICIONADA A LA PROCEDENCIA EN CUANTO A ÉSTA. Siguiendo el criterio establecido en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", debe considerarse que cuando se controvierte una ley señalando como primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, otra disposición de observancia general, el juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio es procedente en cuanto a esta última disposición, verificando si la misma trasciende a la esfera jurídica del peticionario de garantías con su sola vigencia o si se requiere un acto concreto de aplicación en perjuicio del mismo, para decidir sobre la procedencia." Puntualizado lo anterior, se puede concluir que la sola vigencia del conjunto normativo combatido, no afecta de manera directa la esfera de derechos de la parte quejosa, pues si bien la parte justiciable puede verse requerida por la autoridad fiscal a efecto de que informe respecto de si fue partícipe en la formalización de alguno de los actos jurídicos a que hacen referencia las disposiciones reclamadas, también lo es, que tal perjuicio lo resentirá hasta en tanto exista un acto ulterior en que la autoridad fiscal competente le haga llegar una solicitud de información, la cual le notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, es decir, hasta en tanto la autoridad haga patente el requerimiento de información y documentación referente a la institución del beneficiario controlador, en tal caso, la parte impetrante del amparo contará con el interés jurídico suficiente para someter a análisis la constitucionalidad del conjunto normativo que aduce le causa perjuicio. Este punto es de especial relevancia, pues si bien en el numeral 32-B TER de la legislación tributaria, se indica que deberán obtener y conservar, como parte de su contabilidad, la información relacionada con la figura del beneficiario controlador. Lo que implica una obligación condicionada a un acto jurídico en el cual exista una persona que tenga el carácter de beneficiario controlador. Por ello, dicho sistema normativo, por sí mismo no tiene como finalidad individualizar una obligación para todos los contribuyentes, sino solamente a aquellos que celebren fideicomisos, o cualquier otra figura jurídica en la cual exista una persona o conjunto de personas jurídicas que ejerzan control u obtengan un beneficio derivado de su participación en una moral. De este modo, para la individualización de dicha norma, deberá llevarse a cabo un acto jurídico en el que se identifique dicho beneficiario. Sin que pueda advertirse su materialización de individualizada por su sola entrada en vigor, ya que no se vincula a la presentación de declaración alguna, sino solamente a llevar dicha contabilidad y actualizarla, lo que se debe verificar con base en la celebración de actos jurídicos, ya como documentos originarios o de actualización de su situación fiscal. Este punto es de especial relevancia, en virtud de que el sistema normativo no prevé la presentación de declaración relacionada con la identificación de los beneficiarios controladores, sino que se condicione su identificación con base en los actos jurídicos que celebren los propios notarios públicos e instituciones financieras. Por ello, las obligaciones relacionadas con la contabilidad en comento, se condiciona a la celebración de esos actos jurídicos, o bien, al requerimiento respectivo que haga la autoridad. Así pues, desde su entrada en vigor no se advierte perjuicio alguno a la persona demandante, y evidenciado que no se probó acto de aplicación alguno, tocante a la celebración de algún acto jurídico en que se identificara el beneficiario en comento, ni tampoco la existencia de requerimiento alguno por parte de la autoridad tributaria, no se advierte satisfecho el requisito de instancia de parte agraviada, es decir, no existe afectación jurídica alguna. Entenderlo en forma contraria, equivaldría a considerar efectos futuros de realización incierta, relacionados con la celebración de tales actos jurídicos, o bien, presuponer que la autoridad llevará a cabo algún requerimiento en ese sentido, o que la quejosa tiene beneficiarios controladores en términos de lo descrito en la normatividad combatida; empero, sin que se tenga certeza sobre tales situaciones, sobre todo, porque ellas dependen, respectivamente, de la voluntad de la parte quejosa y de la autoridad hacendaria; habida cuenta que el interés jurídico no puede ser presuntivo, sino demostrado de manera directa. Sustenta esta determinación la tesis cuyos datos de publicación y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que al juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." (Tesis ciento setenta y nueve del Tribunal Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y nueve, del tomo I, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época). Ahora bien, respecto de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, en particular las reglas 2.8.1.20 y 2.8.1.22, que establecieron los criterios que deben seguirse para dar cumplimiento a lo previsto en los diversos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, debe decirse que la parte quejosa no demostró ubicarse dentro de sus hipótesis, ya que las mismas van dirigidas a otros destinatarios, a saber: personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra institución jurídica, pero dicha normativa no contempla a notarios ni corredores públicos. Ciertamente la regla 2.8.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal, prevé que las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la sociedad, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente; también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Establece que se debe entender por cadena de control, en el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica; además dispone que cuando no se logre identificar al beneficiario controlador, se considerará como tal a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral. Por su parte la regla 2.8.1.22 de la citada Resolución Miscelánea Fiscal, prevé la información que mantendrán las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica sobre sus beneficiarios controladores, siendo esta la siguiente: nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad; alias; fecha de nacimiento, cuando sea aplicable, fecha de defunción; sexo; país de origen y nacionalidad, en caso de tener más de una, identificarlas todas; CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones; país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales; tipo y número o clave de la identificación oficial; clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales; estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable; datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos; domicilio particular y domicilio fiscal; relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda; grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción; descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto); número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral; lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia; fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente, en caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, de cada miembro de dicho consejo; fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica; tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica; fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Además, en los casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20, se debe contar adicionalmente con la siguiente información: nombre, denominación o razón social de la o las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas que tienen participación o control sobre la persona moral, fideicomisos o figuras jurídicas; país o jurisdicción de creación, constitución o registro; país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales; clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales; domicilio fiscal. De la lectura de tales disposiciones normativas se advierte que la quejosa no se encuentra en el supuesto de la norma, porque para considerarlo así, era necesario que acudiera en su carácter de persona moral, fiduciaria, fideicomitente o fideicomisario, o bien, como parte contratante o integrante de alguna sociedad o asociación, y no así con el carácter de fedataria pública con el cual promovió la presente instancia. Lo anterior, permite confirmar que la parte quejosa no se encuentra en los supuestos contenidos en las reglas 2.8.1.20 y 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, ya que no acreditó promover en calidad de persona moral, fiduciaria, fideicomitente o fideicomisario, o como parte contratante o integrante, de alguna sociedad o asociación que, para su caso específico, prevé la porción legal controvertida en la presente instancia constitucional. En consecuencia, la quejosa no demostró la condición de beneficiario controlador, ni mantiene la información relativa a dicha institución, conforme a los supuestos normativos de las reglas 2.8.1.20 y 2.8.1.22, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, condición necesaria para ubicarse en el supuesto de la norma y proceder a su impugnación; de ahí que resulta fundada la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, en el sentido de que la quejosa no demostró el acto de aplicación de la norma reclamada. Corolario de lo expuesto, al no acreditarse la aplicación de la norma cuya constitucionalidad se controvierte, ni la afectación que ocasiona a la esfera jurídica de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, se continúa con el estudio de la causa de improcedencia propuesta, ahora en relación con la naturaleza jurídica de las normas tildadas inconstitucionales. De esa manera, para tener la plena certeza de que los preceptos en estudio inciden en la esfera jurídica de la quejosa, se requiere, en principio, como ya se dijo, que acredite que los mismos le son aplicables desde su entrada en vigor (leyes autoaplicativas); o bien, que ya le fueron aplicadas (leyes heteroaplicativas), para así tener evidencia de que cuenta con la legitimación pertinente para impugnarlas; sin embargo, en la especie, no pueden estimarse satisfechos tales extremos, tal y como se demostrará a continuación. Como ya se dijo al inicio de este considerando, de la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se advierte que no generan un perjuicio cierto y directo en contra de la parte quejosa a partir de su vigencia, en virtud de que no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; sino por el contrario, su individualización está condicionada; ello, porque en resumen, los artículos transcritos regulan el sistema de contabilidad y verificación de la obligación de llevar, obtener, conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores en los actos jurídicos, así mismo establecen las reglas para el cumplimiento de las obligaciones ahí impuestas, y la operación de las mismas. En primer lugar, debe indicarse que los sujetos obligados a proporcionar esa información son: a) Primera categoría. Las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios en fideicomisos; contratantes o integrantes en cualquiera figura jurídica. b) Segunda categoría. Notarios, corredores o cualquier persona que intervenga en formulación o celebración de contratos o actos para la constitución de dichas personas, celebración de fideicomisos o cualquier otro acto; así como las entidades financieras e integrantes del sistema financiero. Este punto es importante, dado que no es suficiente con ser sujeto de la norma, sino que se requiere la existencia de diversos actos jurídicos, como son los fideicomisos o celebración de contratos en los términos ahí indicados. Así, para que dichos preceptos adquieran individualización, es necesaria la realización de una serie de actos, los que dependiendo del fin que se busque lograr, podrán consistir, entre otros, en lo siguiente: a) Un acto jurídico del particular tocante a la obtención de dicha información con base en el análisis de su propia contabilidad; la celebración de un contrato o acto jurídico ante un notario, institución financiera o cualquier otro que evidencie la existencia de dichos beneficiarios; o el requerimiento de la autoridad atinente a tal identificación. b) La autoridad fiscal podrá requerir la presentación de los documentos respectivos a ambas categorías de personas. c) Presentación de solicitud de información, la cual podrá ser notificada a los beneficiarios controladores o a terceros relacionados. d) Dicha información deberá ser presentada dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación. e) Dicho plazo podrá ampliarse. f) Proporcionar y permitir el acceso de las autoridades fiscales a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores, y brindarles todas las facilidades para tal fin. Así, aunque la información de mérito es considerada como parte de la contabilidad de la persona contribuyente, ello no impide considerar que se deberá presentar la información generada a partir de las propias reglas previstas en la normatividad combatida; aunado a que se establece el deber de crear procedimientos con el objeto de identificar a dichos beneficiarios, ya sea por sí o para requerirlo a los propios beneficiarios, los cuales también podrán ser objeto de revisión fiscal y se considerarán parte de la contabilidad. Dicha información deberá obtenerse y conservarse en términos del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, esto es, dentro del plazo atinente a la contabilidad. En relación con los propios contribuyentes (primera categoría de sujetos), de conformidad con el artículo 32 Bis QUINQUIES, deberán mantener actualizada la información tocante a los beneficiarios controladores, y ante la existencia de modificaciones, deberá actualizarla dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se haya verificado la modificación; de ahí que en este caso, también, se vincule con la existencia de condiciones tendentes a la celebración de actos jurídicos que modifiquen la situación de hecho en cuanto a los indicados beneficiarios controladores. Para la determinación del beneficiario controlador, deberá considerarse lo establecido en el numeral 32 B Quarter, esto es, a la persona física o grupo de personas físicas que: a) Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente. b) Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. De este modo, se deberán identificar los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la cadena de titularidad (beneficiario controlador indirecto -a través de otras personas-) y cadena de control (titularidad por actos distintos a la propiedad). De no poder identificarse un socio controlador, deberá identificarse con tal carácter al administrador único o persona moral equivalente; o bien, a cada uno de los integrantes del consejo de administración. La interpretación de las normas tocantes a la identificación de dicho beneficiario, en lo que no se oponga a la normatividad fiscal, se llevará a cabo en términos de las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo con los estándares internacionales de los que México es parte en términos del anexo A del Mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional. En atención a lo anterior, la finalidad perseguida por dichas medidas se vincula como una disposición para combatir la evasión fiscal, pues las normas reclamadas del Código Fiscal de la Federación fueron creadas a efecto de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Foro Global en niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales. En ese contexto, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo Federal presentó del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, entre los que destacan en el caso en concreto, los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84 del Código Fiscal de la Federación, que además de ser una serie de medidas que responden a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano; también fueron diseñados con la finalidad de abatir diversos esquemas de riesgo de elusión fiscal, entre los que destacan aquellas personas o grupo de personas físicas que obtienen un beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo hagan de forma contingente o directa, o indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Asimismo, a efecto de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, el Servicio de Administración Tributaria, emitió la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés, en particular las reglas 2.8.1.21, y 2.8.1.23, que establecen a los fedatarios públicos las siguientes obligaciones: deberán implementar procedimientos de control internos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir; identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador de las personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica; obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador; conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos; así como proporcionar y permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores. Adicionalmente los notarios y corredores públicos deberán obtener y conservar la información y documentación siguiente: a) Datos de identificación de la notaria, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica; b) La fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica; c) El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica; d) Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica; e) En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello; f) Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente y; g) Los datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes. De tal suerte que las normas reclamadas tienen como objetivos principales los siguientes: a) Identificar a las personas o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad. b) Cumplir con los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Mexicano ante las instancias supranacionales como lo es, el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Foro Global, en materia de evasión fiscal, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 46/2017 (10a.), publicada en la página quinientos noventa del libro cuarenta y dos, mayo de dos mil diecisiete, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, ATIENDE A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO MEXICANO. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -a la cual México se adhirió el 18 de mayo de 1994-, tiene como misión promover políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, por lo que se ha interesado en la cooperación y asistencia mutua. Por ello, sus Estados miembros celebraron con los del Consejo de Europa, la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Estrasburgo, 25 de enero de 1988), con la finalidad, entre otros aspectos, de mejorar la obtención y el intercambio de información bajo altos estándares de confidencialidad y protección de datos personales, ante la necesidad de dotar a las administraciones tributarias de medios adecuados para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, la OCDE y los países miembros del G20 (principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados, como de economías emergentes como la mexicana), decidieron aplicar el plan de acción contra la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios (o plan de acción BEPS por sus siglas en inglés -base erotion and profit shifting-), cuyo objetivo es asegurar que los grupos empresariales tributen en el lugar en que se realizan las actividades económicas que les producen beneficios y en donde se genera el ingreso respectivo. La acción 13 de dicho Plan prevé una serie de recomendaciones y modelos estandarizados en materia de precios de transferencia (archivo maestro, archivo local e informe país por país), a fin de aumentar y fortalecer la transparencia ante las administraciones tributarias, de modo que puedan desarrollar una evaluación de riesgos eficiente y robusta que permita enfrentar de manera eficaz la erosión de la base gravable y el traslado de utilidades a otras jurisdicciones de baja o nula imposición. De lo anterior se advierte que el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, en el cual se establece la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas (maestra, local y país por país), responde -entre otras razones- al compromiso de México como miembro de la OCDE e integrante del G20, de participar y poner en práctica en su legislación interna los acuerdos alcanzados a nivel internacional, a efecto de identificar prácticas y estrategias fiscales de empresas multinacionales, permitiendo que la autoridad hacendaria actúe, de ser el caso, anticipadamente a actos de elusión y evasión fiscal." En ese sentido, el incumplimiento de la obligación de llevar, obtener, conservar y presentar la información relacionada con los beneficiarios controladores, es considerada una infracción administrativa y podrá ser sancionada en términos de los numerales 84, fracción M, y 84, fracción N, del Código Fiscal de la Federación; siendo que dichas normas, por sí mismas, son de naturaleza heteroaplicativa. Aquí es importante señalar que, si bien en dicha normatividad se prevé la obligación contable relacionada con llevar (actualizar), obtener (procedimientos); conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador; conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos; proporcionar y permitir el acceso a las autoridades fiscales y otorgarles las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores. Además, también deberán obtener y conservar los datos de identificación de la notaria, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica; fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica; nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica; importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica; en caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello, nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente y; datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes. Todo ello se condiciona a la constitución de fideicomisos, actos o contratos en los cuales se advierta la participación de un beneficiario controlador o que, en lo general, tenga control directo accionario o decisorio respecto de tales actos jurídicos. Por lo anterior, se concluye que el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, los artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies; 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación, en conjunto con la "Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintitrés", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, específicamente las reglas 2.8.1.21, y 2.8.1.23, constituyen normas de carácter heteroaplicativas, en razón de que las obligaciones que prevén no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requiere para su actualización del perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa. Sin que sea suficiente para acreditar el interés jurídico y, por ende, un acto de aplicación o individualización de las normas reclamadas, la documental exhibida en su escrito de seis de marzo de dos mil veintitrés, consistente en la copia certificada de la patente de notario público número 65 del Estado de Yucatán con residencia en Mérida, de dos de julio de dos mil siete, expedida por el Gobernador del Estado. En efecto, de dicha documental solamente se desprende que la quejosa cuenta con la autorización para desempeñarse como Notario Público en esta ciudad, pero no así la individualización de las normas reclamadas, pues aun cuando la promovente haya acreditado que es una fedataria pública, los actos, o bien, los procedimientos de identificación de tales beneficiarios no se individualizan por sí solos, esto es, por su sola entrada en vigor, porque precisa de la celebración de actos o contratos, o bien, de requerimientos de la autoridad; aunado a que se deben aplicar los procedimientos respectivos para identificar a dichos beneficiaros controladores, lo que es obligación tanto de las personas morales como del fedatario público que participe en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos, en los términos indicados en dicho sistema normativo combatido. Solo de esa forma, es que se advertirá que una persona o grupos de personas efectivamente controlan o se beneficien económicamente de una persona jurídica, porque exista control o beneficio económico derivado de la técnica de acciones, o bien, por ser un porcentaje de participación significativa en el derecho a voto o a la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad; lo que no puede advertirse con la mera entrada en vigor dado que deben de verificarse diversos procedimientos en los términos indicados en las normas reclamadas, dado que se necesita verificar algún acto del propio contribuyente, tercero o autoridad fiscal, para identificar tal hecho y dar cumplimiento a las obligaciones respectivas. A mayor abundamiento, se advierte que de la única documental exhibida por la quejosa, no se desprende que hayan llevado a cabo la formalización de algún acto jurídico en el cual se identifique un beneficiario controlador en términos de las normas reclamadas, o bien, que se le haya requerido a través de una solicitud de información notificada en términos del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, ya que dicha documental, por sí sola, es insuficiente para acreditar que la quejosa se encuentra dentro de los supuestos de las normas que reclama, ya que exclusivamente demuestra la calidad de fedataria pública con que se encuentra investida de acuerdo con la patente exhibida; lo cual tampoco podría corroborarse con los informes justificados rendidos por las responsables, pues los mismos contienen afirmaciones genéricas de constitucionalidad de los actos, entendidas como aquéllas que no le reconocen a quien promueve el amparo el carácter que ostenta, ni la veracidad de los documentos, pues su justificación se realiza únicamente en función de las normas impugnadas. Habida cuenta que de autos se advierte que es claro que la quejosa no demostró tener el deber de informar sobre algún beneficiario controlador, porque no exhibió constancia respecto de la formalización de acto o contrato alguno del cual derive su obligación de obtener la información para identificar a un beneficiario controlador y, en su caso, adoptar las medidas necesarias con la finalidad de comprobar su identidad; y, sobre todo, la obligación de identificar dichos beneficiarios en términos de las propias normas reclamadas. Aunado a que tampoco demostró que la autoridad hacendaria le requirió tal información, o incluso, como tercero, le hayan notificado el requerimiento respectivo. Además, para los fines que atañen a esta sentencia, resultaba necesario el ofrecimiento de diversos medios de prueba que evidenciaran que la parte quejosa estaba dentro de los supuestos normativos impugnados, precisamente, a partir de su individualización, por esos motivos, este Juzgado de Distrito no puede verificar el interés jurídico con las solas declaraciones exhibidas por la peticionaria del amparo. En efecto, los supuestos normativos en estudio, constituyen aspectos que deben ser probados de manera indubitable, para así advertir la observancia de la prohibición normativa. Sirve de apoyo analógico, la tesis 2a. CLII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y siete, enero de dos mil, tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. LOS ACTOS LEGISLATIVOS QUE MODIFICAN UN ELEMENTO ESENCIAL DE UNA CONTRIBUCIÓN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA CUANDO SU INDIVIDUALIZACIÓN ES INCIERTA E INDEPENDIENTE DE QUE LOS CONTRIBUYENTES REALICEN EL HECHO IMPONIBLE. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que lleva por rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de ese criterio jurisprudencial, la modificación legal de alguno de los elementos esenciales de un tributo, sujeto a un procedimiento complejo de cuantificación y pago, que provoca una transformación del sistema conforme al cual se venía contribuyendo, constituye una disposición de individualización condicionada si su actualización, en perjuicio de los gobernados, no guarda relación con la circunstancia de que éstos realicen el respectivo hecho imponible, sino con diversas que se conocerán, únicamente, al concluir el correspondiente periodo fiscal, lo que acontece cuando el legislador condiciona las consecuencias de la nueva hipótesis jurídica a determinados requisitos cuantitativos o temporales de realización incierta." Por consiguiente, no se encuentra debidamente acreditado su interés jurídico, en los términos exigidos por la Constitución y Ley de Amparo, como se expuso en el marco teórico precedente. Resulta aplicable la tesis número 1a./J. 4/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En consecuencia, toda vez que la parte quejosa también carece de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, los artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies; 84-M y 84-N, del Código Fiscal de la Federación, así como la "Resolución Miscelánea Fiscal para 2023", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, concretamente las reglas 2.8.1.21 y 2.8.1.23, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó del Secretario de Hacienda y Crédito Público con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando sexto de este fallo. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por quien representa al Jefe del Servicio de Administración Tributaria con sede en la Ciudad de México. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. De la misma forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley en materia, téngase por ofrecidas como pruebas de su parte, las instrumentales de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. De la misma forma, de conformidad con el artículo 9 de la legislación invocada, ténganse como domicilio y delegados de la responsable en cita, los que se señalan en el informe de mérito. En cuanto al señalamiento del correo electrónico, dígase a la responsable que el requerimiento formulado en auto admisorio, relativo a las comunicaciones no procesales por esos medios (en caso de resultar necesario), se encuentra dirigido únicamente a la parte quejosa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 224/2023-I-B, promovido por LANDY LETICIA LIZAMA ORTEGA; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, LANDY LETICIA LIZAMA ORTEGA, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el catorce de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de esa propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: 1. Del Servicio de Administración Tributaria: Las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil veintitrés, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. 2. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Las reglas de promulgación y la orden de publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil veintitrés y sus anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. 3. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación y la orden de publicación "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno. 4. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: La discusión y aprobación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno. SEGUNDA. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México; pues así lo manifestó expresamente en su informe previo el Director de Amparos contra actos administrativos, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos (promoción electrónica 2832), sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERA. Son ciertos los actos reclamados al Servicio de Administración Tributaria (promoción 4465), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (promoción 2833), Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (promoción 3250) y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (promoción 3507), pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes previos. CUARTA. Medida cautelar. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la discusión, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros Ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, así como las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil veintitrés, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y las reglas de su promulgación y orden de publicación. En principio se debe analizar la naturaleza de tales actos, los cuales se tratan de consumados con efectos positivos, por lo que con fundamento en los artículos 128 interpretado en sentido contrario y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, ya que la emisión, promulgación y publicación de la norma impugnada ya se llevó acabo, de manera que el análisis de la legalidad y constitucionalidad de ésta se realizará al momento de dictarse la sentencia en el juicio principal. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Sirve también de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 382, consultable en la página 412, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 911315, que indica: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Así como la jurisprudencia VI.2º.C.J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775, Tomo X, julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193722, que señala: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de las leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Por otra parte, respecto de los efectos y consecuencias de la norma impugnada, que se materializa en la aplicación de la misma, a fin de analizar la procedencia de la suspensión, se debe verificar si en el caso se satisfacen los requisitos que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el quejoso, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión definitiva de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. Empero, respecto a la parte quejosa no se encuentra colmada la titularidad del derecho que defiende, por lo que debe negarse la suspensión definitiva solicitada, toda vez que no exhibió prueba alguna que acredite, aunque sea de manera presuntiva o indiciaria, el interés que tiene en que se suspendan los actos que reclama. Ahora, si bien atendiendo a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad de la peticionaria de amparo, se debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos; sin embargo, debe constatar si la parte quejosa demuestra, al menos indiciariamente que tales actos la agravian, lo que en el caso particular no sucede, en virtud de que no aportó prueba alguna que acredite de manera, al menos presuntiva, que efectivamente tenga el cargo de notario público, y que por tanto, le cause perjuicio la ley. Sin que pase inadvertida la documental exhibida con su demanda de amparo, toda vez que la misma obra en copia simple, por lo que carece de valor probatorio. Por tanto, si la parte quejosa carece hasta este momento de interés suspensional, se reitera, lo procedente es que SE NIEGUE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA. Aunado a lo anterior, el sentido de la norma impugnada es para prevenir evasión de impuestos e incluso delitos, por lo que de concederse la suspensión definitiva se afectaría el orden público, así como el interés social y se estaría dejando de observar la ley. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA la suspensión definitiva a LANDY LETICIA LIZAMA ORTEGA, en contra de los actos que reclamó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución incidental. SEGUNDO. SE NIEGA la suspensión definitiva a LANDY LETICIA LIZAMA ORTEGA, en contra de los actos que reclamó del Servicio de Administración Tributaria, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, residentes en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

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