Lamberto Díaz Gomez
Expediente 1304/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lamberto Díaz Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1304/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1304/2018-I, promovido por ********************. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el quince de agosto dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al siguiente día hábil a este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se fijaron las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: El acuerdo de ********************, que decreta el inicio del procedimiento de remoción dictado en el expediente ********************, por la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, consistente en el acuerdo de ********************, que da inicio al procedimiento administrativo ********************, ya que no obstante que fue omisa en rendir su informe justificado, de las constancias que le fueron requeridas por este juzgado, se advierte la existencia del acto reclamado. En efecto, se corrobora la existencia del acto con la fotocopia certificada de las constancias del procedimiento antes referido, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Estudio del concepto de violación. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de los conceptos de violación. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante, sin que se advierta queja deficiente que suplir, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento la Jurisprudencia 7/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 12, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." En esencia, el quejoso manifiesta lo siguiente: Que se viola el artículo 1o. Constitucional, porque no se le otorgó la protección más amplia de sus derechos, ya que no cumplieron con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo obligación de la responsable, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Que se viola el artículo 14 Constitucional, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento ya que se inició sin las pruebas suficientes, por lo siguiente: 2.1 Conforme a lo establecido por el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la Unidad de Asuntos Internos, tiene la obligación de obtener pruebas lícitas desde una perspectiva de una formulación de la teoría del caso, así como de presentar los elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar; pruebas idóneas y materiales, no inferencias de indicios; no obstante en el particular de manera opuesta decretó el inicio del procedimiento contraviniendo lo anterior; además la falta que se imputa debe estar tipificada en la norma jurídica; en el particular no se satisface. 2.2 Que la responsable no especifica cuál es la conducta desplegada por el quejoso y de qué manera encuadra en las causales de remoción previstas en el artículo 159 de la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ya que solamente señala que ".presuntamente incumplió con aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, no acreditó el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva y no acredita evaluaciones y exámenes de control de confianza.", lo que lo deja en estado de indefensión al desconocer lo que va a alegar o defenderse. Que el artículo 16 Constitucional, no se respetó porque el acto reclamado no se ajustó a los preceptos legales que pretende actualizar, pues en su citatorio le señalaron los artículos 21, 115, fracción III, incluso h y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal; 114 bis fracción VIII, de la Constitución del Estado de Morelos; 40, fracción XV, 73 segundo párrafo y 74, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1, 123, fracción XI, 132 y 133 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 8, 82, inciso b, fracción XIX, 88, 90, 91, 100 fracción XV, 104, fracción II, 159 fracción XXIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 1, 25 a 32, 34 a 36, fracción II, inciso c), del Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que hace material y jurídicamente imposible que una sola conducta se ajuste a esos preceptos legales, sin realizarse a su favor la debida tipicidad que exige todo acto administrativo sancionador, careciendo de la debida fundamentación y motivación. Que se infringe el artículo 20 Constitucional, al violar el principio de presunción de inocencia, ya que se pretende dar por hecho que desplegó conductas sin allegarse de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad y las que se allegó no son idóneas ni pertinentes, ni suficientes para demostrar los hechos que se le imputan con base en las siguientes consideraciones: 4.1. Que es falso que el quejoso haya manifestado que su certificado de estudios es apócrifo porque no cursó los estudios y compró el documento; ya que se trata de una imputación no sustentada ya que no existen pruebas fehacientes y suficientes como una declaración firmada por él, videos, audios o testigos que lo acrediten, por el contrario, el certificado lo recibió después de cursar sus estudios en línea y aprobar cada una de las asignaturas. 4.2 Que en el citatorio no se estipulan cuáles fueron las técnicas, mecanismos o pruebas en que se funda la autoridad para afirmar que el certificado de estudios es apócrifo, ni quiénes fueron las personas encargadas de realizar esa pericial. 4.3 Que no existe prueba o determinación de la Dirección General de Bachilleratos en donde se niegue la autenticidad del certificado de estudios, pues si este es apócrifo, no es responsabilidad del quejoso sino de quien lo expidió, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad alguna. 4.4 Aunque el certificado de estudios careciera de validez, no debería generar el resultado de "no aprobado" en sus evaluaciones de control de confianza, ya que contar con estudios de nivel medio superior no es un requisito de permanencia, por lo que solamente originaria que tuviera un grado de estudios inferior. 5. Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución pues todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, emitido por autoridad competente; sin embargo, el Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de Yautepec, Morelos, no cumple con los requisitos para ser titular de la Unidad, en términos del artículo 167 fracción III, pues en la página de internet del Registro Nacional de Profesiones, no existe cédula de licenciado en derecho con su nombre; por tanto si el acuerdo del procedimiento y la notificación no está realizada por autoridad facultada para ello, se tiene que declarar viciada y nula la notificación y los actos subsecuentes. 6. Que el resultado de las evaluaciones no dan origen necesariamente a un proceso administrativo ni a la separación de su cargo. 7. Que los resultados de la evaluación de Control de Confianza se debe presumir que carecen de validez porque no obra en autos del expediente administrativo la constancia de que dicho Centro cuente con la acreditación vigente del Centro de Certificación y Acreditación. El concepto de violación número 1), es inoperante, pues si bien es una obligación de toda autoridad prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, acorde a lo que regula el numeral 1° constitucional, así como el de observar ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, también lo es que, el referido principio no conlleva que las autoridades en ejercicio legítimo de sus funciones dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen. Por otra parte, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, por lo que debido a que la parte quejosa se limitó a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplió con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, por ello, deviene inoperante su argumento de disentimiento. Por similitud jurídica, es aplicable a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2010532, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, en Materia Común, Tesis IV.2o.A. J/10 (10a.), cuyo rubro señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD.". Luego para contestar los conceptos de violación 2) y 3) es necesario precisar lo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), del rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", que en la parte conducente señala: ".Ahora bien, al respecto resulta necesario destacar que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, emitió el criterio relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, con motivo de las violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto. Lo anterior, toda vez que dicho supuesto constituye un acto de imposible reparación, en virtud de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición expresa de reinstalar a los miembros de instituciones policiales, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento instaurado en su contra. Dicha resolución dio origen a la tesis de jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 49/2016 (10a.), que se cita bajo los siguientes rubro y texto: ""PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. (Se transcribe) De dicho criterio se desprende que esta Segunda Sala consideró que las violaciones cometidas durante el inicio del procedimiento de separación son de imposible reparación, toda vez que de hacerse valer hasta concluido dicho procedimiento se haría nugatorio el derecho del servidor público, dado que aun cuando obtenga sentencia favorable, no podría ser reinstalado en su cargo. Al efecto, se trascribe la parte considerativa de la referida ejecutoria. ""Por tales motivos, en aras de respetar la garantía de acceso a un recurso judicial efectivo, es que debe estimarse que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra del inicio del procedimiento administrativo de separación de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales, ya que de esta manera, aquéllos tendrían la posibilidad de evitar la separación injustificada e inminente de sus cargos frente a diversas ilegalidades que pudieron darle origen al inicio de un procedimiento de este tipo. ""En este sentido, es menester precisar que el solo inicio del procedimiento administrativo de separación seguido en contra de algún servidor público sujeto al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, no es suficiente para acudir al juicio de amparo indirecto a controvertir tal determinación, sino que es necesario que dicha impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulte aplicable a cada caso en concreto y, que por tanto, de no subsanarse, pudiera causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él, en los términos apuntados en esta ejecutoria. "Al respecto, es válido mencionar que dichas impugnaciones pueden versar sobre la incompetencia de la autoridad administrativa, ilegalidad de la notificación de la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo de separación, indebida notificación de esa determinación, falta o indebida motivación y fundamentación del acto, entre otros aspectos. "Por tanto, lo afirmado en el párrafo que antecede, no es limitativo en cuanto a las violaciones procesales que pueden hacerse valer en el juicio de amparo indirecto seguido en contra del acto que determina iniciar el procedimiento administrativo de separación, ya que como quedó precisado, debe analizarse en cada caso en concreto, las reglas procesales que las legislaciones que resulten aplicables prevean al respecto. "De esta manera, con la procedencia del juicio de amparo indirecto en estos casos, idóneamente se protege la situación jurídica infringida (derecho al trabajo y a no ser separado de él sin causa justificada) y, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor,(10) se permite la posibilidad de obtener una reparación adecuada (en caso de que en la sentencia correspondiente se determine conceder el amparo, ésta tendría por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación,) por lo que de esta manera no se transgrediría de ninguna forma la proscripción contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal."" Analizado lo anterior, por lo que hace al punto de contradicción, se llega a la conclusión de que la violación a las reglas del proceso de evaluación del cual se obtuvo un resultado no aprobatorio, debe ser considerada dentro de las que se pueden llegar a cometer durante el inicio del procedimiento de separación, ya que dicho resultado negativo actualiza el supuesto de incumplir con un requisito de permanencia, aspecto que trae como consecuencia la apertura inmediata del procedimiento. De ahí que deba afirmarse que las violaciones cometidas en el proceso de evaluación del que se obtuvo el resultado de "no aprobado" sí causan afectación a la esfera jurídica del servidor público, las cuales de no ser subsanadas pudieran causar la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo de prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo. En efecto, la única instancia mediante la cual podría analizarse la legalidad del proceso de evaluación es el juicio de amparo indirecto promovido en contra del acuerdo de inicio del procedimiento de separación, dictado con motivo del resultado no aprobatorio en la evaluación de los requisitos de permanencia. En consecuencia, en el amparo indirecto que se promueva en contra del auto de inicio del procedimiento de separación, instaurado con motivo de incumplir un requisito de permanencia consistente en la no aprobación de las evaluaciones respectivas, deberán hacerse valer las violaciones a las reglas previamente establecidas que se consideren cometidas en el proceso de evaluación." De lo anterior se obtiene que en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo se trate del acuerdo por el que se inicia el procedimiento administrativo de separación seguido en contra de algún servidor público sujeto al sistema de carrera policial, es necesario que su impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulte aplicable a cada caso en concreto y, que por tanto, de no subsanarse, pudieran causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él; asimismo, que dichas impugnaciones pueden versar sobre la incompetencia de la autoridad administrativa, la ilegalidad de la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo de separación, la falta o indebida motivación y fundamentación del acto, así como las relativas a la legalidad del proceso de evaluación, entre otros aspectos, siempre y cuando se refieran a las reglas procesales que las legislaciones que resulten aplicables prevean al respecto, las cuales de no ser subsanadas pudieran causar la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo de prestación del servicio público. De ahí, que solamente puedan analizarse violaciones a los derechos sustantivos en ese auto, pero no transgresiones o contravenciones que pudieran acaecer posteriormente al citado auto, como son las actuaciones dentro del procedimiento administrativo. Derivado de lo anterior, son inoperantes los argumentos del quejoso de que las afirmaciones contenidas en la evaluación que se le realizó, son oscuras e irregulares que no detallan en qué consistió el proceso de evaluación, ni en qué consistió el análisis integral que realizaron, las variables que intervinieron y las técnicas y procedimientos para cruzar esas variables, pues dice el impetrante que no se prueba, detalla o específica a qué indicadores se refiere, por lo que queda en estado de indefensión al desconocer de lo que va a alegar o defenderse. Resultan inoperantes porque dichos argumentos escapan de las formalidades o reglas procesales que se requieren para el dictado de un acuerdo de inicio de procedimiento, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), ni mucho menos se aprecia constituyen formalidades a atender en el proceso de evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Yautepec, además de que la legalidad del proceso de evaluación y las pruebas que lo sustentan, será materia del procedimiento administrativo, en el cual, el quejoso tiene la oportunidad de formular contestación a la citada determinación, así como el derecho de ofrecer y desahogar las pruebas que a su derecho convengan y de formular lo alegatos en su defensa, como se advierte del propio numeral 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues en su caso, acorde al criterio jurisprudencial antes citado solo se podría alegar aspectos vinculados con la legalidad del proceso de evaluación más no con su resultado, por lo menos no en este estadio en que se encuentra. En otro orden de ideas, resultan inoperantes los motivos de disenso sintetizados en el inciso 4) al alegar una violación al principio de presunción de inocencia, pues aduce que la autoridad responsable pretende dar por hecho que el quejoso desplegó las conductas que se le atribuyen sin allegarse de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad y porque las pruebas que se recabaron no son idóneas, pertinentes ni suficientes para demostrar los hechos que se le imputan. Son inoperantes porque contrario a lo que afirma el accionante, dentro de los procedimientos de separación de los servidores públicos por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, es inaplicable el principio constitucional de presunción de inocencia, en virtud de que éste sólo es exigible cuando en el procedimiento subyace el ejercicio de una facultad punitiva del Estado y no una relación de coordinación, aun cuando ésta derive de un régimen especial regulado por normas de carácter administrativo, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, a más que como se indicó el procedimiento de origen se inició en términos del numeral 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ya que no acreditó el procedimiento de evaluación al realizarse el examen de control de confianza y no por reprocharle conducta punible alguna. En la parte conducente, orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 162/2017 (10a.) de la Décima Época, con registro 2015635, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, materia constitucional administrativa, página 551, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN Y POLICÍAS FEDERALES MINISTERIALES, POR NO ACREDITARSE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTA INAPLICABLE ESE PRINCIPIO." De lo anterior deriva también la inoperancia de los conceptos de violación marcados del 4.1 a 4.3, relativos a la transgresión del principio de presunción de inocencia, debido a la "valoración" de los resultados de las evaluaciones, pues alega el quejoso en forma general que carecen de sustento por no existir videos, fotografías o testigos presenciales que acrediten la falsedad del certificado de estudios del quejoso y que se trata de apreciaciones subjetivas de quien lo evaluó, carentes de fundamentación y motivación y, que por lo tanto, que no debieron dárseles valor probatorio al no guardar relación directa ni aportar información suficiente sobre los hechos, violando con ello el principio de presunción de inocencia. Es inoperante porque, además de que como ya se estableció, el principio de presunción de inocencia resulta inaplicable en el procedimiento de separación de elementos policiacos por no acreditarse los requisitos de ingreso o permanencia; el acto reclamado no contiene una valoración de pruebas para imponer una sanción al quejoso y, mucho menos, en forma definitiva, sino por el contrario, es el auto que inicia el procedimiento administrativo, el cual permite hacerle del conocimiento los motivos, razones y medios de convicción en que se sustentará el procedimiento iniciado, buscando que el quejoso cuente con los medios procesales a su alcance para ejercer su derecho de defensa. Además, el alcance probatorio y valor legal que se otorgue a los elementos de prueba, debe hacerse por la autoridad competente al resolverse el fondo del asunto en el procedimiento administrativo, motivo por el cual todo lo relativo a pruebas y el resultado de la valoración deberá plantearla el quejoso en contra de la resolución definitiva que en su caso se emita, pues en el acto reclamado, al ser el auto inicial, no se realizó justipreciación alguna de pruebas, sino que solamente se enunció cuál de ellas sirvió para instruir el procedimiento, que en el caso, fue la evaluación de control de confianza realizada al quejoso, la cual, es suficiente conforme a la ley de la materia para iniciar el procedimiento correspondiente, reiterándole que en su caso solo podría impugnar la legalidad del proceso de evaluación en esta vía de amparo. En otro orden de ideas, es inoperante el concepto de violación 5 en el que se cuestiona la validez del nombramiento del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, al estimar que en el Registro Nacional de Profesiones no se encuentra registrada la cédula profesional de licenciado en derecho. Debe precisarse que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para estudiar la validez del nombramiento ya que el juicio de amparo sólo protege la competencia constitucional y jurisdiccional del Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, por tanto, discutir en esta sede el nombramiento del servidor público ********************, implicaría estudiar aspectos vinculados con lo que se ha denominado competencia de origen, en tanto que ello conlleva analizar la legitimidad de su designación, lo cual no está jurídicamente permitido, pues el derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente se refiere a los límites fijados a la autoridad para su actuación frente a los particulares y no así en lo correcto o incorrecto en la designación o nombramiento del funcionario respetivo, a más que ello no constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.P.T. J/2 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, Página 2044, de rubro: "COMPETENCIA DE ORIGEN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN VINCULADOS CON ESE ASPECTO.". Con base en las explicaciones que anteceden, se determina que el acuerdo del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades que se reclama en este juicio de amparo, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, está sujeto al cumplimiento de los requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por la autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado, puesto que atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, el propio momento procesal en que se emite y los efectos que produce, no pudiera catalogarse como un acto privativo, ya que no priva o restringe de manera definitiva al gobernable de derecho alguno, sino que por el contrario sería a partir de éste que se garantiza y tutela el debido proceso en su vertiente de defensa adecuada y garantía de audiencia, de manera previa al acto que en definitiva se emite en el procedimiento administrativo de que se trata. De ahí que no pueda sostenerse que se le dejó en estado de indefensión al quejoso, al tratarse de un acto de molestia y no de un acto privativo, el que se hizo sabedor por medio de emplazamiento de veintiuno de julio de dos mil dieciocho, al procedimiento administrativo, logrando tener pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al correrle traslado con el acuerdo de inicio de ********************, así como con un legajo consistente en copias certificadas del expediente al rubro citado, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento se respetó su garantía de defensa y debido proceso; motivo por el cual no es dable estimar como violatorio del artículo 14 Constitucional, contrario a lo alegado. Siguiendo con este orden de ideas, en lo tocante al tema de la debida fundamentación y motivación, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas consideradas infractoras o merecedoras de sanción debe gozar de tal claridad y univocidad que la autoridad pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, del estudio del acto reclamado, no asiste razón al quejoso, porque es evidente que la autoridad responsable sí motivó adecuadamente su actuar, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a iniciar el procedimiento administrativo contra la parte quejosa, pues consideró que con el resultado integral de la evaluación y control de confianza seguido al quejoso tuvo como "no aprobado", se acreditaba que la conducta del elemento policiaco ********************encuadra dentro de las hipótesis que contemplan los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 100, fracción XV y 159, fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, razón por la que, con fundamento en el artículo 171, de la citada Ley, era procedente el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. Además, la responsable precisó los motivos que aparecen en la evaluación, por los cuales no fue aprobado, colmando con ello las exigencias formales indicadas en el artículo 16 constitucional, para permitir al imputado del procedimiento una defensa adecuada, ya que citó la parte medular de las conclusiones de las indicadas valoraciones, que se reproducen enseguida: ".esta Dirección de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec Morelos, decreta el inicio del Procedimiento Administrativo en contra del elemento ********************, CON EL CARGO DE POLICÍA PREVENTIVO, ADSCRITO A LA POLICÍA DE LA JEFATURA DE COMANDANCIA DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, PUES RESULTÓ NO APORBADO EN EL RESULTADO INTEGRAL DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA QUE LE FUERAN PRACTICADAS EN FECHAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, COMO REQUISITO PARA SU PERMANENCIA EN EL SERVICIO; presuntamente encuadrando en su conducta en la hipótesis prevista en los artículos 82 inciso B fracción XIX, 100 fracción XV y 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues presuntamente incumplió con aprobar los procesos de Evaluación de Control de Confianza, no acredito el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva y no acredita las Evaluaciones y Exámenes de Control de Confianza; en tal virtud con fundamento en el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se ordena citar al Elemento Policial sujeto a Procedimiento para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente dejando constancia de ello;.". (sic) Sin que obste que el quejoso afirme en su concepto de violación 3), que la conducta que se le atribuye no puede estar prevista en todos los artículos citados en el acuerdo de inicio de procedimiento de ********************, pues al margen de que de la lectura integral del mismo, se observa que la responsable solo sustentó su acto en los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 100, fracción XV y 159, fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para efectos de ubicar los motivos, razones o circunstancias de su actuar y no en todos los invocados por el quejoso, será al momento de dictar resolución definitiva y una vez analizadas las pruebas que integran el expediente, que se determine la conducta que en específico y de manera concreta realizó el quejoso, para lo cual, la autoridad indicará qué obligación y deber no fueron atendidos como integrante de la Institución de Seguridad Pública; de ahí que, contrario a lo alegado, era suficiente la invocación normativa vertida por la responsable, ya que tales preceptos regulan diversos principios y obligaciones que se estimaron infringidos y suficientes para dar inicio a esa instancia administrativa. También en oposición a lo alegado por el quejoso, como ya se indicó, se aprecia que se le inició procedimiento porque su conducta encuadra en las hipótesis previstas por los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 100, fracción XV y 159, fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, precisamente al no haber acreditado la evaluación de control de confianza. En este tenor, estaba facultada la autoridad responsable para iniciar el procedimiento administrativo contra el quejoso, en el que en respeto a su derecho de defensa debe notificarle formalmente de su inicio y los motivos por los cuales se abría; sede administrativa en la cual se determinará si la actuación del servidor público, como integrante de la institución policial, cumplió con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 constitucional; asimismo, con las obligaciones que establece el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o bien, desahogadas las etapas de ese procedimiento, se determinará si existe una causa justificada de remoción. Por otra parte, también es infundado el argumento del quejoso marcado como 2.1 en el sentido de que conforme a lo establecido por el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la Unidad de Asuntos Internos, tiene la obligación de obtener pruebas lícitas desde una perspectiva de una formulación de la teoría del caso, así como debe presentar los elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar; pruebas idóneas y materiales, no inferencias de indicios; además la falta debe estar tipificada en la norma jurídica. Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 159, fracción XXIII, 164, fracción II y 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, señalan lo siguiente: "Artículo 82.- Las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y los auxiliares de instituciones públicas, incorporarán única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes y por cuanto hace a los prestadores del servicio de seguridad privada se someterán al reglamento de la materia: [.] B. De Permanencia: [.] XIX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; Artículo 159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: XXIII. No acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza; Artículo 164.- Las Unidades de Asuntos Internos tendrán facultades para iniciar los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes casos: [.] II. Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento infringió los principios de actuación, obligaciones ó deberes establecidos en la presente Ley u otros ordenamientos legales;." De los preceptos legales antes transcritos se colige que las instituciones de seguridad pública estatal, incorporarán única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes; que para la permanencia de su cargo, deben aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; asimismo, establece como causa justificada de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y sin indemnización, que los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares no acrediten las evaluaciones y exámenes de control de confianza, previo desahogo del procedimiento establecido en esa Ley. En consecuencia, para el inicio del procedimiento administrativo para la permanencia del quejoso como elemento de seguridad pública, previsto por el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es suficiente que no acredite las evaluaciones y exámenes de control de confianza derivado del resultado de la evaluación realizada por el Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; es decir, la Unidad de Asuntos Internos, no tiene la obligación de obtener pruebas lícitas desde una perspectiva de una formulación de la teoría del caso, ni debe presentar elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar, tampoco pruebas que sean idóneas y materiales, para actuar en la forma y términos en que lo hizo. Lo anterior, en virtud de que no se trata de la investigación por la comisión de una falta o conducta irregular sancionada administrativamente en perjuicio del quejoso, sino del inicio del procedimiento administrativo para la posible remoción del cargo como elemento de seguridad pública, conforme lo prevé la fracción I del citado numeral 171, al no satisfacer la condición de ingreso y permanencia, por ende, es suficiente que se ubique en la hipótesis normativa invocada por la responsable consistente en la no acreditación de los exámenes de control de confianza para que la responsable esté en posibilidad de incoarle el procedimiento respectivo, observando incluso, que no es la resolución final en la que se realiza una valoración de las pruebas que integran las evaluaciones y exámenes de control de confianza, la que aquí se impugna. Razón por la cual, si para el inicio del procedimiento administrativo en contra del quejoso, la autoridad responsable solamente consideró el resultado de la evaluación y examen de control de confianza contenido en el oficio ********************, que tuvo como resultado "NO APROBADO", entonces su actuar sí se ubica en lo previsto por los preceptos legales antes analizados, sin que sea necesario obtener pruebas lícitas, idóneas y materiales para la formulación de una teoría del caso, ni los elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar. También resultan infundados los conceptos de violación 6 y 7 en los que el quejoso manifiesta que el resultado de las evaluaciones no dan origen necesariamente a un proceso administrativo ni a la separación de su cargo, así como que los resultados de la evaluación de Control de Confianza se debe presumir que carecen de validez porque no obra en autos del expediente administrativo la constancia de que el Centro que los elaboró cuente con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En primer término no asiste la razón al quejoso al señalar en el concepto de violación 6 que el resultado de las evaluaciones no dan origen necesariamente a un proceso administrativo ni a la separación del cargo, ya que como se precisó con anterioridad, el artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos señala que no acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza, que fue lo que aconteció en el caso, será causa justificada de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en dicha Ley, de ahí que resulte infundado que cuando un elemento de seguridad pública no apruebe los exámenes de control no se pueda iniciar el procedimiento respectivo, al existir disposición expresa en contrario. También es infundado el concepto de violación 7, porque contrario a lo que afirma el quejoso no debe presumirse que el Centro de Evaluación y de Control y Confianza del Estado de Morelos, carece de la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, únicamente porque no obra la constancia respectiva en el expediente, siendo injustificado que por tal razón es inválido el inicio del procedimiento respectivo. Si bien es cierto, el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública sólo tendrán validez en cuanto a los procesos y el personal si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, también lo es que ante la no exhibición por parte de la responsable de la acreditación en cada expediente administrativo, no debe presumirse la carencia de ésta y declarar la invalidez del inicio del procedimiento. Esto es así, porque en primer término al emitir el resultado de "NO APROBADO", en la evaluación de control de confianza, se observa la referencia a que dicho Centro de Evaluación y Control de Confianza de Morelos, se encuentra acreditado con la clave ********************, asentando también, que los procesos de evaluación de control de confianza están estructurados y tienen aplicación al Modelo Nacional, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Centro Nacional; gozando así de la presunción de legalidad de estar debidamente certificado para la emisión de dichos actos, quedando en su caso a cargo del objetante demostrar lo contrario al derivar de una presunción legal. Aunado a que en todo caso, en el procedimiento de origen, se podrá desvirtuar dicha acreditación, pero para el estadio procesal de inicio del procedimiento no es jurídicamente dable establecer como requisito la exhibición del documento de acreditación respectivo, ya que no hay disposición que así lo establezca. Así, se observa que incluso el quejoso hizo valer tal cuestión en el escrito de contestación de tres de septiembre de dos mil dieciocho en el procedimiento de origen, e inclusive ofreció pruebas tendentes a valorar las constancias de acreditación de los evaluadores del Centro, de ahí que el concepto de violación en estudio resulta infundado, siendo correcto que en el procedimiento administrativo podrá demostrar que la responsable no se encuentra acreditada, lo que por sí no puede catalogarse como un requisito de legalidad en el proceso de evaluación que deba ser verificado para el inicio del procedimiento de origen y, por ende, que deba ser analizado mediante el juicio de amparo, de ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe hasta hoy veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Vistos los autos del juicio de amparo 1304/2018-I, promovido por ********************. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el quince de agosto dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al siguiente día hábil a este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se fijaron las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: El acuerdo de ********************, que decreta el inicio del procedimiento de remoción dictado en el expediente ********************, por la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, consistente en el acuerdo de ********************, que da inicio al procedimiento administrativo ********************, ya que no obstante que fue omisa en rendir su informe justificado, de las constancias que le fueron requeridas por este juzgado, se advierte la existencia del acto reclamado. En efecto, se corrobora la existencia del acto con la fotocopia certificada de las constancias del procedimiento antes referido, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Estudio del concepto de violación. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de los conceptos de violación. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante, sin que se advierta queja deficiente que suplir, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento la Jurisprudencia 7/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 12, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." En esencia, el quejoso manifiesta lo siguiente: Que se viola el artículo 1o. Constitucional, porque no se le otorgó la protección más amplia de sus derechos, ya que no cumplieron con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo obligación de la responsable, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Que se viola el artículo 14 Constitucional, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento ya que se inició sin las pruebas suficientes, por lo siguiente: 2.1 Conforme a lo establecido por el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la Unidad de Asuntos Internos, tiene la obligación de obtener pruebas lícitas desde una perspectiva de una formulación de la teoría del caso, así como de presentar los elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar; pruebas idóneas y materiales, no inferencias de indicios; no obstante en el particular de manera opuesta decretó el inicio del procedimiento contraviniendo lo anterior; además la falta que se imputa debe estar tipificada en la norma jurídica; en el particular no se satisface. 2.2 Que la responsable no especifica cuál es la conducta desplegada por el quejoso y de qué manera encuadra en las causales de remoción previstas en el artículo 159 de la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ya que solamente señala que ".presuntamente incumplió con aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, no acreditó el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva y no acredita evaluaciones y exámenes de control de confianza.", lo que lo deja en estado de indefensión al desconocer lo que va a alegar o defenderse. Que el artículo 16 Constitucional, no se respetó porque el acto reclamado no se ajustó a los preceptos legales que pretende actualizar, pues en su citatorio le señalaron los artículos 21, 115, fracción III, incluso h y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal; 114 bis fracción VIII, de la Constitución del Estado de Morelos; 40, fracción XV, 73 segundo párrafo y 74, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1, 123, fracción XI, 132 y 133 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 8, 82, inciso b, fracción XIX, 88, 90, 91, 100 fracción XV, 104, fracción II, 159 fracción XXIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 1, 25 a 32, 34 a 36, fracción II, inciso c), del Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que hace material y jurídicamente imposible que una sola conducta se ajuste a esos preceptos legales, sin realizarse a su favor la debida tipicidad que exige todo acto administrativo sancionador, careciendo de la debida fundamentación y motivación. Que se infringe el artículo 20 Constitucional, al violar el principio de presunción de inocencia, ya que se pretende dar por hecho que desplegó conductas sin allegarse de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad y las que se allegó no son idóneas ni pertinentes, ni suficientes para demostrar los hechos que se le imputan con base en las siguientes consideraciones: 4.1. Que es falso que el quejoso haya manifestado que su certificado de estudios es apócrifo porque no cursó los estudios y compró el documento; ya que se trata de una imputación no sustentada ya que no existen pruebas fehacientes y suficientes como una declaración firmada por él, videos, audios o testigos que lo acrediten, por el contrario, el certificado lo recibió después de cursar sus estudios en línea y aprobar cada una de las asignaturas. 4.2 Que en el citatorio no se estipulan cuáles fueron las técnicas, mecanismos o pruebas en que se funda la autoridad para afirmar que el certificado de estudios es apócrifo, ni quiénes fueron las personas encargadas de realizar esa pericial. 4.3 Que no existe prueba o determinación de la Dirección General de Bachilleratos en donde se niegue la autenticidad del certificado de estudios, pues si este es apócrifo, no es responsabilidad del quejoso sino de quien lo expidió, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad alguna. 4.4 Aunque el certificado de estudios careciera de validez, no debería generar el resultado de "no aprobado" en sus evaluaciones de control de confianza, ya que contar con estudios de nivel medio superior no es un requisito de permanencia, por lo que solamente originaria que tuviera un grado de estudios inferior. 5. Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución pues todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, emitido por autoridad competente; sin embargo, el Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de Yautepec, Morelos, no cumple con los requisitos para ser titular de la Unidad, en términos del artículo 167 fracción III, pues en la página de internet del Registro Nacional de Profesiones, no existe cédula de licenciado en derecho con su nombre; por tanto si el acuerdo del procedimiento y la notificación no está realizada por autoridad facultada para ello, se tiene que declarar viciada y nula la notificación y los actos subsecuentes. 6. Que el resultado de las evaluaciones no dan origen necesariamente a un proceso administrativo ni a la separación de su cargo. 7. Que los resultados de la evaluación de Control de Confianza se debe presumir que carecen de validez porque no obra en autos del expediente administrativo la constancia de que dicho Centro cuente con la acreditación vigente del Centro de Certificación y Acreditación. El concepto de violación número 1), es inoperante, pues si bien es una obligación de toda autoridad prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, acorde a lo que regula el numeral 1° constitucional, así como el de observar ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, también lo es que, el referido principio no conlleva que las autoridades en ejercicio legítimo de sus funciones dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen. Por otra parte, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, por lo que debido a que la parte quejosa se limitó a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplió con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, por ello, deviene inoperante su argumento de disentimiento. Por similitud jurídica, es aplicable a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2010532, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, en Materia Común, Tesis IV.2o.A. J/10 (10a.), cuyo rubro señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD.". Luego para contestar los conceptos de violación 2) y 3) es necesario precisar lo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), del rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", que en la parte conducente señala: ".Ahora bien, al respecto resulta necesario destacar que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, emitió el criterio relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, con motivo de las violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto. Lo anterior, toda vez que dicho supuesto constituye un acto de imposible reparación, en virtud de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición expresa de reinstalar a los miembros de instituciones policiales, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento instaurado en su contra. Dicha resolución dio origen a la tesis de jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 49/2016 (10a.), que se cita bajo los siguientes rubro y texto: ""PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. (Se transcribe) De dicho criterio se desprende que esta Segunda Sala consideró que las violaciones cometidas durante el inicio del procedimiento de separación son de imposible reparación, toda vez que de hacerse valer hasta concluido dicho procedimiento se haría nugatorio el derecho del servidor público, dado que aun cuando obtenga sentencia favorable, no podría ser reinstalado en su cargo. Al efecto, se trascribe la parte considerativa de la referida ejecutoria. ""Por tales motivos, en aras de respetar la garantía de acceso a un recurso judicial efectivo, es que debe estimarse que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra del inicio del procedimiento administrativo de separación de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales, ya que de esta manera, aquéllos tendrían la posibilidad de evitar la separación injustificada e inminente de sus cargos frente a diversas ilegalidades que pudieron darle origen al inicio de un procedimiento de este tipo. ""En este sentido, es menester precisar que el solo inicio del procedimiento administrativo de separación seguido en contra de algún servidor público sujeto al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, no es suficiente para acudir al juicio de amparo indirecto a controvertir tal determinación, sino que es necesario que dicha impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulte aplicable a cada caso en concreto y, que por tanto, de no subsanarse, pudiera causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él, en los términos apuntados en esta ejecutoria. "Al respecto, es válido mencionar que dichas impugnaciones pueden versar sobre la incompetencia de la autoridad administrativa, ilegalidad de la notificación de la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo de separación, indebida notificación de esa determinación, falta o indebida motivación y fundamentación del acto, entre otros aspectos. "Por tanto, lo afirmado en el párrafo que antecede, no es limitativo en cuanto a las violaciones procesales que pueden hacerse valer en el juicio de amparo indirecto seguido en contra del acto que determina iniciar el procedimiento administrativo de separación, ya que como quedó precisado, debe analizarse en cada caso en concreto, las reglas procesales que las legislaciones que resulten aplicables prevean al respecto. "De esta manera, con la procedencia del juicio de amparo indirecto en estos casos, idóneamente se protege la situación jurídica infringida (derecho al trabajo y a no ser separado de él sin causa justificada) y, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor,(10) se permite la posibilidad de obtener una reparación adecuada (en caso de que en la sentencia correspondiente se determine conceder el amparo, ésta tendría por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación,) por lo que de esta manera no se transgrediría de ninguna forma la proscripción contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal."" Analizado lo anterior, por lo que hace al punto de contradicción, se llega a la conclusión de que la violación a las reglas del proceso de evaluación del cual se obtuvo un resultado no aprobatorio, debe ser considerada dentro de las que se pueden llegar a cometer durante el inicio del procedimiento de separación, ya que dicho resultado negativo actualiza el supuesto de incumplir con un requisito de permanencia, aspecto que trae como consecuencia la apertura inmediata del procedimiento. De ahí que deba afirmarse que las violaciones cometidas en el proceso de evaluación del que se obtuvo el resultado de "no aprobado" sí causan afectación a la esfera jurídica del servidor público, las cuales de no ser subsanadas pudieran causar la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo de prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo. En efecto, la única instancia mediante la cual podría analizarse la legalidad del proceso de evaluación es el juicio de amparo indirecto promovido en contra del acuerdo de inicio del procedimiento de separación, dictado con motivo del resultado no aprobatorio en la evaluación de los requisitos de permanencia. En consecuencia, en el amparo indirecto que se promueva en contra del auto de inicio del procedimiento de separación, instaurado con motivo de incumplir un requisito de permanencia consistente en la no aprobación de las evaluaciones respectivas, deberán hacerse valer las violaciones a las reglas previamente establecidas que se consideren cometidas en el proceso de evaluación." De lo anterior se obtiene que en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo se trate del acuerdo por el que se inicia el procedimiento administrativo de separación seguido en contra de algún servidor público sujeto al sistema de carrera policial, es necesario que su impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulte aplicable a cada caso en concreto y, que por tanto, de no subsanarse, pudieran causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él; asimismo, que dichas impugnaciones pueden versar sobre la incompetencia de la autoridad administrativa, la ilegalidad de la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo de separación, la falta o indebida motivación y fundamentación del acto, así como las relativas a la legalidad del proceso de evaluación, entre otros aspectos, siempre y cuando se refieran a las reglas procesales que las legislaciones que resulten aplicables prevean al respecto, las cuales de no ser subsanadas pudieran causar la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo de prestación del servicio público. De ahí, que solamente puedan analizarse violaciones a los derechos sustantivos en ese auto, pero no transgresiones o contravenciones que pudieran acaecer posteriormente al citado auto, como son las actuaciones dentro del procedimiento administrativo. Derivado de lo anterior, son inoperantes los argumentos del quejoso de que las afirmaciones contenidas en la evaluación que se le realizó, son oscuras e irregulares que no detallan en qué consistió el proceso de evaluación, ni en qué consistió el análisis integral que realizaron, las variables que intervinieron y las técnicas y procedimientos para cruzar esas variables, pues dice el impetrante que no se prueba, detalla o específica a qué indicadores se refiere, por lo que queda en estado de indefensión al desconocer de lo que va a alegar o defenderse. Resultan inoperantes porque dichos argumentos escapan de las formalidades o reglas procesales que se requieren para el dictado de un acuerdo de inicio de procedimiento, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), ni mucho menos se aprecia constituyen formalidades a atender en el proceso de evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Yautepec, además de que la legalidad del proceso de evaluación y las pruebas que lo sustentan, será materia del procedimiento administrativo, en el cual, el quejoso tiene la oportunidad de formular contestación a la citada determinación, así como el derecho de ofrecer y desahogar las pruebas que a su derecho convengan y de formular lo alegatos en su defensa, como se advierte del propio numeral 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues en su caso, acorde al criterio jurisprudencial antes citado solo se podría alegar aspectos vinculados con la legalidad del proceso de evaluación más no con su resultado, por lo menos no en este estadio en que se encuentra. En otro orden de ideas, resultan inoperantes los motivos de disenso sintetizados en el inciso 4) al alegar una violación al principio de presunción de inocencia, pues aduce que la autoridad responsable pretende dar por hecho que el quejoso desplegó las conductas que se le atribuyen sin allegarse de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad y porque las pruebas que se recabaron no son idóneas, pertinentes ni suficientes para demostrar los hechos que se le imputan. Son inoperantes porque contrario a lo que afirma el accionante, dentro de los procedimientos de separación de los servidores públicos por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, es inaplicable el principio constitucional de presunción de inocencia, en virtud de que éste sólo es exigible cuando en el procedimiento subyace el ejercicio de una facultad punitiva del Estado y no una relación de coordinación, aun cuando ésta derive de un régimen especial regulado por normas de carácter administrativo, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, a más que como se indicó el procedimiento de origen se inició en términos del numeral 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ya que no acreditó el procedimiento de evaluación al realizarse el examen de control de confianza y no por reprocharle conducta punible alguna. En la parte conducente, orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 162/2017 (10a.) de la Décima Época, con registro 2015635, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, materia constitucional administrativa, página 551, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN Y POLICÍAS FEDERALES MINISTERIALES, POR NO ACREDITARSE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTA INAPLICABLE ESE PRINCIPIO." De lo anterior deriva también la inoperancia de los conceptos de violación marcados del 4.1 a 4.3, relativos a la transgresión del principio de presunción de inocencia, debido a la "valoración" de los resultados de las evaluaciones, pues alega el quejoso en forma general que carecen de sustento por no existir videos, fotografías o testigos presenciales que acrediten la falsedad del certificado de estudios del quejoso y que se trata de apreciaciones subjetivas de quien lo evaluó, carentes de fundamentación y motivación y, que por lo tanto, que no debieron dárseles valor probatorio al no guardar relación directa ni aportar información suficiente sobre los hechos, violando con ello el principio de presunción de inocencia. Es inoperante porque, además de que como ya se estableció, el principio de presunción de inocencia resulta inaplicable en el procedimiento de separación de elementos policiacos por no acreditarse los requisitos de ingreso o permanencia; el acto reclamado no contiene una valoración de pruebas para imponer una sanción al quejoso y, mucho menos, en forma definitiva, sino por el contrario, es el auto que inicia el procedimiento administrativo, el cual permite hacerle del conocimiento los motivos, razones y medios de convicción en que se sustentará el procedimiento iniciado, buscando que el quejoso cuente con los medios procesales a su alcance para ejercer su derecho de defensa. Además, el alcance probatorio y valor legal que se otorgue a los elementos de prueba, debe hacerse por la autoridad competente al resolverse el fondo del asunto en el procedimiento administrativo, motivo por el cual todo lo relativo a pruebas y el resultado de la valoración deberá plantearla el quejoso en contra de la resolución definitiva que en su caso se emita, pues en el acto reclamado, al ser el auto inicial, no se realizó justipreciación alguna de pruebas, sino que solamente se enunció cuál de ellas sirvió para instruir el procedimiento, que en el caso, fue la evaluación de control de confianza realizada al quejoso, la cual, es suficiente conforme a la ley de la materia para iniciar el procedimiento correspondiente, reiterándole que en su caso solo podría impugnar la legalidad del proceso de evaluación en esta vía de amparo. En otro orden de ideas, es inoperante el concepto de violación 5 en el que se cuestiona la validez del nombramiento del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, al estimar que en el Registro Nacional de Profesiones no se encuentra registrada la cédula profesional de licenciado en derecho. Debe precisarse que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para estudiar la validez del nombramiento ya que el juicio de amparo sólo protege la competencia constitucional y jurisdiccional del Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, por tanto, discutir en esta sede el nombramiento del servidor público ********************, implicaría estudiar aspectos vinculados con lo que se ha denominado competencia de origen, en tanto que ello conlleva analizar la legitimidad de su designación, lo cual no está jurídicamente permitido, pues el derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente se refiere a los límites fijados a la autoridad para su actuación frente a los particulares y no así en lo correcto o incorrecto en la designación o nombramiento del funcionario respetivo, a más que ello no constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.P.T. J/2 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, Página 2044, de rubro: "COMPETENCIA DE ORIGEN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN VINCULADOS CON ESE ASPECTO.". Con base en las explicaciones que anteceden, se determina que el acuerdo del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades que se reclama en este juicio de amparo, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, está sujeto al cumplimiento de los requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por la autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado, puesto que atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, el propio momento procesal en que se emite y los efectos que produce, no pudiera catalogarse como un acto privativo, ya que no priva o restringe de manera definitiva al gobernable de derecho alguno, sino que por el contrario sería a partir de éste que se garantiza y tutela el debido proceso en su vertiente de defensa adecuada y garantía de audiencia, de manera previa al acto que en definitiva se emite en el procedimiento administrativo de que se trata. De ahí que no pueda sostenerse que se le dejó en estado de indefensión al quejoso, al tratarse de un acto de molestia y no de un acto privativo, el que se hizo sabedor por medio de emplazamiento de veintiuno de julio de dos mil dieciocho, al procedimiento administrativo, logrando tener pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al correrle traslado con el acuerdo de inicio de ********************, así como con un legajo consistente en copias certificadas del expediente al rubro citado, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento se respetó su garantía de defensa y debido proceso; motivo por el cual no es dable estimar como violatorio del artículo 14 Constitucional, contrario a lo alegado. Siguiendo con este orden de ideas, en lo tocante al tema de la debida fundamentación y motivación, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas consideradas infractoras o merecedoras de sanción debe gozar de tal claridad y univocidad que la autoridad pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, del estudio del acto reclamado, no asiste razón al quejoso, porque es evidente que la autoridad responsable sí motivó adecuadamente su actuar, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a iniciar el procedimiento administrativo contra la parte quejosa, pues consideró que con el resultado integral de la evaluación y control de confianza seguido al quejoso tuvo como "no aprobado", se acreditaba que la conducta del elemento policiaco ********************encuadra dentro de las hipótesis que contemplan los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 100, fracción XV y 159, fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, razón por la que, con fundamento en el artículo 171, de la citada Ley, era procedente el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. Además, la responsable precisó los motivos que aparecen en la evaluación, por los cuales no fue aprobado, colmando con ello las exigencias formales indicadas en el artículo 16 constitucional, para permitir al imputado del procedimiento una defensa adecuada, ya que citó la parte medular de las conclusiones de las indicadas valoraciones, que se reproducen enseguida: ".esta Dirección de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec Morelos, decreta el inicio del Procedimiento Administrativo en contra del elemento ********************, CON EL CARGO DE POLICÍA PREVENTIVO, ADSCRITO A LA POLICÍA DE LA JEFATURA DE COMANDANCIA DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, PUES RESULTÓ NO APORBADO EN EL RESULTADO INTEGRAL DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA QUE LE FUERAN PRACTICADAS EN FECHAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, COMO REQUISITO PARA SU PERMANENCIA EN EL SERVICIO; presuntamente encuadrando en su conducta en la hipótesis prevista en los artículos 82 inciso B fracción XIX, 100 fracción XV y 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues presuntamente incumplió con aprobar los procesos de Evaluación de Control de Confianza, no acredito el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva y no acredita las Evaluaciones y Exámenes de Control de Confianza; en tal virtud con fundamento en el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se ordena citar al Elemento Policial sujeto a Procedimiento para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente dejando constancia de ello;.". (sic) Sin que obste que el quejoso afirme en su concepto de violación 3), que la conducta que se le atribuye no puede estar prevista en todos los artículos citados en el acuerdo de inicio de procedimiento de ********************, pues al margen de que de la lectura integral del mismo, se observa que la responsable solo sustentó su acto en los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 100, fracción XV y 159, fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para efectos de ubicar los motivos, razones o circunstancias de su actuar y no en todos los invocados por el quejoso, será al momento de dictar resolución definitiva y una vez analizadas las pruebas que integran el expediente, que se determine la conducta que en específico y de manera concreta realizó el quejoso, para lo cual, la autoridad indicará qué obligación y deber no fueron atendidos como integrante de la Institución de Seguridad Pública; de ahí que, contrario a lo alegado, era suficiente la invocación normativa vertida por la responsable, ya que tales preceptos regulan diversos principios y obligaciones que se estimaron infringidos y suficientes para dar inicio a esa instancia administrativa. También en oposición a lo alegado por el quejoso, como ya se indicó, se aprecia que se le inició procedimiento porque su conducta encuadra en las hipótesis previstas por los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 100, fracción XV y 159, fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, precisamente al no haber acreditado la evaluación de control de confianza. En este tenor, estaba facultada la autoridad responsable para iniciar el procedimiento administrativo contra el quejoso, en el que en respeto a su derecho de defensa debe notificarle formalmente de su inicio y los motivos por los cuales se abría; sede administrativa en la cual se determinará si la actuación del servidor público, como integrante de la institución policial, cumplió con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 constitucional; asimismo, con las obligaciones que establece el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o bien, desahogadas las etapas de ese procedimiento, se determinará si existe una causa justificada de remoción. Por otra parte, también es infundado el argumento del quejoso marcado como 2.1 en el sentido de que conforme a lo establecido por el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la Unidad de Asuntos Internos, tiene la obligación de obtener pruebas lícitas desde una perspectiva de una formulación de la teoría del caso, así como debe presentar los elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar; pruebas idóneas y materiales, no inferencias de indicios; además la falta debe estar tipificada en la norma jurídica. Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 82, apartado B, fracción XIX, 159, fracción XXIII, 164, fracción II y 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, señalan lo siguiente: "Artículo 82.- Las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y los auxiliares de instituciones públicas, incorporarán única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes y por cuanto hace a los prestadores del servicio de seguridad privada se someterán al reglamento de la materia: [.] B. De Permanencia: [.] XIX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; Artículo 159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: XXIII. No acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza; Artículo 164.- Las Unidades de Asuntos Internos tendrán facultades para iniciar los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes casos: [.] II. Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento infringió los principios de actuación, obligaciones ó deberes establecidos en la presente Ley u otros ordenamientos legales;." De los preceptos legales antes transcritos se colige que las instituciones de seguridad pública estatal, incorporarán única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes; que para la permanencia de su cargo, deben aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; asimismo, establece como causa justificada de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y sin indemnización, que los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares no acrediten las evaluaciones y exámenes de control de confianza, previo desahogo del procedimiento establecido en esa Ley. En consecuencia, para el inicio del procedimiento administrativo para la permanencia del quejoso como elemento de seguridad pública, previsto por el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es suficiente que no acredite las evaluaciones y exámenes de control de confianza derivado del resultado de la evaluación realizada por el Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; es decir, la Unidad de Asuntos Internos, no tiene la obligación de obtener pruebas lícitas desde una perspectiva de una formulación de la teoría del caso, ni debe presentar elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar, tampoco pruebas que sean idóneas y materiales, para actuar en la forma y términos en que lo hizo. Lo anterior, en virtud de que no se trata de la investigación por la comisión de una falta o conducta irregular sancionada administrativamente en perjuicio del quejoso, sino del inicio del procedimiento administrativo para la posible remoción del cargo como elemento de seguridad pública, conforme lo prevé la fracción I del citado numeral 171, al no satisfacer la condición de ingreso y permanencia, por ende, es suficiente que se ubique en la hipótesis normativa invocada por la responsable consistente en la no acreditación de los exámenes de control de confianza para que la responsable esté en posibilidad de incoarle el procedimiento respectivo, observando incluso, que no es la resolución final en la que se realiza una valoración de las pruebas que integran las evaluaciones y exámenes de control de confianza, la que aquí se impugna. Razón por la cual, si para el inicio del procedimiento administrativo en contra del quejoso, la autoridad responsable solamente consideró el resultado de la evaluación y examen de control de confianza contenido en el oficio ********************, que tuvo como resultado "NO APROBADO", entonces su actuar sí se ubica en lo previsto por los preceptos legales antes analizados, sin que sea necesario obtener pruebas lícitas, idóneas y materiales para la formulación de una teoría del caso, ni los elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar. También resultan infundados los conceptos de violación 6 y 7 en los que el quejoso manifiesta que el resultado de las evaluaciones no dan origen necesariamente a un proceso administrativo ni a la separación de su cargo, así como que los resultados de la evaluación de Control de Confianza se debe presumir que carecen de validez porque no obra en autos del expediente administrativo la constancia de que el Centro que los elaboró cuente con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En primer término no asiste la razón al quejoso al señalar en el concepto de violación 6 que el resultado de las evaluaciones no dan origen necesariamente a un proceso administrativo ni a la separación del cargo, ya que como se precisó con anterioridad, el artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos señala que no acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza, que fue lo que aconteció en el caso, será causa justificada de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en dicha Ley, de ahí que resulte infundado que cuando un elemento de seguridad pública no apruebe los exámenes de control no se pueda iniciar el procedimiento respectivo, al existir disposición expresa en contrario. También es infundado el concepto de violación 7, porque contrario a lo que afirma el quejoso no debe presumirse que el Centro de Evaluación y de Control y Confianza del Estado de Morelos, carece de la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, únicamente porque no obra la constancia respectiva en el expediente, siendo injustificado que por tal razón es inválido el inicio del procedimiento respectivo. Si bien es cierto, el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública sólo tendrán validez en cuanto a los procesos y el personal si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, también lo es que ante la no exhibición por parte de la responsable de la acreditación en cada expediente administrativo, no debe presumirse la carencia de ésta y declarar la invalidez del inicio del procedimiento. Esto es así, porque en primer término al emitir el resultado de "NO APROBADO", en la evaluación de control de confianza, se observa la referencia a que dicho Centro de Evaluación y Control de Confianza de Morelos, se encuentra acreditado con la clave ********************, asentando también, que los procesos de evaluación de control de confianza están estructurados y tienen aplicación al Modelo Nacional, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Centro Nacional; gozando así de la presunción de legalidad de estar debidamente certificado para la emisión de dichos actos, quedando en su caso a cargo del objetante demostrar lo contrario al derivar de una presunción legal. Aunado a que en todo caso, en el procedimiento de origen, se podrá desvirtuar dicha acreditación, pero para el estadio procesal de inicio del procedimiento no es jurídicamente dable establecer como requisito la exhibición del documento de acreditación respectivo, ya que no hay disposición que así lo establezca. Así, se observa que incluso el quejoso hizo valer tal cuestión en el escrito de contestación de tres de septiembre de dos mil dieciocho en el procedimiento de origen, e inclusive ofreció pruebas tendentes a valorar las constancias de acreditación de los evaluadores del Centro, de ahí que el concepto de violación en estudio resulta infundado, siendo correcto que en el procedimiento administrativo podrá demostrar que la responsable no se encuentra acreditada, lo que por sí no puede catalogarse como un requisito de legalidad en el proceso de evaluación que deba ser verificado para el inicio del procedimiento de origen y, por ende, que deba ser analizado mediante el juicio de amparo, de ahí que resulte infundado el concepto de violación en estudio. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe hasta hoy veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE YAUTEPEC, MORELOS, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo MY/SSSYT/DUAI/14/2018; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes, las que serán tomadas en consideración en la celebración de la audiencia que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez que da fe.
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