Kris Kastañeda Sanchez
Expediente 1032/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Kris Kastañeda Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1032/2018-II, y remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 125/2019, en el que concluyó en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Kris Kastañeda Sánchez, José Iván Hernández Sánchez y Francisco Abogado Olvera, contra los actos reclamados al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sesión." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 125/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por VÍCTOR MANJARREZ APARICIO, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la tercera interesada de iniciales F.C.R.J. representada por su señora madre de iniciales L.J.H. la resolución de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte la sentencia de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1032/2018-II, promovido por KRIS CASTAÑEDA SÁNCHEZ, JOSÉ IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y FRANCISCO ABOGADO OLVERA, por conducto de su defensor particular, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido en esa misma fecha en este Juzgado de Distrito, KRIS KASTAÑEDA SÁNCHEZ, JOSÉ IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y FRANCISCO ABOGADO OLVERA, por conducto de su defensor particular Víctor Manjarrez Aparicio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el número de expediente 1032/2018-II, en el que se formuló una prevención al promovente para que acreditara la personalidad de defensor particular de los quejosos. Una vez subsanado lo anterior, por auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo; acuerdo que fue recurrido por la parte quejosa a través del recurso de queja que se registró con el toca Q.P. 230/2018, en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el que por sesión de trece de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró fundado. En acatamiento a esa ejecutoria, por auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se ordenó emplazar al tercero interesado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inicio en términos del acta de doce de febrero de dos mil diecinueve (foja 155). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consisten en: El auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro de los autos de la causa penal JCC/671/2017, en el que se recibe la acusación formulada por la fiscal y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia intermedia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado; (foja 86 a 87); lo que se corrobora con las copias certificadas documentales que integran el expediente de origen, las cuales tienen pleno valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrime el quejoso, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En el caso, se advierte de forma oficiosa, la actualización de una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de la materia, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Sobre el particular, se retomará lo determinado por el Pleno del Máximo Tribunal del país al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, falladas respectivamente en sesiones de veintidós de mayo de dos mil catorce y diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en las que medularmente se dijo, en lo que aquí concierne: Que el artículo 107 de la invocada ley de la materia, contiene dos señalamientos que permiten comprender el alcance de la citada expresión: a).- El primero, contenido en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, b).- El segundo, contemplado en su fracción V, que norma el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones, se determinó que por actos de imposible reparación se debían entender aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Federal, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También, se apuntó que sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva -la cual, de actualizarse, no necesariamente llega a trascender al resultado del fallo-. Tomando en cuenta lo anterior, se establecieron dos condiciones para calificar la aludida imposibilidad: La primera, identificada con la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que se indicó equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, La segunda, que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza meramente formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento -momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva-. Tales consideraciones quedaron plasmadas en las jurisprudencias localizables en la Décima Época, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números P./J. 37/2014 (10a.), registro 2006589 y P./J. 1/2016 (10a.), registro 2011428, que son del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Una vez establecido qué se debe entender para la procedencia del juicio de amparo indirecto por "actos de imposible reparación", arriba a la conclusión de que el acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, pronunciado por el juez oral penal responsable en la causa penal JCC/671/2017, en el que se recibió la acusación formulada por la fiscal y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia intermedia, no tiene esa connotación. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código nacional dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la primera inició con el escrito de acusación y la segunda con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Al tenor de ese marco normativo, el acto reclamado se ubica en la segunda etapa del procedimiento penal, dado que se reclama el auto de inicio de esa etapa intermedia, en el que se recibió la acusación del fiscal y se fijó la fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Por ello, será en su caso, en esa audiencia intermedia dirigida por el Juez de control que tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, que pueden generarse actuaciones susceptibles de ser impugnadas en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior es así, sobre la base que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal resultan impugnables en amparo indirecto, siempre y cuando tengan una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, característica que no tiene el acto reclamado, en virtud de que éste consiste en el inicio de esa etapa intermedia y no así en el desarrollo o desahogo y conclusión de la misma; sin que pueda afectar derechos sustantivos a los quejosos, dado que éste únicamente tuvo por objeto la apertura de la etapa dos del procedimiento penal y en particular del inicio de la intermedia al tener por recibida la acusación ministerial que precisamente en dicho auto resulta jurídicamente imposible verificar que éste genera una afectación sustantiva en agravio de los imputados aquí quejosos, pues la simple presentación de la acusación no condiciona incluso el resultado de la audiencia intermedia dado que no condiciona el dictado del auto de apertura a juicio pues para ello requiere satisfacer las exigencias que se refiere el ordinal 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que será hasta la celebración de esa audiencia intermedia donde se podrá visualizar alguna afectación a los derechos sustantivos de los accionantes. En la parte conducente, es aplicable la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2015330, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, en Materia Común, Tesis XVII.1o.P.A. J/15 (10a.), cuyo rubro que señala: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P)." De igual forma, orienta lo anterior la tesis visible en la Décima Época, con registro 2014902, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, en Materia Común, Tesis XXVII.3o.37 P (10a.), de rubro siguiente: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE". No es obstáculo a esta determinación, lo resuelto en sesión de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca Q.P. 230/2018, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, dado que se consideró fundada la queja interpuesta por los quejosos por estimarse que en el auto inicial no era patente que el motivo de improcedencia fuera manifiesto e indudable en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues implicaba un examen más profundo que, en todo caso, era propio de la sentencia definitiva, en su caso de lo que se advierta tras la rendición de los informes justificados requeridos a la autoridad responsable, lo que ya aconteció, dado que obran las constancias necesarias que integran la causa penal de origen para advertir el contenido del auto reclamado; de las que como se dijo se evidencia sin ser necesario examen mayor que el acuerdo por el cual solo se tuvo por recibida la acusación y citó para audiencia intermedia no genera daños de imposible reparación. También, en esa ejecutoria se destacó que de lo "narrado" en la demanda de amparo, los quejosos expresaron que el acto reclamado implicaba dejar inaudita una violación a su derecho de libertad, pues destacan que el Juez de Control debió declarar el sobreseimiento de la causa al día siguiente, o en su caso no tener por presentada la acusación por la representación social, toda vez que no se presentó en tiempo, de conformidad con el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, esos argumentos vertidos vía concepto de violación, están directamente vinculados con otro acto ajeno al que se reclamó en este juicio de amparo, pues de las constancias procesales se advierte la existencia del auto de once de mayo de dos mil dieciocho, en el cual el juez responsable acordó la petición de la defensa particular de los imputados, formulada incluso en una etapa procesal previa (investigación) en el que en esencia, determinó que no era procedente acordar el sobreseimiento, analizando las consecuencias de los plazos de formular en tiempo la acusación en los términos regulados en los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuestiones que no forman parte del auto de inicio de la etapa intermedia dictado posteriormente (cinco de junio de dos mil dieciocho), por lo que no pueden vincularse sus efectos y consecuencias con el acto reclamado, al ser un tema que se analizó de manera concreta con antelación en una actuación distinta, y que en su caso debió ser impugnada por los quejosos en la vía legal que estimaran conducente; aunado a lo anterior, pretender que sea analizada una actuación acaecida en una etapa del procedimiento diverso, al justificar su procedencia a la luz de presuntas irregularidades de imposible reparación, contravendría el principio de continuidad que orienta el proceso penal en términos del artículo 20 Constitucional, en la lógica de cierre de etapas y oportunidades para alegar, ya que se debe partir de la base de que cada una de las etapas procesales en que se divide el procedimiento cumplen su función para lo cual fueron diseñadas y una vez agotadas se avance a la siguiente sin que exista posibilidad de regresar a la anterior por lo que las partes están obligadas a formular sus planteamientos en el momento o etapa procesal correspondiente. Cobra aplicación al razonamiento anterior, la tesis localizable en la Décima Época, con registro 2018869, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, materia común, Tesis 1a. CCCXVI/2018 (10ª), de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES RELATIVAS A LA DETENCIÓN Y DEFENSA ADECUADA DEL IMPUTADO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO, CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." De igual forma, la tesis localizable en la Décima Época, con registro 2016595, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, materia común, Tesis PC.I.P. J/41 P (10a.), de rubro: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS." Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por KRIS CASTAÑEDA SÁNCHEZ, JOSÉ IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y FRANCISCO ABOGADO OLVERA, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe hasta hoy dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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