Ladislao Roberto González Ruiz
Expediente 1079/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/11/2022
Partes del expediente
- Ladislao Roberto González Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de noviembre de dos mil veintidós. EJECUTORIA DE COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físico el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio de la ejecutoria emitida el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 176/2022, donde se resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Ladislao Roberto González Ruiz, contra el acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1079/2022, por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad en términos del Considerando Cuarto de esta resolución." Por tanto, acúsese recibo al Tribunal colegiado oficiante y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de lo establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Ocurrido lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de julio de dos mil veintidós. SE INTERPONE RECURSO DE QUEJA EN CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la constancia de notificación realizada al quejoso, de la que se advierte que realizó las siguientes manifestaciones: "Interpongo El Recurso De Queja En Contra Del Auto Que Desecho Mi demanda" (Sic) Se tienen por hechas tales aseveraciones para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio, al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En esa tesitura, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, remítase inmediatamente el original y copia de la constancia de notificación por la que se interpone el aludido recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para su substanciación, con copia certificada del juicio de amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda, motivo por el que el suscrito considera pertinente enviar copia certificada del juicio de amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de julio de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCION QUEJOSO INTERNO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico la notificación personal practicada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito al quejoso Ladislao Roberto González Ruiz, de la que se advierte que realizó las siguientes manifestaciones: "CON RELACIÓN AL PUNTO CUATRO (4) INCOMUNICACIÓN CON MI ABOGADO" Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y cuyo texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones del quejoso interno, y se tiene por desahogado el punto cuatro de la prevención de cinco de julio de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, respecto al acto reclamado se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación previamente a su promoción. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Como se precisó en párrafos que anteceden, el aquí peticionario de amparo reclama de las autoridades responsables la falta de comunicación con su abogado en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, lo que se está relacionado propiamente, con una cuestión de su internamiento en el centro penitenciario mencionado. Ahora, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa (.)." De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. - Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. Máxime que el numeral 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en los Centros Federales; por ende, dichas limitaciones en todo caso serán materia de análisis de la controversia referida. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que la parte quejosa, previo a promover la demandada de amparo, debió solicitar que la autoridad penitenciaria del centro de su reclusión, analizara el acto controvertido, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, y posteriormente, de ser el caso, ante el Juez de Control o Ejecución, actualizándose así la causal de improcedencia en comento. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, con relación al ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo promovida por Ladislao Roberto González Ruiz, contra la falta de comunicación con su abogado del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Sin que pase inadvertido que el promovente de la demanda de amparo precisó como acto reclamado la "incomunicación". Sin embargo, no se da tal acto en el presente juicio, ya que la incomunicación de acuerdo a la Real Academia Española es: "que no tiene comunicación, por no permitírsele tratar con nadie de palabra ni por escrito". Lo que en caso no acontece, pues se aprecia que el quejoso fue notificado el tres y ocho de julio pasado por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en la sala 2, por lo tanto, se puede concluir que no están incomunicado. Máxime, que el quejoso precisó que se trata de una falta de comunicación con su abogado. Por ello, no se trata de un acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, sino es referente a una cuestión de internamiento. Cobra aplicación por las razones que expone la tesis III.3o.P.7 P (10a.), aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2466, Undécima Época, con número de registro 2023347, que establece: "VISITAS FAMILIARES Y DE ABOGADOS A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. A FIN DE PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA, CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS DE PROHIBIRLAS POR LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hechos: Los quejosos reclamaron, vía amparo indirecto, la determinación de las autoridades penitenciarias de prohibir las visitas familiares y de abogados al interior del centro de reclusión, ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que equipararon a una incomunicación; el Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para que cese esa prohibición y se permitan las visitas, con la salvedad de que se pueda negar el acceso a personas no autorizadas o que presenten un riesgo o peligro de contagio; resolución contra la cual las autoridades responsables interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito resuelve que contra la determinación de las autoridades penitenciarias de prohibir las visitas familiares y de abogados a los internos en un centro de reclusión, por la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), es improcedente conceder la suspensión de plano, en atención a que la finalidad de la medida es proteger el derecho a la salud de la población penitenciaria. Justificación: Lo que se explica, en virtud de que el Consejo de Salubridad General, como máxima autoridad del país en la materia, reconoció como epidemia al virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que ordenó que se tomaran medidas de prevención y control de esa enfermedad, dentro de las que se encuentran la sana distancia, al ser el contacto físico entre personas su medio de propagación. Ante este panorama, la suspensión de visitas de abogados y familiares de los reclusos, como mecanismo de protección, encuentra justificación, dada la obligación de las responsables de salvaguardar la seguridad y salud de los internos y personal laboral carcelario. Por ello, si bien constituye una prerrogativa de las personas privadas de su libertad el recibir visitas de familiares, así como ser asistidos por profesionales del derecho para preparar su defensa, a fin de armonizar los principios constitucionales en juego (salud pública, familia y defensa), debe priorizarse el derecho a la salud de los internos en lo individual y como integrantes de la comunidad penitenciaria, por lo que ha de prevalecer la decisión de distanciamiento o aislamiento al interior de los centros de reclusión, en tanto subsista la declaratoria de contingencia sanitaria de referencia. Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades autoricen otro tipo de comunicación, aprovechando los avances tecnológicos. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de julio de dos mil veintidós. INFORMES DE CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales procedentes, el oficio mediante el cual el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano, señala domicilio procesal y designa delegados; téngase por rendido dicho informe. DELEGADOS. Con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indica en el comunicado de cuenta. DOMICILIO. Asimismo, en términos del artículo 28, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la autoridad responsable. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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