Korina Paulina Pérez Estrada
Expediente 350/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/06/2018
Partes del expediente
- Korina Paulina Pérez Estrada
- Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA I. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencia que la quejosa ******************, no se inconformo dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de nueve de mayo del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio y, al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de depuración; ya que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción III, de dicho Acuerdo General), al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán copia de la determinación emitida en esta fecha. Notifíquese.
- Principal
MESA I. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de emplazar a la parte demandada Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), al juicio laboral burocrático 1221/2017, promovido por Korina Paulina Pérez Estrada, aquí quejosa." Previa substanciación del juicio de amparo, el seis de abril de dos mil dieciocho, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Korina Paulina Pérez Estrada, contra el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, señalado en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." El veintisiete de abril del año que transcurre, causó ejecutoria el referido fallo protector y se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento anticipado dado por la responsable, el cual debería ser en los términos siguientes: ? Que el tribunal responsable, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en observancia al principio de justicia pronta, comisione al actuario de su adscripción para que una vez firme la presente sentencia, en el plazo de veinticuatro horas, emplace a la parte demandada Servicios Educativos Integrados al Estado de México o, en su caso, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello, sin que en dicha razón intervenga la carga de trabajo o la falta de personal para realizarlo." En ese orden de ideas, mediante oficio registrado con folio 6679 (fojas 160 a 164), el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada de la constancia de emplazamiento de la demandada en el juicio de origen Servicios Educativos Integrados al Servicio del Estado de México; de nueve de abril de dos mil dieciocho, cuya parte que nos interesa establece: "EN TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL SUSCRITO LIC. JOSE ELIAS GARCÍA GUZMAN ACTUARIO DE ESTE TRIBUNAL A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ME CONSTITUYO FISICA Y LEGALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS COMO EL DE LA PARTE DEMANDADA SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO SITO EN AVENIDA PROFESOR AGRIPIN GARCIA ESTRADA No. 1306, SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, ESTADO DE MÉXICO EN ESTA LOCALIDAD Y CERCIORADO DE SER EL DOMICILIO CORRECTO POR ASI COINCIDIR EN AUTOS POR EL CITATORIO PREVIA, EN ESTA ACTO REQUIERO LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN PUBLICA, COMPARECIENDO ANTE EL SUSCRITO PERSONA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO LLAMARSE LIC. JULIO CESAR BENITEZ FLORES QUIEN SE IDENTIFICO PREVIAMENTE COMO ES DE VERSE POR EL CITATORIO Y SER ABOGADO, ASIMISMO, ME IDENTIFICO CON CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTAD CON CLAVE DE SERVIDOR PUBLICO 997947618, QUIEN MANIFIESTA QUE LA PERSONA ANTES REQUERIDA NO SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO POR LO QUE EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA COMPARECIENTE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 215, FRACCION IV DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, PROCEDO A EMPLAZAR A JUICIO A LA PARTE DEMANDADA, POR CONDUCTO DE QUIEN COMPERECE MEDIANTE LECTURA INTEGRA QUE LE DOY EN VOZ ALTA AL PROVEIDO QUE SE CUMPLIMENTA, ASIMISMO SE LE REQUIERE PARA QUE SEÑALE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE ESTE H. TRIBUNAL, CORRIENDOLE TRASLADO CON COPIAS SIMPLES DEL ACUERDO COTEJADO CON SU ORIGINAL, PROVEIDO DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, ESCRITOS DE FECHA DIEZ DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DEL PROVEIDO DE DIECISIEE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ESCRITO DE DOS DE FEBRERO DEL AÑO QUE TRANSCURRE Y PROVEIDO DE VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO QUE TRANSCURRE QUIEN DICE QUE LO OYE, RECIBE LAS COPIAS Y ESTAMPA ACUSE Y/O FIRMA DE RECIBIDO EN EL AUTO ORIGINAL PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL." Lo precedente revela que la responsable acató el primer lineamiento, pues como quedó asentado, la autoridad acató los extremos de la ejecutoria de amparo al haber emplazado a la demandada Servicios Educativos Integrados al Servicio del Estado de México, al expediente 1221/2017. Tales constancias remitidas por la citada responsable, por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de la quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.
- Principal
MESA I. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto el seis de abril de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal (fojas 134 a 144), no fue recurrida; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que en el caso haya lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que en auto de trece de los cursantes (foja 165), se reservó acordar el contenido del oficio mediante el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta en tanto quedara firme el fallo protector, lo cual, como quedó asentado en párrafos que anteceden, ya aconteció. En consecuencia, con apoyo en el precepto 196 de la ley de la materia, dése vista a la parte quejosa con copia del oficio y anexo referidos (fojas 160 a 164), para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Para sustentar lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, con número de registro 192174, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.
- Principal
MESA I. Se agrega a los autos el escrito recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), mediante el cual *************, autorizado en términos amplios de la quejosa ***********, solicita que se le notifique vía electrónica la sentencia de seis de abril de dos mil dieciocho. En atención a su contenido, dígase al promovente que en auto de doce de abril del año en curso, se acordó lo conducente en relación a la petición que realiza, por lo que se deberá de estar a lo acordado en dicho proveído, aunado a que con independencia de que se haya acordado favorable la consulta del expediente electrónico, lo cierto es que los autos en forma impresa se encuentran a su disposición en este órgano jurisdiccional, aunado a que es obligación de la parte quejosa o de su representante, cerciorarse de las resoluciones que recaigan a sus asuntos, así como de cumplir la carga procesal establecida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como se precisó en aquél acuerdo. Notifíquese.
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