Ladis Mursuli Ortiz
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/09/2022
Partes del expediente
- Ladis Mursuli Ortiz
- Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Otros.
- Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a los que haya lugar Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B.VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 18, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración. Realizado lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que, no se advierten documentos exhibidos por las partes, por ende, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
La suscrita Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, certifico: Que el presente juicio de amparo 843/2022-III, promovido por Héctor Eduardo Madrigal Girón en representación de Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz, se encuentra debidamente integrado y en condiciones de emitir resolución, ya que se cuentan con las siguientes constancias: Constancia de emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable. Informe Justificado rendido por la autoridad responsable. No se actualizó la figura de tercero interesado. Se cuentan con las constancias visibles y necesarias para resolver. No hay pruebas ni diligencias pendientes por desahogar en este juicio. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Doy Fe. audiencia y sentencia constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 843/2022-III, promovido por Héctor Eduardo Madrigal Girón en representación de Jennifer Elizabeth Alvarado Velasquez y Ladis Mursuli Ortiz; se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria que autoriza y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia, y el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto admisorio. 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. 4 Emplazamiento a la autoridad responsable. 5 Informe justificado. Asimismo, hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. No es cierto Nueve de agosto dos mil veintidós. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Diversas documentales relacionadas al acto reclamado. Nueve de agosto dos mil veintidós El Secretario en Funciones de Juez de Distrito: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS; los autos, para resolver el presente juicio de amparo número 843/2022-III y; R E S U L T A N D O: I. Demanda. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y turnado en esa misma fecha, Héctor Eduardo Madrigal Girón en representación de Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y actos reclamados que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. II. Radicación y trámite. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo por presentada la demanda de amparo, y se ordenó la ratificación respectiva, se requirió a las autoridades responsables su informe de suspensión de plano. Previa ratificación de la demanda por parte de las quejosas Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz, en proveído de veintinueve de junio siguiente, se admitió a trámite y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, además, se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional, se verificó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertidos del análisis integral de la demanda. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de: Autoridad responsable: Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: Privación de la libertad en la modalidad de detención, retención y/o aseguramiento por más de treinta y seis horas; Incomunicación; y, Deportación. TERCERO: INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados identificados con los incisos b) y c) que se reclamó al Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguna para desvirtuar la negativa advertida. Entonces, como la parte quejosa no ofreció prueba idónea alguna para desvirtuar la negativa de las autoridad responsable, y en el sumario tampoco consta medio de convicción sobre el particular; al no demostrarse la existencia de los actos combatidos precisados en el considerando que antecede, atribuidos a la autoridad indicada en líneas que preceden; procede sobreseer en el juicio de amparo por cuanto a los actos citados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos consistentes en el inciso a) privación de la libertad en la modalidad de detención, retención y/o aseguramiento por más de treinta y seis horas, reclamados a la autoridad responsable Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, aun cuando al rendir su informe justificado lo haya negado; empero, de las constancias que al efecto exhibió, consistentes en copias certificadas de los expedientes administrativos de las quejosas Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz bajo los números E.A./1.S.9/INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/EP/JUR/5364/2022 y E.A./1.S.9/INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/EP/JUR/5365/2022 de su estadística; a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición expresa de su artículo 2.° párrafo segundo; dado que se tratan de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, se desprende la existencia de las actuaciones de que se tratan. Por las razones que informa, tiene aplicación el criterio sostenido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, verificable en la página 153, tomo VI, Apéndice de 1995, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, y las constancias remitidas por la responsable Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, se estima que respecto de los actos reclamados sintetizados en el inciso a) se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" La citada causa de improcedencia, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página: 219, que a letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." 1. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz, se encontraban alojadas en la Estancia Provisional "Cupape" del Instituto Nacional de Migración desde el veinticuatro de junio de dos mil veintidós -data en que fueron puestas a disposición- encontrándose sujetas a procedimiento administrativo migratorio. 2. Mediante determinación de veintinueve de junio de esta misma anualidad, la autoridad responsable de referencia, resolvió la situación jurídica de las quejosas Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz, dentro de los procedimientos administrativos 5364/2022 y 5365/2022, en los que les otorgó oficio de salida de la estancia provisional donde se encontraban, cuya notificación se les efectúo en esa misma data, tal y como se desprende de la constancia relativa, y el veinticinco de julio del año en curso, se dio por concluido los citados procedimientos administrativos. De lo anteriormente narrado se advierte que con motivo de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo de origen, se surten los presupuestos de la causa de improcedencia invocada en el presente asunto. Ello, si se toma en consideración que el acto reclamado emanó de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Asimismo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraban la peticionaria por virtud del acto que reclamó en la presente instancia, el cual consiste en la privación de la libertad en la modalidad de detención, retención y/o aseguramiento por más de treinta y seis horas. Derivado de lo anterior, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de las actuaciones que en este apartado se analizan, sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio, pues de estimarse inconstitucional dichos actos, y que dieron origen al expediente natural, se obligaría a la responsable a retrotraer el procedimiento hasta antes del dictado de la resolución definitiva; efecto que no posee la sentencia del juicio de amparo. De ahí que, respecto de la privación de la libertad en la modalidad de detención, retención y/o aseguramiento por más de treinta y seis horas, señalados como actos reclamados, no pueda decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que ahora opera. Y, finalmente, existe autonomía entre los actos que se reclamaron en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento administrativo migratorio, de modo que esta última puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 265, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de las actuaciones precisadas en el inciso a) reclamados a la autoridad responsable Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Sin que obste a lo anterior, el hecho que aún se encuentra transcurriendo la vista otorgada en proveído de nueve de agosto de la presente anualidad, ya que a ningún fin práctico conduciría esperar que dicha vista termine, dado que la causal de improcedencia invocada no podría desvirtuarse. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerado segundo, por las razones expuestas en los considerando tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Visto, el oficio de cuenta signado por el Subrepresentante Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Relaciónense en la audiencia constitucional. En ese tenor, con el contenido del informe de referencia DÉSE VISTA a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convengan. Por otro lado, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, para la consulta del expediente físico en el cual obran los informes de cuenta, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo imponerse del mismo, y que si media el plazo de ocho días exigido por el artículo 117, de la Ley de Amparo entre el día siguiente del surtimiento de efectos de la notificación de este auto y la fecha señalada para la audiencia constitucional, ésta se celebrará. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y el estado de autos de los que se desprende que el oficio 15070/2022, dirigido a la autoridad responsable Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en el cual se le requirió su informe justificado, fue entregado el cuatro de julio de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al veinticinco de julio de dos mil veintidós. Asimismo, que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, -admisorio-, y se tiene por omisa en rendir su informe justificado a la autoridad responsable señalada como Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, no es un hecho que impida la facultad del Juzgador Constitucional de recabar las pruebas que estime pertinentes; en tal virtud, requiérase al Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de los procedimientos administrativos migratorios instaurados en contra de los quejosos Jennifer Elizabeth Alvarado Velásquez y Ladis Mursuli Ortiz; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para tal efecto, con fundamento en el artículo 234, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de Medidas y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la jurisprudencia cuyo rubro y contenido es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En ese tenor, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LO RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante David Vázquez Ruiz, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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