Krisna Monserrat Cristiani Ocaña

Expediente 1191/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1191/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Krisna Monserrat Cristiani Ocaña

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del 1. Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1191/2023-VI. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que, en esencia, la promovente reclama de la autoridad responsable: La dilación procesal para la celebración de la audiencia de juicio, ya que en acuerdo de seis de julio del año actual, se señalaron las catorce horas del dos de octubre de dos mil veintitrés para su verificativo dentro del juicio laboral 403/2021. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. En razón de lo anterior, esta juzgadora estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que para poder considerar que existe una abierta dilación, es necesario que transcurra un término excesivo desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente se debe pronunciar o realizar la diligencia correspondiente, en este caso, se llevó acabo la audiencia preliminar el seis de julio de dos mil veintitrés; y en esa misma data señaló fecha y hora para la audiencia de juicio, la cual quedó señalada para las catorce horas del dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 403/2021 de su índice. Por lo anterior, conviene precisar que en el caso particular no ha transcurrido el estándar mínimo objetivo de cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS", para considerar que existe una excesiva dilación que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, en la inteligencia de que lo trascendente en el caso es que el estándar mínimo objetivo determinado en la citada jurisprudencia fue para establecer cuándo una omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, deja de ser una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos y se convierte en una violación cuyos efectos deben ser considerados de imposible reparación; esto es, produce una afectación material a derechos sustantivos, dado que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así en el caso particular, se estima que el acto reclamado se traduce en una infracción a normas adjetivas o procesales y no a derechos sustantivos; ello porque el plazo que la Ley Federal del Trabajo concede a la autoridad responsable para fijar fecha para que tenga verificativo la audiencia de juicio, es dentro de los veinte días siguientes según el artículo 837-F fracción V, de la Ley Federal Del Trabajo, asimismo se advierte que una vez que transcurran esos veinte días que establece dicha ley, después del cual tendría que transcurrir el estándar mínimo objetivo de cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia en comento, para considerar que existe una excesiva dilación que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Por lo que en la especie, la dilación planteada por la parte quejosa, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, por no transgredir derechos sustantivos, ni constituir una abierta dilación en la fase relativa o su paralización total, cuyos supuestos, por excepción, hacen procedente la vía de amparo biinstancial. En consecuencia, se itera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Máxime que, este juzgado considera que no se está en la presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, para actualizar el supuesto de excepción previsto en la norma; ello, tomando en consideración que en la data en que se actúa, de ser el caso procedente la demanda, sería infructuosa su tramitación, atendiendo a los términos previstos para el señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, diferimiento, y el término para causar ejecutoria después de dictada la sentencia; por lo que, atendiendo a esas fechas, así como el primer periodo vacacional de la responsable el cual se encuentra transcurriendo, se estima, no se actualiza dicha circunstancia; ya que, atendiendo a las fechas indicadas, llegaría en primer término la fecha programada para la celebración de la audiencia indicada al de la posible ejecutoria que pudiera dictarse en el juicio de amparo que de ser el caso, concedería la protección constitucional. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, las cargas de trabajo que imperan en la junta señalada como responsable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de amparo promovida por ******************** Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Por último, se estima que no es obstáculo para arribar a dicha determinación, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada en la página 929, libro X, julio de 2012, tomo 2, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo anterior, en virtud de que en los casos como el que nos ocupa, donde existen diversidad de criterios firmes para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pueden válidamente constatarse los requisitos de procedencia desde el auto inicial, ello de acuerdo con las manifestaciones expuestas en el escrito de demanda y su escrito aclaratorio, la naturaleza del acto reclamado y los anexos que se acompañen, lo que constituye un límite razonable en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17, constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, pues en la especie, aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo, pues con ello no variaría la naturaleza del acto impugnado. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO; AUTORIZADOS Y CORREO ELECTRÓNICO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en: ********************de esta ciudad. Se tienen como autorizados en términos amplios con las facultades a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************, sin que resulte necesaria la verificación de sus respectivas cédulas profesionales en el registro correspondiente, toda vez que la promovente se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen. Dígase que atendiendo el dominio del correo proporcionado, no puede considerarse como un medio de comunicación oficial; por tal motivo, se toma conocimiento de dichos datos únicamente como un medio para entablar comunicaciones no procesales con dicha autoridad. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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