Kimberly Adyeren Maldonado Paez

Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Kimberly Adyeren Maldonado Paez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha no se interpuso recurso de queja contra el auto de doce de julio de la anualidad, en que se desechó la demanda intentada por .... Por lo anterior, se declara que queda firme dicho auto. Bajo la supervisión del secretario encargado del trámite, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese las actuaciones como asunto concluido. Por tanto, hágase constar que el cuaderno del juicio en que se actúa es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Kimberly Adyeren Maldonado Páez, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 107, 108, 112, 113, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de cuenta, regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, con el número 728/2021-1. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese orden, la lectura de la demanda de amparo permite colegir que en el caso se reclama de la Junta responsable el incumplimiento del plazo para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones a que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1273/2018-4B. Improcedencia de la demanda. Del examen del escrito de demanda promovido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos trascritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe establecerse que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patenta y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En la especie, analizadas las constancias de autos, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracción II, del mismo ordenamiento, interpretado en sentido contrario, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.". Lo anterior es así, ya que existe la imposibilidad jurídica de que se obligue a la responsable a que cumpla el derecho trasgredido a través de una eventual sentencia concesoria. En efecto, la promovente de la acción constitucional reclama la omisión de la autoridad laboral responsable en acatar los plazos y términos contenidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, fuera de los plazos contenidos en dicho dispositivo legal. Así, debe señalarse que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." El dispositivo trascrito establece que la autoridad laboral dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Así, del análisis de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el promovente de la acción constitucional manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la autoridad señaló las diez horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; es decir, plazo que excede los quince días a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante la trasgresión al numeral en cita, se estima que ningún efecto práctico tendría la admisión a trámite del juicio de amparo de que se trata, pues aun considerando la eventual concesión de la protección constitucional al quejoso y, por ende, el cumplimiento que se exija a la responsable para subsanar el derecho trasgredido, no acarrearía beneficio alguno en relación a los derechos fundamentales que estima violados en su perjuicio. Lo anterior, toda vez que como se precisó, la responsable señaló las diez horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia trifásica en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, de suponer la admisión de la demanda de amparo se tendría que tomar en consideración la propia substanciación de la instancia de control constitucional. Así, en primer término, el contenido del artículo 115 de la Ley de Amparo dispone que una vez admitida la demanda de amparo, se señalará día y hora para la audiencia constitucional que se celebrará dentro de los treinta días siguientes, en la especie, a fijarse para el doce de agosto de dos mil veintiuno; dentro de este periodo de instrucción, la autoridad debe rendir su informe con justificación en los primeros quince días, contados a partir de su emplazamiento, con independencia de que pueda solicitar hasta diez días más para ampliar. Luego, asumiendo que la audiencia constitucional se verifique en la data fijada de origen, y que en ésta se dicte la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal, se tiene que deberán transcurrir diez días más, contados a partir de que surtan efectos las notificaciones a las partes respecto de dicha resolución (del diez al veinticuatro de agosto del año en curso), a fin de que cause ejecutoria el fallo protector, es decir, acto que tendrá existencia el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, momento en el que se requerirá a la junta responsable por el cumplimiento de la sentencia firme en el término de tres días conforme el artículo 192 de la Ley de Amparo, contados a partir de su notificación. Por tanto, la fecha límite para que la junta responsable informe el cumplimiento será el dos de septiembre del año curso. A su vez, la autoridad laboral deberá fijar nueva fecha y hora para la audiencia trifásica en el procedimiento de origen para lo cual tendrá que constreñirse a lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, fijar nuevo momento dentro de los quince días siguientes al acto que dicte en cumplimiento, de manera que el momento para la nueva audiencia trifásica será fijada alrededor del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, posterior al veintitrés de agosto de la anualidad, que se fijó en origen y que se reclama a través de la demanda en estudio. Pues bien, conforme lo relatado es posible colegir que si bien la fecha fijada en origen por la responsable excede del plazo señalado por ley para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para efectos del juicio de amparo que se intenta, la propia substanciación del juicio de amparo conllevaría un plazo mayor que no se traduciría en beneficio fehaciente a la parte quejosa a fin de acortar el lapso en que deba desahogarse la audiencia trifásica sino que, por el contrario, impondría que aquella se retrasara aún más en perjuicio del principio de expeditez en la administración de justicia con que cuenta la parte quejosa. Atento a lo anterior, se reitera, ningún efecto práctico conllevaría la admisión de la demanda, pues aun ante una eventual concesión de la protección constitucional, no produciría la restitución a éste en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pues como se advierte, acatando los plazos señalados, se excedería, incluso, la fecha que de manera primigenia señaló la autoridad para la celebración de la audiencia trifásica que en esencia constituye el acto reclamado. Al respecto, cobra relevancia por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, página 9 (registro 197245) que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora, respecto al acto reclamado que consiste en la falta de emplazamiento a la demandada en el juicio de origen, no constituye violación alguna al procedimiento que trastoquen de manera flagrante derechos fundamentales que tornen procedente el sumario constitucional, dado que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo señala que dicho emplazamiento podrá llevarse a cabo cuando menos con diez días de anticipación a la audiencia, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia, por lo que se concluye que el funcionario está en tiempo para realizar el emplazamiento ordenado. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086 (registro 2011580), que señala: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Bajo esa tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracción II, del mismo ordenamiento, interpretado en sentido contrario; lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta por ser notoria la causal de improcedencia, lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Domicilio y autorizados Téngase señalado como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito; asimismo, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Braulio Irving Cobian López. Consulta y notificación electrónica de expediente Como se solicita, considerando que proporciona la información que le permite el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico mediante el usuario "abccorporativo"; para ello, hágase las adecuaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el mismo sentido, dada la solicitud expresa, practíquense las notificaciones a dicha parte procesal por vía electrónica. Habilitación de días y horas Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el diligenciario de la adscripción efectúe las mismas. Transparencia y datos personales. De igual forma, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese a la quejosa vía electrónica. Lo acordó y firma Roberto Antonio Alcoverde Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con asistencia del Secretario, Óscar Hugo Rocha Medrano, que autoriza. Doy fe.

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