Kevin Campos Chavez
Expediente 1840/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 25 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1840/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Kevin Campos Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa asi como a la parte tercero interesado siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, por lo que se procede a emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo. Antecedentes El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se declaró que dicho fallo causó ejecutoria. Efectos del fallo protector Los efectos del fallo protector son los siguientes: "Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós reclamado, únicamente en la parte relativa a la imposición de la medida cautelar o de protección de suspensión del régimen de convivencia. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita otro en el que se pronuncie de nueva cuenta sobre la medida cautelar solicitada por Diana Laura Alcantar García, en representación de su hija, en el que deberá efectuar lo siguiente: A. De manera fundada y motivada, deberá analizar y determinar si existe -o no- una situación de riesgo derivada de las manifestaciones expuestas por las partes en cuanto a los posibles actos agresores, al parecer, infligidos a la infante por su padre y las pruebas que actualmente obren en el expediente. B. En caso de que sí se advierta la existencia de una situación de riesgo, de manera fundada y motivada, se pronuncie nuevamente respecto de la medida cautelar solicitada. C. En caso de considerar que la única medida idónea para salvaguardar la integridad física y emocional de la quejosa es la suspensión total del régimen de convivencia, deberá establecer las razones que justifiquen porqué otras medidas, menos restrictivas de ese derecho, no son suficientes para ello. Se precisa que esta determinación de ninguna manera implica que deba negarse la solicitud de la medida cautelar solicitada por el sólo hecho de que existan manifestaciones sobre posibles actos cometidos en perjuicio de la quejosa menor de edad; de modo que la procedencia o no de tal petición o sus modalidades deberá estar sustentada en la existencia o no de una posible situación de riesgo en perjuicio de la infante, en la posibilidad -o no- de reducir dicho riesgo y, desde luego, en las constancias que obren en el expediente. 3. Se reitera a la autoridad responsable que cualquiera de las decisiones que adopte deberá sustentarse en el principio de interés superior de la niña involucrada, lo que implica que, ante el cambio de las circunstancias que imperan actualmente o la existencia de nuevas pruebas, conserva libertad de jurisdicción para pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada y -en su caso- sus modalidades, desde luego, ciñéndose a los lineamientos fijados por el Máximo Tribunal del País." Actos relativos al cumplimiento del fallo Mediante oficio recibido el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, la Juez Primero de lo Familiar por Ministerio de Ley de Mexicali, Baja California remitió copia certificada de diversas constancias relativas al cuadernillo 169/2022 del incidente de suspensión de convivencia, derivado del expediente 276/2020, entre las que destaca la determinación de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós y emitió otro en el que determinó la existencia de una situación de riesgo y se pronunció nuevamente respecto a la medida cautelar solicitada por Diana Laura Alcantar García. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Calificación de los actos relativos al cumplimiento del fallo En tales condiciones, de conformidad con lo constatado a través de los medios de prueba descritos, es posible establecer que la Juez responsable acató los extremos de la concesión de amparo, pues de las constancias que remitió se acredita que dejó insubsistente el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Además, el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, emitió un proveído en el que analizó las pruebas consistentes en documentales relativas a la carpeta de investigación con número único de caso 0202-2022-30472, de las que se desprende la entrevista realizada a la niña G.C.A.; certificado médico en investigación de delitos sexuales; dictamen en materia de psicología forense y declaración de la víctima y concluyó que la niña G.C.A. había sido involucrada en aparentes hechos de carácter sexual y, por ende, a fin de salvaguardar su integridad y seguridad impuso como medida cautelar la modificación de la convivencia que realizaba con su padre. En ese sentido, determinó que la convivencia se llevaría a cabo de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Baja California. De lo antes expuesto, se obtiene que la Juez responsable determinó que la situación de riesgo se actualizaba debido a que la perito de la fiscalía refirió que de las manifestaciones expuestas por la niña se advertía que había sido involucrada en aparentes hechos de carácter sexual, lo que estimó suficiente para considerar que la niña podría encontrarse en riesgo, por lo que decidió que, para preservar el derecho de la niña a convivir con su papá sin exponerla a una posible situación de riesgo, las convivencias debían darse de manera supervisada en el lugar antes precisado, de modo que cumplió con los lineamientos del fallo protector. Ahora bien, al desahogar la vista correspondiente, la parte quejosa sostiene que existe defecto en el cumplimiento, en esencia, por las consideraciones siguientes: 1. No se justificó la situación de riesgo que justifique la imposición de la medida cautelar de convivencia supervisada. 2. La autoridad responsable dejó de valorar la totalidad de las constancias que obran en el expediente de origen. 3. La motivación de la determinación aludida resulta vaga e insuficiente para sostener la decisión de imponer una convivencia supervisada. 4. De las constancias que integran el expediente de origen se advierte que no existió la conducta que se le atribuye, pues -entre otras situaciones- se puede concluir que las lesiones que presentó la niña se deben a una simple reacción en la piel debido a la etapa infantil en que se encuentra. 5. Se viola el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, ya que se da preferencia a la madre por encima del padre. No asiste razón al promovente, toda vez que del contenido del acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se advierte que la autoridad responsable ponderó las constancias que estimó más relevantes para resolver sobre la posible actualización de una situación de riesgo la para quejosa menor de edad. Además, expuso las razones específicas, conforme a las particularidades del caso concreto, que la llevaron a concluir que sí existía una posible situación de riesgo, pues destacó lo que la persona menor de edad había manifestado durante sus declaraciones. Y, si bien es cierto, de dicha determinación no se advierte que se haya pronunciado sobre la totalidad de las constancias que refiere el promovente, también lo es que ello no tiene como consecuencia concluir que no se fundó ni motivó la determinación y, menos aún, que ello implique no haber cumplido uno de los lineamientos del fallo protector. Se afirma lo anterior, debido a que el lineamiento identificado como dos inciso A, se obtiene que sólo se constriñó a la autoridad responsable a tomar en cuenta las pruebas que obraran en el expediente de origen, pero de ninguna manera estaba obligada a pronunciarse sobre cada una de ellas, pues ninguna consideración se expuso en ese sentido. Lo que resulta congruente con los restantes efectos de la sentencia concesoria, pues se reservó a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para decidir sobre la procedencia de la medida de protección y, en su caso, sus modalidades. En ese sentido, no resulta jurídicamente válido emitir pronunciamiento sobre la legalidad de la decisión de la autoridad responsable, es decir, si es correcto o no que el Juez responsable haya concluido que sí existe una situación de riesgo para la quejosa menor de edad y tampoco si es correcto o no que se haya impuesto como medida de protección la modalidad de convivencias supervisadas, pues -como se explicó- la protección constitucional sólo obligaba a la autoridad responsable a pronunciarse sobre la posible situación de riesgo de la quejosa menor de edad, de manera fundada y motivada y ante su existencia, en los mismos términos, emitir pronunciamiento sobre la medida de protección que estimara conveniente para salvaguardar sus derechos. De ahí que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, no existe defecto en el cumplimiento del fallo protector. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, sin perjuicio de que la parte correspondiente intente el medio de impugnación previsto en el artículo 201 del propio ordenamiento legal. En tales condiciones, háganse las anotaciones en los registros correspondientes de este órgano jurisdiccional, conforme a los datos siguientes: Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento 25/07/2023 26/07/2023 28/07/2023
- Principal
Mexicali, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso y, visto lo solicitado, téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para recibir notificaciones a ********************toda vez que no se encontró su cédula profesional registrada en dicho sistema.********************En otro orden, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias que indica, previa constancia que por su recibo se deje en autos, autorizando para recibirlas a quienes menciona.********************Por otra parte, en cuanto a la petición de acceso al expediente electrónico dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no proporciona el nombre de usuario correspondiente para autorizarlo.********************Finalmente, respecto a las copias que solicita del incidente de suspensión, dígasele que su petición la deberá dirigir a dicho cuaderno el cual se tramita por cuerda separada. ********************Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por *** autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en relación con lo expuesto por la Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por razón de Género, Unidad de Delitos Sexuales, en el oficio recibido en este Juzgado el nueve de agosto pasado. Atento a lo anterior y dado que dicha Fiscal no es parte en este juicio de amparo, pues el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se decretó la separación de juicios y se indicó que este asunto sólo se tramitaría respecto del acto reclamado al Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad; por tanto, se ordena suspender toda comunicación con la autoridad ministerial de referencia. En ese sentido, se precisa que las manifestaciones expuestas por la Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por razón de Género, Unidad de Delitos Sexuales, no serán tomadas en consideración al momento de emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que no es parte en este juicio de amparo. Por lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial A adscrita a este Juzgado que realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, únicamente en lo que atañe al cumplimiento dado al fallo protector, téngase por hechas las manifestaciones que expone el autorizado legal de la parte quejosa, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Mexicali, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por razón de Género, Unidad de Delitos Sexuales, mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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