Kevin Javier Manzanilla Coral
Expediente 577/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Kevin Javier Manzanilla Coral
- Kevin Javier Manzanilla Coral y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que inmediatamente antecede, agréguese a este expediente el memorial suscrito por Kevin Javier Manzanilla Coral, parte quejosa en este juicio de amparo, mediante el cual solicita que el presente asunto cause ejecutoria y la devolución del documento que exhibió con su escrito inicial de demanda relacionado en dicho memorial. En atención a su contenido, infórmese al quejoso que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, causó estado el auto que desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, al no existir impedimento legal alguno, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el documento solicitado, previa copia certificada y recibo que se deje en autos, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que hasta la presente fecha el Director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con residencia en Ciudad de México, autoridad señalada como responsable aún no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, lo anterior tomando en cuenta la residencia de la referida autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO...Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Kevin Javier Manzanilla Coral contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con cuatro copias y un anexo; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 577/2019. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa señala el acto reclamado consistente en la omisión en que ha incurrido la Junta responsable, en dar respuesta a su escrito de doce de marzo de dos mil diecinueve, presentado el veinte del mismo mes y año, en el que solicitó se fije nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 414/2018. Ahora, de lo aquí combatido se aprecia el mismo no causa sobre los derechos sustantivos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, aun cuando se aleguen violaciones a los derechos de petición e impartición de justicia pronta, completa e imparcial, pues, únicamente representan violaciones procesales de carácter adjetivo, ya que no constituyen una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de prosecución del trámite solicitado. En efecto, el acto reclamado en estudio únicamente produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que la dilación procesal reclamada no necesariamente llegará a trascender al resultado del laudo. En ese orden de ideas, es evidente que el acto que en esta vía se impugna, no tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior es así, pues del contenido de la demanda se advierte que el escrito de solicitud de la parte quejosa, fue presentado ante la Junta responsable el veinte de marzo de dos mil diecinueve, por lo que a la fecha de la presentación del escrito de demanda treinta de abril del año en curso, es evidente que no había transcurrido el término de cuarenta y cinco días naturales, para la procedencia del amparo, en el que se pudieran reclamar las dilaciones excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho criterio fue sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 33/2019, al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a la misma, pues consideró que con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues para llegar a tal conclusión, analizó que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De tal suerte, que, se reitera, para quien esto determina, en el caso no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que si su escrito de solicitud que refiere el acto reclamado data del doce de marzo del año en curso, recibido ante la Junta responsable el veinte de marzo del presente año, entonces a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (treinta de abril de dos mil diecinueve) ni siquiera han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales a partir de que se presentó el escrito de solicitud antes referido para que se pueda considerar que existe una abierta dilación al procedimiento de parte de la autoridad, pues para ello se insiste, es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo que legalmente tenía la autoridad para pronunciarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su demanda de amparo y por autorizados para tales efectos, así como para imponerse de autos a las personas que menciona en la misma, por así haberlo solicitado expresamente. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento a la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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