Kevin Israel Alvarado Paredes y Otros.

Expediente 1239/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1239/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Kevin Israel Alvarado Paredes y Otros.
  • Kevin Israel Alvarado Paredes
  • Karin Augusto Alvarado Paredes
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
  • Kelly Noemí Alvarado Paredes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo, y la fracción III, del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdos de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que en auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero, del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada en autos se concedió el amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Secretario y Director Jurídico, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, ... Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1239/2018-V, promovido por Luis Fernando González Escalante a favor de Kevin Israel Alvarado Paredes, Karin Augusto Alvarado Paredes y Kelly Noemí Alvarado Paredes, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 11, 14, 16, 17, 19 y 22 Constitucionales Constitucionales; y R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Luis Fernando González Escalante, solicitó a favor de Kevin Israel Alvarado Paredes, Karin Augusto Alvarado Paredes y Kelly Noemí Alvarado Paredes, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclaman del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, los cuales hizo consistir esencialmente en la privación de la libertad (detención), incomunicación, tortura y actos de violencia física o moral ejecutados en contra de los directos quejosos Kevin Israel Alvarado Paredes, Karin Augusto Alvarado Paredes y Kelly Noemí Alvarado Paredes. Segundo. Mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se concedió a los directos quejosos la suspensión de plano por lo que refiere a los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura y actos de violencia física o moral atribuidos a las autoridades responsables y del diverso acto consistente en la privación de la libertad (detención) de los quejosos referidos, atribuidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. Tercero. Admisión y ampliación de la demanda. Por auto de propio veintiséis de octubre del año próximo pasado, una vez ratificada la demanda por los directos quejosos, se admitió a trámite la misma y se amplió de oficio dicha demanda, teniendo como nueva autoridad responsable al Fiscal General del Estado, a quien se le atribuyó la detención de los directos quejosos Kevin Israel Alvarado Paredes y Karin Augusto Alvarado Paredes; se solicitó su correspondiente informe justificado a todas las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló el pedimento 761/2018, con el que solicita se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal, o en su caso, se sobresea en el presente asunto y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de demanda por diversa autoridad. En proveído de veintisiete de octubre del año pasado, de nueva cuenta se amplió de oficio la demanda de amparo, teniendo como nueva autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, a quien también se le atribuyó el acto reclamado consistente en la detención de los directos quejosos Kevin Israel Alvarado Paredes y Karin Augusto Alvarado Paredes. Quinto. Ampliación de la demanda por diverso acto reclamado. Posteriormente, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que este Juzgado advirtió que la detención de la quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes derivó de la sanción administrativa consistente en el arresto por veinticuatro horas, impuesta por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se requirió a la quejosa nombrada para que dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifestara si señalaba como acto reclamado el arresto mencionado, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se resolvería únicamente por lo que respecta a los actos reclamados inicialmente en la demanda. Mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ante el cumplimiento dado por la citada quejosa al requerimiento formulado antes señalado, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, respecto a la sanción administrativa antes precisada, por lo que se solicitó a la autoridad responsable correspondiente su informe justificado, quien lo rindió oportunamente. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio conforme al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque los actos reclamados tuvieron ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es: - La privación ilegal de su libertad personal (detención), incomunicación, tortura y actos de violencia física o moral, así como el arresto administrativo impuesto a la quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Ahora bien, respecto a los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura y actos de violencia física o moral de los directos quejosos, todas las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. En virtud de lo anterior, en lo particular respecto de dichos actos, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General, el Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común, ambos de la Fiscalía General del Estado, y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública por sí y en representación del titular de la dependencia, ambos con residencia en Mérida, Yucatán, al rendir sus informes justificados admitieron únicamente la certeza del acto que se les reclama, consistente en la privación de la libertad de los quejosos (detención), toda vez que los directos quejosos Kevin Israel Alvarado Paredes y Karin Augusto Alvarado Paredes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y puestos a disposición del Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación N1-N1/199/2018; por su parte, la quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes, también fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y posteriormente se le mantuvo detenida al haberle impuesto el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, una sanción administrativa por el término de veinticuatro horas; en consecuencia, se tiene como cierto dicho acto. Por lo anterior, en cuanto a dicho acto no se actualiza el sobreseimiento invocado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal en su alegato ministerial, ante la existencia del acto reclamado de referencia. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a la privación de la libertad (detención) reclamada por los quejosos Kevin Israel Alvarado Paredes y Karin Augusto Alvarado Paredes, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.) (.) Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)". Lo anterior es así, en razón de que de los informes rendidos por Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General, y del Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común, ambos de la Fiscalía General del Estado, que obran agregados a estos autos y que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la detención de los directos quejosos Kevin Israel Alvarado Paredes y Karin Augusto Alvarado Paredes, fue realizada el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y posteriormente el mismo día, fueron puestos a disposición del Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación N1-N1/199/2018. Asimismo, del referido informe justificado rendido por el Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común, también se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, fueron puestos a disposición del Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de suministro aun gratuitamente del narcótico denominado cannabis y/o marihuana y cocaína en su presentación de polvo, previsto y sancionado en los numerales 475, en relación con el numeral 473, fracciones V, VII y VIII; así como el 479, todos de la Ley General de Salud. En tales condiciones, es evidente que las citadas autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención de los quejosos Kevin Israel Alvarado Paredes y Karin Augusto Alvarado Paredes, ya que de los autos se advierte que fueron puestos a disposición del Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio respecto de la detención de los quejosos mencionados. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos de atención, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, lo que procede es sobreseer en el presente asunto por lo que hace al acto y quejosos mencionados, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sexto. Análisis de los conceptos de violación respecto de la privación de la libertad de la quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes con motivo del arresto administrativo impuesto. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo respecto del acto reclamado precisado, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. Dichos motivos de inconformidad resultan esencialmente fundados, aunque para comprobarlo deba suplirse su deficiencia en términos de lo establecido en la fracción III, inciso a) del artículo 79, de la Ley de Amparo, lo anterior es así, en razón de que de las constancias que remitió la responsable se advierten violaciones de índole formal, aunado a que se trata de actos que tienen como consecuencia la privación de la libertad de la quejosa. En efecto, en el caso en particular se contraviene el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." Este precepto, tal y como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recoge el principio de legalidad; y, por ende, prevé la exigencia de justificar racionalmente los actos de autoridad que impliquen alguna molestia para los particulares y, que se manifiesten en dos requisitos esenciales que deben concurrir necesariamente, fundar y motivar dicho acto. La fundamentación y motivación son requisitos indispensables para que un acto de autoridad tenga plena eficacia, así la fundamentación es el deber de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y por motivación se entiende el señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Es aplicable al caso la Jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 917738 que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Como puede observarse, los requisitos en comento se suponen íntimamente vinculados, en tanto que no es posible desde un punto de vista lógico, citar disposiciones legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas disposiciones legales. Del mismo modo, de la interpretación del precepto transcrito se advierte que los actos de molestia precisan, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente que funde y motive las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica al acto, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con el que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorga la competencia para actuar, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el sustento legal que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga. En el caso, resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.10/94, sustentada por el Pleno de nuestro Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, página 12, con número de registro 205463 que dice: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria". Se debe considerar además, que ha sido criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por competencia del órgano administrativo se entiende como el conjunto de atribuciones o facultades que les incumben a cada uno de ellos, las cuales se encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica, por tanto, para estimar cumplido el derecho de fundamentación previsto en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la fijación de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora, criterio sustentado en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 94/2000-SS, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO". De dicho criterio se desprende que para considerar que se cumple con el derecho de fundamentación establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en el supuesto de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que corresponden a la autoridad emisora del acto de molestia, esto último, conforme a lo resuelto por nuestro Alto Tribunal, en la Tesis de jurisprudencia número 2a./J.115/2005 que a la letra dice: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J.10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio." Ahora bien, en principio debe quedar sentado que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizó la calificación de la sanción impuesta a la quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes. En relación al tema que nos ocupa, se advierte de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en la que se impuso un arresto administrativo a la quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes al estimar que la conducta que se le imputa, consistente en entorpecer la labor policial al tratar de impedir una detención, encuadra en el supuesto contenido en el artículo 13, fracción III (sic) del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, para ser sancionada. Ahora, en relación a las sanciones privativas de libertad como las que nos ocupa, el citado Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, señala: "Artículo 4. El Ayuntamiento de Mérida ejercerá las funciones ejecutivas señaladas en este Reglamento a través del Presidente Municipal, por sí o por los servidores públicos señalados en el Artículo que antecede, quienes tendrán dentro de sus atribuciones las siguientes: (.) III. - De los Jueces Calificadores: a) Conocer, calificar y resolver los asuntos de su competencia que se le comuniquen ya sea por particulares o por otras autoridades; b) Conocer y dirimir controversias en materia de este Reglamento y demás disposiciones municipales; c) Citar a los presuntos infractores para el desahogo del procedimiento establecido en el presente ordenamiento; d) Aplicar las sanciones establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones municipales vigentes y aplicables; e) Poner a disposición de la Autoridad competente a los presuntos responsables de la comisión de un delito en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; f) Expedir constancias sobre los hechos de su competencia; g) Llevar el registro de las infracciones, arrestos, multas, constancias médicas, citatorios, boletas de remisión, correspondencia u otros trámites necesarios para el buen funcionamiento de sus labores; h) Permitir el acceso a Visitadores y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos de la legislación correspondiente; i) Rendir al Presidente Municipal informe mensual de las actividades, j) Las demás que les confieran expresamente las disposiciones legales aplicables. (.)" "Artículo 8. Cuando se cometa alguna infracción en términos de este Reglamento o por otros Reglamentos Municipales que impliquen la detención del presunto infractor, éste será puesto inmediatamente a disposición del Juez Calificador, para determinar la sanción correspondiente en su caso. Si se determina la existencia de la Infracción, así como la responsabilidad del infractor, se impondrá a éste la sanción correspondiente en los términos del presente Reglamento." "Artículo 13. Se consideran infracciones al orden público las siguientes acciones: (.) V. Impedir, dificultar o entorpecer la prestación de los servicios públicos municipales; (.)". "Artículo 28. El Juez Calificador tendrá facultades para resolver respecto de las infracciones a este ordenamiento de conformidad al artículo 27; según las circunstancias particulares, las disposiciones de este Reglamento y los principios generales de derecho. A los responsables de las infracciones señaladas en este Reglamento, se les aplicará las sanciones conforme lo siguiente: I.- Amonestación, por violaciones a los artículos 13 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, 14 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII XIII y XIV; 15 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, 16 fracciones I, II, III, IV, V, VI, y VII, 17 fracciones I y II; y 18 fracciones I, II, III, IV, V y VI; II.- Multa de 1 a 10 salarios mínimos, por violaciones a los artículos 13 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X y XIV; 14 fracciones II, III, IV, VI, VII, XII y XIII, 15 fracciones IV, VIII y XI; 16 fracciones I, II, III, IV, V y VI, y 18 fracciones I, II, IV, V y VI; III.- Arresto conmutable con multa, por violaciones a los artículos 13 fracciones II, IV, V, XI; 14 fracciones I, V, XI y XIV; 15 fracción III; IV.- Arresto inconmutable hasta por 36 horas, por violaciones a los artículos 13 fracciones III y XII; 14 fracciones VIII y IX; 15 fracciones V y IX, 16 fracción VII y 17 fracción II. V.- Arresto conmutable con multa en casos de reincidencia en los casos señalados en las fracciones I, II y III de este artículo. El Juez Calificador podrá sancionar en primer término con amonestación a las infracciones del presente Reglamento, cuando la Infracción contemple dicha sanción; posteriormente se aplicarán las multas o el arresto conmutable con multa." En este orden de ideas, en la resolución reclamada se invocó el numeral 263, fracción XIV del Reglamento del Código de la Administración Pública, que faculta al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública a calificar las sanciones administrativas o pecuniarias y disponer la temporalidad del arresto por infracciones administrativas. Sin embargo, en dicha determinación no se invocó artículo alguno que permita a la autoridad responsable (Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública), la imposición de un arresto en contra de la quejosa de atención, con motivo de alguna de las infracciones comprendidas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida; máxime que conforme a los preceptos transcritos, es al Juez Calificador a quien le compete citar a los presuntos infractores para el desahogo del procedimiento establecido en ese ordenamiento, y aplicar las sanciones establecidas en dicho Reglamento y demás disposiciones municipales vigentes y aplicables. Y si bien la responsable invoca como fundamento el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe decirse que dicha porción establece que la imposición de penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; carácter que no le corresponde a la autoridad responsable, que es de naturaleza administrativa. Asimismo, conforme al diverso párrafo cuarto del citado precepto constitucional, la autoridad administrativa competente tiene la facultad de aplicar sanciones a las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; de donde se desprende que dicha competencia debe establecerse conforme a la legislación secundaria aplicable. Máxime, que al actuar de ese modo, se coartó el derecho de la quejosa a ser escuchada en el procedimiento administrativo previsto en el Reglamento mencionado, ante el Juez Calificador, previamente a imponérseles la sanción que le correspondiera, de ser el caso, con lo cual se vulneró en su perjuicio del derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Bajo esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación antes analizados, lo que procede en el caso es conceder a la quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado de la autoridad señalada como responsable consistente en la determinación de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en las que se le impuso la sanción administrativa consistente en el arresto por veinticuatro horas y su ejecución. Es aplicable, en lo conducente la tesis de jurisprudencia que se cita: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de garantías." Sin que pase inadvertido para este Juzgado Federal el hecho que la quejosa no cumplió con las horas de arresto administrativo impuestas, en virtud de la suspensión de plano otorgada en este expediente; sin embargo, no se podrían cumplir las horas restantes dada la concesión del amparo solicitado por la impetrante. Séptimo. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En este caso, una vez que se notifique que ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, las autoridades responsables Secretario y Director Jurídico, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, deberán actuar en los siguientes términos: 1. Dejar insubsistente la determinación de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, a través de la cual se decretó un arresto por veinticuatro horas en contra de la aquí quejosa Kelly Noemí Alvarado Paredes y, en consecuencia, no se le obligue a agotar el referido tiempo restante de las horas establecidas como sanción administrativa, únicamente por cuanto hace a la conducta que se le atribuyó. Octavo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Kevin Israel Alvarado Paredes y Karin Augusto Alvarado Paredes, por los motivos, autoridades y actos reclamados expuestos en el tercer y quinto considerando de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Kelly Noemí Alvarado Paredes, contra el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de este fallo y para los efectos precisados en el séptimo considerando de esta resolución. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

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