Kevin Andrés Cárdenas Carangui y Otros.

Expediente 1056/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1056/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Kevin Andrés Cárdenas Carangui y Otros.
  • Ángel René Patiño Quezada y Otros.
  • Kevin Andrés Cárdenas Carangui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó fuera de audiencia en el presente; ello, ya que la responsable sólo podrá interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ella se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a la autoridad responsable. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración del expediente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese sin mayor proveer el la razón actuarial de la que se advierte que por los motivos expuestos, no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de octubre del año en curso, toda vez que vista la certificación de cuenta, se advierte que diecinueve de septiembre de dos mil veintidós se ordenó notificar por lista de acuerdos a la parte quejosa inclusive aquéllas de carácter personal (foja 18 vuelta), y el veintiséis de octubre pasado el Actuario adscrito notificó por lista de acuerdos el auto de veinticinco de octubre del año en curso (foja 195). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado, por sí y por la autoridad responsable encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Toda vez que la autoridad oficiante manifiesta que la información que contiene el oficio de cuenta se considera como confidencial; por tanto, instrúyase al Oficial Judicial "A", anteriormente analista jurídico SISE, para que suprima la información correspondiente del expediente electrónico, a efecto de que no pueda ser reproducida por las partes. Se aclara que la información confidencial, únicamente podrá ser consultada por las partes o sus autorizados, a efecto de salvaguarda sus derechos de audiencia y defensa, sin que ello implique autorización para reproducir las constancias, dado el carácter confidencial de la información. Por otra parte, por cuanto hace a los correos electrónicos y número telefónico que proporciona, se toma nota únicamente para tener comunicación con dichas autoridades de conformidad con lo establecido en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19", dadas las medidas de contingencia. Causa de improcedencia. Ahora bien, visto el estado de autos se desprende que los actos reclamados por la parte quejosa, en forma esencial consisten en: la privación de su libertad y orden de deportación del país. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesa sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, los actos reclamados por los quejosos esencialmente consisten en la privación de su libertad y orden de deportación del país. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón que de las constancias que corren agregadas a este sumario, se desprende que: De las constancias enviadas por las autoridades responsables, se advierte que en proveídos de tres de septiembre de dos mil veintidós, se dio inicio al procedimiento administrativo migratorio correspondiente y se registraron los expedientes bajo los números y de las personas extranjeras siguientes: INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1763/2022, de Ángel René Patiño Quezada (fojas 106 vuelta y 107). INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1762/2022, de Juan Pablo Cajamarca Hurtado (fojas 124 vuelta y 125). INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1761/2022, de Kevin Andrés Cárdenas Carangui (foja 141). INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1765/2022, de Yandri Ramiro Velez Fernández (foja 158). INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1764/2022, de Jenny del Rocío Batallas Bowen (foja 175). En acuerdos de dieciséis de septiembre de dos mil veintidós (fojas 117 vuelta y 118, 135 y 136, 152 y 153, 169 y 170, 186 y 187), el encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio otorgada a la parte quejosa en el juicio de amparo 1057/2022 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenó la salida inmediata de los ahora quejosos Ángel René Patiño Quezada, Juan Pablo Cajamarca Hurtado, Kevin Andrés Cárdenas Carangui, Yandri Ramiro Velez Fernández y Jenny del Rocío Batallas Bowen, de las oficinas de dicha Sub Representación, imponiéndole como medida de aseguramiento, reportarse ante la autoridad migratoria los días miércoles y viernes a las trece horas. Acuerdos que se notificaron en forma personal en esa misma fecha a los aquí peticionarios, tal como se advierte de las constancias respectivas (fojas 118 vuelta, 136, 153, 170 y 187). Cuestiones de hecho -puesta en libertad de los quejosos- que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -quince de septiembre de dos mil veintidós-; de ahí que, se considere, han cesado los efectos de los actos reclamados al ser destruidos por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Decisión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las doce horas con treinta y ocho minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, por su contenido y por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Por otra parte, toda vez que la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca manifiesta que la información que anexa a su oficio, se considera como confidencial; por tanto, instrúyase al Oficial Judicial "A", anteriormente analista jurídico SISE, para que teste la información correspondiente a dicho oficio, para que no se permita su consulta en el expediente electrónico, asimismo resguárdense en sobre cerrado y glosado en autos, atento a la secrecía de la información proporcionada. Autoridades inexistentes. Finalmente, vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que el diecinueve de septiembre del presente año, se requirió a la parte quejosa, para que aclarara la denominación de la responsable señalada como "JEFE DE LA POLICÍA ESTATAL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL, DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE OAXACA Y JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO ADSCRITO EN ESTACIÓN MIGRATORIA OAXACA", desistiera de dicho señalamiento o en su caso, acreditara su existencia, con el apercibimiento que de no hacerlo se dejarían de tener como autoridades responsables en el presente juicio de amparo. Asimismo que el veinte de septiembre siguiente, se notificó por lista de acuerdos, surtió efectos al día siguiente, como lo dispone el artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, por lo que el plazo establecido transcurrió del veintidós al veintiséis de septiembre de este año, sin que desahogara el requerimiento realizado En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no desahogó el requerimiento realizado en el plazo concedido para tal efecto, con fundamento en los artículos 5º, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicados en contrario sensu, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se deja de tener como autoridades responsables en este juicio de amparo al ""JEFE DE LA POLICÍA ESTATAL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL, DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE OAXACA Y JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO ADSCRITO EN ESTACIÓN MIGRATORIA OAXACA", suspéndase toda comunicación con ellas. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la tesis publicada en la página 186, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, Septiembre de 1993, Materia Común, Octava Época, con el siguiente título "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS". En tal virtud, se comisiona al Oficial Judicial "A" (Analista Jurídico "SISE") adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las gestiones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ante lo decretado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y la certificación realizada por el Secretario de la adscripción, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no podrá llevarse a cabo, ya que a la data en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, rinda su correspondiente informe justificado. Ello es así, toda vez que de la constancia de notificación, se advierte que la autoridad responsable de mérito fue notificada el pasado veintidós de septiembre del año en curso (foja 95), del auto en el que se le solicitó rendir el informe de mérito. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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