Karla Obdulia Perales Salinas
Expediente 48/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Karla Obdulia Perales Salinas
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecisiete de enero del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo; transcurrió sin que se hubiera interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen diversos documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
"...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federa en el Estado de Oaxaca y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 48/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Análisis del escrito de demanda. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]". "Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo". De la interpretación de dichas disposiciones obtenemos que quienes acuden ante los órganos judiciales de la federación a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, deben realizarlo por escrito, pero al tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, es válido presentar la demanda de amparo vía telegráfica o por comparecencia ante el Juez de Distrito o ante el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, en los lugares en donde no resida Juez de Distrito. Situaciones arriba citadas, que en el caso, no suceden, dado que de la lectura del escrito de demanda telegráfica, la parte quejosa señala como acto reclamado ".los acuerdos emitidos en el expediente PEC 125/2019. en la que apercibe a la suscrita, en caso de no cumplir con dicho mandato, con una multa equivalente a quinientas unidades de medida y actualización.con el que comunica que el acuerdo de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, donde se hizo efectivo la multa."; pero como se mencionó previamente, tal acto no actualiza la hipótesis legal establecida en el numeral 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; para que éste pudiera instar la demanda de mérito por escrito y no vía telegráfica. Máxime que del telegrama que se provee se advierte que la quejosa es quien promueve el amparo, razón por la cual es dable suponer que no se encontraba imposibilitada de presentar el original de su escrito respectivo. En esa tesitura, si del telegrama de cuenta no se advierte que la promovente reclame actos de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o que tratándose de éstos haya encontrado algún inconveniente en la justicia local de su residencia para conocer de la demanda de amparo a través de la competencia auxiliar en términos de lo dispuesto en el artículo 159 de la ley de la materia; entonces, se considera que no cumplió con las obligaciones que la ley le impone para estar en posibilidad de presentar un amparo por la vía telegráfica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590 del Tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación, con registro 287701 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO TELEGRÁFICA. En casos que no admitan demora, la petición del amparo y la suspensión del acto reclamado puede hacerse por telégrafo, siempre que el agraviado encuentre algún inconveniente en la justicia local, para que ésta pueda comenzar a conocer del juicio, debiendo llenarse los requisitos que la ley previene y bajo las sanciones y salvedades de la misma". Además, en virtud de la vía en la que se envió la demanda de amparo, se advierte que no obra de la parte promovente del amparo, por ello, se estima que no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para promover el juicio de amparo al no existir persona que sea responsable de su contenido, como lo establece el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia Además, como ya se dijo, en el caso, no se están reclamando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni del diverso numeral 15 de la Ley de Amparo, esto es, cuando la directa parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, incluso acorde con el diverso numeral 109 de la ley de la materia, se obtiene que en esos casos la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos (en este último caso no se requerirá de firma electrónica). Por tanto, si la demanda carece de la firma de la directa parte agraviada, y tampoco se advierte que ésta se encuentre siendo víctima de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo, para proceder en consecuencia; por tanto, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el particular, la firma de la directa parte agraviada, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. En las anteriores condiciones, se estima que lo procedente es desechar la demanda de amparo, con base en los artículos 113, en relación con el diversos numerales 61 fracción XXIII, 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Domicilio y autorizados. Sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el señalado, ni por autorizados a los referidos en el escrito de referencia, pues como se dijo, no existe persona que sea responsable del contenido del escrito de cuenta. Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese por lista y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."
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