Kevin Alexis Castañeda Flores
Expediente 373/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Kevin Alexis Castañeda Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 373/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, tomando en consideración que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de los autos del expediente 02/413/16 (un anexo); en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal que guardan los autos remítase la citada copia certificada a la autoridad responsable de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veintiséis de abril del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa la PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual rinden su informe justificado. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto. Asimismo, para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo I, que integra las constancias descritas en su informe, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, para que se impongan de su contenido; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se desprende que la parte quejosa reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Presidenta de la misma, el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 02/413/16 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, Similares y Conexos del Estado de Morelos, en contra del Hospital del Niño Morelense, relativo a la orden y/o autorización y/o validación y/o dar fe de que a las trece horas del día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se realizará el estallamiento de Huelga por parte del citado Sindicato, con el cierre total o parcial de los servicios que brinda el Hospital; lo cual afectaría gravemente la atención que en el Hospital del Niño Morelense brinda al menor quejoso, toda vez que a éste se le otorga un tratamiento a base de quimioterapias consecutivo de mínimo dos veces a la semana, incluso de forma diaria al ser paciente oncológico con diagnóstico de leucemia. Por su parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, compareció personalmente el representante de la parte actora -aquí tercero interesado- Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, Similares y Conexos del Estado de Morelos, para desistirse lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; a lo que la Junta responsable tuvo a la actora desistiéndose lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, y ordenó el archivo definitivo del expediente laboral como asunto concluido por carecer de materia. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Bajo ese contexto, es evidente que aun y cuando subsista el acuerdo reclamado a la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, dado que con el actuar de los contendientes se tienen por colmadas las pretensiones de las partes en el juicio laboral de origen al haberse desistido el aquí tercero interesado, lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis consistente en el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 02/413/16 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, Similares y Conexos del Estado de Morelos, en contra del Hospital del Niño Morelense, relativo a la orden y/o autorización y/o validación y/o dar fe de que a las trece horas del día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se realizará el estallamiento de Huelga por parte del citado Sindicato, con el cierre total o parcial de los servicios que brinda el Hospital, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que el aquí tercero interesado se desistió lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que el aquí tercero interesado se desistió lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, motivo por el cual, la autoridad responsable ordenó al archivo el expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido. De ahí, que al haber comparecido en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, el representante de la parte actora para desistirse lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis y, la Junta responsable ordenó el archivo definitivo del expediente laboral de origen, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sin que obste lo anterior, el acto futuro que reclama la parte quejosa consistente en el posible estallamiento a huelga por el personal del Hospital del Niño Morelense, nosocomio del que es paciente el menor quejoso debido al padecimiento de leucemia, puesto que el Sindicato tercero interesado se desistió lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la responsable el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, motivo por el cual se ordenó al archivo el expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido y, ante tal desistimiento no existe afectación al derecho del menor quejoso a la atención médica que le es brindada por el Hospital del Niño Morelense. Apoya la anterior conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006 de la Novena Época, visible en la página 189. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa la PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual rinden su informe justificado. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto. Asimismo, para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo I, que integra las constancias descritas en su informe, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, para que se impongan de su contenido; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se desprende que la parte quejosa reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Presidenta de la misma, el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 02/413/16 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, Similares y Conexos del Estado de Morelos, en contra del Hospital del Niño Morelense, relativo a la orden y/o autorización y/o validación y/o dar fe de que a las trece horas del día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se realizará el estallamiento de Huelga por parte del citado Sindicato, con el cierre total o parcial de los servicios que brinda el Hospital; lo cual afectaría gravemente la atención que en el Hospital del Niño Morelense brinda al menor quejoso, toda vez que a éste se le otorga un tratamiento a base de quimioterapias consecutivo de mínimo dos veces a la semana, incluso de forma diaria al ser paciente oncológico con diagnóstico de leucemia. Por su parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, compareció personalmente el representante de la parte actora -aquí tercero interesado- Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, Similares y Conexos del Estado de Morelos, para desistirse lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; a lo que la Junta responsable tuvo a la actora desistiéndose lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, y ordenó el archivo definitivo del expediente laboral como asunto concluido por carecer de materia. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Bajo ese contexto, es evidente que aun y cuando subsista el acuerdo reclamado a la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, dado que con el actuar de los contendientes se tienen por colmadas las pretensiones de las partes en el juicio laboral de origen al haberse desistido el aquí tercero interesado, lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis consistente en el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 02/413/16 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, Similares y Conexos del Estado de Morelos, en contra del Hospital del Niño Morelense, relativo a la orden y/o autorización y/o validación y/o dar fe de que a las trece horas del día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se realizará el estallamiento de Huelga por parte del citado Sindicato, con el cierre total o parcial de los servicios que brinda el Hospital, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que el aquí tercero interesado se desistió lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que el aquí tercero interesado se desistió lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, motivo por el cual, la autoridad responsable ordenó al archivo el expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido. De ahí, que al haber comparecido en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, el representante de la parte actora para desistirse lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis y, la Junta responsable ordenó el archivo definitivo del expediente laboral de origen, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sin que obste lo anterior, el acto futuro que reclama la parte quejosa consistente en el posible estallamiento a huelga por el personal del Hospital del Niño Morelense, nosocomio del que es paciente el menor quejoso debido al padecimiento de leucemia, puesto que el Sindicato tercero interesado se desistió lisa y llanamente del pliego petitorio con emplazamiento a huelga por revisión contractual, presentado ante la responsable el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, motivo por el cual se ordenó al archivo el expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido y, ante tal desistimiento no existe afectación al derecho del menor quejoso a la atención médica que le es brindada por el Hospital del Niño Morelense. Apoya la anterior conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006 de la Novena Época, visible en la página 189. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 373/2017-II y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el seis de marzo de este año, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció Rosa María Flores Hernández en representación del menor Kevin Alexis Castañeda Flores, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades, de quien reclama el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 02/413/16 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Salud, Similares y Conexos del Estado de Morelos, en contra del Hospital del Niño Morelense, relativo a la orden y/o autorización y/o validación y/o dar fe de que a las dará fe que a las trece horas del día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se realizará el estallamiento de Huelga por parte del citado Sindicato, con el cierre total o parcial de los servicios que brinda el Hospital; lo cual afectaría gravemente la atención que en el Hospital del Niño Morelense brinda al menor quejoso, toda vez que a éste se le otorga un tratamiento a base de quimioterapias consecutivo de mínimo dos veces a la semana, incluso de forma diaria al ser paciente oncológico con diagnóstico de leucemia. Ahora, es de precisarse que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de la Junta responsable al momento de validar o certificar el cierre parcial o total del centro de trabajo (Hospital del Niño Morelense), provea lo necesario e impida hacer nugatorio el derecho a la salud y así evitar que no suceda el perjuicio irremediable en la salud e incluso vida del menor quejoso. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En este incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 143, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que exhibió, consistentes en la tarjeta de citas y acta de nacimiento del menor quejoso, dado que se desahogan por su propia y especial naturaleza. III.- SENTIDO DE LOS INFORMES PREVIOS. La autoridad responsable PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS Y EN REPRESENTACIÓN DEL PLENO, al rendir su informe previo aceptó el acto reclamado. Esta determinación se apoya en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.". En la invocada tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que, con apoyo en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva en la cuerda incidental se deben satisfacer los siguientes requisitos: I. Expresamente la solicite el quejoso; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; III. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; IV. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, V. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. La Ley de Amparo contempla dos tipos de suspensión: de oficio y a instancia de parte. Los supuestos para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, están previstos en los artículos 126 y 127. Fuera de los casos en que la suspensión proceda de oficio, podrá otorgarse la suspensión siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia, en este orden: PRIMER REQUISITO: La petición de parte. Expresamente la solicitó el quejoso; SEGUNDO REQUISITO: Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables. TERCER REQUISITO: Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. El acto es susceptible de suspensión, pues no es negativo, futuro o incierto, ni de los consumados de modo irreparable, ni se trata de actos cuya suspensión trastocaría el orden público o el interés social. CUARTO REQUISITO: No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Una de las exigencias que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social, inclusive, el artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad para negar la suspensión del acto reclamado, cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En síntesis, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. QUINTO REQUISITO. En relación a lo anterior, el suscrito Juzgador, procede a realizar la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal, por tanto: IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Al no configurarse ninguna de las hipótesis para el otorgamiento de la suspensión de oficio o de plano, se procede a examinar si en el caso concreto se configuran las exigencias que aluden el artículo 128 de la Ley de Amparo, precepto legal que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Señalado lo anterior, se advierte que la fracción II, del numeral 128 de la Ley de Amparo, prevé que la suspensión se decretará siempre que no se contravengan disposiciones de orden público, lo que en el caso no acontece, pues de concederse la suspensión solicitada se interrumpiría el proceso generador de los actos reclamados. Por ende, se niega la suspensión definitiva solicitada, atendiendo a que el procedimiento del juicio laboral 02/413/16, es considerando de orden público, ya que ello implicaría la paralización del juicio de origen, lo cual es insuspendible; pues se contravendría la fracción II del artículo 128 antes invocado. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 68, Sexta Parte, Séptima Época, visible en la página 78, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevé varios supuestos en que se causa perjuicio a la sociedad y se violan disposiciones del orden público, en los cuales no puede concederse la suspensión; pero esta enumeración legal casuística es enunciativa más no limitativa, y prueba de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en varios casos específicos distintos de los señalados en el citado precepto legal, en los que declara improcedente la suspensión porque de otorgarse se afectaría el interés social o se violarían normas de orden público. Así las cosas, la jurisprudencia número 268, visible en la página 799 de la Cuarta Parte, Tercera Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, establece que: "El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo"; por tanto si de concederse la suspensión definitiva solicitada se interrumpiría el proceso generador de los actos reclamados, resulta improcedente conceder tal medida suspensional." V.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora, como lo indicó el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de queja 114/2017 que al ser la salud un derecho fundamental de la máxima jerarquía y debido a las condiciones especiales que guarda KEVÍN ALEXIS CASTANEDA FLORES, siendo éstas, el ser menor de edad, diagnosticado con leucemia, con tratamiento semanal de quimioterapia en el área de oncología del Hospital del Niño Morelense, debe considerarse que aun cuando la huelga del nosocomio podría o no materializarse, lo trascendental en el asunto es que, subsiste el peligro a un deterioro en la salud del menor quejoso, incluso en su vida. Indicado lo anterior, atendiendo a que el acto reclamado se relaciona con el acceso a la salud, ya que la parte peticionaria de amparo aduce tener diagnosticado leucemia. Es de señalarse que los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. De esta normatividad, se puede advertir que la suspensión se decretará cuándo con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En suma, se impone la obligación al juzgador de amparo que una vez solicitada esta medida cautelar, se haga un análisis ponderando la apariencia del buen derecho, insistiendo en la no afectación del interés social. Ahora bien, el acto reclamado descansa en el derecho humano a la salud el cual se encuentra estrechamente relacionado con el disfrute de los demás derechos humanos; entre ellos el derecho a la vida. El derecho a la protección de la salud se encuentra regulado en el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone [.] esta Constitución". Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo, y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud. Asimismo, se destaca la obligación de observar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a la prestación del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen criterios fundamentales, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las instituciones del país, entre otras las relativas a la prestación de servicios médicos y de trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud. De igual forma, el derecho humano a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, cuyo texto es el siguiente: "Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Luego, el derecho humano a la salud consagrado en el precepto 4º de la Carta Magna, en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es indispensable para el ejercicio de los demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un sin número de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso efectivo a la salud. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, párrafos primero y tercero, 4º, párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas privadas de su libertad personal, quienes siguen gozando de ese derecho. Además, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad. En lo conducente, es aplicable por analogía, la siguiente tesis: Tesis: VII.2o.P. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011012 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III Pag. 1966 Jurisprudencia(Constitucional) DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Sentado lo anterior, en virtud que la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada y, por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, ante el aparente riesgo en la salud del quejoso, por lo que en términos de los numerales 125, 128, 136, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a Kevin Alexis Castañeda Flores para el siguiente efecto de que: La JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS al momento de validar o certificar el cierre parcial o total del centro de trabajo (Hospital del Niño Morelense), provea lo necesario e impida hacer nugatorio el derecho a la salud del menor quejoso, esto es, deberá tomar las medidas necesarias a efecto de que el impetrante de amparo continúe recibiendo el tratamiento médico que deba de suministrársele, sea que la otorgue el Hospital del Niño Morelense o la derive a diversa institución de salud, si el caso lo amerita, determinación que obedece a que la falta de proporcionar la atención médica necesaria a la condición especifica del quejoso pone en peligro la vida, salud e integridad física del menor, lo que obliga al suscrito a intervenir de forma inmediata para la preservación de su salud. En la inteligencia de que la atención médica deberá ser la estrictamente necesaria para el padecimiento de leucemia que sufre el menor quejoso, conforme al expediente clínico que obre en el Hospital del Niño Morelense o resultado de los estudios que se le realicen. Los efectos de la suspensión definitiva deben prevalecer hasta en tanto se notifique a las partes el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual emana este incidente de suspensión. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de la autoridad responsable que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rosa María Flores Hernández en representación del menor Kevin Alexis Castañeda Flores, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Rosa María Flores Hernández en representación del menor Kevin Alexis Castañeda Flores, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto quinto de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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